sábado, 18 de agosto de 2018

GRAN BARATTA



Parece que hay una "gran Baratta" y en la Justicia podemos encontrar verdaderas "gangas". Resulta verdaderamente escalofriante observar cómo empresarios que participaron de las ganancias ilícitas de funcionarios tan corruptos como ellos, que causaron la miseria de nuestra población y la muerte de muchas personas, sin arriesgar nada, completan su negocio y hoy también la sacan "Baratta" y salen en libertad bajo el mote de "arrepentidos colaboradores", cuando el único apodo que les cabe es el de miserables delincuentes.


Del otro lado, nos encontramos con desamparados de la justicia a montones, para los cuales nada es barato. Con sufrientes que, a diferencia de aquellos y en pleno gobierno democrático (Cámpora, Lastiri, Juan D. Perón, María Estela M. de Perón), sin pedir nada, se jugaron su pellejo en la década del 70, metiéndose en el corazón de la guerrilla, luchando dentro del monte, peleando con un enemigo compuesto de hordas destructoras que sembraban el pánico en la población, que tomaban cuarteles, realizaban secuestros extorsivos, mataban sin piedad a niños, mujeres, hombres comunes, policías y militares, detonaban bombas en cualquier lugar masacrando a quienes se encontraban en el mismo, torturaban y fusilaban. Sin embargo, hoy los que ofrecieron su vida y su salud por todos nosotros, casi medio siglo después, continúan pudriéndose en la cárcel frente al beneplácito inmisericorde de una sociedad indiferente y cobarde que se autocensura por temor a decir algo que vaya a contracara de lo políticamente correcto. ¡Despierten de una buena vez, señores jueces y fiscales! ¿O acaso van a creer que todos los testimonios son veraces respecto de hechos que sucedieron hace cincuenta años?

Francisco García Santillán
DNI 10.661.522



NOTA: Las imágenes, enlaces y destacados no corresponden a la nota original.

RECORDANDO AL CAPITÁN MIGUEL KELLER A 43 AÑOS DE SU ASESINATO POR EL TERRORISMO



Fue en el año 1975 durante el gobierno constitucional presidido por María Estela Martínez de Perón. El 18 de agosto el Capitán Keller, un suboficial y cinco soldados, se dirigieron en una camioneta del Ejército al Tiro Federal Argentino para efectuar una comprobación rutinaria de armamento.

Al llegar a la puerta de la calle Leopoldo Lugones, se le acercó un individuo con uniforme del Ejército y grado de Teniente Coronel, por lo que el Capitán bajó del vehículo para hacer la presentación de rigor, momento en que fue acribillado por terroristas del ERP. A continuación, los atacantes, más el falso Tte. Coronel y uno de los soldados que pertenecía al ERP, redujeron al suboficial y a los soldados y huyeron llevándose la camioneta cargada con 70 fusiles FAL, 4 FAP y 21 pistolas Ballester Molina. Posteriormente, el 4 de septiembre, fueron capturados en Bella Vista cuatro terroristas que intervinieron en la operación del Tiro Federal, y otro (Rodolfo Luis Bleder) murió al resistirse a balazos. Pocas horas después, en el Country "Apache" de Pilar, murieron en enfrentamiento con la policía el soldado entregador Darío Krasniansky, el que mató al Capitán Keller (Mario Camariano), y a la esposa de éste, Mirta Estela Quiroga. Se recuperaron 23 fusiles FAL. Cabe recordar que el nombre de la terrorista Mirta Estela Quiroga figura en el llamado “Parque de la Memora” erigido en la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Néstor Kirchner, que además indemnizó a familia con 224.000 dólares.

Miguel Alberto Keller había nacido el 29 de septiembre de 1943 en Paraná (Entre Ríos). Ingresó en el Colegio Militar de la Nación el 03 de marzo de 1960 y egresó en 1963 con el grado de Subteniente del arma de Comunicaciones. Pertenece a la Promoción 93 del Ejército, promoción que actualmente se llama “Mayor Viola – Mayor Keller” en memoria de sus dos integrantes asesinados por el ERP. Casado con María Inés Calierno. Tenían cuatro hijos.

Bety Sagastume

NO LA OCULTA, ¡LA EXPLICA!



"Me gusta cuando callas porque estás como ausente,
distante y dolorosa como si hubieras muerto".
Pablo Neruda

Las confesiones de Carlos Wagner, Juan Chediak, Claudio Uberti y Ernesto Clarens han dejado en offside a todos los caraduras arrepentidos que, si bien reconocieron haber entregado fondos a los Kirchner, los atribuyeron a aportes para las campañas electorales y no, lisa y llanamente, a coimas. Ya hemos visto, esta semana, a varios que habían arribado a acuerdos que mitigarían sus penas, volver corriendo a Comodoro Py para corregir sus declaraciones pues, de comprobarse que habían mentido, aquéllas se agravarían mucho.

Y el agregado de los dichos de nuevos choferes y hasta pilotos de avión, que describen una enorme cantidad de bolsos con dinero, a las pruebas que ya obraban en manos de Claudio Bonadio y Carlos Stornelli, ratifica que resultará imposible detener el proceso, aunque haya muchos interesados en hacerlo.

Todos los empresarios presos o en libertad condicional coincidieron en atribuir esas coimas a la necesidad de proteger la fuente de trabajo y, en el caso de Paolo Rocca y Luis Betnaza, de Techint, hasta la seguridad personal de sus empleados que residían en Venezuela cuando su empresa Sidor fue confiscada por el chavismo. Ante tal unanimidad, me pregunto desde el absurdo: si en lugar de dólares les hubieran exigido asesinar, ¿hubieran actuado del mismo modo? Si la respuesta fuera negativa, implicaría que hay un límite moral insuperable, pero entonces, ¿cómo calificarían al despojo cometido sobre un país entero? Porque tengámoslo claro: todos esos sobornos no salieron de los bolsillos de estos falsos "capitanes de la industria", que también lucraron más, sino que, transformados en enormes sobreprecios, se pagaron con impuestos y con la miseria de muchos.

