domingo, 12 de agosto de 2018

ENTREVISTA A PALOMA VALENCIA

por Ricardo Angoso
@ricardoangoso

"¿Quedarán impunes los crímenes de las FARC?".

"Hay que reducir de una forma drástica los gastos innecesarios del Estado y concentrarse en los que generen inversión y desarrollo social y económico. Tenemos que lograr que Colombia vuelva a recuperar el equilibrio económico, que hoy no lo hay, y retomar el rumbo del impulso perdido bajo el anterior gobierno".



Paloma Valencia es analista política, abogada y Senadora por la República por el Centro Democrático. Uribista desde la primera hora y fiel escudera del presidente Uribe, en esta entrevista se muestra muy optimista y positiva con respecto al nuevo curso político que comienza de la mano del electo Iván Duque. Valencia también cree, sin dudarlo,  en la inocencia del expresidente Uribe y considera que las criminales de las FARC deben pagar por sus crímenes.

Ricardo Angoso: ¿Cómo ha quedado la Justicia Especial para la Paz (JEP) tras su última revisión legislativa?

Paloma Valencia: Nosotros hemos logrado como primera victoria del gobierno electo de Iván Duque que los procesos a los militares se suspendan y que haya una reglamentación especial para la Fuerza Pública. Nosotros creemos que los militares no pueden ser tratados de la misma forma que los terroristas, sino con una normatividad especial. Otro aspecto fundamental que nosotros hemos defendido es que los magistrados que juzguen a los militares deben conocer el oficio de la milicia, saber qué es lo que están tratando y que sepan cuales son los manuales operaciones de nuestras Fuerzas Armadas sin que se generen beneficios que premien a la delación.

Y es que es muy grave que a cambio de las confesiones se obtenga la libertad porque entonces se está forzando a que la gente confiese para que quede libre e incluso que eso se haga a base de mentiras. Nosotros también consideramos que se debe defender el bueno nombre de la institucionalidad, en este caso de las Fuerzas Armadas y también de nuestra policía, y es por ese motivo por el que hemos solicitado con éxito esa transición para que el nuevo gobierno pueda ejecutar los nuevos cambios que son fundamentales.

R.A.: ¿Cree que el Fuero Militar que fue suprimido por el presidente Alvaro Uribe se volverá a implementar, qué pasará con el mismo?

P.V.: Lo que es curioso del Foro Penal Militar es que hoy está consagrado en la Constitución de la República. De hecho, el gobierno presentó algunas proposiciones para crear un Fuero Militar rígido y con algunas modificaciones que presentamos el presidente Uribe y yo misma. Hoy el Fuero Militar dice que sirve para todas las operaciones que se hayan efectuado con órdenes emanadas de una forma legítima. Y que los militares deben ser juzgados por jueces que conozcan bien a las Fuerzas Armadas. Pero, en la práctica, lo que ha ocurrido es que el Fuero Militar ha ido desapareciendo porque muchas de sus competencias fueron absorbidas por la justicia ordinaria, algo que no se entiende porque finalmente decisiones administrativas de rango inferior han ido en contra de lo que dice la Constitución misma. Ese asunto me parece inadmisible y así lo hemos hecho saber.

LOS JUICIOS A LOS MILITARES

R.A.: ¿Cree que en Colombia puede llegar a ocurrir lo de Argentina donde los militares están siendo procesados, condenados y cumpliendo largas condenas?

P.V.: No, yo creo que esa situación no se dará en Colombia, ni siquiera con la JEP. Creo que los militares en Colombia no se van a encontrar en esa situación, sino que aquí la pregunta es más bien al revés, es decir, si los terroristas de las FARC, que han cometido miles de crímenes atroces, secuestros, delitos de todo tipo y acciones terroristas brutales, por relatar algunas de sus tropelías, van a pagar un solo día de cárcel por esos hechos. ¿Quedarán impunes todos esos delitos? Y en ese caso, nosotros, desde el Centro Democrático, creemos que la Corte Penal Internacional (CPI) debería actuar y tomar las oportunas medidas para que se haga justicia y que los miembros de las FARC que han perpetrado todos esos hechos atroces respondan ante la justicia y sean condenados. No admitiremos nunca que se le imponga  a Colombia esta situación de abierta impunidad que se nos pretenden imponer desde algunas instancias.

R.A.: ¿Qué expectativas tiene ante el nuevo curso político y ante el nuevo gobierno del presidente Iván Duque?

P.V.: Tengo muchas y positivas expectativas ante el nuevo gobierno. Creo que tiene ante sí grandes retos y desafíos, sobre todo en el área económica, para poner en marcha el aparato productivo colombiano, asunto que, en mi opinión, requiere una drástica bajada en los impuestos y que, al mismo tiempo, se mejoren los ingresos de los que tienen un salario mínimo. Es muy importante que mejoren los ingresos de los que viven con el salario mínimo y los que están en la economía informal. En Colombia más del 50% de la población vive con un salario mínimo y eso significa que el gran desafío del nuevo ejecutivo es que debe de mejorar los ingresos de los más pobres. Tenemos que ser capaces de generar una economía productiva que sea capaz de crear nuevos empleos y también mayor riqueza para todos. Tenemos que bajar los impuestos, subir el salario mínimo y, al mismo tiempo, reducir el gasto público con medidas de austeridad que considero absolutamente necesarias. Hay que reducir de una forma drástica los gastos innecesarios del Estado y concentrarse en los que generen inversión y desarrollo social y económico. Tenemos que lograr que Colombia vuelva a recuperar el equilibrio económico, que hoy no lo hay, y retomar el rumbo del impulso perdido bajo el anterior gobierno.

