LA NACION | EDITORIALES
El
Gobierno debe considerar y atender sin más demoras la delicada situación que atraviesan
nuestras Fuerzas Armadas desde hace décadas
31
de enero de 2020
La
falta de decisiones en un ministerio como el de Defensa evidencia y sintetiza,
más que en otras áreas del Poder Ejecutivo, el nivel de improvisación que, junto con el complejo cruce de
posiciones políticas e ideológicas, dan como resultado una indeseada parálisis. Se
suma también que los ya vetustos prejuicios anti-militares tiñen y demoran
cualquier avance.
Es
sabido que el ministro Agustín Rossi, por segunda vez en ese cargo, no lo
deseaba, pues anhelaba ser jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, le aplicaron el “promovere per removere” para dejarle el protagonismo en el Congreso a Máximo Kirchner[1].
Hace
ya más de un mes que Rossi elevó al Presidente varias alternativas -más de una
por cargo para la jefatura del Estado Mayor Conjunto, del Ejército, la Armada y
la Fuerza Aérea. En sus reuniones con integrantes de los mandos, que fueron
numerosas, el ministro afirmó que los nuevos jefes asumirían antes del 31 de
diciembre pasado en una ceremonia conjunta sin precedente, a la que asistiría
el Presidente y comandante en jefe.
Lamentablemente,
esto no pudo ser, pues desde la propia
vicepresidenta Cristina Kirchner, pasando por los activos líderes de muchas organizaciones defensoras de los derechos
humanos, han resuelto sumar su opinión sobre la cuestión[2].
Político
veterano, Rossi ha intentado -dicho en términos militares- compensar la escasez
de potencia con movilidad. Lo hemos visto así prodigándose en ceremonias y
entrevistas, incluso planteando la hipotética compra de un nuevo submarino cuyo
costo de adquisición debe sumarse al de adiestramiento de las tripulaciones,
mantenimiento y accesorios, todo por un valor que rondaría los 300 millones de
dólares. Poco oportuno para estos
tiempos de ajustes.
Nadie
discute la trascendencia de que planificadores navales ahonden en las carencias
y dificultades de la Argentina para ejercer la soberanía en nuestros mares, que
lejos estarían de resolverse con una
compra aislada de semejante calibre.
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| Brasil cerró el año 2019 con un Plan Estratégico para reforzar sus FFAA |
Tendría
otro cariz el intento de asociarnos al ambicioso programa de submarinos que
desarrolla Brasil, en el contexto de un Plan
Estratégico de capacidades para sus Fuerzas Armadas, muy interesante para
nuestras magnitudes, que estableció Lula da Silva y que siguen desarrollando los gobiernos que lo sucedieron[3].
Pero
esto implicaría negociar con Bolsonaro y sus militares, lo que parece poco
probable a la luz de la reactividad de importantes sectores del oficialismo,
que ven también dramáticas amenazas en la figura de Donald Trump y que, a
partir de lo ocurrido en Bolivia, denuncian avances militares fantasmagóricos
-según el diccionario, “fantasmagoría es
el arte de representar figuras por medio de una ilusión óptica” sobre los
gobiernos de la región.
Para
prevenir cualquier atisbo de tan hipotética amenaza, el Gobierno prepara más de
un decreto para “recuperar el control
democrático sobre las Fuerzas Armadas”[4]
y volver a las proclamas de Raúl Alfonsín, convertido para los peronistas de
turno en paradigma de la democracia, olvidando
con una conveniente amnesia cuánto lo combatieron.
En
rigor, las leyes de defensa y de seguridad interior están vigentes, aunque
hayan cumplido ya tres décadas, en las
que el mundo y el país cambiaron. El gobierno de Cambiemos no violó la
vieja e inadecuada separación entre defensa y lo que se denomina seguridad
interior. Si alguien estuvo más cerca de
violar la letra de aquellas leyes fueron Cristina Kirchner y Nilda Garré, con
la colaboración militante del general César Milani, en el ineficiente
operativo Escudo Norte y en otras tareas de inteligencia interior no
publicitadas por los mandos del inexistente
Ejército nacional y popular.