Parte de la porquería cae de lleno sobre el propio edificio de Comodoro Py y la Justicia Federal Criminal y Correccional que allí se aloja, en especial sobre su menor jerarquía, los magistrados de Primera Instancia, que son los verdaderos dueños del "pasa o no pasa" de las denuncias relacionadas con la corrupción. La confesión del ex-juez Norberto Oyarbide, y los vínculos políticos y económicos que mantienen con el poder de turno sus colegas, antiguos y actuales, permiten que la sociedad se pregunte si debe someterse -con su buen nombre, su libertad y su patrimonio- a un Poder Judicial ya tan demostradamente venal.

Es cierto que sólo han transcurrido dieciocho días desde que estalló el escándalo y que ya hay un montón de imputados, detenidos o no, en la causa judicial, lo cual constituye un record absoluto, pero no está de más recordar algunos nombres que aún faltan en ella: ¿cuándo llegarán el Fiscal y el Juez a Máximo y Florencia Kirchner, Romina y Natalia Mercado, Sergio Berni, Axel Kiciloff, Exequiel Espinosa, Alberto Fernández, Sergio Massa, Anímal Fernández, Daniel Cameron, Mariano Recalde, Daniel Scioli, Gildo Insfran, Fernando Espinoza, José Alperovich, Juan Manzur, Milagro Salas, Hebe Bonafini, Estela Carlotto, Sergio Shoklender, Jorge Capitanich, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Eduardo de Pedro, Héctor Icazuriaga, Andrés Larroque, José Ottavis, los hijos de Lázaro Baéz, Hugo Moyano, Osvaldo Sanfelice, Enrique y Sebastián Ezkenazy? Todos ellos, y tantos otros cómplices del saqueo, deben dar muchas explicaciones al país.

La jefa de la asociación ilícita sigue callada frente a la Justicia, y sólo escribe definiéndose como una perseguida política, mientras el coro de fanáticos negadores de la realidad, aunque ésta se encuentre demostrada más allá de cualquier duda, utilizan un mismo argumento: toda la mugre que se destapa a cada hora es sólo un velo para ocultar la también innegablemente complicada situación económica. Sin embargo, la grosera magnitud del botín -no hay mayor en la historia del mundo, en términos tanto absolutos como relativos- es de tal tamaño que, como dice el título de esta nota, no oculta la crisis sino que la explica.

Para justificar esa penosa afirmación pensemos, por ejemplo, en el sistema previsional y en el monto de las jubilaciones, en los planes y subsidios, en las reservas del Banco Central, en el 30% de pobres, en escuelas y hospitales, en agua potable y cloacas, en tarifas de gas y de luz, en la deuda externa, en caminos y ferrocarriles, en la inflación, etc. Si esos dineros robados o, al menos, gran parte de ellos volviera a las arcas públicas, otra sería la música con la cual estaría bailando el Gobierno y también sería otro el impacto de la crisis sobre los más desprotegidos.

Nuevamente, el peronismo multicolor y camaleónico, con la excepción de unos pocos senadores encabezados por Miguel Pichetto, un experto en cálculos, se negó a bajar al recinto el miércoles para discutir el simbólico allanamiento, con seguridad infructuoso dado el tiempo transcurrido, solicitado por el Juez de la causa sobre los domicilios de Cristina Elisabet Fernández, y la sesión se cayó. Esa posición anticipa qué sucederá cuando llegue al H° Aguantadero de tantos delincuentes el pedido de desafuero y detención de la ex Presidente, que será librado contemporáneamente a su nuevo e inminente procesamiento.

Pero la sociedad está también atenta al trámite del proyecto de ley de extinción de dominio, a punto tal que ya se está difundiendo, a través de las redes, la convocatoria a una marcha frente al Palacio Legislativo, convocada para el día martes 21, a las 19:00 hs., para manifestar su repudio ante la demora de más de dos años que el PJ y el FR, preocupados por los efectos que la norma tendría sobre el patrimonio de muchos de sus miembros, han logrado imponer, y apoyar el desafuero de la ex Presidente.

Y no es para menos, ya que es indispensable recuperar, como dije más arriba, al menos parte de lo robado, porque sólo así la Argentina podrá salir del marasmo económico y social en que el kirchnerismo la sumergió y que Cambiemos, con ingenuidad, omitió explicar claramente en su momento. Si esa devolución a las arcas del Estado no se produjera, quienes tienen que trabajar más de seis meses por año para pagar el cúmulo de gabelas que los agobia, producirán una revolución pacífica: dejarán de pagar sus impuestos; y no sería injustificado que lo hicieran, puesto que ven diariamente con qué impudicia estos delincuentes se apropiaron de ellos.

Para buscar la ubicación de esos fondos, no debería resultar difícil contar con la colaboración de la Justicia de Estados Unidos para investigar los cientos de sociedades que, durante la década más infame de la historia, se constituyeron en Nevada, y de la SEC para bucear en los documentos que presentaron las empresas argentinas que cotizan en las bolsas de los Estados Unidos, ya que éstas se cuidan muy bien de mentir en sus estados contables. Por ejemplo, y ya que está saltando la corrupción en la gestión de Mario das Neves, se podría averiguar cómo consiguió Pan American Energy/British Petroleum extender la concesión sobre Cerro Dragón.

Para terminar, felicito a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su oportuna decisión de recompensar a quien brinde datos que permitan localizar los bienes provenientes de la corrupción ya que, hasta el jueves por la noche, ya se habían presentado 500 personas dispuestas a cobrar.

