martes, 26 de marzo de 2019

HISTORIA SESGADA DEL 24 DE MARZO



El 24 de marzo fue declarado el “Día de la Memoria, Verdad y la Justicia” y desde 2006 es feriado nacional. Si de memoria y de verdad se trata es imprescindible recordar la profunda y caótica crisis que a principios de 1976 atravesaba el país por la degradación y el vacío de poder, la corrupción y la violencia diaria de un terrorismo apabullante. Pocos hechos en nuestra historia como aquél golpe militar, fueron tan previsibles e impulsados por la gran mayoría de la dirigencia política.

A aquella situación se llegó después de la irresponsable y ominosa ley amnistía de mayo de 1973, que votada por aclamación en el Congreso liberó a más de 2000 terroristas, la mayoría condenados legalmente, en el marco de procesos ajustados a las garantías y derechos prescriptos por la Constitución Nacional, mediante jueces intachables. Entre otros el Dr. Jaime Smart, hoy preso condenado a perpetuidad y el Dr. Jorge Quiroga arteramente asesinado  por terroristas del ERP.  Los amnistiados volvieron a tomar las armas y se desató en el país un verdadero baño de sangre.

Sin embargo, se ha hecho del 24 de marzo de 1976 una historia sesgada, alimentada con recursos del Estado. La incapacidad política, la falta de coraje, tanto del gobierno como de la dirigencia de entonces que no supo estar a la altura de las circunstancias, determinó como último remedio, que las fuerzas armadas asumieran el poder. Esta afirmación no es retórica. Si de memoria se trata podemos recordar que la guerra de los setenta fue extremadamente cruel. Por un lado, miles de guerrilleros, adiestrados muchos de ellos en Cuba, la iniciaron y desarrollaron con asesinatos incalificables (el juez Quiroga, Rucci, Sacheri, Genta, Soldati, Mor Roig etc.), secuestros seguidos de muerte (Aramburu, Ibarzábal, Larrabure, Salustro, etc.), asaltos a cuarteles, bancos, extorsiones, bombas y otros hechos vandálicos hasta sumar un total de  20.642 entre los años 1969 y 1979. Su objetivo era alcanzar el poder para convertir a nuestra República en un estado totalitario marxista. Estas acciones no distinguieron gobiernos de facto o constitucionales. Por otro lado las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales debieron enfrentar la agresión subversiva de un terrorismo urbano, clandestino y sin uniforme. Lo hacían en defensa del Estado, en cumplimiento de decretos firmados por la viuda de Perón e Italo Luder y refrendados por  todos sus ministros. El propio Perón en ocasión del ataque  al regimiento de Azul en 1974, dijo que “… a los terroristas hay que eliminarlos uno a uno para bien de la República”. El propio Perón introdujo los métodos ilegales de represión con la denominada Triple A. Luego las fuerzas armadas y de seguridad ejecutaron la orden de aniquilar el accionar terrorista, no sin haber cometido extralimitaciones inadmisibles e ilegales.

Si de verdad y justicia se trata, podemos verificar que a partir del gobierno de Néstor Kirchner, con la necesaria complicidad del Congreso y la Corte Suprema, se produjo la grosera demolición del orden jurídico, iniciándose una persecución vengativa y discriminatoria contra integrantes de la fuerzas armadas y de seguridad y también civiles y religiosos, acusados  de delitos de “lesa humanidad”. Los jueces, por miedo o fuertemente ideologizados, finalmente corruptos, se pusieron al servicio de la denominada “política de derechos humanos”. Estos jueces no imparten justicia sino instrumentan la venganza, y mediante procesos viciados, violatorios de todas las garantías constitucionales mantienen en las cárceles a cientos de presos, la mayor parte sin condena. Esta población vulnerable, cuyo promedio de edad es de 75 años, es groseramente discriminada y se puede afirmar, sin eufemismos, que se trata de una población descartada de la sociedad, condenada a morir en la cárcel. Ya han muerto 490, últimamente a razón de dos por semana.

En consonancia con estas reflexiones la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales en un dictamen emitido el 25 de agosto de 2005, en forma contundente se pronunció declarando la inconstitucionalidad de la doctrina judicial que dio origen a esta parodia de juicios. También hace un par de años, un grupo destacado de juristas argentinos, cuyos nombres consigno: Juan Ramón Aguirre Lanari; Julio E. Altamira Gigena; Jaime Anaya; Gregorio Badeni; Alberto Bianchi;  Juan Carlos Cassagne;  Siro M.A. De Martini; Daniel Funes de Rioja; Guillermo Ledesma; Roberto Luqui; Daniel Sabsay; Alfonso Santiago y Jorge Vanossi, manifestaron que… “En la última década se ha hecho una seria discriminación en detrimento de los hombres que llevaron a cabo la represión contra el terrorismo, quienes, aunque incurrieron en excesos y extralimitaciones inadmisibles, recibieron en todos los casos penas gravísimas. Mientras que a los responsables directos o indirectos del terrorismo se los ha colmado de honores; y en muchos casos se los ha premiado con cargos públicos y copiosas indemnizaciones.”

Celebrar el 24 de marzo sin tener en cuenta estas consideraciones no es ni memoria ni verdad ni justicia, simplemente hipocresía. Esto debe terminar. Poner punto final a esta ignominia, que denigra a nuestra generación, debiera ser preocupación de este gobierno de cara a las próximas elecciones. No existen obstáculos jurídicos genuinos que impidan recurrir a medidas pacificadoras, como lo hicieron los pueblos sabios, en Europa y en América, para aplacar los odios engendrados por los enfrentamientos internos. Es indispensable restaurar la concordia y la plena vigencia de los principios y contenidos del orden jurídico, premisas necesarias para consolidar la paz interior, objetivo que debe ser política de estado de un buen gobierno.