EL FLAGELO DE LA CORRUPCIÓN

R.A.: ¿Qué posición tiene el Centro Democrático ante el grave problema de la corrupción que padece Colombia y ante la próxima consulta sobre este asunto?

P.V.: Yo fui parte de la negociación entre el Partido Verde y el Centro Democrático ante la consulta sobre las medidas anticorrupción y llegamos a acuerdos importantes sobre este asunto. Y, además, me tocó convencer a mi partido sobre la consulta, algo que como usted sabrá no estaba muy convencido, y que aceptara sus contenidos, que aunque con falencias y debilidades, incluso con problemas de redacción, tenía aspectos de fondo que considero fundamentales. El mensaje de fondo, considero, es que los colombianos nos movilicemos contra la corrupción y sus dañinas consecuencias, mandando una señal a los políticos tradicionales de los ciudadanos de a pie no quieren la corrupción de ninguna forma.

No hemos podido comprometernos en la campaña electoral como hubiéramos querido porque se nos atravesaron problemas centrales, como por ejemplo la persecución política y penal al presidente Uribe, lo que nos impidió un mayor trabajo de calle para que la gente conociera nuestras propuestas en este sentido. A este respecto, la defensa de la inocencia del presidente Uribe es una prioridad y no vamos a permitir que se le atropellen sus derechos. Mientras los criminales están en libertad, hombres inocentes como Uribe son sometidos al examen de una justicia que opera muchas veces por razones políticas.

En Colombia, además, tenemos el problema de los falsos testigos para imputar a inocentes en delitos que nunca han cometido, como pasa ahora con el presidente Uribe. Es un problema de graves consecuencias para todos. Hay personas en la cárcel, con grandes condenas, que se dedican a levantar falsos testimonios contra personas respetables y así dañarles su imagen para siempre, obteniendo a cambio de esas falsas acusaciones rebajas en sus penas y beneficios carcelarios. No se puede permitir que criminales comprobados y condenados enloden la imagen de hombres que, como Uribe, sirvieron al país de una forma ejemplar y limpia. Pero, en definitiva, no perdemos de vista que la corrupción es uno de los grandes problemas del país y que debe ser enfrentado con medias eficaces y audaces.

sábado, 11 de agosto de 2018

18 DE AGOSTO MARCHA "NI UN POLICÍA MENOS"


EL “NUEVO ROL” DE LAS FUERZAS ARMADAS


Una visión diferente y un grave peligro para el futuro

La triste realidad del naufragio del submarino A.R.A. “SAN JUAN” sonó como una fuerte alarma que mostró al país la necesidad de corregir prontamente la situación en el campo militar, necesidad a la que se agrega la de proporcionar apoyo a las FFSS ante la acción, en grado ya inquietante, por parte de las llamadas “nuevas amenazas”.

El gobierno tomó conciencia y comenzó a actuar, pero se corre el riesgo de repetir graves errores del pasado, debido a la costumbre argentina de gobernar y tomar decisiones en forma apresurada presionados por la realidad poseyendo solamente una visión general de los problemas.

Es imprescindible conocer en profundidad las características diferenciadoras del sistema militar, que parten del hecho que en la actividad militar se pone voluntariamente en juego la vida humana, la propia y la de subordinados, bienes que no tienen precio en el mercado, requiriendo conductas conformadas para trabajar en situaciones límites, basadas en la subordinación, en la lealtad y en el honor [1].

A esta y otras circunstancias que veremos más adelante debemos agregarles las pautas singulares que a esa realidad imprime la evolución histórica de la República Argentina de 1983 a la fecha y que han afectado fuertemente el espíritu militar y que impiden la aplicación directa en la conducción militar  de modelos empresariales teóricos.

En 1983 cuando el Dr. Alfonsín se hizo cargo de la primera magistratura se encontró con un cuadro de situación que podemos resumir en desasosiego social, descrédito militar, amenaza permanente de una reacción siempre posible del partido peronista, vencido por primera vez en la historia a nivel nacional por parte del Dr. Alfonsín, además de la necesidad de solucionar urgentemente la situación económica y de restablecer relaciones diplomáticas con el mundo.

Sin lugar a dudas, su primera prueba debería ser asegurar la gobernabilidad ante una no imposible alianza sindical-militar.

La acción de gobierno iniciada en 1983 y que dio origen a la situación militar actual, consistió básicamente:

     En el juicio a los Comandantes, en lo formal y fuertemente simbólico,
     en una fuerte reducción presupuestaria, limitando marcadamente los fondos disponibles,
     en la reducción inicial de las competencias de la justicia militar modificando CJM [2], tanto en el campo penal como en el importante campo de la disciplina;
     mientras que en lo orgánico operativo, se concretaría lo que vendría a ser un “nuevo rol de las FFAA”, limitando su capacidad de acción en el país. El nuevo rol se estableció vedando el empleo de las FFAA en la seguridad interior la que quedó como responsabilidad de las FFSS.

La concepción puesta en ejecución por el gobierno del Dr. Alfonsín tuvo éxito: las FFAA dejaron de ser un “factor de poder” en la Argentina.

