miércoles, 13 de marzo de 2019

CAÍDOS EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN


Los miembros de las fuerzas de seguridad que fueron víctimas del ataque ocurrido en 1975 han sido olvidados por gran parte de la sociedad


“Lo que más estremece a quien escribe y estremecerá a los lectores es el odio y la sangre que se dieron cita esa víspera de la Navidad de 1975, con una violencia inolvidable, maldita, premonitoria del tiempo por venir” (María Seoane, “Testimonio del horror”, Revista N°  20/12/03). A fines de ese año, en pleno gobierno constitucional, la ofensiva revolucionaria del Ejército Montonero (Montoneros) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en la Argentina alcanzó su máxima intensidad. En dos agobiantes días de verano, el 23 y el 24 de diciembre de 1975, el ERP atacó al Batallón de Depósito de Arsenales 601 Cnel. Domingo Viejobueno, del Ejército Argentino, en Monte Chingolo, Quilmes, provincia de Buenos Aires.

Tiempo antes, el aparato de inteligencia de Montoneros había alertado al ERP acerca de un infiltrado del Ejército entre sus filas: Jesús Ramés Ranier, apodado el Oso, quien llevó a cabo "[...] una impecable tarea de espionaje que le permitirá [al Ejército] atrapar a decenas de miembros del ERP y detectar la preparación de una operación guerrillera de características excepcionales", según refiere Gustavo Plis-Sterenberg en su libro: Monte Chingolo: la mayor batalla de la guerrilla argentina.

En las semanas anteriores al ataque fueron apresados, desaparecidos o muertos irreemplazables jefes del ERP. El 7 de diciembre le había tocado el turno a quien planeó y debía comandar el operativo contra el Batallón Viejobueno, Juan Eliseo Ledesma (Comandante Pedro), quien fue reemplazado, inmediatamente por Benito Urteaga (Mariano), al frente del Batallón José de San Martín, flamante creación del ERP.

“El ERP planeaba sacar de allí 900 FAL con 60.000 tiros, 100 [pistolas semiautomáticas] M-15, con 100.000 tiros, 6 cañones antiaéreos automáticos de 20 mm con 2400 tiros, 15 cañones sin retroceso con 150 tiros, armas portátiles antitanques Instalazas [similares a bazucas] con sus proyectiles, 150 pistolas ametralladoras”, según se relata en el mencionado libro Monte Chingolo: la mayor batalla de la guerrilla argentina.

Plis-Sterenberg también da cuenta de que el plan de ataque al Batallón Viejobueno incluía una gran cantidad de acciones bélicas simultáneas, para aislarlo por varias horas. “Si el núcleo central eran alrededor de 60 compañeros, con toda la gente movilizada, los cercos, las postas sanitarias, los equipos de logística que tenían que cargar el armamento [...], es decir todo el conjunto, sumó alrededor de 300 personas”, refiriéndose al total de integrantes del Batallón José de San Martín del ERP.

Cuando el Ejército Argentino tuvo la certeza de que el objetivo eran las armas almacenadas en el Depósito de Arsenales, se montó un contracerco alrededor de los cuarteles, al tiempo que se reducía la cantidad aparente de tropas con el propósito de inducir al estado mayor del ERP a creer que seguía contando con el factor sorpresa a su favor. Los jefes insurgentes se tragaron el anzuelo.

La experiencia en combate de la mayoría de los integrantes del ERP estaba lejos de ser la requerida para “la mayor batalla de la guerrilla argentina”. La logística estaba infiltrada; el armamento era insuficiente, antiguo y precario; las comunicaciones nunca funcionaron; las contenciones, cortes de rutas y acciones de distracción fallaron, y si se combatió ferozmente en el asalto central fue porque la “moral revolucionaria” de los guerrilleros resultó temeraria.

El Ejército repelió el ataque movilizando miles de soldados, sumando a la Policía Federal y a la de la provincia de Buenos Aires y contando también con el apoyo de la Fuerza Aérea y de la Armada, presentes con aviones y helicópteros.