Alberto Solanet,
Presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia

REVOCAN PRISIÓN DOMICILIARIA A UN MILITAR ENFERMO


Una vez más presentamos el caso del Cnel. (R) Roberto E. Gordillo para presentar la discriminación que sufre el grupo de personas de las Fuerzas Legales de la Nación, que han sido detenidas en el marco de los juicios mal llamados de lesa humanidad.

El lunes 25 de marzo de 2019 la Sala IV de la Cámara de Casación revocó el beneficio de la prisión domiciliaria que tenía el Cnel. Gordillo, a la que accedió después de varias internaciones que lo tuvieron en peligro de vida.

En realidad el Cnel. Gordillo integra uno de los grupos de la sociedad que, por múltiples factores, se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La expresión “en situación de vulnerabilidad” se utiliza para designar a aquellos grupos de personas o sectores de la población que, por razones inherentes a su identidad o condición y por acción u omisión de los organismos del estado, se ven privados del pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales y de la atención y satisfacción de sus necesidades específicas.

Él es una persona enferma,  mayor de 70 años y con una prisión preventiva excedida en los años que prevé la ley… actualmente se encuentra en tratamiento y debe concurrir periódicamente al Hospital Militar Central para hacerse estudios y análisis médicos que permitan efectuar un diagnóstico cierto sobre sus dolencias. La Sala IV de la Cámara de Casación efectúo la revocación del beneficio otorgado oportunamente, haciendo caso omiso del informe forense -que en forma contundente recomienda se le otorgue la prisión domiciliaria- y a lo manifestado por el Servicio Penitenciario Federal que en sus unidades penales  no puede brindar los cuidados y servicios médico requeridos para garantizar su salud.

El Cnel. Gordillo no puede ni debe estar alojado en una Unidad Penal, el estado debe garantizar su derecho a recuperar su salud deteriorada y demostrar que la ley es igual para todos. 

Por favor, si están de acuerdo con esta petición, adhieran, firmen y continúen compartiendoa todos sus contactos.

domingo, 24 de marzo de 2019

24 DE MARZO DE 1976



Hoy hace cuarenta y tres años de la defección cobarde de la clase política argentina y del error garrafal cometido por nuestras Fuerzas Armadas, error por el  cual hoy pagan con prisión aquellos que, parafraseando a Ernesto Sábato, “no tenían nada más que un brazo que empuñara el sable para defender a la patria y un corazón para ayudarse a enfrentar la muerte”.

Eso es hoy, historia. Historia cuya realidad fue una increíble relación de actos heroicos y muertes ejemplares: Cáceres, Berdina, Luna, Moya y tantos más a los que hoy tratan de tapar con el recuerdo espurio y la compensación económica de los apátridas que dejaron sus huesos en esta tierra a la que querían conquistar.

Aunque los escribas mercenarios lo nieguen, esto fue una guerra civil, quizás la peor clase de guerra que un soldado puede soportar, pero también es, a posteriori, una larga conexión -porque nada de esto ha terminado- de agachadas vergonzantes y arreglos ilegítimos hechos en función de una justicia que trocó su nombre por el de venganza.

El desconocimiento de como se hacía este tipo de guerra, guerra sin tiempo, ha hecho que hoy, cuarenta y tres años después, la venganza internacional, llámese izquierda pura, socialdemocracia o iglesia “popular y militante” con el concurso de colaboracionistas vernáculos -jueces, políticos, empresarios y obispos- y con el silencio de una sociedad civil cobarde que desde 1983 busca hacerse perdonar sus pedidos de horca y degüello para los terroristas, caiga sobre aquellos que vencieron a la subversión todo el peso de leyes tergiversadas al amparo de la violación de la Constitución Nacional.

Nada ha cambiado, seguimos con “el curro de los derechos humanos”, a los que les hemos agregado el estúpido ritual de tirar flores al río como una exaltación de la violencia de la que no se puede hablar. Mientras tanto, las víctimas del terrorismo son lágrimas que no se han secado porque la venganza las ha relegado al olvido.

Hoy es 24 de marzo y como desde hace treinta y seis años volverán a salir los carroñeros de siempre -que los hay en todos lados, pero muchos, dentro del gobierno- a hacer su faena de la mano de la desmemoria, la cobardía y la complicidad de los argentinos.

Jose Luis Milia

Non nobis, Domine, non nobis. Sed Nomini tuo da gloriam.

MEMORIA COMPLETA


El 24 de marzo, la verdad, la memoria y la justicia deberían ser completas y que el mundo entero sepa que en la Argentina, mientras repudiamos los ataques terroristas en el resto del mundo, tenemos 2284 presos políticos por combatir el terrorismo, de los cuales la mayoría excede las prisiones preventivas. Con 70 años de edad y enfermos, 475 murieron en cautiverio, 135 desde que comenzó el gobierno de Cambiemos, el cual prometió terminar con el "curro de los derechos humanos", lo cual fue solo un eslogan de campaña.

Solo pido que la Justicia sea justa y no solo parcial y tuerta. Y que el gobierno nacional deje de rendir homenaje a los terroristas que asolaron nuestro país.

Lucas J. Alfaro Jones

FUENTE: https://www.lanacion.com.ar/opinion/carta-de-lectores/de-los-lectorescartas-ampmails-nid2231300

RELATOS ROTOS



"Para algunos, los hechos no eran más que
irritantes obstáculos para sus obsesiones".
Jo Nesbø

Los argentinos estamos asistiendo a un funeral que debiera darnos vergüenza, pero hemos roto u opacado todas las superficies en las cuales hubiéramos podido vernos como sociedad: el cleptómano populismo que asoló a nuestro continente avanza acelerando hacia su enrejada tumba.

Así, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Kuczynski (en Perú), Rafael Correa y Jorge Glas (Ecuador), Raúl Sendic (Uruguay), Luiz Inácio Lula da Silva y Michel Temer (Brasil) y mandatarios de Colombia y República Dominicana, han debido renunciar o fueron destituidos, han sido procesados o encarcelados, y algunos se encuentran prófugos de la Justicia.