De 1983 a hoy la situación militar fue empeorando en cada uno de aspectos, así el juicio a los Comandantes y altos mandos se amplió a gran cantidad de personal, en juicios inconstitucionales, aplicando leyes penales con retroactividad y sin el debido proceso, simplificando podemos decir que el principal criterio de persecución era el de vestir uniforme o depender de las fuerzas y haberse encontrado en un destino geográficamente próximo al de una denuncia.

Para unas 2.000 personas que en su momento defendieron la Patria y hoy se encuentran en distintas etapas del proceso, algunas con más de 16 años de prisión preventiva, no  hay Justicia hay Venganza.

Inexplicablemente, estas situaciones de violación a la ley continúan hoy.

En el aspecto presupuestario el deterioro también fue marcadamente creciente hasta llegarse a la situación actual en la que el presupuesto de las FFAA es inferior al 1% del PBI, en contraposición al incremento paulatino que fijó la ley de reforma de las FFAA, N°24.948 votada en 1.998. Un criterio opuesto al seguido con las FFSS cuyos presupuestos fueron incrementados en valores muy superiores basta ver los uniformes del personal y el hecho inédito en nuestra historia que un oficial de la Gendarmería Nacional equivalente a un coronel en la escala jerárquica, ganaba un 50% más que el militar y si la comparación hubiese sido hecha con el equivalente de la Policía Federal, encontraríamos que éste gana 100% más que el coronel.

En el aspecto orgánico disciplinario, la reducción inicial de competencias fue consecuencia de la modificación al CJM aprobada por el Dr. Alfonsín para iniciar los juicios a los Comandantes. Ella tenía dos líneas generales: i-la reducción de la competencia de la justicia militar y ii-la imposición de un recurso de alzada ante la justicia federal. Este recurso era voluntario para la defensa, pero obligatorio para el fiscal, en forma que siempre la última voz era de la justicia federal.

La reducción de la competencia, si bien simple en su concepto, acarrearía inconvenientes al servicio al ser aplicada, establecía que los delitos simples, o sea los no específicamente previstos en el CJM, pasaban a la competencia del juez federal correspondiente por ubicación geográfica del destino en el que ocurrió el hecho.

Los tiempos de la justicia federal son largos y los procesos inacabables no aptos para hacer frente a requerimientos operativos, ello produjo numerosos inconvenientes en el servicio diario, como ser impedir la zarpada de unidades por retrasos en los juzgados.

Para los delitos específicamente militares, o sea establecidos en el CJM, en la acción militar propiamente no hubo cambios, excepto que para la sentencia final [3], se estableció la alzada ante la Cámara Federal correspondiente por ubicación, vale decir que a un Consejo Supremo correspondían 13 cámaras federales diferentes, si bien este inconveniente fue superado con la creación de la Cámara Federal de Casación Penal en la que actuaba una sala como militar.

Finalmente en el 2008 se eliminó el Código de Justicia Militar y todas las instituciones, reglamentaciones y procedimientos relacionadas con el sistema jurídico militar, de hecho se transfirió todo el tema a la justicia federal a cuyo código central, el Código Penal, se agregaron algunos artículos y acápites para cubrir federalmente los que fueron delitos militares, se previó una organización especial para tiempo de guerra, a la vez que para el ordenamiento disciplinario diario se creó un Código de Disciplina, que desde el punto de vista militar no cubre las necesidades.

En el aspecto orgánico operativo se produjo un hecho inusual e inconstitucional, la ley de defensa que impuso las limitaciones a la acción de las FFAA, fue modificada 18 años después de su promulgación por su decreto reglamentario, 727/06, llevando las restricciones mencionadas mucho más allá de lo establecido por la letra o el espíritu de la ley, convirtiendo de hecho en superfluas las FFAA dadas las condiciones requeridas para autorizar su empleo.

Ese decreto “paralizador” y hasta ahora vigente, (de 2.006 a 2.018), es el que acertadamente corrigió el actual 683/18.

Pero su redacción tiene el riesgo de convertirse en el núcleo de un futuro desastre político, pues el gobierno solamente modificó la parte resolutoria del decreto citado como si fuera un elemento aislado en el ordenamiento jurídico nacional.

La realidad nos muestra que tanto la ley de defensa, su reglamentación, así como el CJM no son normas aisladas, sino que integran un “sistema” en el cual un conjunto de leyes e instituciones son partes constitutivas de un todo harmónico, que como sistema deben asegurar el funcionamiento equilibrado de cada una de las partes en el lugar y momento correspondiente.

El sistema de defensa es complejo, pero básicamente está integrado por las leyes de Defensa, de Seguridad Interior, y de Inteligencia, la Ley para Personal Militar y el Código de Justicia Militar.

De ellas, las tres primeras establecen el ordenamiento general de las funciones y responsabilidades, sus normas corresponden sin dudas a los altos niveles jerárquicos e inciden poco en el día a día de las vidas del personal operativo de jerarquías intermedias y bajas, las que si son regidas por las normas de la Ley para Personal Militar y especialmente por el Código de Justicia Militar hoy inexistente.

La reforma efectuada por el decreto 683/18 al cambiar solamente la parte resolutiva anterior por otra con sentido casi opuesto sin cambiar los considerandos que daban sustento a la original abre el camino a futuras y graves confusiones, especialmente porque no se completó el sistema al reincorporar un CJM, así como completar la legislación que legitime la acción militar.

