Por
Alberto Solanet
La
Nación - Opinión
31
de enero de 2020
Resulta
imposible superar los enfrentamientos que nos dividen históricamente como
sociedad, si no ponemos fin a la iniquidad que representan los juicios de lesa
humanidad con sus escandalosas discriminaciones. Las estadísticas así lo
demuestran, el promedio de la prisión preventiva para delitos comunes se ubica
en 1,4 años, en tanto en los procesos por delitos de lesa humanidad el promedio
asciende a 6 años; mientras sólo el 4% de los presos por delitos comunes supera
los 2 años de prisión preventiva, en las causas por lesa humanidad el
porcentaje llega al 76%.
Podríamos
escribir muchas páginas acerca de los juicios ilegales y la ausencia de las
normas del debido proceso que han padecido más de 2000 presos, los cuales,
víctimas de esta justicia asimétrica, son tratados como parias, para los cuales
no se aplican ninguno de los derechos y garantías constitucionales de los que
gozan todos los habitantes de la Argentina. Ya han muerto 545 en cautiverio,
más del 95% de ellos sin sentencia firme, es decir inocentes. En realidad están
condenados a muerte, una muerte lenta. Estos son presos políticos, pues su
juzgamiento y encierro obedeció a una decisión política del gobierno de Nestor
Kirchner, con la necesaria anuencia del Congreso y de los jueces, comenzando
por la Corte Suprema de Justicia, que ignoró los principios más básicos del
derecho para posibilitar la reapertura de las causas que habían fenecido,
quince años antes, en pleno gobierno democrático, por virtud de las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final además de los indultos presidenciales.
Hoy
desde el gobierno y los medios en general, se habla del necesario respeto a la
ley en materia de prisiones preventivas. Estaríamos de acuerdo si esta no fuera
una hipócrita declamación, dirigida únicamente para aplicarse a los ex
funcionarios corruptos y sus cómplices, quienes están siendo excarcelados uno a
uno.
Nada
se dice de los verdaderos presos políticos, cuyo encarcelamiento sin condena ha
superado con creces el plazo legal para las prisiones preventivas. Los jueces,
salvo contadísimas excepciones, continúan, y ahora más que nunca, sujetos a los
designios de la perversa política llamada de "derechos humanos" que
ha sustituido al derecho, en consecuencia la justicia que aplican es tuerta y
discriminatoria, para vergüenza de los argentinos.
En
forma creciente y por la concurrencia de nuevos testigos y "víctimas"
que cobran millonarias indemnizaciones, se tergiversan los hechos,
transformándoselos "en crímenes imprescriptibles cometidos por agentes
estatales en el marco de un plan sistemático de exterminio de enemigos
políticos". Ellos o sus familiares son indemnizados, mientras que se
encarcela a los efectivos policiales o militares intervinientes luego de 40 y
50 años de ocurridos los hechos, es decir cuando cuentan 65, 75 o más años de
edad. A los terroristas les es reconocido inclusive el "derecho a la
resistencia", con lo cual la Justicia justifica que los ahora indemnizados
hayan matado a los compañeros de esos militares o policías durante los
enfrentamientos.
Muchos
han sido juzgados incluso por magistrados manifiestamente vinculados con las
organizaciones guerrilleras de entonces o los querellantes de ahora en abierta
violación a la garantía de imparcialidad.
En
una situación que resulta inexplicable, a los guerrilleros detenidos, juzgados
y condenados legítimamente por el Poder Judicial de entonces, se los indemniza
con los recursos de todos los argentinos, mientras que se castiga a sus
aprehensores y a algunos de los Jueces que los condenaron.
El
Estado argentino que a lo largo de 45 años se limitó primero a juzgar a los
Comandantes y la cúpula guerrillera, luego también a los hechos aberrantes, más
tarde amnistió a todos, incluidos los guerrilleros miembros de las bandas
asesinas, luego indultó a los Comandantes y a la cúpula terrorista, para luego
volver a enjuiciar pero sólo a los miembros de las FFAA y de Seguridad, más
algunos civiles elegidos con minuciosa precisión por las organizaciones
financiadas por ese mismo Estado.
Se
trata del mismo Estado que en ese lapso envió a sus FFAA a combatir al
terrorismo guerrillero; los alistó para una eventual guerra con Chile; los
envió a la guerra contra el Reino Unido en Malvinas, a sumarse a la ofensiva
internacional en la guerra del Golfo y a innumerables misiones de la ONU en
todo el mundo. Se trata del mismo Estado del cual son parte los señores
Magistrados que hoy actúan con semejante inequidad, aunque parecieran
ignorarlo. El mismo Estado que se encuentra comprometido ante la comunidad
internacional a respetar las garantías individuales, entre las que se halla la
de la igualdad ante la ley, violada en nuestro territorio en forma sistemática
nada menos que por quienes debieran afianzarla. Un Estado que ha
"privatizado" el juzgamiento de estos delitos dejándolos en manos de
muchos jueces, organizaciones y una Procuraduría de fiscales ideologizados, así
como otros para los cuales los juicios de lesa humanidad -además de ser una
fuente de enriquecimiento que les permite cobrar hasta 600 mil pesos mensuales
por efecto de la subrogancia, han engendrado un Jordán donde lavar sus
múltiples prevaricaciones, o la figuración necesaria para lograr la aceptación,
el ascenso y otros favores del poder político.
La
reciente exposición del Obispo Castrense Monseñor Santiago Olivera en el
Vaticano, ante los Obispos Castrenses y Capellanes militares de todo el mundo,
constituye un hito al cual debiera la clase dirigente argentina prestar la
debida atención y avergonzarse de la situación que se está viviendo en nuestro
país a causa de estos procesos.
Estos
procesos judiciales fueron reiteradamente cuestionados por la Academia Nacional
de Derecho y especialistas en derecho penal y constitucional, por resultar
discriminatorios y violatorios de garantías constitucionales. En ninguna noción
de Justicia cabe que se encuentren libres e indemnizados ideólogos y líderes
guerrilleros mientras se mantengan presos a quienes los combatieron cuando eran
jóvenes militares y policías de muchas de nuestras provincias.
Ante
una sociedad que presenta récords inmorales de pobreza, ¿cómo se justifica que
el Estado destine partidas que en breve alcanzarán 11.500 millones de dólares
para mantener una política con juicios interminables que saturan las agendas de
los tribunales federales, en cuyos despachos prescriben causas de narcotráfico
y corrupción?
Han
transcurrido 50 años y 15 desde la reapertura de los juicios. Todos los
procesos que no cuentan a la fecha con sentencia firme resultan violatorios de
la garantía de todo ciudadano de ser juzgado en un plazo razonable y que en un
plazo razonable le sean determinados sus derechos (art. 8 CADH).
Para
que nunca más vivamos divididos, es hora que el poder político y los Tribunales
pongan fin a este vergonzoso capítulo de desigualdades y se restablezca la
Justicia verdadera, condiciones necesarias para encontrar la concordia entre
los argentinos.
FUENTE: https://www.lanacion.com.ar/opinion/columnistas/una-inequidad-que-debe-cesar-nid2329238
Por todos los conceptos tan bien
descriptos por el Dr. Alberto Solanet, presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, es que
venimos bregando desde principios de 2019 para que se efectúe una auditoría jurídica sobre todo lo actuado en
los llamados “juicios de lesa humanidad”. Si estás también de acuerdo con
el Dr. Solanet, por favor firma esta
petición y comparte a todos tus contactos. ¡Muchas Gracias!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
No dejar comentarios anónimos. Gracias!