Pese a que las pruebas obtenidas en el "Lava-jato" brasileño están a disposición de nuestros jueces desde 2017, distintas interpretaciones procesales han evitado, al menos hasta ahora, que lleguen a la Argentina y sirvan para investigar y, en su caso, crucificar a políticos y funcionarios de todos los colores.

Lo notable es la unificación del discurso entre quienes dijeron encarnar el "socialismo del siglo XXI" o la "patria grande bolivariana", que acusan a sus magistrados, a la prensa y al "imperio" de todos sus males, intentando vanamente ocultar, tras un velo supuestamente ideológico, sus desmanes y sus latrocinios; los constructores de tales "relatos" resultan perfectamente intercambiables: se llamen Lula, Nicolás Maduro o Cristina Elisabet Fernández, todos dicen exactamente lo mismo para justificarse.

Pero esos recursos literarios explotaron esta semana por obra y gracia de tres personas a las que nadie en su sano juicio podría acusar de irredentos derechistas: Michelle Bachelet (ex Presidente de Chile y actual Alta Comisionada de Derechos Humanos de ONU), Luis Almagro (ex Canciller de Uruguay y actual Secretario General de OEA) y José Miguel Vivanco (Director para las Américas de Human Rights Watch) fueron unánimes al condenar al tirano venezolano por la violación permanente de los derechos humanos, la tortura y el asesinato de presuntos opositores, el saqueo de los recursos públicos y los daños sanitarios y alimenticios que está produciendo a su pueblo.

A ese repudio generalizado se sumó el Grupo de Lima, que Argentina integra, y sobre todo Lenin Moreno. El Presidente de Ecuador cerró la sede de UNASUR, ese engendro político inventado por el Foro de São Paulo para recrear por otros medios en la región la trágica década de los 70's y perpetuar en el poder a los regímenes que encabezaran Hugo Chávez, Lula, Correa, Evo Morales, Fidel Castro y Néstor Kirchner; la estatua de éste, instalada a la entrada del edificio, fue removida y destruida.

En Brasil, la detención de Temer, a quien el PT de Lula y Dilma Rousseff acusaba de conspirador y traidor por haber reemplazado a ésta tras su destitución, contribuyó a la aniquilación del "relato", porque ahora se confirmó, pesados con la misma balanza, que los ladrones, sean de izquierda o derecha, son todos políticos presos, y no presos políticos.

Pese a las inquietudes que su viaje había suscitado, Cristina volvió al país después de su exitosa visita "privada" al paraíso socialista de los hermanos Castro Ruz. Pero dejó allí, protegida por los obedientes médicos cubanos, a Florencia Kirchner, el único miembro de la familia que carece -al menos por el momento- de fueros; inmediatamente, su madre solicitó la extensión del permiso que le fuera otorgado para salir del país. Otra vez, las redes sociales explotaron con versiones de tentativas de mantenerla fuera del alcance de la Justicia hasta las elecciones, cuando sería incluida en alguna lista como candidata a diputada.

Y las sospechas tienen su razón de ser: ambas fueron beneficiadas por los jueces con privilegios que ningún otro argentino tiene. Algo como la detallada confesión de Víctor Manzanares, el dueño de todos los secretos de la asociación ilícita que encabezara la viuda (que ya acumula diez procesamientos y hasta una prisión preventiva confirmada por la Corte Suprema), y que tiene a Florencia como organizadora, bastaría para que cualquiera de nosotros terminara tras las rejas, pero no es el caso, ya que aquélla continúa paseando por el mundo como una reina, injustamente destronada por la "oligarquía", los "medios hegemónicos", la Justicia "perseguidora" y el "norte". Tampoco es el caso de Enrique y Sebastián Eskenazi y de Jorge Brito, todos mencionados otra vez por el verborrágico contador.

Mientras tanto, la probabilidad de su triunfo en octubre o noviembre sigue enfriando la economía argentina, que casi ha alcanzado niveles de rigidez cadavérica, mientras los muchos ministros que intervienen en ella, notoriamente incapaces y torpes, no aciertan con sus múltiples recetas ni proponen plan alguno para tranquilizarla.

Agradezco muy especialmente a los cientos de connacionales que han expresado su simple conformidad al otorgamiento de la personería jurídico-política provisoria del P.A.D., enviando respectivos correos; pero le recuerdo que, para lograrla, se necesitarán cuatro mil manifestaciones en cada jurisdicción, una meta que todavía estamos muy lejos de alcanzar.

Bs.As., 23 Mar 19

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado

miércoles, 13 de marzo de 2019

CAÍDOS EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN


Los miembros de las fuerzas de seguridad que fueron víctimas del ataque ocurrido en 1975 han sido olvidados por gran parte de la sociedad


“Lo que más estremece a quien escribe y estremecerá a los lectores es el odio y la sangre que se dieron cita esa víspera de la Navidad de 1975, con una violencia inolvidable, maldita, premonitoria del tiempo por venir” (María Seoane, “Testimonio del horror”, Revista N°  20/12/03). A fines de ese año, en pleno gobierno constitucional, la ofensiva revolucionaria del Ejército Montonero (Montoneros) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en la Argentina alcanzó su máxima intensidad. En dos agobiantes días de verano, el 23 y el 24 de diciembre de 1975, el ERP atacó al Batallón de Depósito de Arsenales 601 Cnel. Domingo Viejobueno, del Ejército Argentino, en Monte Chingolo, Quilmes, provincia de Buenos Aires.

Tiempo antes, el aparato de inteligencia de Montoneros había alertado al ERP acerca de un infiltrado del Ejército entre sus filas: Jesús Ramés Ranier, apodado el Oso, quien llevó a cabo "[...] una impecable tarea de espionaje que le permitirá [al Ejército] atrapar a decenas de miembros del ERP y detectar la preparación de una operación guerrillera de características excepcionales", según refiere Gustavo Plis-Sterenberg en su libro: Monte Chingolo: la mayor batalla de la guerrilla argentina.