Valga como resumen dos  hipotéticos escenarios en nuestro territorio

- Norte: “Un helicóptero de las FFAA transporta un grupo de gendarmes de un punto a otro, en medio camino, desde tierra le hacen fuego 5 ó 6 personas, ¿responde con su armamento?, descontando que lo hará, abate a uno o dos atacantes y los otros huyen. Hoy seguramente sería imputado por homicidio en alguno de sus distintos grados, simple, múltiple, agravado por el uso de armas de guerra….”

-Sur: “Efectivos militares destacados para custodiar un Objetivo Estratégico reforzados con elementos de la GN para actuar en caso necesario en la represión de algún ilícito, cubren puestos de vigilancia distribuidos en un dispositivo de seguridad. En horas de la noche, un grupo de integrantes de una organización XX –cuyo encuadre legal hoy es dudoso- sorprende a  uno de los puestos con la pretensión de sustraer armamento. La reacción de los custodias alejados  de la GN es inmediata mediante el arma de dotación FAL con la que efectúan disparos en salvaguarda de sus vidas matando a un agresor e hiriendo a otro, Este personal, que hasta ahora, no dispone de balas de goma y no ha sido capacitado para su empleo. Serán imputados ante un juzgado federal, al igual que sus camaradas del norte”.

No repitamos la historia de los ‘70.

El gobierno debe ordenar el aspecto jurídico para que el Sistema de Defensa responda a las necesidades de la Nación:

     Tomar conciencia que el decreto N° 683/18 es un hecho positivo, pero que si no se completa será un peligro en cuanto se comience a operar.
     Actualizar las leyes de Defensa, de Seguridad Interior y de Inteligencia en forma que hagan factible la ejecución de la política nacional de defensa,
     pero especialmente restablecer con absoluta prioridad un Código de Justicia Militar adecuado a la época.
     Considerar que hoy las FFAA solo están preparadas para hacer uso de sus armas letales, mientras que las FFSS saben custodiar y reprimir.   

Por su parte las FFAA y de SS deberán:

     Adecuar doctrinas e instrucción, establecer procedimientos y reglas de empeñamiento, sabiendo que las reglas de empeñamiento, por más perfectas y completan que fueren, NO reemplazan las leyes.
     Saber decir que ciertas operaciones no pueden realizarse pues la legislación no lo permite.

De no hacerlo, los militares de hoy serán los presos de mañana, así como los militares de ayer son los presos de hoy.

Buenos Aires, 10 de agosto de 2.018.

Enrique E. Molina Pico
AlmiranteVGM –R-


[1] “El militar cuyo propio honor y espíritu no le estimulen a obrar siempre bien, vale muy poco para el servicio”, principio este de las ordenanzas españolas que inspiraron y guiaron al Libertador durante su formación profesional, su permanencia en España y luego en su Patria, al redactar  el Código que rigiera a los integrantes  del Regimiento de Granaderos a Caballo por él creado. Así lo señalaba en su introducción también el Reglamento de Tribunales de Honor, de nuestras FFAA, actualmente derogado
Acorde con al antiguo principio señalado, el honor era una virtud relacionada también con el deber ser del militar es decir con su buen desempeño, por lo que resulta incomprensible su derogación, mas aun cuando casi la totalidad de las  profesiones y oficios cuentan con un código o normas de ética para el desempeño de sus componentes   
[2] Código de Justicia Militar
[3] Emitida por cualquiera de los Consejos de Guerra de Comando, Consejos de Guerra o Consejo Supremo de las FFAA.

EL EJÉRCITO REALIZÓ UN ACTO PARA RECORDAR EL ATAQUE A LA FÁBRICA MILITAR DE VILLA MARÍA DE 1974


Durante ese copamiento, ocurrido el 10 de agosto, fue secuestrado el Coronel Argentino del Valle Larrabure, asesinado al año siguiente

11 de agosto de 2018


El Ejército Argentino realizó este sábado un acto con el objetivo de recordar el ataque de miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) a la Fábrica Militar de Villa María, Córdoba.

Durante ese copamiento, ocurrido el 10 de agosto de 1974, fue secuestrado el Coronel Argentino del Valle Larrabure y sufrieron heridas el Capitán Rodolfo García, el Suboficial Ramón Albornoz y el soldado conscripto Juan Carlos Fernández.


Sobre el caso de Larrabure, cabe recordar que el militar estuvo cautivo en una cárcel del pueblo y más de un año después, el 19 de agosto de 1975, apareció muerto lejos de allí, en Rosario. Lo habían asesinado.




El Ejército también recordó que durante el ataque guerrillero fue asesinado el policía Marcelino Cuello y otros cuatro efectivos cordobeses resultaron heridos.


Durante el acto, el Jefe del Ejército, Claudio Pasqualini, pronunció un breve discurso para homenajear a los militares caídos en el ataque guerrillero: "Rendimos un especial tributo a Del Valle Larrabure, militar, Subdirector de la Fábrica, que fue secuestrado en aquella trágica jornada. Su cuerpo sin vida apareció el 23 de agosto de 1975 luego de más de un año de cautiverio en un lamentable estado. Murió pesando 47 kilos menos. Han transcurrido ya 44 años y hoy más que nunca el Ejército tiene la convicción y el deber moral de homenajear a los defensores de la Fábrica Militar de Villa Maria", dijo Pasqualini.