Sería
un grave error institucional que los decretos que prepara el Gobierno
-independientemente de sus proclamados objetivos y de su lenguaje seguramente
efectista- tuvieran como principal correlato una nueva purga de mandos superiores de las Fuerzas Armadas, con el
consiguiente debilitamiento orgánico y la pérdida de experiencia profesional
que implica.
Actualmente,
los oficiales, suboficiales y voluntarios de las Fuerzas Armadas suman alrededor de 90.000. Solo para dar idea de
magnitud, puede precisarse que la policía
de Buenos Aires tiene más de 93.000 efectivos y que existen otras 23
policías provinciales. Su magro
presupuesto actual no alcanza siquiera para dar de comer a los efectivos, que
cobran los sueldos más bajos de las instituciones uniformadas federales. El
ministro Rossi dio a conocer anteayer un incremento salarial para las Fuerzas
Armadas, ostensiblemente por debajo de
la inflación, equiparándolo al resto de los trabajadores del Estado, que
cobrarán un 5% este mes y otro 5% en febrero. Sin embargo, esa suba no termina de resolver la notable retracción que padecen los
haberes del sector. Solo por dar dos ejemplos, para la escala de teniente general, almirante y brigadier
general, el haber será de $90.317, mientras que para subteniente,
guardiamarina, y alférez, será de $26.481[5].
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| Durante la década del 70, ante la necesidad de modernizar su capacidad anfibia, la Armada incorporó los vehículos a orugas y ruedas. Se usaron en Malvinas. |
Por
otra parte, el promedio de antigüedad del equipamiento militar supera los 35
años.
El Estado argentino ha perdido el
control efectivo sobre los espacios soberanos: desde las
fronteras, pasando por el espacio aéreo y los mares depredados, a ciudades
gravemente castigadas por el narcotráfico, como Rosario. En los últimos años, y en más de una ocasión, políticos argentinos han
sido advertidos, con los mejores modales, por políticos democráticos de países
vecinos, respecto de que la Argentina está introduciendo un desequilibrio por
defecto en la región.
En
esta área como en ninguna otra, no habrá soluciones mágicas, pero debería ser
la hora de la prudencia.
NOTA: Las imágenes,
referencias y destacados no corresponden a la nota original.
[2] ¿Quién ejerce el verdadero poder en la República
Argentina? La Constitución Nacional reconoce cómo máxima autoridad de la
República Argentina a la persona que ocupa el cargo de presidente de la Nación.
[3] En la República Argentina cada cambio de gobierno
significa cambiar todo lo hecho por el gobierno saliente, no tenemos políticas
de estado consensuadas con todo el arco político quienes representan la
voluntad de sus representados y mandantes: el pueblo argentino.
[4] Desde
el regreso a la democracia, las FFAA han dado sobradas muestras de su
subordinación y acatamiento al poder político democrático. Prueba de ellos que
más de 2.000 de sus miembros retirados se han sometido a derecho en los
llamados “juicios de lesa humanidad”. Es hora de terminar con esa excusa y
atender las reales necesidades de una política de defensa nacional (debe ser
una política de estado).
[5] El gobierno
militar conocido como Revolución Argentina dispuso el desenganche de los
haberes de las Fuerzas Armadas, los que estaban equiparados con el poder
Judicial, produciendo un daño que nunca fue reparado por ningún gobierno.
Después se sumaron las diferencias de haberes entre el personal militar en
actividad y el que estaba en situación de retiro efectivo, numerosos juicios
produjeron perjuicios al tesoro público y aún esa inequidad no ha sido reparada
totalmente.
Se deja
expresa constancia que el retiro no es igual a una jubilación, el personal
militar retirado continúa, después de pasar a esa situación, continúa
conservando el estado militar y aportando a su respectiva caja conocida como
IAF (Instituto de Ayuda Financiera) la que contribuye con el estado a la
financiación de los haberes de retiro, indemnizatorios y de pensión,
correspondientes al personal militar de las Fuerzas Armadas. Además, liquidan y
abonan los haberes mencionados.
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