Bs.As., 18 Ago 18

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado

OTRA CARTA A MONSEÑOR OLIVERA


 

S.E.R. Monseñor Santiago Olivera

Motivan estas líneas el deseo de expresar desde el Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de Salta (CES) un enfático apoyo a la preocupación que Vuestra Excelencia manifestó en una reciente carta de lectores al diario “La Nación” por la situación de los detenidos por delitos de “lesa humanidad”.

Esta situación, como usted señala, es “una vergüenza para la república” y “una discriminación nunca vista en democracia”. Si fue posible es porque hubo una paciente labor de adoctrinamiento social y una vil ingeniería judicial que no vaciló en transgredir los principios más básicos del Derecho, al solo efecto de garantizar el encarcelamiento de civiles, policías y militares.

No se trata, ni más ni menos, que de una revancha bajo la apariencia de justicia, efectuada -como usted bien dice- por miembros del Poder Judicial, con el silencio cómplice de integrantes de otros poderes y de buena parte de la dirigencia nacional. Una realidad que desde el CES intentamos reconstruir en nuestro documental “Será venganza!!!”, cuyo estreno censurado en mayo pasado es una prueba fehaciente de que “no es fácil transitar la verdad”.

Sus valientes palabras, Excelencia, rompen el muro de silencio detrás del cual permanecen confinados más de 2.000 presos políticos y ya han muerto otros 450.

Quiera Dios que su ejemplo anime a otras personas a dar testimonio de la verdad e ilumine las conciencias sobre estos atropellos a los derechos humanos que nadie se atreve, siquiera, a considerar.

Aunque sea difícil, creemos con usted, Excelencia, que ha llegado la hora de hablar. No se puede ya permanecer callados ante tanta injusticia y dolor. Es hora de contar la verdad completa de lo ocurrido en nuestros trágicos años ’70 para alcanzar algún día la ansiada reconciliación entre los argentinos.

Lo saluda a usted cordialmente en Nuestro Señor Jesucristo

Alejandro Patrón Costas
Presidente


NOTA: Los enlaces y destacados no corresponden a la nota original.

viernes, 17 de agosto de 2018

17 DE AGOSTO - "DÍA DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL GENERAL SAN MARTÍN"




LA INSUSTANCIAL COHERENCIA DE LOS ARGENTINOS

 


Es probable que los males de Argentina tengan como fundamento que el argentino, como ser pensante carece de coherencia. Esa incoherencia se plasma en el deporte “intelectual” de pegar la etiqueta. Nadie dedica un mínimo de su tiempo a masticar la opinión ajena, una palabra dicha con cierto énfasis, o que pensamos que ha sido dicha con  una determinada afectación, sirve como mojón para definir al que la dijo, para nosotros la ley de las probabilidades no existe,  por ello una manzana podrida define una compra.


Hoy la pelea es por Macri, y no con contendiente de la cámpora o de barrios de pie; hoy, muchos de los que lo vieron como salvador, hacen gala de una violencia irrazonable en la crítica, que muchas veces es correcta, pero que estas actitudes -el tipo que rompe el carnet del club en la cancha cuando su equipo pierde sería la que más se le asemeja- las tornan pueriles e insensatas.


Tengo muchas quejas contra Macri, más aún, Macri no me gusta nada y si no hubiera un peronismo enfrente -peronismo que de acceder al poder volverá ahíto de venganza y rencor- no volvería a votarlo. Me sobran las quejas contra él en particular y contra Cambiemos en general; su cobardía, su obsesión por ser considerado “progre”, el tratamiento a los militares presos, las agachadas de tirar flores al río para conformar a una viejas delincuentes que han tasado su dolor en el ara innoble de un mercado de pulgas, el aborto, la falta de conceptos y hechos que tienen que ver con la soberanía y la Fuerzas Armadas y así podría seguir ad nauseam, pero, y aquí hay un pero grande como un elefante, los que se llenan la boca en contra de Macri dando muestra de su falta de coherencia son los mismos que habiendo votado al “mal menor” desde 1983 hoy se les eriza la piel si se les pide un último esfuerzo, o agachada, o lo que carajo consideren que sea porque, y esto me he aburrido de pregonarlo, del macrismo se puede salir, con los años Cambiemos puede ser un recuerdo insignificante, de lo que no volveremos a salir, salvo al exilio, es de un peronismo si este vuelve a tomar el poder.


Si creemos que Pichetto, Gioja, Massa, Solá, solo por nombrar algunos, son diferentes a CFK, si creemos que, al igual que el gran corrupto, ahora son “leones herbívoros” entonces la estupidez nacional ha alcanzado niveles que difícilmente superables. Tengo 75 años y sé por experiencia que los que han hecho del “animémonos y vayan” su credo son mayoría. Veo a pocos con los cojones suficientes para enfrentarse a los quías de barrios de pie o a las patotas de la cámpora, además, la mayoría son de mi edad, tienen hijos y nietos, ergo, si no es por ustedes, porque les escuece este último voto al “mal menor”, háganlo por ellos. Tírense cenizas en las cabezas rasguen sus vestiduras, pero al menos, sean coherentes una vez en su vida.

José Luis Milia
josemilia_686@hotmail.com

CARTA A MONSEÑOR OLIVERA



S.E.R. Mons. Santiago Olivera

Estimado Monseñor:

En nombre de nuestra asociación, cuyo objetivo es luchar por la vigencia de la justicia y la concordia, expresamos nuestra solidaridad y apoyo a V.E. por su carta publicada en La Nación. Sus términos testimonian el compromiso con la verdad, pues nada es más cierto que su denuncia acerca de la situación que viven los detenidos por delitos de “lesa humanidad” que resulta, como usted afirma, una vergüenza para la República, víctimas  de una discriminación “nunca vista en democracia”, como lo expresa con toda claridad, cuya responsabilidad inmediata le cabe a jueces corruptos que actuaron sumisos al poder político. Estos Jueces y la Corte Suprema de Justicia, para posibilitar esta política denominada de “Derechos Humanos”, demolieron la justicia en la argentina, arrasando con los principios más básicos del Derecho y contaron, ciertamente, con el silencio cómplice de gran parte de la dirigencia nacional.