"Estamos hablando de hechos concretos que sucedieron en plena vigencia de un gobierno elegido por la voluntad popular. Estamos recordando a soldados argentinos que son parte de nuestra historia y son ejemplo para el presente y hacia el futuro. Tenemos el deber de conocerlos, aprender de su entrega e inspirarnos en su valor", manifestó.

Durante la ceremonia de este sábado, el Ejército Argentino reconoció también a los familiares de las víctimas del copamiento.


El ataque del ERP tuvo lugar el 10 de agosto de 1974, es decir, en plena democracia. Perón había muerto un mes atrás y gobernaba Isabel Martínez.

El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) avisó que no atacaría al Gobierno ni a las "instituciones gubernamentales", porque representaban "la voluntad popular", pero aclaró que seguiría "combatiendo militarmente a las empresas y a las fuerzas armadas contrarrevolucionarias".

MURIÓ OTRO PRESO POLÍTICO... ¿HASTA CUÁNDO O CUÁNTOS?



Estimados Amigos:

A través de la Unión de Promociones hemos tomado conocimiento que lamentablemente el martes 07 de Agosto de 2018 falleció el señor Cabo 1ro (R) Juan Amador Garro (Policía de la Provincia de San Luis) Preso Político en cautiverio de 78 años de edad.

Consecuentemente, ya son 455 (cuatrocientos cincuenta y cinco) los fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles; en el marco de este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde SE CONTINÚAN REPITIENDO en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.

Debe destacarse que del total de Presos Políticos que han fallecido, 114 (ciento catorce) decesos se han producido desde el día 10 de Diciembre de 2015.

Dadas las avanzadas edades y estados de salud de los Presos Políticos en la Argentina, estas lamentables noticias son cada vez más seguidas. Una vez más levantamos nuestra voz hacia el poder de turno, no pueden continuar con esta matanza selectiva… es su obligación como presidente de todos los argentinos garantizar el debido proceso, la igualdad ante la ley, brindar asistencia sanitaria adecuada y por sobre todo lograr la unión de la sociedad para superar las antinomias que después de casi 208 años aún nos mantienen divididos. Es hora de sin odios, ni venganzas, es hora de una mirada superadora. ¡BASTA!

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva
Por una Nueva Década en Paz y para Siempre

¿SE PODRÁ?


“Era la muerte, no la vida, que se reproducía”
Marcelo Birmajer

Los argentinos deberíamos preguntarnos cuál fue la causa de que nos convirtiéramos en un país tan, pero tan distinto a todos nuestros vecinos. Los procesos políticos y económicos por los que ellos atravesaron fueron muy similares y casi contemporáneos con los nuestros y, sin embargo, salieron de ellos fortalecidos y pujantes. Basta con trasladarse a Chile, a Uruguay, a Perú, a Ecuador, a Colombia, a Brasil, a Paraguay, para comprobar la enorme diferencia que existe en el crecimiento de sus sociedades, con todos los beneficios que eso trae aparejado, con el suicidio colectivo que hemos cometido. Basta con recorrer las calles de Santiago, de Lima, de Bogotá, de San Pablo o de Asunción para comprobar a qué me refiero; y no hay que olvidar que muchas de ellas sufrieron catástrofes naturales verdaderamente descomunales.

Todos los latinoamericanos vivimos distintas formas de democracia, algunas más autoritarias que otras, regímenes militares, luchas antisubversivas, narcotráfico, algunas guerras focalizadas, renovados procesos democráticos, ondas privatizadoras de empresas del Estado, progresismos de izquierda, falsos o sinceros; sin embargo, el resultado final ha sido totalmente diferente.

En todos esos países ha habido hechos de corrupción, algunos siderales, como es el caso de Odebrecht, el llamado Lava-Jato, que ha llevado a la cárcel nada menos que a Luiz Inácio Lula da Silva y a decenas de muy importantes empresarios y políticos; los coletazos de ese escándalo costaron la Presidencia a Pedro Kuczynki en el Perú, y manchó las gestiones de Juan Manuel Santos, en Colombia, y de Danilo Medina, en República Dominicana, y está llegando a la Argentina de la mano del acuerdo que finalmente firmó la Procuración General, que permitirá a los fiscales hacerse con las confesiones de los arrepentidos brasileños. Hasta en Chile y Uruguay, considerados verdaderos templos de honestidad, se produjeron episodios de este tipo, aunque en una dimensión que aquí resultaría casi cómica: un hijo de Michelle Bachelet fue acusado de utilizar sus vinculaciones para obtener un préstamo, y el hijo del fundador de Tupamaros, Raúl Sendic, fue despedido como Vicepresidente por utilizar su tarjeta de crédito oficial para gastos privados.

Los ya famosos cuadernos de Oscar Centeno son un escándalo, pero lo interesante es ahora analizar todo el resto. En esos registros faltan áreas en las que la familia robó sin límite alguno. No figuran la importación de gas licuado, las coimas de Skanska, la participación de los Ezkenazi en YPF, las “compras” de trenes chatarra, los negocios con Hugo Chávez y las otras valijas de Guido Antonini Wilson, las transferencias de empresas a manos amigas, los millones pagados en consultorías (vgr., el “tren bala”), los subsidios al transporte público, el “dólar futuro”, las cuentas en las Seychelles, los Sueños Compartidos, la Tupac Amaru de Milagro Salas, la proliferación del juego, Fútbol para Todos, la efedrina, los medicamentos truchos y, sobre todo, la sociedad con los carteles de la droga, con la “morsa” como mero gerente.

