La experiencia desde 2003 a la fecha, demuestra cómo las supuestas organizaciones de DDHH, funcionarios de la justicia (especialmente jueces y fiscales) han manipulado, influenciado y/o presionado a los testigos de las querellas en los juicios de lesa humanidad. Para que de alguna manera ellos obstruyan, distorsionen la verdad, y ajusten sus declaraciones a dichos torcidos y mendaces. Para así alinearlos con objetivos denominados políticamente correctos. A ello se suma la condena mediática, que no tiene ningún valor jurídico… pero sí influye negativamente en la opinión pública.
Está demostrado que
esos juicios están plagados de irregularidades jurídicas, que han impedido y
negado las garantías del debido proceso que la constitución nacional exige al
estado. Por eso desde nuestro humilde espacio hemos iniciado una petición para
que se realice una auditoría jurídica que revise todo lo actuado en los juicios
de lesa humanidad, y que las partes acaten el dictamen de los peritos.
Casi en forma diaria
estamos difundiendo crónicas necrológicas de los ancianos y enfermos soldados
injustamente detenidos como Presos
Políticos, ya es hora de terminar con esa venganza disfrazada de justicia.
El país necesita imperiosamente una Ley
de Pacificación y Concordia Nacional, debemos cerrar la grieta más profunda
y mirar un futuro con mayor esperanza cada día.
Les dejamos una nota del Ing. Güiraldes, en la cual nos presenta un claro ejemplo de la manipulación de los testigos.
Pedro José Güiraldes
3 de julio de
2019
La madrugada
del 10 de julio de 1976, el entonces teniente coronel Alberto Schollaert, jefe
del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes (RI6) recibe la orden de acudir con
su unidad hacia la referida finca. Cuando la columna del RI6 intenta cercar el
predio, la mayoría de los guerrilleros logra huir, pero antes asesinan de un
tiro en la cabeza al prisionero Echegoyen, encadenado en uno de los subsuelos.
Pesaba solo 42 kilos. Jorge Emilio Arancibia, presunto verdugo del
vicecomodoro, cayó abatido por las ráfagas de la ametralladora MAG de un
conscripto durante el intento de fuga.
Daniel Rafecas |
Transcurridas
más de tres décadas, un ex soldado de aquel RI6 recorrió los domicilios de sus
ex compañeros de "colimba"
para buscar nuevos testigos para una causa judicial por delitos de lesa
humanidad (DLH) que se tramita en el juzgado del doctor Daniel Rafecas,
secretaría de la doctora Albertina Carón. Por el testimonio del ex soldado y de
otros dos ex conscriptos, en junio de 2017, Rafecas detuvo, procesó y dictó la
prisión preventiva de muchos de los entonces jóvenes oficiales y un suboficial
que integraron ese regimiento. Así, quienes intentaron rescatar a un cautivo,
hace 40 años, fueron acusados por homicidios, privaciones ilegales de la
libertad y tormentos.
Según los
abogados de la defensa y otros testigos, los tres ex soldados incurrieron, en
sus testimonios, en contradicciones y relatos inverosímiles, pese a lo cual
Rafecas y su secretaria de DDHH ordenaron la detención inclusive de dos ex
oficiales que nunca participaron del operativo.
Pero lo más
notorio del caso gira en torno del testimonio de una hija de una de las
presuntas víctimas: esta testigo, como su hermano, son hijos de una sargento
del ERP desaparecida en junio de 1976. El varón tenía entonces cuatro años y
oportunamente afirmó que no podría reconocer a ninguno de los que participaron
del secuestro de su madre. La niña, de ocho años en 1976, convertida cuarenta
años después en testigo de la causa, aseguró, el 18 de junio de 2013, en el
juzgado de Rafecas, que jamás olvidaría al jefe de esa "patota" que entró en su casa de Haedo y lo describió
como un hombre de pelo ondulado hasta los hombros, medio rubio, de tez blanca,
bigote finito, muy grandote y de unos cuarenta años.