Nada es más cierto también, que la manipulación del concepto de lesa humanidad permite que la venganza continúe camuflándose como justicia. Como consecuencia de esta obra siniestra hay más de 2000 presos políticos y ya  450 muertos en cautiverio, olvidados de la sociedad. La voz de la Iglesia debe estimular a quienes gobiernan la república para que cumplan acabadamente con la obligación de proveer el bien común de los argentinos y consolidar la paz interior, por encima de cualquier especulación electoralista. Quiera Dios que el ejemplo de VE  cunda y sirva para deponer falsos temores y propalar la verdad, lo que ayudará, sin duda, a suturar la llaga que divide a los argentinos.


Que  Dios lo guarde y la Virgen de Lujan lo proteja en el ejercicio de su sagrado Ministerio. Lo saludamos cordialmente

Carlos Bosch                      Alberto Solanet
                Secretario                             Presidente


NOTA: Las imágenes, enlaces y destacados no corresponden a la nota original.

jueves, 16 de agosto de 2018

¿ES ESTO JUSTICIA?

Obispo Santiago Olivera



¿Por qué será que hablar de la cultura del encuentro en nuestro país, de una memoria sin ideología, de la verdad completa y de justicia, nos divide tanto a los argentinos al punto de polarizarnos? A veces me pregunto: ¿por qué no queremos avanzar hacia un país fraterno y justo para todos? Es que no es fácil transitar la verdad y, por motivos diversos, se la calla, se la oculta o se la tergiversa. Mucho de esto pasa en nuestra patria. Hablar de algunos temas no es fácil, pero hay que hablar, para no ser tildados de cobardes o de permanecer callados frente a tanta injusticia y al dolor de muchos.


Al asumir, el Obispado castrense destacaba el valor de tender puentes en un mundo de zanjas, que nos desafían a superarlas. En este primer año de labor pastoral, he observado cómo, embanderados en derechos del pasado, se cometen hoy graves, intolerables e injustificables injusticias. Aunque nos cueste escucharlo o suponga algún dolor de cabeza, la situación de muchos detenidos por delitos de lesa humanidad es una vergüenza para la república: una discriminación nunca vista en democracia, llevada a cabo especialmente por algunos miembros del Poder Judicial, con el silencio cómplice de algunos de los miembros de otros poderes y de buena parte de la dirigencia nacional. Veo también silenciados los sufrimientos de tantas víctimas de violencia en nuestra patria perpetrados en tiempos de democracia equiparándolos a otras impunidades presentes. Otra deuda a saldar.


Necesitamos transitar caminos de verdad y de justicia para alcanzar la paz. No podemos mirar la historia con un ojo solo; necesitamos una mirada compasiva sobre todos aquellos a los cuales les tocó vivir la locura del enfrentamiento fratricida de aquellas épocas. Enfrentamientos en los cuales hemos perdido todos. El papa Francisco nos recordó que la misericordia no excluye la justicia y la verdad. El Dios del Preámbulo, “fuente de toda razón y justicia” para nuestra Constitución, no es el Dios vengativo y discriminador en que parecen inspirarse algunos crueles y diferenciados tratos. Debemos pedir justicia con fuerza, coraje y valentía, porque muchos hermanos argentinos mueren en las cárceles o en sus domicilios sin condena. ¿Es esto justicia?


Su Santidad dijo a unas presas de una cárcel en Chile: “Una condena sin futuro no es una condena humana, es una tortura”. Más allá de imputaciones y penas, todo ser humano tiene dignidad, y nadie puede privarlo de ella. Todos podemos rehabilitarnos.

Santiago Olivera
Obispo castrense de la Argentina


NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

PETICIÓN Y SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES



A TODOS LOS CAMARADAS DE LAS FUERZAS ARMADAS, FUERZAS DE SEGURIDAD, FUERZAS POLICIALES Y FUERZAS PENITENCIARIAS

A LOS INTEGRANTES DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES Y ONG VINCULADAS

A TODOS LOS ALLEGADOS, AMIGOS, INTERESADOS Y COMPATRIOTAS EN GENERAL

------------------------------------------------------------------

Estimados Camaradas y Amigos

El Estudio Jurídico de la Dra. Josefina MARGAROLI y del Dr. Sergio Luis MACULAN -representante de casi 300 Presos Políticos- informa una nueva presentación judicial contra el Estado Argentino, solicitando Medidas Cautelares o en su defecto la elevación a la Corte IDH por la aplicación de Medidas Provisionales, respecto de un Preso Político.

El aludido Documento ha sido incorporado a la Página WEB (www.uniondepromociones.info o también www.uniondepromociones.org)

Link: Área Jurídica – Años 2017 - 2018: Dra Josefina Margaroli y Dr Sergio Maculán - Petición y Solicitud de Medidas Cautelares respecto de GRANADA, Jorge Horacio - 12 Ago 18.

Sobre el particular, los citados Abogados destacan 3 aspectos:

1ro. El cada vez más alto número de Presos Políticos fallecidos al 07 Ago 18, alcanzando los 455 muertos.

2do. Señalan que 114 Presos Políticos fallecieron durante el actual Gobierno y 104 perdieron su vida, desde Marzo de 2016, oportunidad en la que iniciaron las presentaciones ante la CIDH.

3ro. Solicitan el urgente otorgamiento de las medidas cautelares, a fin de lograr la protección del derecho a la vida y la integridad física y psicológica de la víctima.

------------------------------------------------------------------

Todas las Presentaciones relacionadas:

Unión de Promociones - Adhesión a la CIDDHH - 19 Jul 2016.
Dra. Josefina Margaroli y Dr. Sergio Luis Maculán - Informe de situación de denuncias presentadas ante la CIDH - 15 Nov 16.