“Desde la torre del tanque de agua norte [...] el coronel Abud observó [...] la columna que se acercaba por el Camino General Belgrano. Apuntó con cuidado. La cabina del Mercedes-Benz quedó en el centro de la mira de su MAG [una ametralladora calibre 7,62 mm de gran poder de fuego y precisión]". Ninguna de las unidades atacantes del ERP logró sus objetivos y, apenas comenzado el combate, los bisoños revolucionarios se vieron obligados a emprender una retirada caótica y desesperada. Las víctimas fatales del ERP fueron 56, más tres prisioneros y decenas de heridos; mientras que las Fuerzas Armadas y de seguridad registraron siete muertos y 34 heridos. La tragedia se completó con, por lo menos, seis víctimas mortales identificadas y decenas de afectados entre los vecinos de Monte Chingolo, producto del fuego cruzado durante el repliegue del ERP.

El Oso Ranier sería ejecutado mediante una inyección letal, luego de un “juicio revolucionario” por traición, el 13/1/1976. Al decir de Juan Arnol Kremer, único dirigente máximo del ERP sobreviviente hasta nuestros días: “El problema con lo del Oso fue que se llevó detrás de él todas las causas de nuestro fracaso”. El pensamiento mágico de la “vanguardia iluminada” del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), órgano político al que estaba subordinado el ERP, resultó suicida, y si desde el punto de vista ideológico el plan de ataque al Batallón Monte Chingolo fue mesiánico, en lo estrictamente militar fue una rotunda derrota.

El ERP fue aniquilado en el Batallón Viejobueno y lo que siguió fue su exterminio, tal como lo había ordenado, casi un año antes, el entonces presidente, teniente general Juan Domingo Perón, primero en su discurso por cadena nacional, vestido de uniforme del Ejército Argentino, y luego en su carta a sus camaradas de la Guarnición de Azul, atacada por el ERP el 19 de enero de 1974.

Del total general de 65 muertos identificados con nombre y apellido, contando guerrilleros abatidos o prisioneros y vecinos, 55 de ellos figuran como “desaparecidos” o “asesinados” en alguno de los tres informes oficiales de 1984, 2006 y 2015. En 37 casos se pagaron indemnizaciones “reparatorias”: dos por la ley 24.043, para “víctimas de detenciones ilegales y  exilios forzosos”, y 35 por la ley 24.411, para familiares de “víctimas de asesinatos y desapariciones”. El total de dichas indemnizaciones, actualizado a marzo de 2019, es de $281.000.000, a razón de $7.600.000 por caso. En el Parque de la Memoria, 59 placas de pórfido patagónico llevan los nombres de casi todos estos guerrilleros, quienes, se afirma, “murieron combatiendo por los mismos ideales de justicia y equidad”.

Los muertos de las fuerzas de defensa y de seguridad han sido olvidados por la mayor parte de los argentinos. Ellos son: el capitán Luis María Petruzzi, el teniente primero José Luis Spinassi, el sargento ayudante Roque Cisterna y los soldados Roberto Caballero, Benito Manuel Rúffolo y Raúl Fernando Sessa, todos del Ejército, y el cabo segundo Enrique Grimaldi, de la Armada. La misma suerte corrieron los heridos.

El 24 de marzo de 1976 comenzaría la última de las dictaduras militares, la que logró una tan aplastante como impiadosa victoria militar en la guerra contra los ejércitos revolucionarios. El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional terminaría en su propia debacle, luego de la Guerra de las Malvinas, de 1982.

Ha llegado el momento histórico de honrar a quienes, fieles al juramento de defender la Constitución nacional, cayeron o fueron heridos resistiendo el ataque terrorista en Monte Chingolo hasta horas antes de la Nochebuena de 1975.

Pedro José Güiraldes
Ingeniero civil

NUEVO ATAQUE JUDICIAL A LAS FF.AA.

La Tablada es la tercera ola de una ofensiva que comenzó con los juicios por los años 70 y siguió con Malvinas. En diciembre de 2018, la justicia de San Martín comenzó a juzgar al general Alfredo Arrillaga por la presunta desaparición de un integrante del MTP, en el marco del copamiento del regimiento en 1989.