Años después,
en 2017, Rafecas cita a la misma testigo a ampliar su testimonio y ella jura no
haber vuelto a ver, sea en forma personal o a través de fotos, a quien
secuestró a su madre, ni tampoco haber visto imágenes de las personas
recientemente detenidas, ni conocer la identidad de los responsables de la
desaparición de su progenitora. Durante su nuevo testimonio a esta testigo le
muestran un álbum de fotos de los miembros del RI6 en 1976 y ella señala tres,
reconociéndolas como las del jefe del operativo del que fue víctima su madre.
Lo llamativo es que el fotografiado no coincide en nada con su descripción de
2013, pues se trataba de un joven de unos veinte años, sin bigotes, con pelo
corto castaño oscuro y delgado. Eran las fotos del entonces subteniente Martín
Sanchez Zinny.
A partir de
estas manifestaciones se responsabilizó a Sánchez Zinny, el oficial más joven
del Ejército Argentino en julio de 1976, como supuesto jefe de un "grupo de tareas e inteligencia"
y se extendió la hipótesis de la responsabilidad de los acusados del RI6 en
otros 36 episodios de supuestos delitos de lesa humanidad ocurridos en diversos
puntos del país, alejados por cientos o miles de kilómetros de la unidad de
Mercedes.
Sánchez Zinny
presentó, en la causa, un video en el que el hijo varón de la desaparecida ya
lo había señalado como el secuestrador de su madre, en el programa de
televisión "Intratables",
dos años y medio antes del reconocimiento fotográfico que hizo su hermana en
tribunales. Este acusado pidió la admisión de esta prueba y la nulidad de todo
lo actuado en la causa.
¿Cómo es que
su hermana, en el reconocimiento de 2017 había declarado que no conocía la
identidad de Sánchez Zinny ni lo había visto jamás ni en fotos, si su hermano
lo había acusado de ser el autor del secuestro en enero de 2015, a pesar de que
él mismo había afirmado antes que no podría reconocerlo dado su corta edad
cuando su madre fue desaparecida?
Adicionalmente,
en una nota de la misma testigo en la revista Noticias, publicada el 25 de
noviembre de 2017, ella dijo: "cuando
yo voy a hacer el reconocimiento, Sánchez Zinny estaba detenido y por eso
también fui tan tranquila". Para la defensa queda claro que al momento
del reconocimiento fotográfico la testigo tenía predeterminado a quién debía
identificar como supuesto responsable de la desaparición de su madre.
Ahora, un
nuevo tribunal en un juicio oral debe resolver la situación de los oficiales y
suboficiales del Regimiento de Mercedes detenidos. Es de esperar que lo haga
sin arbitrariedad.
SS Francisco, en lo profundo de la grieta |
En Roma,
durante el Congreso "Derechos
Sociales y Doctrina Franciscana" convocado por el Vaticano y en el que
el papa Francisco habló críticamente del "lawfare"
o "guerra jurídica", el ex
integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Eugenio
Zaffaroni, afirmó en su disertación: "Cada
sentencia es una acto político. El derecho es lucha, y tenemos que ser
partisanos y políticos. Cada sentencia nuestra es un acto político. Porque es
un acto de gobierno de la polis. Mentira que podemos ser neutrales, mentira que
podemos ser imparciales; imparciales individualmente no podemos ser. No podemos
ser a-partidarios ni a-ideológicos, porque no hay ningún ser humano que sea
así, y si lo hay, es un ser patológico, no es un juez. Asumamos nuestra
responsabilidad, tengamos conciencia de lo que debemos hacer y sigamos luchando"
¿Será justicia?
Por: Pedro
José Güiraldes
FUENTE: https://www.lanacion.com.ar/politica/el-asesinato-echegoyen-justicia-predeterminada-nid2263911
NOTA: Las imágenes
y destacados no corresponden a la nota original.
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