En las semanas anteriores al ataque fueron apresados, desaparecidos o muertos irreemplazables jefes del ERP. El 7 de diciembre le había tocado el turno a quien planeó y debía comandar el operativo contra el Batallón Viejobueno, Juan Eliseo Ledesma (Comandante Pedro), quien fue reemplazado, inmediatamente por Benito Urteaga (Mariano), al frente del Batallón José de San Martín, flamante creación del ERP.

“El ERP planeaba sacar de allí 900 FAL con 60.000 tiros, 100 [pistolas semiautomáticas] M-15, con 100.000 tiros, 6 cañones antiaéreos automáticos de 20 mm con 2400 tiros, 15 cañones sin retroceso con 150 tiros, armas portátiles antitanques Instalazas [similares a bazucas] con sus proyectiles, 150 pistolas ametralladoras”, según se relata en el mencionado libro Monte Chingolo: la mayor batalla de la guerrilla argentina.

Plis-Sterenberg también da cuenta de que el plan de ataque al Batallón Viejobueno incluía una gran cantidad de acciones bélicas simultáneas, para aislarlo por varias horas. “Si el núcleo central eran alrededor de 60 compañeros, con toda la gente movilizada, los cercos, las postas sanitarias, los equipos de logística que tenían que cargar el armamento [...], es decir todo el conjunto, sumó alrededor de 300 personas”, refiriéndose al total de integrantes del Batallón José de San Martín del ERP.

Cuando el Ejército Argentino tuvo la certeza de que el objetivo eran las armas almacenadas en el Depósito de Arsenales, se montó un contracerco alrededor de los cuarteles, al tiempo que se reducía la cantidad aparente de tropas con el propósito de inducir al estado mayor del ERP a creer que seguía contando con el factor sorpresa a su favor. Los jefes insurgentes se tragaron el anzuelo.

La experiencia en combate de la mayoría de los integrantes del ERP estaba lejos de ser la requerida para “la mayor batalla de la guerrilla argentina”. La logística estaba infiltrada; el armamento era insuficiente, antiguo y precario; las comunicaciones nunca funcionaron; las contenciones, cortes de rutas y acciones de distracción fallaron, y si se combatió ferozmente en el asalto central fue porque la “moral revolucionaria” de los guerrilleros resultó temeraria.

El Ejército repelió el ataque movilizando miles de soldados, sumando a la Policía Federal y a la de la provincia de Buenos Aires y contando también con el apoyo de la Fuerza Aérea y de la Armada, presentes con aviones y helicópteros.

“Desde la torre del tanque de agua norte [...] el coronel Abud observó [...] la columna que se acercaba por el Camino General Belgrano. Apuntó con cuidado. La cabina del Mercedes-Benz quedó en el centro de la mira de su MAG [una ametralladora calibre 7,62 mm de gran poder de fuego y precisión]". Ninguna de las unidades atacantes del ERP logró sus objetivos y, apenas comenzado el combate, los bisoños revolucionarios se vieron obligados a emprender una retirada caótica y desesperada. Las víctimas fatales del ERP fueron 56, más tres prisioneros y decenas de heridos; mientras que las Fuerzas Armadas y de seguridad registraron siete muertos y 34 heridos. La tragedia se completó con, por lo menos, seis víctimas mortales identificadas y decenas de afectados entre los vecinos de Monte Chingolo, producto del fuego cruzado durante el repliegue del ERP.

El Oso Ranier sería ejecutado mediante una inyección letal, luego de un “juicio revolucionario” por traición, el 13/1/1976. Al decir de Juan Arnol Kremer, único dirigente máximo del ERP sobreviviente hasta nuestros días: “El problema con lo del Oso fue que se llevó detrás de él todas las causas de nuestro fracaso”. El pensamiento mágico de la “vanguardia iluminada” del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), órgano político al que estaba subordinado el ERP, resultó suicida, y si desde el punto de vista ideológico el plan de ataque al Batallón Monte Chingolo fue mesiánico, en lo estrictamente militar fue una rotunda derrota.

El ERP fue aniquilado en el Batallón Viejobueno y lo que siguió fue su exterminio, tal como lo había ordenado, casi un año antes, el entonces presidente, teniente general Juan Domingo Perón, primero en su discurso por cadena nacional, vestido de uniforme del Ejército Argentino, y luego en su carta a sus camaradas de la Guarnición de Azul, atacada por el ERP el 19 de enero de 1974.

Del total general de 65 muertos identificados con nombre y apellido, contando guerrilleros abatidos o prisioneros y vecinos, 55 de ellos figuran como “desaparecidos” o “asesinados” en alguno de los tres informes oficiales de 1984, 2006 y 2015. En 37 casos se pagaron indemnizaciones “reparatorias”: dos por la ley 24.043, para “víctimas de detenciones ilegales y  exilios forzosos”, y 35 por la ley 24.411, para familiares de “víctimas de asesinatos y desapariciones”. El total de dichas indemnizaciones, actualizado a marzo de 2019, es de $281.000.000, a razón de $7.600.000 por caso. En el Parque de la Memoria, 59 placas de pórfido patagónico llevan los nombres de casi todos estos guerrilleros, quienes, se afirma, “murieron combatiendo por los mismos ideales de justicia y equidad”.

Los muertos de las fuerzas de defensa y de seguridad han sido olvidados por la mayor parte de los argentinos. Ellos son: el capitán Luis María Petruzzi, el teniente primero José Luis Spinassi, el sargento ayudante Roque Cisterna y los soldados Roberto Caballero, Benito Manuel Rúffolo y Raúl Fernando Sessa, todos del Ejército, y el cabo segundo Enrique Grimaldi, de la Armada. La misma suerte corrieron los heridos.

El 24 de marzo de 1976 comenzaría la última de las dictaduras militares, la que logró una tan aplastante como impiadosa victoria militar en la guerra contra los ejércitos revolucionarios. El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional terminaría en su propia debacle, luego de la Guerra de las Malvinas, de 1982.

