La reunión de trabajo
de la Asociación de Abogados por la
Justicia y la Concordia, de Puentes
para la Legalidad, de representantes
del Estado de la República Argentina con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), nos dejó un resultado realmente muy promisorio.
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| El encuentro tuvo lugar en el Wolf Law Building, de la facultad de Derecho de la Universidad de Colorado. |
Rápidamente el estado
argentino recibió la recomendación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocando al Estado argentino para que conozca y atienda en una misma mesa de trabajo
las graves denuncias formuladas por dos organizaciones no gubernamentales que
bregan por la vigencia de las garantías
y el debido proceso en los juicios que se siguen a policías, militares y
civiles por los hechos ocurridos en la década del 70 en nuestro país. Tal
decisión constituye una saludable iniciativa y una muestra de ecuanimidad necesaria y provechosa en la imagen de un
organismo fundado para la salvaguarda y vigencia de los derechos humanos en el
continente. Hay que reconocer que existían dudas al respecto, el organismo
interamericano había desestimado en más de una oportunidad denuncias sobre la
falta de garantías de un juicio justo, medidas cautelares, enfermedades,
prisiones preventivas excedidas, etc.
Es llamativa la
cantidad de cartas de lectores que adhieren a las recomendaciones de la CIDH y
le piden al gobierno una solución para cerrar la grieta más profunda, que
divide a la sociedad argentina. A continuación les dejamos algunas de esas
cartas y es muy seguro que los medios hayan recibido muchas más y por distintas
razones no las publican.
SEÑAL AUSPICIOSA
Muy oportuno
el editorial "Derechos Humanos: una
auspiciosa señal", a raíz de la
reciente audiencia en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos sobre
el tratamiento ilegítimo y discriminatorio por la Justicia Federal penal desde
el advenimiento del gobierno kirchnerista, que recibieron quienes en la
década del 70 combatieron el terrorismo subversivo, mientras dormían y prescribían miles de causas por narcotráfico o
corrupción estatal, como ocurrió recientemente respecto del ex presidente Menem.
El editorial se dedicó a las prisiones domiciliarias indebidamente negadas en
muchísimos casos a ancianos procesados en estas causas de clara connotación
política, pero no a otra cuestión tan grave como aquella: cientos de las prisiones preventivas dictadas superan largamente el
plazo máximo de tres años que pueden durar sin sentencia firme, según
nuestra ley dictada como consecuencia de un pacto internacional. Semejante exceso condujo al escarnio
interno e internacional de tener, por ahora, más de 450 fallecidos encarcelados
que murieron inocentes, porque sus procesos no habían finalizado pese a
tantos años en trámite, exponiendo
incluso a nuestro país a una condena si la Corte Internacional procediera con
la firmeza y ecuanimidad necesarias. Tal grosero exceso tuvo causa
eficiente en el fallo "Acosta"
de la Corte Suprema de 2008, después de que Cristina Kirchner, en ejercicio del
Poder Ejecutivo, Hebe de Bonafini y el fallecido secretario de Derechos Humanos
Eduardo Luis Duhalde amenazaran públicamente a los jueces que se atrevieron,
como García y Yacobucci en la Cámara de Casación, a hacer cesar las prisiones
preventivas que superaran los tres años, sin perjuicio de la continuidad de los
procesos hasta su finalización.
Es hora de que
las secuelas del fallo "Acosta"
desaparezcan de nuestros tribunales.
Enrique Munilla
DNI 4.433.538
LOS MISMOS JUECES
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| Gustavo Hornos |
El artículo
del juez de Cámara Gustavo Hornos
del 7/10/2918 sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción
cometidos por los Kirchner interpreta
erróneamente el artículo 36 de la Constitución y vulnera el principio de legalidad
del artículo 18. La norma aludida sanciona a los autores de actos de fuerza
contra el orden constitucional y a los que usurparen funciones previstas para
las autoridades, con las penas del art. 29 CN, esto es, "inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos públicos y
exclusión de los beneficios del indulto y la conmutación de penas". La
conducta de la última parte del artículo 36 a la que se refiere el magistrado -"grave delito doloso contra el Estado
que conlleve enriquecimiento"- es distinta y tiene sanción distinta: "Inhabilitación por el tiempo que las
leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos". Conducta distinta
con sanción distinta. Una vez más, los
jueces le hacen decir a la ley lo que la ley no dice. Los actos delictivos
de los Kirchner no autorizan a continuar destruyendo nuestras bases
constitucionales que ellos iniciaron. Debemos
exigir el cese de la manipulación de las leyes y de la negación de los derechos
y garantías constitucionales, y reorientar la conducta de los jueces y
exigirles la defensa irrestricta del Estado de Derecho. Esta mala costumbre
iniciada por la Corte Suprema en 2003 al comando del montonero Lorenzetti, que
exigió "lealtad" a los magistrados
federales y los autorizó a "legislar"
en juicios de "lesa humanidad"
(verdaderos juicios de venganza a las
FF.AA. y de seguridad por enfrentar al terrorismo en los 70) al convalidar
sus arbitrarias sentencias condenatorias, debe
cesar inmediatamente. Las falsedades y la cobardía demostrada por la CSJN -particularmente
de la mayoría kirchnerista- es la que aniquiló
la seguridad jurídica con el aplauso y la aprobación de los políticos, y
que se reiteró recientemente cuando dictó una sentencia concediendo el
beneficio del 2x1 y revocándola inmediatamente tras la protesta de las hordas
socialistas y la cobardía del gobierno.