Agustín De Beitia
@agustindebeitia


El general (R) Alfredo Arrillaga está siendo juzgado por la presunta desaparición de un integrante del Movimiento Todos por la Patria.

El combate para recuperar el cuartel de La Tablada, en el tramo final del gobierno de Alfonsín, dejó 28 muertos del MTP, 9 del Ejército y 2 policías.­
El mes pasado se reinició el juicio por la recuperación del cuartel de La Tablada que comenzó en diciembre pasado en los tribunales federales de San Martín, un proceso que bien puede ser considerado como la tercera ola de ataque judicial contra las Fuerzas Armadas.

Las dos primeras olas apuntaron contra los militares que combatieron a los grupos armados de izquierda en los años 70 y contra los que pelearon en Malvinas en el '82. Y las tres tienen la misma secuencia: sed de venganza, testigos interesados, jueces complacientes con esta maniobra, medios cómplices.

La última ola es esta que comenzó el 10 de diciembre de 2018 en el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín. Allí se juzga al general (R) Alfredo Arrillaga por la presunta desaparición de un integrante del Movimiento Todos por la Patria (MTP), el grupo que intentó copar el Regimiento de Infantería Mecanizada 3 (RIM3) de La Tablada, en el partido bonaerense de La Matanza, el 23 de enero de 1989.

Arrillaga está en el banquillo de los acusados por haber sido el máximo responsable del operativo desplegado para recuperar el cuartel, en el tramo final del gobierno de Alfonsín, un combate que dejó 28 muertos del MTP, 9 del Ejército y 2 policías. El juicio es por cuatro presuntas desapariciones: José Díaz, Iván Ruiz, Francisco Provenzano y Carlos Samojedny. En este proceso oral y público sólo se juzgan los hechos que rodearon el destino de Díaz, aunque las otras causas ya están en etapa de instrucción.

En un juicio que cuenta con una minuciosa cobertura de medios de izquierda, la novedad de la semana última fue que citaron a declarar a otro militar de alta graduación, el general (R) Sergio Fernández quien, como jefe de la Compañía de Comandos 601 y al mando de un centenar de hombres, fue uno de los responsables también de la recuperación del cuartel.

Fernández no tuvo que responder sobre las desapariciones, ya que él estaba en otro lugar. Su testimonio fue requerido por otro asunto: para dilucidar si Arrillaga negoció o no la rendición de los terroristas a través de un megáfono.

El general contó que el único que usó el megáfono fue él ese día, 24 de enero a la madrugada, y no para negociar sino para dar indicaciones de que cesaran el combate, de que no corriera más sangre, ya que no tenían salida, estaban rodeados.

REHENES

Fernández explicó que no sabía cuántos rehenes tenían en su poder en el casino de suboficiales y que la información que le llegaba era borrosa y a veces contradictoria. Fotografías de la época registraron el momento en que los subversivos salieron con algunos rehenes a la plaza de armas, todos con las manos en alto, para luego volver a entrar, aunque sin que se pudiera dilucidar cuántos eran los cautivos. Después se sabría que eran en total 22, entre suboficiales y soldados, repartidos en distintas habitaciones.

La existencia de los rehenes se ventiló así en la audiencia del miércoles último sin que a nadie le sorprendiera. La privación ilegítima de la libertad, el uso de escudos humanos, el tormento de una muerte probable, no parecen decir nada sobre sus derechos humanos.

Fernández es veterano de Malvinas y le tocó entrar en combate otra vez en Tablada, como al teniente coronel (R) Emilio Nani, hoy en prisión domiciliaria mientras se sustancia un proceso en su contra.

Son hombres que más de una vez arriesgaron su vida por la patria y hoy desfilan por los tribunales para rendir cuentas. No habría nada que decir si la Justicia no hubiera dado pruebas de su doble estándar, de amañar los procesos y favorecer la venganza. De los sediciosos que se alzaron en armas e iniciaron el baño de sangre en Tablada, no queda ninguno en prisión. Favorecidos primero por una conmutación de penas dispuesta por De la Rúa y luego por un indulto concedido por Duhalde. Y ahora los mismos protagonistas impulsan esta causa para enjuiciar a quienes fueron convocados a defender el cuartel.

