MAURICIO
ORTIN
El Estado argentino, durante el período
constitucional y por razones de indelegable responsabilidad que no vienen al
caso, contrajo deuda a través de la emisión de bonos. Estos fueron ofrecidos
con la promesa de pagar un valor mayor a la hora de ser rescatados por el
Gobierno. En 2001, en medio de un
increíble clima de algarabía de la casi la totalidad diputados y senadores
nacionales, en lugar de cumplir con lo pactado el Estado declaró
unilateralmente la suspensión del pago (default) de las obligaciones
contraídas.
Ya
en el mandato presidencial de Néstor
Kirchner, a través del canje de la deuda, el Gobierno impuso a los acreedores
una quita al valor de los bonos del orden del 70%. Así las cosas, cerca del 90%
de los afectados aceptó la mutilación de su capital; el resto, con el riesgo
cierto de no cobrar nada, optó por seguir con su reclamo del ciento por ciento
por vía judicial. Ello los llevó a la autoridad que fuera convenida, el Juzgado Federal de Nueva York.
El
proceso judicial iniciado contra el Estado
argentino llegó a su fin, en una primera instancia, con el fallo del juez Griesa. Este obliga al Estado argentino a pagar en forma
perentoria el valor total de los bonos a los deudores que no entraron en el
canje (hoy, “fondos buitre”).
La
sentencia no conformó a la Argentina
y, por ello, fue apelada a la Cámara de
Apelaciones de Nueva York.
Cabe
aquí un comentario sobre la principal estrategia que llevó adelante el Estado argentino ante el juez del caso. Esta se hace evidente en
la advertencia que hiciera la primera
mandataria argentina cuando, pública y categóricamente, señalara que en
caso de no ser favorable la Argentina no acataría el fallo. Es
decir, que desconocería la autoridad del juez y no pagaría un solo dólar a los
acreedores.
En
tales circunstancias, el juez
convocó a las partes para que presentaran propuestas acerca de monto y forma de
pago. Los acreedores exigieron el
ciento por ciento, en forma inmediata. El Estado
argentino, en una actitud suicida, ratificó
su decisión de no pagar y desconocer el fallo. El juez resolvió hacer suya la propuesta de los acreedores (“Hacete amigo del
juez y no le des de qué quejarse...”,
decía el Viejo Vizcacha).
De
quedar firme el fallo Griesa, según
la misma Cristina, las consecuencias
podrían ser desastrosas para el país ya que, además de entrar nuevamente en default, los que aceptaron el canje
tendrían derecho a exigir el mismo trato que el dado a los “fondos buitre”.
Pero,
oh sorpresa! Resulta que ahora Cristina
se desdice y afirma que está dispuesta a pagar la misma suma que pagó a los
deudores que entraron en el canje. “Tarde
piaste”, porque la baladronada arrogante e irresponsable de vociferar “ni un dólar a los fondos buitre”
podría costarle a los argentinos (según la misma Presidenta) 170 mil millones
de dólares.
Más
aún, considerando lo que en potencia entraña semejante problema económico, el
real quid de la cuestión no pasa por ahí sino por otro lado. Fundamentalmente, por saber si, para los argentinos, el fallo del juez Griesa es justo o injusto.
También, por exigir al Estado a que
pague sus deudas como cualquier hijo de vecino o, en su defecto, consentir que disponga de inmunidad para
estafar a quién le venga en gana (a propósito, “los fondos buitre” no estafaron a nadie). Sería trascendentalmente grave para la sociedad el creerse sus propias
mentiras.
A
menudo suele confundirse al Estado
con la Patria. Luego, dar la razón a
Griesa sería estar contra la Patria.
Jubilados estafados en la Argentina
Ahora
bien, la moral y la verdad, ¿pueden ser
contrarias a los intereses de la Patria? Sócrates, el gran ateniense,
sostenía que más que el que sufría una injusticia se perjudicaba aquel que se
envilecía infringiéndola. Un Estado que
estafa no es la Patria, sino su negación.
NOTA: Las imágenes y
negritas no corresponden a la nota original.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
No dejar comentarios anónimos. Gracias!