Dra. Josefina Margaroli y Dr Sergio Luis Maculán - Ampliación a la CIDH sobre Solicitud de Audiencia Temática - 20 Nov 16.

Dra. Josefina Margaroli y Dr Sergio Luis Maculán - Medidas de Acción en Juicios de LH - Nivel Temático - Procedimiento Manipulación de Testigos - 27 Nov 16.

Cnl (R) Guillermo César Viola - 385 Muertos por el Derecho a la Verdad en Causas de Lesa Humanidad. Solicitud de Medidas Cautelares. Petición - 14 Dic 16.

Dra. Josefina Margaroli y Dr Sergio Luis Maculán - CIDH - De la Discrecionalidad a la Arbitrariedad - 27 Ene 17.

Dra. Josefina Margaroli y Dr. Sergio Luis Maculán - El apoyo internacional al falso relato - 05 Feb 17.

Dra. Josefina Margaroli y Dr Sergio Luis Maculán - Buscando Auto Incriminación - 11 Feb 17.

Dra. Josefina Margaroli y Dr Sergio Luis Maculán - Informe sobre audiencias en la CIDH - 13-Feb-2017.

Dra. Josefina Margaroli y Dr. Sergio Luis Maculán - Informar al Min Just y DDHH sobre Presentaciones a CIDH - Solicitud Audiencia - 21 Feb 17.

Dra. Josefina Margaroli y Dr Sergio Luis Maculán - Ampliación y Reiteración Medidas Cautelares por fallecidos - 26 Feb 17.

Dra. Josefina Margaroli y Dr Sergio Luis Maculán - Amplían Petición - Solicitan otorgamiento Medidas Cautelares y elevación a la Corte IDH - 12 Mar 17.

Grl Br (R) Juan Miguel Giuliano y Cnl (R) Guillermo César Viola - Denuncia ante el CM - 14 Mar 17.

Juan Miguel Giuliano y Guillermo César Viola - Petición contra el Estado Argentino - Medidas Cautelares y elevación a la Corte IDH - 05 Abr 17.

Dra Josefina Margaroli y Dr Sergio Maculán - Amplían Petición contra el Estado Argentino y Solicitan - 17 Abr 17.

Dra Josefina Margaroli y Dr Sergio Maculán - Solicitando Derogación Entrenamiento de Testigos e Impunidad Gerontológica - 11 May 17.

Dra. Josefina Margaroli y Dr. Sergio L. Maculán - Petición y Solicitud Med (s) Cautelares a CIDH - Eduardo S. Ullua - 16 Abr 18.

Dra. Josefina Margaroli y Dr. Sergio L. Maculán - Petición y Solicitud Med (s) Cautelares a CIDH - Juan C. Aiello - 16 Abr 18.

Dra. Josefina Margaroli y Dr. Sergio L. Maculán - Petición y Solicitud Med (s) Cautelares a CIDH - Mario E. Durquet - 16 Abr 18.

Cnl (R) Guillermo César Viola - Amplía Petición a la CIDH - P-25811 del 14 Dic 16 y Solicita Medidas Cautelares - 23 Abr 18.

Cnl (R) Guillermo César Viola - Amplía Petición a la CIDH - P-25811 - 14 Dic 16 - Denuncian Hecho Nuevo - Censura respecto a informar sobre fallecidos y condiciones de detención- 20 May 18.

Dra Josefina Margaroli y Dr Sergio Maculán - El autoritarismo de los órganos del sistema supranacional - 07 Ago 18.

Dra Josefina Margaroli y Dr Sergio Maculán - Petición y Solicitud de Medidas Cautelares respecto de GRANADA, Jorge Horacio - 12 Ago 18. (Referencia del presente correo).

Resulta imprescindible tomar conocimiento de lo actuado, dando posteriormente la mayor difusión posible de este Mensaje.

Coronel (R) Guillermo César Viola
Unión de Promociones

domingo, 12 de agosto de 2018

ENTREVISTA A PALOMA VALENCIA

por Ricardo Angoso
@ricardoangoso

"¿Quedarán impunes los crímenes de las FARC?".

"Hay que reducir de una forma drástica los gastos innecesarios del Estado y concentrarse en los que generen inversión y desarrollo social y económico. Tenemos que lograr que Colombia vuelva a recuperar el equilibrio económico, que hoy no lo hay, y retomar el rumbo del impulso perdido bajo el anterior gobierno".



Paloma Valencia es analista política, abogada y Senadora por la República por el Centro Democrático. Uribista desde la primera hora y fiel escudera del presidente Uribe, en esta entrevista se muestra muy optimista y positiva con respecto al nuevo curso político que comienza de la mano del electo Iván Duque. Valencia también cree, sin dudarlo,  en la inocencia del expresidente Uribe y considera que las criminales de las FARC deben pagar por sus crímenes.

Ricardo Angoso: ¿Cómo ha quedado la Justicia Especial para la Paz (JEP) tras su última revisión legislativa?

Paloma Valencia: Nosotros hemos logrado como primera victoria del gobierno electo de Iván Duque que los procesos a los militares se suspendan y que haya una reglamentación especial para la Fuerza Pública. Nosotros creemos que los militares no pueden ser tratados de la misma forma que los terroristas, sino con una normatividad especial. Otro aspecto fundamental que nosotros hemos defendido es que los magistrados que juzguen a los militares deben conocer el oficio de la milicia, saber qué es lo que están tratando y que sepan cuales son los manuales operaciones de nuestras Fuerzas Armadas sin que se generen beneficios que premien a la delación.

Y es que es muy grave que a cambio de las confesiones se obtenga la libertad porque entonces se está forzando a que la gente confiese para que quede libre e incluso que eso se haga a base de mentiras. Nosotros también consideramos que se debe defender el bueno nombre de la institucionalidad, en este caso de las Fuerzas Armadas y también de nuestra policía, y es por ese motivo por el que hemos solicitado con éxito esa transición para que el nuevo gobierno pueda ejecutar los nuevos cambios que son fundamentales.