La entrega de estos últimos, en muchos casos heroica, es soslayada aquí como si no significara nada. Un menosprecio que alimenta la impresión de que este es el único país que a los héroes de guerra los arrastra a estas penurias.

Aún es recordada la actuación de Fernández en Malvinas y cómo derribó con un misil Blowpipe lanzado desde su hombro un avión Harrier GR3 pilotado por el teniente británico Jeff Glover, quien se eyectó y fue tomado prisionero, apenas una de las proezas que realizaron estos hombres en condiciones desfavorables y de las que rebosa esa contienda.

Fernández era entonces jefe de la segunda sección de la Compañía de Comandos 601. Una compañía que se formó específicamente para la Guerra de Malvinas. El jefe era el mayor Mario Castagneto.

Aquella jornada, 21 de mayo de 1982, fue el día del desembarco británico en San Carlos. Fernández se encontraba a menos de 30 kilómetros con las dos secciones de la Compañía de Comandos. Apuntó al Harrier y le disparó al segundo pasaje que hizo el avión sobre Puerto Howard, en la Gran Malvina.

Aunque después diría que fue un tiro afortunado, lo cierto es que en ese momento era el hombre más experimentado del Ejército con ese sistema de misil antiaéreo de baja cota de origen británico. Se había adiestrado durante casi tres años y desde el año anterior era el jefe del curso de Blowpipe.

El disparo le arrancó al avión un pedazo del ala. El piloto, que se había eyectado, fue capturado, retenido un día en ese lugar y luego trasladado a Puerto Argentino. Estuvo en el continente hasta julio de 1982 y luego fue devuelto a los británicos.

Los detalles del impacto pudo saberlos Fernández porque tiempo después hicieron lo que se conoce como After Action Review (revisión tras la acción) con el piloto británico aquí en Buenos Aires. Desde entonces son grandes amigos, según repite.

Su historia, y el presente juicio, vienen a recordarnos que con ciertos enemigos se puede recomponer la vida y con otros se sigue combatiendo porque actúan artera y alevosamente hasta muchos años después. Con el agravante de que son compatriotas.

FUENTE: http://www.laprensa.com.ar/474236-Nuevo-ataque-judicial-a-las-FFAA.note.aspx

miércoles, 6 de marzo de 2019

Y ACÁ, ¿POR QUÉ NO HICIERON LO MISMO?

Polonia 1939: la invasión que desencadenó la II Guerra Mundial

Polonia es una nación mártir. Atacada en 1939, nazis y bolcheviques se repartieron su territorio y población imponiéndole regímenes brutales que aportaron millones de muertos a la contabilidad del mal como forma de gobierno. Todos sabemos de su sufrimiento y todos conocemos la historia de las relaciones polaco alemanas una vez finalizada la segunda guerra mundial.

Demasiados cadáveres, violaciones y destrucción pueblan las páginas de esta historia como para suponer que el odio entre ellos sería a perpetuidad. Los polacos aborrecían a la nación que los había destruido, que había asesinado a millones de sus habitantes y que había montado en su territorio un archipiélago de campos de exterminio. Por su parte en los alemanes expulsados de sus territorios por la nueva demarcación de fronteras  crecía el rencor por la ferocidad de los “untermenschen eslavos” de otrora que incluía la violación y el asesinato de miles de alemanes expulsados y el saqueo de sus hogares y granjas en Pomerania, Silesia y la Prusia oriental, esos  miles de kilómetros cuadrados de territorio alemán que quedaron, luego de la guerra en manos de Polonia.

Pese a esto, fue la nación que más sufrió, Polonia -tanto por ser los agredidos como también ser víctimas de un plan de destrucción y limpieza étnica de una impiedad manifiesta, eslavos y judíos eran descartables para los nazis- de la que primero surgió la idea de una reconciliación.

Con la carta del 18 de noviembre de 1965, dirigida a los obispos alemanes, en cuya redacción había participado activamente el Arzobispo Karol Wojtyla, el episcopado polaco asumía con coraje, humildad y magnanimidad la iniciativa de la reconciliación práctica en un episodio fuerte, reconociendo la trágica historia de las relaciones polaco-alemanas.