Ha llegado el momento histórico de honrar a quienes, fieles al juramento de defender la Constitución nacional, cayeron o fueron heridos resistiendo el ataque terrorista en Monte Chingolo hasta horas antes de la Nochebuena de 1975.

Pedro José Güiraldes
Ingeniero civil

NUEVO ATAQUE JUDICIAL A LAS FF.AA.

La Tablada es la tercera ola de una ofensiva que comenzó con los juicios por los años 70 y siguió con Malvinas. En diciembre de 2018, la justicia de San Martín comenzó a juzgar al general Alfredo Arrillaga por la presunta desaparición de un integrante del MTP, en el marco del copamiento del regimiento en 1989.

Agustín De Beitia
@agustindebeitia


El general (R) Alfredo Arrillaga está siendo juzgado por la presunta desaparición de un integrante del Movimiento Todos por la Patria.

El combate para recuperar el cuartel de La Tablada, en el tramo final del gobierno de Alfonsín, dejó 28 muertos del MTP, 9 del Ejército y 2 policías.­
El mes pasado se reinició el juicio por la recuperación del cuartel de La Tablada que comenzó en diciembre pasado en los tribunales federales de San Martín, un proceso que bien puede ser considerado como la tercera ola de ataque judicial contra las Fuerzas Armadas.

Las dos primeras olas apuntaron contra los militares que combatieron a los grupos armados de izquierda en los años 70 y contra los que pelearon en Malvinas en el '82. Y las tres tienen la misma secuencia: sed de venganza, testigos interesados, jueces complacientes con esta maniobra, medios cómplices.

La última ola es esta que comenzó el 10 de diciembre de 2018 en el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín. Allí se juzga al general (R) Alfredo Arrillaga por la presunta desaparición de un integrante del Movimiento Todos por la Patria (MTP), el grupo que intentó copar el Regimiento de Infantería Mecanizada 3 (RIM3) de La Tablada, en el partido bonaerense de La Matanza, el 23 de enero de 1989.

Arrillaga está en el banquillo de los acusados por haber sido el máximo responsable del operativo desplegado para recuperar el cuartel, en el tramo final del gobierno de Alfonsín, un combate que dejó 28 muertos del MTP, 9 del Ejército y 2 policías. El juicio es por cuatro presuntas desapariciones: José Díaz, Iván Ruiz, Francisco Provenzano y Carlos Samojedny. En este proceso oral y público sólo se juzgan los hechos que rodearon el destino de Díaz, aunque las otras causas ya están en etapa de instrucción.

En un juicio que cuenta con una minuciosa cobertura de medios de izquierda, la novedad de la semana última fue que citaron a declarar a otro militar de alta graduación, el general (R) Sergio Fernández quien, como jefe de la Compañía de Comandos 601 y al mando de un centenar de hombres, fue uno de los responsables también de la recuperación del cuartel.

Fernández no tuvo que responder sobre las desapariciones, ya que él estaba en otro lugar. Su testimonio fue requerido por otro asunto: para dilucidar si Arrillaga negoció o no la rendición de los terroristas a través de un megáfono.

El general contó que el único que usó el megáfono fue él ese día, 24 de enero a la madrugada, y no para negociar sino para dar indicaciones de que cesaran el combate, de que no corriera más sangre, ya que no tenían salida, estaban rodeados.

REHENES

Fernández explicó que no sabía cuántos rehenes tenían en su poder en el casino de suboficiales y que la información que le llegaba era borrosa y a veces contradictoria. Fotografías de la época registraron el momento en que los subversivos salieron con algunos rehenes a la plaza de armas, todos con las manos en alto, para luego volver a entrar, aunque sin que se pudiera dilucidar cuántos eran los cautivos. Después se sabría que eran en total 22, entre suboficiales y soldados, repartidos en distintas habitaciones.

La existencia de los rehenes se ventiló así en la audiencia del miércoles último sin que a nadie le sorprendiera. La privación ilegítima de la libertad, el uso de escudos humanos, el tormento de una muerte probable, no parecen decir nada sobre sus derechos humanos.

Fernández es veterano de Malvinas y le tocó entrar en combate otra vez en Tablada, como al teniente coronel (R) Emilio Nani, hoy en prisión domiciliaria mientras se sustancia un proceso en su contra.

Son hombres que más de una vez arriesgaron su vida por la patria y hoy desfilan por los tribunales para rendir cuentas. No habría nada que decir si la Justicia no hubiera dado pruebas de su doble estándar, de amañar los procesos y favorecer la venganza. De los sediciosos que se alzaron en armas e iniciaron el baño de sangre en Tablada, no queda ninguno en prisión. Favorecidos primero por una conmutación de penas dispuesta por De la Rúa y luego por un indulto concedido por Duhalde. Y ahora los mismos protagonistas impulsan esta causa para enjuiciar a quienes fueron convocados a defender el cuartel.

La entrega de estos últimos, en muchos casos heroica, es soslayada aquí como si no significara nada. Un menosprecio que alimenta la impresión de que este es el único país que a los héroes de guerra los arrastra a estas penurias.

Aún es recordada la actuación de Fernández en Malvinas y cómo derribó con un misil Blowpipe lanzado desde su hombro un avión Harrier GR3 pilotado por el teniente británico Jeff Glover, quien se eyectó y fue tomado prisionero, apenas una de las proezas que realizaron estos hombres en condiciones desfavorables y de las que rebosa esa contienda.

Fernández era entonces jefe de la segunda sección de la Compañía de Comandos 601. Una compañía que se formó específicamente para la Guerra de Malvinas. El jefe era el mayor Mario Castagneto.

Aquella jornada, 21 de mayo de 1982, fue el día del desembarco británico en San Carlos. Fernández se encontraba a menos de 30 kilómetros con las dos secciones de la Compañía de Comandos. Apuntó al Harrier y le disparó al segundo pasaje que hizo el avión sobre Puerto Howard, en la Gran Malvina.