R.A.: ¿Cree que el Fuero Militar que fue suprimido por el presidente Alvaro Uribe se volverá a implementar, qué pasará con el mismo?

P.V.: Lo que es curioso del Foro Penal Militar es que hoy está consagrado en la Constitución de la República. De hecho, el gobierno presentó algunas proposiciones para crear un Fuero Militar rígido y con algunas modificaciones que presentamos el presidente Uribe y yo misma. Hoy el Fuero Militar dice que sirve para todas las operaciones que se hayan efectuado con órdenes emanadas de una forma legítima. Y que los militares deben ser juzgados por jueces que conozcan bien a las Fuerzas Armadas. Pero, en la práctica, lo que ha ocurrido es que el Fuero Militar ha ido desapareciendo porque muchas de sus competencias fueron absorbidas por la justicia ordinaria, algo que no se entiende porque finalmente decisiones administrativas de rango inferior han ido en contra de lo que dice la Constitución misma. Ese asunto me parece inadmisible y así lo hemos hecho saber.

LOS JUICIOS A LOS MILITARES

R.A.: ¿Cree que en Colombia puede llegar a ocurrir lo de Argentina donde los militares están siendo procesados, condenados y cumpliendo largas condenas?

P.V.: No, yo creo que esa situación no se dará en Colombia, ni siquiera con la JEP. Creo que los militares en Colombia no se van a encontrar en esa situación, sino que aquí la pregunta es más bien al revés, es decir, si los terroristas de las FARC, que han cometido miles de crímenes atroces, secuestros, delitos de todo tipo y acciones terroristas brutales, por relatar algunas de sus tropelías, van a pagar un solo día de cárcel por esos hechos. ¿Quedarán impunes todos esos delitos? Y en ese caso, nosotros, desde el Centro Democrático, creemos que la Corte Penal Internacional (CPI) debería actuar y tomar las oportunas medidas para que se haga justicia y que los miembros de las FARC que han perpetrado todos esos hechos atroces respondan ante la justicia y sean condenados. No admitiremos nunca que se le imponga  a Colombia esta situación de abierta impunidad que se nos pretenden imponer desde algunas instancias.

R.A.: ¿Qué expectativas tiene ante el nuevo curso político y ante el nuevo gobierno del presidente Iván Duque?

P.V.: Tengo muchas y positivas expectativas ante el nuevo gobierno. Creo que tiene ante sí grandes retos y desafíos, sobre todo en el área económica, para poner en marcha el aparato productivo colombiano, asunto que, en mi opinión, requiere una drástica bajada en los impuestos y que, al mismo tiempo, se mejoren los ingresos de los que tienen un salario mínimo. Es muy importante que mejoren los ingresos de los que viven con el salario mínimo y los que están en la economía informal. En Colombia más del 50% de la población vive con un salario mínimo y eso significa que el gran desafío del nuevo ejecutivo es que debe de mejorar los ingresos de los más pobres. Tenemos que ser capaces de generar una economía productiva que sea capaz de crear nuevos empleos y también mayor riqueza para todos. Tenemos que bajar los impuestos, subir el salario mínimo y, al mismo tiempo, reducir el gasto público con medidas de austeridad que considero absolutamente necesarias. Hay que reducir de una forma drástica los gastos innecesarios del Estado y concentrarse en los que generen inversión y desarrollo social y económico. Tenemos que lograr que Colombia vuelva a recuperar el equilibrio económico, que hoy no lo hay, y retomar el rumbo del impulso perdido bajo el anterior gobierno.

EL FLAGELO DE LA CORRUPCIÓN

R.A.: ¿Qué posición tiene el Centro Democrático ante el grave problema de la corrupción que padece Colombia y ante la próxima consulta sobre este asunto?

P.V.: Yo fui parte de la negociación entre el Partido Verde y el Centro Democrático ante la consulta sobre las medidas anticorrupción y llegamos a acuerdos importantes sobre este asunto. Y, además, me tocó convencer a mi partido sobre la consulta, algo que como usted sabrá no estaba muy convencido, y que aceptara sus contenidos, que aunque con falencias y debilidades, incluso con problemas de redacción, tenía aspectos de fondo que considero fundamentales. El mensaje de fondo, considero, es que los colombianos nos movilicemos contra la corrupción y sus dañinas consecuencias, mandando una señal a los políticos tradicionales de los ciudadanos de a pie no quieren la corrupción de ninguna forma.

No hemos podido comprometernos en la campaña electoral como hubiéramos querido porque se nos atravesaron problemas centrales, como por ejemplo la persecución política y penal al presidente Uribe, lo que nos impidió un mayor trabajo de calle para que la gente conociera nuestras propuestas en este sentido. A este respecto, la defensa de la inocencia del presidente Uribe es una prioridad y no vamos a permitir que se le atropellen sus derechos. Mientras los criminales están en libertad, hombres inocentes como Uribe son sometidos al examen de una justicia que opera muchas veces por razones políticas.

En Colombia, además, tenemos el problema de los falsos testigos para imputar a inocentes en delitos que nunca han cometido, como pasa ahora con el presidente Uribe. Es un problema de graves consecuencias para todos. Hay personas en la cárcel, con grandes condenas, que se dedican a levantar falsos testimonios contra personas respetables y así dañarles su imagen para siempre, obteniendo a cambio de esas falsas acusaciones rebajas en sus penas y beneficios carcelarios. No se puede permitir que criminales comprobados y condenados enloden la imagen de hombres que, como Uribe, sirvieron al país de una forma ejemplar y limpia. Pero, en definitiva, no perdemos de vista que la corrupción es uno de los grandes problemas del país y que debe ser enfrentado con medias eficaces y audaces.

sábado, 11 de agosto de 2018

18 DE AGOSTO MARCHA "NI UN POLICÍA MENOS"


EL “NUEVO ROL” DE LAS FUERZAS ARMADAS


Una visión diferente y un grave peligro para el futuro

La triste realidad del naufragio del submarino A.R.A. “SAN JUAN” sonó como una fuerte alarma que mostró al país la necesidad de corregir prontamente la situación en el campo militar, necesidad a la que se agrega la de proporcionar apoyo a las FFSS ante la acción, en grado ya inquietante, por parte de las llamadas “nuevas amenazas”.