Quienes debieron criticar el abuso de los jueces,
se plegaron por conveniencia a la corriente vengativa y condenatoria sin
advertir el daño que ocasionaban a la Nación y a la paz social. Esos mismos jueces
y fiscales federales que ayer dormían las causas son los que hoy se erigen en
paladines de la lucha anticorrupción en nuestra sociedad receptora de estos
mensajes esquizofrénicos. Son los mismos
jueces que por orden de Néstor Kirchner implementaron juicios ilegítimos contra
las FF.AA. y de seguridad basados en falsas doctrinas, haciéndole decir a la
ley lo que la ley no dice.
Hoy, tras la
publicación que critico, veo que continúan esa mala costumbre declarando la
imprescriptibilidad de delitos prescriptibles (legislando) con argumentos
populacheros que afectan la seguridad jurídica, que debería mantenerse a
rajatabla respetando las leyes sin mentir ni inventar dogmas falsos.
La
inseguridad jurídica siempre afecta a toda la sociedad e impide que se nos respete
como país creíble y predecible.
José M. Soaje Pinto
Asociación
Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica
SIN
RESPUESTAS
El reciente editorial
de LA NACION del 9 del actual resultó un bálsamo para los ex soldados
sobrevivientes y los familiares de los caídos en la defensa del Regimiento de
Infantería de Monte 29 (RI Mte.29) de Formosa, cuando este fue atacado por el
Ejército Montonero, el 5 de octubre de 1975, en plena democracia.
Entre los que
entregaron sus vidas combatiendo por la Argentina estaba Hermindo Luna, mi
hermano. El secretario de DD.HH. de la Nación, Claudio Avruj, asistió, junto al
Jefe del Ejército, general Claudio Pasqualini, al acto recordatorio, lo que es alentador.
Es la primera vez, desde el regreso a la democracia, que un funcionario de
rango nacional rinde homenaje a víctimas del terrorismo de los años 70.
 |
| Se deposito una ofrenda floral, de homenaje y reconocimiento a los caídos, en el cementerio municipal de Formosa |
Analizar por qué se
tardó tanto me lleva a preguntarme si nuestra clase dirigente conoce la
historia de nuestro país y si está a la altura de quienes dieron su vida por la
Argentina. En un encuentro posterior al homenaje con ex soldados sobrevivientes
y familiares de los caídos, Avruj les dijo: "Los
soldados que defendieron el cuartel merecen el reconocimiento desde todo punto
de vista. Merecen un reconocimiento del Estado".
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| Avruj evocó junto al Ejército el ataque a un regimiento militar en Formosa |
Resulta por eso
contradictorio que en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de
Estado (Ruvte) de la Secretaría de DD.HH., encabezado con la leyenda: "Listado de víctimas del accionar
represivo ilegal del Estado", figuren los once terroristas atacantes
abatidos en aquel combate como "asesinados
en ejecución de prisioneros en eventual defensa, por represión a intento de
toma del RI Mte 29". Por estar incluidos en ese listado oficial, el
Estado argentino pagó indemnizaciones por un total actualizado de casi 50
millones de pesos a los familiares de los terroristas que atacaron al cuartel.
Conservo en mi poder el último recibo cobrado por mi madre antes de fallecer,
en febrero de 2006, en concepto de pensión mensual por la muerte de Hermindo,
por 286,31 pesos. Resulta también inexplicable que el gobierno de la CABA, en
el Parque de la Memoria, recuerde y homenajeé a los terroristas montoneros
atacantes abatidos el 5/10/75, en Formosa.
 |
| Nora Hochbaum |
Hace unos días
mantuve una decepcionante reunión con la directora de dicho monumento público,
licenciada Nora Hochbaum, quien se negó a contestarme el escrito que le
presenté, en el que sencillamente le preguntaba: ¿por qué se homenajea en el
Parque de la Memoria a los asesinos de soldados argentinos, en plena
democracia? Por sugerencia de Hochbaum, mediante otra nota, le trasladé la pregunta
al jefe de gobierno de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta, y esta vez espero
recibir una respuesta a la altura de los héroes de la defensa del regimiento de
Formosa.
Jovina
Elena Luna
DNI 17.092.569
LIBERTAD INMEDIATA
Acerca de la resolución de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que afecta a los presos militares, de las fuerzas de seguridad y
civiles, en el editorial del 11 del actual se da cuenta de que en las
cárceles y en domicilios particulares de nuestro país hay presos militares de edad avanzada por haber luchado contra la
guerrilla comunista, sin condena firme. Esto ocurre después que todos los
gobiernos de la democracia recibieron denuncias al respecto de particulares y
de la Comisión de Justicia y Concordia, también ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, ante el Estado Vaticano, las Naciones Unidas y gobiernos
de países amigos. LA NACIÓN recibió
numerosas cartas de lectores de particulares sobre el gravísimo problema.
Por eso, la noticia no hace más que exponer una hipocresía nunca vista. Mientras los miembros de la guerrilla comunista
que cometió numerosos excesos en esta guerra fueron premiados con cuantiosas
fortunas, quienes salvaron al país del trapo rojo sufrieron la muerte de 431
personas[1]. Ahora la
ciudadanía le exige a este gobierno
temeroso la libertad inmediata de todos los presos, estén en cárceles o en sus
domicilios. Este acto de valor y de justicia contribuirá a cerrar la
famosa "grieta" que divide
al pueblo argentino. Si no lo hiciere, merecerá ser llamado infame traidor a la
patria y ser susceptible de las correspondientes acciones judiciales.
Carlos Llambías
NOTA: Las imágenes, referencias y destacados no corresponden a las cartas de
lectores originales.
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