Aunque después diría que fue un tiro afortunado, lo cierto es que en ese momento era el hombre más experimentado del Ejército con ese sistema de misil antiaéreo de baja cota de origen británico. Se había adiestrado durante casi tres años y desde el año anterior era el jefe del curso de Blowpipe.

El disparo le arrancó al avión un pedazo del ala. El piloto, que se había eyectado, fue capturado, retenido un día en ese lugar y luego trasladado a Puerto Argentino. Estuvo en el continente hasta julio de 1982 y luego fue devuelto a los británicos.

Los detalles del impacto pudo saberlos Fernández porque tiempo después hicieron lo que se conoce como After Action Review (revisión tras la acción) con el piloto británico aquí en Buenos Aires. Desde entonces son grandes amigos, según repite.

Su historia, y el presente juicio, vienen a recordarnos que con ciertos enemigos se puede recomponer la vida y con otros se sigue combatiendo porque actúan artera y alevosamente hasta muchos años después. Con el agravante de que son compatriotas.

FUENTE: http://www.laprensa.com.ar/474236-Nuevo-ataque-judicial-a-las-FFAA.note.aspx

miércoles, 6 de marzo de 2019

Y ACÁ, ¿POR QUÉ NO HICIERON LO MISMO?

Polonia 1939: la invasión que desencadenó la II Guerra Mundial

Polonia es una nación mártir. Atacada en 1939, nazis y bolcheviques se repartieron su territorio y población imponiéndole regímenes brutales que aportaron millones de muertos a la contabilidad del mal como forma de gobierno. Todos sabemos de su sufrimiento y todos conocemos la historia de las relaciones polaco alemanas una vez finalizada la segunda guerra mundial.

Demasiados cadáveres, violaciones y destrucción pueblan las páginas de esta historia como para suponer que el odio entre ellos sería a perpetuidad. Los polacos aborrecían a la nación que los había destruido, que había asesinado a millones de sus habitantes y que había montado en su territorio un archipiélago de campos de exterminio. Por su parte en los alemanes expulsados de sus territorios por la nueva demarcación de fronteras  crecía el rencor por la ferocidad de los “untermenschen eslavos” de otrora que incluía la violación y el asesinato de miles de alemanes expulsados y el saqueo de sus hogares y granjas en Pomerania, Silesia y la Prusia oriental, esos  miles de kilómetros cuadrados de territorio alemán que quedaron, luego de la guerra en manos de Polonia.

Pese a esto, fue la nación que más sufrió, Polonia -tanto por ser los agredidos como también ser víctimas de un plan de destrucción y limpieza étnica de una impiedad manifiesta, eslavos y judíos eran descartables para los nazis- de la que primero surgió la idea de una reconciliación.

Con la carta del 18 de noviembre de 1965, dirigida a los obispos alemanes, en cuya redacción había participado activamente el Arzobispo Karol Wojtyla, el episcopado polaco asumía con coraje, humildad y magnanimidad la iniciativa de la reconciliación práctica en un episodio fuerte, reconociendo la trágica historia de las relaciones polaco-alemanas.

En 1965, a veinte años de terminada la guerra, los obispos polacos hicieron una oferta de reconciliación y perdón a los alemanes; a instancia de ellos se formó una comisión polaco alemana para revisar los libros de texto de historia, corregir estadísticas erróneas y evitar que los acontecimientos históricos fueran manipulados descaradamente por cuestiones políticas. Los sucesos del pasado no han sido olvidados, sino que fueron situados en su contexto (*)

Cabe, una vez leído esto, una reflexión: lo que dejó la guerra a estas dos naciones, no entraría en un paredón a medio llenar de nombres muertos. Hoy, salvo grupúsculos sin brújula que son quienes aún pueden remover esas cenizas para ver si alguna brasa queda, no hay grieta entre ellos. La grandeza del Episcopado polaco lo hizo.

Reflexionar sobre esto nos obliga a los católicos argentinos a hacernos algunas preguntas: ¿por qué siendo una misma Iglesia, con una misma doctrina -esa que nos dice que a los mandamientos mosaicos debemos agregarle uno más: “Que os améis unos a otros; como yo os he amado”- en cuarenta años los prelados argentinos fueron incapaces de lograr una reconciliación que alemanes y polacos, con mucha más sangre y luto encima, lograron?, ¿por qué nuestro episcopado -cabeza de una Iglesia que se movió en ambos bandos- no fue capaz de poner a lo sucedido en su contexto real y prefirió lavarse las manos emulándolo a Pilato? ¿Por qué sabiendo los obispos argentinos que la justicia fue utilizada políticamente como elemento de venganza que premió a unos y condenó a otros,  no clamaron contra esa iniquidad, sinrazón que haría estéril cualquier intento de reconciliación? ¿Por qué sucedida esta infamia y conociendo las condiciones en que están recluidos solo los “réprobos” de esta historia mal contada y tergiversada no se ha escuchado de ellos una sola palabra pidiendo por la condiciones viles en que están encerrados?

Son preguntas sorprendentes considerando que quienes son interpelados no son diputados y senadores de los que sabemos que año tras año se venden en el ara espuria de un mercado de ocasión, sino  que son aquellos que como católicos aceptamos como pastores de todo el rebaño y de los que, salvo poquísimas y honrosas excepciones, solo hemos obtenido de ellos como respuesta el silencio. Silencio que a veces parece tener más que ver con la complicidad que con la vergüenza. Esta actitud nos obliga a imaginar que las variadas respuestas que no se animan a dar se basan en la comodidad, en el miedo a ser considerados políticamente incorrectos, en una incapacidad pastoral, o, simplemente, en politiquería de oferta.