El gobierno tomó conciencia y comenzó a actuar, pero se corre el riesgo de repetir graves errores del pasado, debido a la costumbre argentina de gobernar y tomar decisiones en forma apresurada presionados por la realidad poseyendo solamente una visión general de los problemas.

Es imprescindible conocer en profundidad las características diferenciadoras del sistema militar, que parten del hecho que en la actividad militar se pone voluntariamente en juego la vida humana, la propia y la de subordinados, bienes que no tienen precio en el mercado, requiriendo conductas conformadas para trabajar en situaciones límites, basadas en la subordinación, en la lealtad y en el honor [1].

A esta y otras circunstancias que veremos más adelante debemos agregarles las pautas singulares que a esa realidad imprime la evolución histórica de la República Argentina de 1983 a la fecha y que han afectado fuertemente el espíritu militar y que impiden la aplicación directa en la conducción militar  de modelos empresariales teóricos.

En 1983 cuando el Dr. Alfonsín se hizo cargo de la primera magistratura se encontró con un cuadro de situación que podemos resumir en desasosiego social, descrédito militar, amenaza permanente de una reacción siempre posible del partido peronista, vencido por primera vez en la historia a nivel nacional por parte del Dr. Alfonsín, además de la necesidad de solucionar urgentemente la situación económica y de restablecer relaciones diplomáticas con el mundo.

Sin lugar a dudas, su primera prueba debería ser asegurar la gobernabilidad ante una no imposible alianza sindical-militar.

La acción de gobierno iniciada en 1983 y que dio origen a la situación militar actual, consistió básicamente:

     En el juicio a los Comandantes, en lo formal y fuertemente simbólico,
     en una fuerte reducción presupuestaria, limitando marcadamente los fondos disponibles,
     en la reducción inicial de las competencias de la justicia militar modificando CJM [2], tanto en el campo penal como en el importante campo de la disciplina;
     mientras que en lo orgánico operativo, se concretaría lo que vendría a ser un “nuevo rol de las FFAA”, limitando su capacidad de acción en el país. El nuevo rol se estableció vedando el empleo de las FFAA en la seguridad interior la que quedó como responsabilidad de las FFSS.

La concepción puesta en ejecución por el gobierno del Dr. Alfonsín tuvo éxito: las FFAA dejaron de ser un “factor de poder” en la Argentina.

De 1983 a hoy la situación militar fue empeorando en cada uno de aspectos, así el juicio a los Comandantes y altos mandos se amplió a gran cantidad de personal, en juicios inconstitucionales, aplicando leyes penales con retroactividad y sin el debido proceso, simplificando podemos decir que el principal criterio de persecución era el de vestir uniforme o depender de las fuerzas y haberse encontrado en un destino geográficamente próximo al de una denuncia.

Para unas 2.000 personas que en su momento defendieron la Patria y hoy se encuentran en distintas etapas del proceso, algunas con más de 16 años de prisión preventiva, no  hay Justicia hay Venganza.

Inexplicablemente, estas situaciones de violación a la ley continúan hoy.

En el aspecto presupuestario el deterioro también fue marcadamente creciente hasta llegarse a la situación actual en la que el presupuesto de las FFAA es inferior al 1% del PBI, en contraposición al incremento paulatino que fijó la ley de reforma de las FFAA, N°24.948 votada en 1.998. Un criterio opuesto al seguido con las FFSS cuyos presupuestos fueron incrementados en valores muy superiores basta ver los uniformes del personal y el hecho inédito en nuestra historia que un oficial de la Gendarmería Nacional equivalente a un coronel en la escala jerárquica, ganaba un 50% más que el militar y si la comparación hubiese sido hecha con el equivalente de la Policía Federal, encontraríamos que éste gana 100% más que el coronel.

En el aspecto orgánico disciplinario, la reducción inicial de competencias fue consecuencia de la modificación al CJM aprobada por el Dr. Alfonsín para iniciar los juicios a los Comandantes. Ella tenía dos líneas generales: i-la reducción de la competencia de la justicia militar y ii-la imposición de un recurso de alzada ante la justicia federal. Este recurso era voluntario para la defensa, pero obligatorio para el fiscal, en forma que siempre la última voz era de la justicia federal.

La reducción de la competencia, si bien simple en su concepto, acarrearía inconvenientes al servicio al ser aplicada, establecía que los delitos simples, o sea los no específicamente previstos en el CJM, pasaban a la competencia del juez federal correspondiente por ubicación geográfica del destino en el que ocurrió el hecho.

Los tiempos de la justicia federal son largos y los procesos inacabables no aptos para hacer frente a requerimientos operativos, ello produjo numerosos inconvenientes en el servicio diario, como ser impedir la zarpada de unidades por retrasos en los juzgados.

Para los delitos específicamente militares, o sea establecidos en el CJM, en la acción militar propiamente no hubo cambios, excepto que para la sentencia final [3], se estableció la alzada ante la Cámara Federal correspondiente por ubicación, vale decir que a un Consejo Supremo correspondían 13 cámaras federales diferentes, si bien este inconveniente fue superado con la creación de la Cámara Federal de Casación Penal en la que actuaba una sala como militar.