Todas las entregas de dinero que describió Centeno se transformaban en sobreprecios de la obra pública; o sea, en delitos de cohecho -coimas- que tienen previstas penas mucho mayores a los aportes ilegales de campaña, como pretenden ahora disfrazarlas los “arrepentidos”. La corrupción es un tango que se baila de a dos, y aquí hubo empresarios que pagaron, para obtener contratos, a los funcionarios que los firmaban y, por eso todos, todos, tienen que ir presos; al menos por ahora, no hay inocentes extorsionados sino delincuentes de guante blanco que, de un lado y otro del mostrador, arrasaron con el país.

Centeno fue sólo uno de los muchísimos conductores de autos y pilotos de aviones que servían a los funcionarios del gobierno de entonces y que, con seguridad, tenían también funciones como transportadores de caudales; ¿los interrogarán los jueces? ¿A cuántos y a cuáles de los miles de estudios jurídico-contable que prestan en el mundo los mismos servicios que Mossak-Fonseca habrán recurrido Cristina Elisabet Fernández y sus cómplices para llevarse sus fortunas al exterior, como hizo Daniel Muñoz con sus US$ 60 MM en propiedades en Estados Unidos?

Todos sabíamos, y Leonardo Fariña, Federico Elaskar, Oscar Centeno y las cajas de seguridad de Florencia Kirchner se ocuparon de confirmarlo, que a don Néstor le gustaba tanto el efectivo que se sentía en éxtasis con sólo contemplar una caja fuerte, y que sus preferidos eran los billetes de? 500; cuando murió, seguramente su viuda se encontró con montañas de pesadas bolsas con esos papeles, que nunca fueron localizados pese a los denodados esfuerzos perforadores del Fiscal Guillermo Marijuán.

En la medida en que siempre aclaré que era sólo un ejercicio de imaginación, puedo permitirme recordar dos notas que escribí en 2012: “La gata de Angola” (https://tinyurl.com/y7pdohwl)  y “¿Son eternos los diamantes?” (https://tinyurl.com/y7tnll6x) . ¿Habrá llevado el buque fletado por Guillermo Moreno, que transportó la cosechadora trucha, la vaca campeona y los pollos que aleteaban, también algunos contenedores con esos billetes, para canjearlos en África por piedras brillantes?

Las remezones del terremoto que provocaron los cuadernos continuarán tiempo porque, aún cuando haya demasiados interesados en que el tema no escale, el hecho de que “La Nación” los tuviera dos meses antes de presentarlos a la Justicia, garantiza que les resultará imposible enterrarlos.

Entonces, la pregunta que formuláramos muchos desde hace tiempo recobra actualidad: ¿estamos verdaderamente los argentinos dispuestos a pagar, por la limpieza de tanta inmundicia, el costo económico y social que significaron los procesos Mani Pulite y Lava Jato? Ese precio, traducido en un encarecimiento del “riesgo país”, en la pérdida de valor de las acciones de empresas y en la devaluación del peso, ya nos está siendo cobrado, y el mundo ha comenzado a dificultar el financiamiento público y privado.

Pero tampoco hay alternativa a esa limpieza, porque el mundo nos percibe como una sociedad esencialmente corrupta, y eso incrementa brutalmente todos nuestros costos. Si Lilita Carrió tuvo razón cuando dijo que, en esos trágicos doce años y medio, los Kirchner robaron el equivalente a un PBI, y es hartamente probable que así haya sido y aún más, porque no dejaron nicho estatal sin saquear, esos aproximadamente US$ 550 MMM resulta una cifra tan monstruosa que debemos compararla con la deuda externa, el 30% de pobres, la insoportable presión impositiva, la pérdida del autoabastecimiento energético, las escuelas y hospitales faltantes, la desnutrición infantil, la destruida infraestructura vial, portuaria y ferroviaria, nuestra indefensión militar, la insolvencia del sistema previsional, la falta de crecimiento económico, la inflación galopante, la escasez de divisas.

Es por eso que cuesta explicarnos por qué la jefa de tamaña asociación ilícita sigue en libertad, protegida por el H° Aguantadero, y manteniendo un 25% de aprobación entre quienes son, precisamente, los mayores perjudicados por su corrupción. La respuesta sólo podemos encontrarla en la buscada -y obtenida- destrucción de la educación pública, que aún hoy, cuando ya han pasado casi tres años desde que dejó el poder, continúa encarnada en Roberto Baradel, que cada día quita un ladrillo de los cimientos culturales de las futuras generaciones.

El jueves, en La Nación, Ricardo Esteves publicó una nota en la que sostuvo que estamos ante la oportunidad de optar por el camino que siguió Chile o el que eligió la dupla Chávez-Maduro en Venezuela; por supuesto, coincido con él. El lema de Cambiemos es “¡Sí, se puede!”; ¿se podrá?

Bs.As., 11 Ago 18

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado

LO PRINCIPAL ES REVALORIZAR A LOS MILITARES EN LA DEMOCRACIA



Claves de la defensa nacional- Por Alberto Asseff [1]
08.08.2018

Por Alberto Asseff *

El Preámbulo de nuestra Constitución es la excelsa síntesis del programa de la Nación. Como sus metas son ambiciosas, su vigencia es permanente, más allá de que pasen las décadas. Siempre habrá algo más por hacer para la unión nacional, para promover el bienestar general, asegurar la libertad, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común y otros inmensos fines que enuncia esa introducción de nuestra gran ley. Por ello, sus mandas nos obligan hoy como ayer.