Hoy, a cuarenta años de la guerra solo se me ocurren tres palabras para definirlos: Falta de Grandeza, algo que engloba todas esas respuestas. Quedémonos entonces en eso, y asumamos que  a los obispos argentinos les faltó grandeza, esa grandeza que le sobró al Episcopado Polaco y que solo existe si está sustentada por una gigantesca cantidad de amor, generosidad y esperanza, que es lo que los movió a ellos a lanzarse al mar de la vida dejando la cómoda orilla del odio.

san Maximiliano Kolbe asesinado en 1941 en Auschwitz

Es una exageración, a todos los efectos, querer igualar los dolores de nuestra guerra civil de los años setenta con la tragedia polaca que empezó en 1939 y recién terminó en 1987; la crueldad de esos días aciagos que vivió la Argentina ni siquiera llega a ser una gota en el atroz mar de maldad y sangre que ahogó a la nación Polaca. Tal vez sea una ilusión absurda creer que el episcopado argentino -una vez recuperada la democracia y pasado un tiempo de duelo- tenía la grandeza necesaria para haber sido capaz de llevar adelante la obra de los polacos. Porque hay entre ambos episcopados diferencias sustanciales,  mientras la Iglesia Polaca puede mostrar mártires genuinos -san Maximiliano Kolbe en 1941 en Auschwitz, el beato Jerzy Popiełuszko en 1984 en los sótanos de la SB comunista, entre muchos- acá los prelados han inventado un beato de utilería para justificar cuarenta años de meter sus manos en una jofaina.

(*).-  Keith Lowe.- Savage continent. Europe in the Aftermath of World War II. Viking Press


Juan José Paso (zona rural) 2 de marzo de 2019

José Luis Milia

Non nobis, Domine, non nobis. Sed Nomini tuo da gloriam.



NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

martes, 5 de marzo de 2019

OMISIONES



A raíz de la nota "El nuevo indulto del peronismo", el lector Juan Carlos Lapido le responde al autor con una reseña que adolece de graves omisiones. Por ejemplo, omite que Alfonsín, a poco de asumir, libera a decenas de terroristas que estaban procesados aguardando ser juzgados por sus crímenes. Y lo hizo sin mediar "ley de amnistía" alguna, aprovechando los beneficios de la criticada "ley de autoamnistía", por la que se beneficiaron, entre otros, los asesinos del general Cáceres Monié y su señora esposa y los del capitán Viola y su hijita de solo tres años. También el autor de la carta omite decir que la llamada "ley de punto final", tal como estaba redactada, dejaba abierta la puerta para lograr la caducidad de los crímenes cometidos por los terroristas. Y por último, ha cometido la omisión más grave: la conmutación de las penas decretada por Fernando de la Rúa para beneficiar a los terroristas del Movimiento Todos por la Patria, que el 23 de enero de 1989 perpetraron el sanguinario ataque a los cuarteles de La Tablada, asesinando, entre otros, a cuatro soldados desarmados.

Tte. Cnel. (R) Emilio Guillermo Nani
LE 4.526.260

IOSFA – AMPLIACIÓN DE DENUNCIA



Circular 99

IOSFA – AMPLIACIÓN DE DENUNCIA

Las recientes noticias sobre los desaciertos en la conducción del IOSFA por parte del actual presidente del directorio, Sr. Pedro Barrios, con amplia repercusión en los medios, y que han generado entre otras reacciones la muy apropiada y sentida carta pública del Cnl (R) VGM José Martiniano Duarte, no ha tenido su correlato en la adopción de medidas concretas por parte del Ministro de Defensa, quien a esta altura ya debió haber desplazado al funcionario, designando en su lugar a algún integrante de las FFAA.

Tal lo solicitado por nuestra Asociación en una nota al Sr. Ministro que difundimos con la Circular 98 y ahora reproducimos nuevamente debido a su importancia, esperando el apoyo explícito no solo de nuestros asociados, sino de todos los integrantes de la Familia Militar.

Por otra parte, también tomó estado público días pasados la ayuda económica que el nombrado administrador está concediendo graciosamente al personal civil de la entidad, hecho que consideramos a todas luces ilegal y que nos ha movido a realizar una Ampliación de Denuncia por Malversación de Fondos Públicos, ante el mismo Juzgado Federal que recibiera en el mes de noviembre pasado nuestra extensa denuncia por irregularidades y posible administración fraudulenta.

Reproducimos a continuación ambos documentos y recordamos a todos los afiliados la necesidad de hacernos llegar copia de sus Quejas y Reclamos al IOSFA, a través de la página web, como un modo de visualizar su verdadera magnitud (ver denuncias).

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1. Nota al Ministro de Defensa

Buenos Aires, 14 de febrero de 2019.
Sr. Ministro de Defensa
Dr. Oscar Aguad
S / D

En mi carácter de Presidente de la Unión del Personal Militar Asociación Civil (UPMAC), personería jurídica IGJ Nro. 000017/03, me dirijo a Ud. a efectos de poner en su conocimiento la indignación que produjo entre nuestros asociados, afiliados en su totalidad al IOSFA, y en el universo militar en general (activos, retirados y pensionados), la nota Exp NO-2019-07418403-APN-D-IOSFA producida por el Presidente del Directorio de ese Instituto, en términos despreciativos y ofensivos hacia quienes nos sentimos honrados de vestir el uniforme.

Como es de su conocimiento por varias notas cursadas por UPMAC a ese Ministerio, el funcionario de referencia, Dr. Pedro Barrios, así como el gerente general Sr. Tomás Chavich y sus antecesores, no han dispuesto ni disponen de la idoneidad necesaria para administrar una Obra Social de tal magnitud. Así lo han demostrado. Sin duda, solo avalan sus designaciones criterios de pertenencia política u otros que desconocemos.

Históricamente las FFAA condujeron sus sistemas integrales de salud con solvencia y resultados siempre favorables, hasta que el poder político de turno las ahogó presupuestariamente llevando los sueldos de su personal a un punto tal que los aportes fueron tan exiguos que produjeron los déficit tan mentados y pregonados como la causal de la necesidad de la fundación del IOSFA, bajo la supuesta premisa de una administración más eficiente, hasta hoy no cumplida.

Sr. Ministro, no tenga dudas que esas fueron la CONSECUENCIAS. Las verdaderas CAUSAS deberían buscarse en el apetito político por gestionar una importante “caja”, devolver favores, y otras ajenas por completo a las necesidades de salud del personal militar.