Finalmente en el 2008 se eliminó el Código de Justicia Militar y todas las instituciones, reglamentaciones y procedimientos relacionadas con el sistema jurídico militar, de hecho se transfirió todo el tema a la justicia federal a cuyo código central, el Código Penal, se agregaron algunos artículos y acápites para cubrir federalmente los que fueron delitos militares, se previó una organización especial para tiempo de guerra, a la vez que para el ordenamiento disciplinario diario se creó un Código de Disciplina, que desde el punto de vista militar no cubre las necesidades.

En el aspecto orgánico operativo se produjo un hecho inusual e inconstitucional, la ley de defensa que impuso las limitaciones a la acción de las FFAA, fue modificada 18 años después de su promulgación por su decreto reglamentario, 727/06, llevando las restricciones mencionadas mucho más allá de lo establecido por la letra o el espíritu de la ley, convirtiendo de hecho en superfluas las FFAA dadas las condiciones requeridas para autorizar su empleo.

Ese decreto “paralizador” y hasta ahora vigente, (de 2.006 a 2.018), es el que acertadamente corrigió el actual 683/18.

Pero su redacción tiene el riesgo de convertirse en el núcleo de un futuro desastre político, pues el gobierno solamente modificó la parte resolutoria del decreto citado como si fuera un elemento aislado en el ordenamiento jurídico nacional.

La realidad nos muestra que tanto la ley de defensa, su reglamentación, así como el CJM no son normas aisladas, sino que integran un “sistema” en el cual un conjunto de leyes e instituciones son partes constitutivas de un todo harmónico, que como sistema deben asegurar el funcionamiento equilibrado de cada una de las partes en el lugar y momento correspondiente.

El sistema de defensa es complejo, pero básicamente está integrado por las leyes de Defensa, de Seguridad Interior, y de Inteligencia, la Ley para Personal Militar y el Código de Justicia Militar.

De ellas, las tres primeras establecen el ordenamiento general de las funciones y responsabilidades, sus normas corresponden sin dudas a los altos niveles jerárquicos e inciden poco en el día a día de las vidas del personal operativo de jerarquías intermedias y bajas, las que si son regidas por las normas de la Ley para Personal Militar y especialmente por el Código de Justicia Militar hoy inexistente.

La reforma efectuada por el decreto 683/18 al cambiar solamente la parte resolutiva anterior por otra con sentido casi opuesto sin cambiar los considerandos que daban sustento a la original abre el camino a futuras y graves confusiones, especialmente porque no se completó el sistema al reincorporar un CJM, así como completar la legislación que legitime la acción militar.

Valga como resumen dos  hipotéticos escenarios en nuestro territorio

- Norte: “Un helicóptero de las FFAA transporta un grupo de gendarmes de un punto a otro, en medio camino, desde tierra le hacen fuego 5 ó 6 personas, ¿responde con su armamento?, descontando que lo hará, abate a uno o dos atacantes y los otros huyen. Hoy seguramente sería imputado por homicidio en alguno de sus distintos grados, simple, múltiple, agravado por el uso de armas de guerra….”

-Sur: “Efectivos militares destacados para custodiar un Objetivo Estratégico reforzados con elementos de la GN para actuar en caso necesario en la represión de algún ilícito, cubren puestos de vigilancia distribuidos en un dispositivo de seguridad. En horas de la noche, un grupo de integrantes de una organización XX –cuyo encuadre legal hoy es dudoso- sorprende a  uno de los puestos con la pretensión de sustraer armamento. La reacción de los custodias alejados  de la GN es inmediata mediante el arma de dotación FAL con la que efectúan disparos en salvaguarda de sus vidas matando a un agresor e hiriendo a otro, Este personal, que hasta ahora, no dispone de balas de goma y no ha sido capacitado para su empleo. Serán imputados ante un juzgado federal, al igual que sus camaradas del norte”.

No repitamos la historia de los ‘70.

El gobierno debe ordenar el aspecto jurídico para que el Sistema de Defensa responda a las necesidades de la Nación:

     Tomar conciencia que el decreto N° 683/18 es un hecho positivo, pero que si no se completa será un peligro en cuanto se comience a operar.
     Actualizar las leyes de Defensa, de Seguridad Interior y de Inteligencia en forma que hagan factible la ejecución de la política nacional de defensa,
     pero especialmente restablecer con absoluta prioridad un Código de Justicia Militar adecuado a la época.
     Considerar que hoy las FFAA solo están preparadas para hacer uso de sus armas letales, mientras que las FFSS saben custodiar y reprimir.   

Por su parte las FFAA y de SS deberán:

     Adecuar doctrinas e instrucción, establecer procedimientos y reglas de empeñamiento, sabiendo que las reglas de empeñamiento, por más perfectas y completan que fueren, NO reemplazan las leyes.
     Saber decir que ciertas operaciones no pueden realizarse pues la legislación no lo permite.

De no hacerlo, los militares de hoy serán los presos de mañana, así como los militares de ayer son los presos de hoy.

Buenos Aires, 10 de agosto de 2.018.

Enrique E. Molina Pico
AlmiranteVGM –R-


[1] “El militar cuyo propio honor y espíritu no le estimulen a obrar siempre bien, vale muy poco para el servicio”, principio este de las ordenanzas españolas que inspiraron y guiaron al Libertador durante su formación profesional, su permanencia en España y luego en su Patria, al redactar  el Código que rigiera a los integrantes  del Regimiento de Granaderos a Caballo por él creado. Así lo señalaba en su introducción también el Reglamento de Tribunales de Honor, de nuestras FFAA, actualmente derogado
Acorde con al antiguo principio señalado, el honor era una virtud relacionada también con el deber ser del militar es decir con su buen desempeño, por lo que resulta incomprensible su derogación, mas aun cuando casi la totalidad de las  profesiones y oficios cuentan con un código o normas de ética para el desempeño de sus componentes   
[2] Código de Justicia Militar
[3] Emitida por cualquiera de los Consejos de Guerra de Comando, Consejos de Guerra o Consejo Supremo de las FFAA.