Es la Constitución la que nos impele a disponer de defensa nacional y de seguridad interior. No es, pues, faena de tal o cual gobierno, de este u otro régimen. Todos están -estamos- obligados a defender el país, y dar protección y seguridad a sus habitantes. En 1983 la dictadura militar entregó el poder a la democracia completamente fracasada. Empero, la democracia no supo o no pudo o no quiso construir una transición. El Juicio a las Juntas terminó desmañado por las leyes de punto final y obediencia debida, y los indultos de los noventa sucumbieron con las ulteriores nulidades de aquellas dos normas y la reapertura de los juicios, sin punto final y sin obediencia debida que valgan.

Con más búsqueda de la venganza que de justicia, con más objetivo de revancha que de reparación. Aunque si hablamos de ésta, sólo en los noventa se erogaron tres mil millones de dólares en indemnizaciones. Y en el gobierno anterior se otorgaron pensiones vitalicias a los combatientes civiles, que contrastan irritantemente con las que percibe, por ejemplo, la hermana del soldado Luna, asesinado en el ataque dominguero al Regimiento de Formosa, en 1975. Jovita Lidia Luna cobra, neto a pagar 286,31 pesos.

INEPTA PARA LOS ACUERDOS

En este asunto de Defensa somos, como en otras áreas, adeptos a los vaivenes, enemistados de la mera idea de una estrategia sostenida y continuada. La democracia no es perita en transiciones, como parece inepta para los acuerdos, salvo el Pacto de Olivos.

Ante flagelos lacerantes como la pobreza, la corrupción, la inflación, la ausencia de horizonte para el trabajo joven, el calvario de los jubilados, la democracia es incapaz -hasta ahora- de concordancias. Cada sector va a su juego. Falta a luces vista el juego común. Para "proveer a la defensa común" llegó el tiempo de reconstituir las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas para disuadir ataques, persuadir a los eventuales agresores de que el país responderá sin cortapisas y proteger el territorio, los recursos, las vidas y los bienes de la Argentina y de los habitantes, ciudadanos y residentes bienvenidos.

Las amenazas e hipótesis de conflicto -que no son fantasmas, sino concretas y reales- hoy no se limitan a las agresiones estatales. Descartados afortunadamente los vecinos -con los que el desafío es profundizar la integración, en las antípodas de los diferendos-, la posibilidad de un ataque estatal extranjero es tenue. Empero, sí podemos ser embatidos por el terrorismo -narco o no-, el delito transnacional organizado -trata de personas, tráfico de órganos-, las pesca ilegal depredatoria -es un hecho-, el narcotráfico expansivo que es amo en el espacio aéreo, con aptitud para crear territorios donde se enseñorea -caso Orán (Salta)-, los ciberataques, contrabando en gran escala de recursos vitales, estragos en el medio ambiente, entre otras acechanzas.

El decreto 727/2006 restringió hasta límites irracionales el rol de las FF.AA., y las hipótesis de agresiones y amenazas externas. Por eso, sin necesidad de enmendar la ley, con un nuevo decreto habrá que modificarlo, de modo de coordinar las funciones de Defensa y Seguridad.

Deberán mantenerse los deslindes entre inteligencia interior y exterior, y entre seguridad interior y defensa nacional, propiciando su interacción en el marco del concepto de Seguridad Ampliada. Ello en virtud de la comprobada conexión entre los delitos y amenazas en el interior del país con los de origen externo. En materia de Seguridad Interior, las Fuerzas Armadas brindarán exclusivamente apoyo logístico (Vigilancia Electrónica, Transporte, Comunicaciones, Sanidad) e intercambio de información.

BASTA DE LUTO

Lo principal es revalorizar a los militares en la democracia. El lapso de luto y llanto por la dictadura ya pasó con creces. Así como nadie imagina a Putin degradando a sus Fuerzas Armadas enrostrándoles los crímenes de Stalin, o a Trump reprochando a las suyas las enormidades cometidas en Vietnam, en nuestro país terminó la estigmatización.

Es hora de "proveer a la defensa común", vale reiterarlo. Los derechos humanos deben llegar a las FF.AA. para proteger a sus miembros. Desde 1986 murieron 78 militares por accidentes derivados de la obsolescencia del material, de lo cual el trágico hundimiento del San Juan es una flagrante prueba. Amparados, los militares protegerán nuestras vidas, libertad y bienes, sin perjuicio de que todo nuestro sistema institucional y plexo legal deben concurrir a esos supremos objetivos.

Es una grave irresponsabilidad política que las FF.AA. continúen debilitadas, que sean "fuerzas desarmadas". No hay fundamento ideológico que incida y si lo hace habrá que ponerle fin. Es verdad que son momentos de vacas flacas, pero las FF.AA. no pueden ingresar a la franja de los famélicos. Porque si fuere así, definitivamente la Argentina tendrá un porvenir tan incierto como de pobreza asegurada. La antítesis del programa preambular de la Constitución.

Obviamente, el gasto militar deberá -como todo el gasto público- racionalizarse y habrá que separar claramente la parte destinada a sueldos y mantenimiento del asignado a recuperar sus capacidades operativas, atendiendo al concepto contemporáneo de velocidad para actuar y medios electrónicos para la respuesta. No se puede culminar sin recordar que para que el mandato de la ONU y de la cláusula transitoria primera de la Constitución -negociar la soberanía de las Malvinas y de todo el espacio insular y marítimo que abarca la grave cuestión con Gran Bretaña- la diplomacia necesita el respaldo de la defensa nacional. Igual que lo hace Londres con su Foreign Office.