Lo expuesto está avalado por una minuciosa investigación, parcialmente elevada a la Justicia, por lo cual consideramos que estamos en condiciones de solicitarle tenga a bien disponer el desplazamiento de los funcionarios mencionados precedentemente.

Las FFAA tienen capital humano idóneo con la capacidad y sentido de pertenencia necesarios para administrar eficientemente -sin cambiar el espíritu de unificación del sistema- de modo tal que ese Ministerio pueda exhibir resultados positivos en beneficio de todos los afiliados.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.

Francisco Ricardo Verna
Coronel (R)
Presidente

(*) Nota recibida en MEyS del Min Def el 15/02/2019

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2. Ampliación de Demanda

Señor Juez Federal:

FRANCISCO RICARDO VERNA, DNI 7.801.593, y MIGUEL ANGEL ARTUSO, DNI 7.619.633, en nuestro carácter de Presidente y Secretario de la “Unión del Personal Militar Asociación Civil” (UPMAC), respectivamente, con domicilio legal en Uruguay 654, 9no piso, Of. 907, CP 1015, CABA, Tel. 011-5330-5855, en el marco de la CAUSA Nº 18.826/2018 ante V.S. nos presentamos y respetuosamente decimos:

1. OBJETO

Como lo hicimos saber en la presentación inicial, luego ratificada, somos representantes de “Unión del Personal Militar Asociación Civil”, y como tales nos hemos visto en la obligación de efectuar la denuncia que diera inicio a la presente causa.

Desde entonces a esta parte, hemos detectado nuevos acontecimientos –que incluso han adquirido publicidad por una investigación periodística– que a nuestro juicio no ameritan la promoción de una nueva denuncia, pues conforman la maniobra defraudatoria o de malversación, en el ámbito del IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas), que ya está siendo investigada en autos.

2. HECHOS NUEVOS

Como lo dejamos dicho en el apartado anterior, la noticia de este nuevo hecho delictivo ha cobrado alguna notoriedad porque se ha hecho pública por un artículo periodístico aparecido en el diario online “ámbito.com” (https://www.ambito.com/crisis-obra-social-las-ffaa-ayuda-financiera-respaldo-presupuesto-n5016964) y porque los propios involucrados en la malversación la promocionan en la página web del IOSFA (http://creditos.iosfa.gob.ar/Login/Login).

En concreto, se trata de una conducta que asumió el Presidente del directorio del IOSFA, Sr. Pedro Barrios, consistente en ofrecer anticipo de haberes al personal civil de su dependencia, que los beneficiarios están autorizados a reintegrar hasta en 6 cuotas, sin interés.

Hasta allí podría considerarse un acto de pésima administración, pero sin embargo el dinero con el que se facilitan esos anticipos es dinero que el IOSFA percibe en concepto de aportes y contribuciones de los beneficiarios de la obra social para que eso vuelva en servicios sociales que el IOSFA está llamado a prestar a sus afiliados. Nunca puede destinarse ese dinero para beneficiar gratuitamente a los empleados civiles del organismo.

Y esto que decimos no está impuesto únicamente por las reglas de la lógica, sino por el hecho de que esta aplicación de fondos no está contemplada en el objeto social ni en el Presupuesto Anual para el año 2019, ni menos aún fue puesta a consideración del Directorio de la entidad.

Incumple, además, con lo estipulado en el título III, Art. 10 del Decreto 637/13, al superar holgadamente dicho Presupuesto el máximo de 8% de los ingresos brutos en gastos administrativos (solo en gastos en personal asigna $1.916 millones, que son el 9,5% de los $20.169 millones a ingresar), al tiempo que no asegura la estricta devolución de los préstamos, devaluación mediante y sin compensación de intereses. Todo ello en detrimento del cuidado de la salud de los afiliados.

La decisión por medio de la cual el Presidente del Directorio del IOSFA está desviando fondos de su fin específico, ni siquiera está avalada por la Ley de Contrato de Trabajo, que por su artículo 130 sólo autoriza un anticipo de salario de hasta un 50% a reintegrar en no más de un período de pago. La devolución en cuotas del dinero ofertado al personal civil administrativo, deja de ser adelanto de haberes para ser ayuda económica, función no prevista en la entidad, ni para los afiliados ni para los empleados, cuyo número aproximado es de 3.200.

Desde toda perspectiva, se trata de una maniobra en fraude a los intereses de los beneficiarios del servicio social de IOSFA, que se enmarca en la ya denunciada maniobra tendiente a beneficiar a un grupo limitado de personas, por parte de civiles que no debieran estar al mando de un organismo que fue creado para fines específicos y que hoy día parece estar consagrado a beneficiar a quienes por ley no están alcanzados por el objeto que persigue la Obra Social.

Se podrá aducir que se trata del uso de dinero ocioso (fondo de reserva); pero en tal caso ese dinero es y debe ser colocado a interés para el mantenimiento de su valor adquisitivo, siempre en miras del beneficio de los afiliados.

3. PETITORIO

Por todo lo expuesto, de V.S. solicitamos que tenga por formulada la ampliación de la denuncia, y que con intervención del Ministerio Público Fiscal se instruya el sumario, quedando a disposición para lo que pueda ser útil los suscriptos o los demás integrantes de la “Unión del Personal Militar Asociación Civil”.

Asimismo, teniendo en cuenta la manifiesta ilegalidad del hecho que se denuncia, pedimos que, en los términos del art. 23 del Código Penal, se disponga una medida judicial tendiente a evitar la consumación del delito, comunicando al Presidente del directorio de IOSFA que se abstenga de concretar nuevas entregas de dinero en las condiciones aquí denunciadas.

Proveer de conformidad, que SERA JUSTICIA.

Miguel Angel Artuso     Francisco Ricardo Verna
           Secretario                               Presidente

(*) Recibida en Juzgado Federal Nro 12 el 01/03/2019

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Buenos Aires, 05 de Marzo de 2019.




   







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