[1] Diputado nacional (mc) y presidente del partido PNC-UNIR.

miércoles, 8 de agosto de 2018

PETITORIO DEL FORO DE GENERALES AL MINISTRO DE JUSTICIA



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de agosto de 2018.

Señor Ministro de Justicia de la Nación
Dr. Germán Garavano
S/D

                            Los abajo firmantes en nuestro carácter de miembros de la Comisión Directiva del Foro de Generales Retirados del Ejército Argentino, ONG con 22 años de trayectoria cuya finalidad es la de ocuparse de los temas atinentes a la Defensa Nacional y de las secuelas de la guerra interna que padeció el país en las décadas del ‘60, ´70 y ´80, nos dirigimos al Sr. Ministro a los efectos de exponer las siguientes consideraciones: 
                             
El fallecido Fiscal Julio César Strassera en declaraciones efectuadas en su momento al diario La Nación dijo, entre otras cosas, que estima conveniente terminar de una vez con los Juicios a los militares, que se están cometiendo atrocidades respecto de ellos, que es una barbaridad la negativa a conceder prisión domiciliaria a los mayores de 70 años y que los Derechos Humanos son para todos.

Decimos que existen, Presos Políticos porque en la Argentina hay más de 2400 imputados, más de 1000 procesados, más de 600 condenados y más de 450 muertos en cautiverio como consecuencia de haber sido sometidos a los llamados «Juicios de Lesa Humanidad»; Tales juicios son insanablemente nulos, ilegales e inconstitucionales en tanto para poder instrumentarlos -y también en su transcurso- se han violado los más elementales principios procesales y garantías constitucionales (se ha verificado la violación de catorce de estos principios) establecidos en nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales suscriptos por la República, lo cual consta en los alegatos de las defensas y se encuentran debidamente documentados.

 Países como España (La Audiencia Nacional), Francia (Corte de Casación) y la misma Corte Penal. Internacional emitieron fallos coincidentes en el sentido de que no procede someter a personas a juicios por delitos de Lesa Humanidad ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia de los Tratados que los definen como tales, señalando que tales hechos se encuentran prescriptos.

En la Argentina, la incorporación de la Convención Internacional que establece la imprescriptibilidad de tales delitos, ocurrió el 10 de noviembre de 1995 (ley 24.584 y su puesta en vigencia por Decreto 579 del año 2003 firmado por el Presidente Kirchner) mientras que el Tratado de Roma, que los establece, entró en vigencia por Ley 26.200 del año 2007, prohibiendo el propio art. 25 su aplicación retroactiva, Se trata además de una legislación que aún hoy no está definida en el Código Penal Argentino.

Nuestra Corte Suprema, por decisión de la mayoría kirchnerista en el fallo «Arancibia Clavel», con la disidencia de los Dres. Fayt, Belluscio y Vázquez, reabrió los Juicios haciendo que los jueces desconocieran el Instituto de la prescripción, aplicaran retroactivamente aquella categoría de delitos («de lesa humanidad») y dejaran que una supuesta «costumbre» internacional definiera los mismos, abandonando el principio histórico nacional e internacional' de que toda ley penal debe ser previa, estricta y escrita. Una costumbre internacional, por otra parte, desconocida hasta por los jueces que juzgaron a las juntas militares en la causa 13/84, en la cual declararon prescriptos numerosos delitos.

En síntesis, para lograr el procesamiento de los imputados, se debió violar, tergiversar y manipular garantías y derechos constitucionales, creando una situación jurídica ilegal y totalmente alejada de los más elementales Principios del Derecho.

Por todo lo expuesto, efectuamos al Sr. Ministro el siguiente petitorio:

1. Que en su carácter de Ministro de Justicia de la Nación interceda ante los tres poderes del estado para que se encuentre una solución Institucional y Constitucional a las transgresiones aquí denunciadas. En ese marco, se solicita que el Sr. Presidente de la Nación haga uso de la facultad constitucional del indulto y/o que envíe al Congreso de la Nación un proyecto de ley de amnistía para su tratamiento y promulgación y a la CSJN para que revea los fallos judiciales que habilitaron la aplicación de la jurisprudencia de lesa humanidad a los que combatieron al terrorismo.

2. Que el Estado cese su presentación como parte querellante en los llamados "juicios de lesa humanidad".

3. Que se peticione al Consejo de la Magistratura una auditoría de todos los juicios y en aquellos casos que se comprobare fallas procesales se considere a la sentencias dictadas como "cosa juzgada írrita".

Todo ello con la finalidad de lograr la más pronta libertad de los detenidos antes de que se sigan incrementando las muertes en injusto cautiverio. De aceptarse lo peticionado, será una decisiva contribución para el logro de la pacificación, la reconciliación, la concordia y la UNIÓN NACIONAL, objetivo fundamental establecido por el Sr. Presidente de la república para su gestión de gobierno.

Proveer de conformidad.

Será Justicia.   

General (R) Juan Miguel Giuliano
D.N.I. Nº 4.866.846

General (R) David Comini
D.N.I. Nº 4.866.82

General (R) Luis Cloux
D.N.I. Nº  4.278.527

General (R) Jorge Olivera
D.N.I. Nº 7.456.154

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