En 1965, a veinte años de terminada la guerra, los obispos polacos hicieron una oferta de reconciliación y perdón a los alemanes; a instancia de ellos se formó una comisión polaco alemana para revisar los libros de texto de historia, corregir estadísticas erróneas y evitar que los acontecimientos históricos fueran manipulados descaradamente por cuestiones políticas. Los sucesos del pasado no han sido olvidados, sino que fueron situados en su contexto (*)

Cabe, una vez leído esto, una reflexión: lo que dejó la guerra a estas dos naciones, no entraría en un paredón a medio llenar de nombres muertos. Hoy, salvo grupúsculos sin brújula que son quienes aún pueden remover esas cenizas para ver si alguna brasa queda, no hay grieta entre ellos. La grandeza del Episcopado polaco lo hizo.

Reflexionar sobre esto nos obliga a los católicos argentinos a hacernos algunas preguntas: ¿por qué siendo una misma Iglesia, con una misma doctrina -esa que nos dice que a los mandamientos mosaicos debemos agregarle uno más: “Que os améis unos a otros; como yo os he amado”- en cuarenta años los prelados argentinos fueron incapaces de lograr una reconciliación que alemanes y polacos, con mucha más sangre y luto encima, lograron?, ¿por qué nuestro episcopado -cabeza de una Iglesia que se movió en ambos bandos- no fue capaz de poner a lo sucedido en su contexto real y prefirió lavarse las manos emulándolo a Pilato? ¿Por qué sabiendo los obispos argentinos que la justicia fue utilizada políticamente como elemento de venganza que premió a unos y condenó a otros,  no clamaron contra esa iniquidad, sinrazón que haría estéril cualquier intento de reconciliación? ¿Por qué sucedida esta infamia y conociendo las condiciones en que están recluidos solo los “réprobos” de esta historia mal contada y tergiversada no se ha escuchado de ellos una sola palabra pidiendo por la condiciones viles en que están encerrados?

Son preguntas sorprendentes considerando que quienes son interpelados no son diputados y senadores de los que sabemos que año tras año se venden en el ara espuria de un mercado de ocasión, sino  que son aquellos que como católicos aceptamos como pastores de todo el rebaño y de los que, salvo poquísimas y honrosas excepciones, solo hemos obtenido de ellos como respuesta el silencio. Silencio que a veces parece tener más que ver con la complicidad que con la vergüenza. Esta actitud nos obliga a imaginar que las variadas respuestas que no se animan a dar se basan en la comodidad, en el miedo a ser considerados políticamente incorrectos, en una incapacidad pastoral, o, simplemente, en politiquería de oferta.

Hoy, a cuarenta años de la guerra solo se me ocurren tres palabras para definirlos: Falta de Grandeza, algo que engloba todas esas respuestas. Quedémonos entonces en eso, y asumamos que  a los obispos argentinos les faltó grandeza, esa grandeza que le sobró al Episcopado Polaco y que solo existe si está sustentada por una gigantesca cantidad de amor, generosidad y esperanza, que es lo que los movió a ellos a lanzarse al mar de la vida dejando la cómoda orilla del odio.

san Maximiliano Kolbe asesinado en 1941 en Auschwitz

Es una exageración, a todos los efectos, querer igualar los dolores de nuestra guerra civil de los años setenta con la tragedia polaca que empezó en 1939 y recién terminó en 1987; la crueldad de esos días aciagos que vivió la Argentina ni siquiera llega a ser una gota en el atroz mar de maldad y sangre que ahogó a la nación Polaca. Tal vez sea una ilusión absurda creer que el episcopado argentino -una vez recuperada la democracia y pasado un tiempo de duelo- tenía la grandeza necesaria para haber sido capaz de llevar adelante la obra de los polacos. Porque hay entre ambos episcopados diferencias sustanciales,  mientras la Iglesia Polaca puede mostrar mártires genuinos -san Maximiliano Kolbe en 1941 en Auschwitz, el beato Jerzy Popiełuszko en 1984 en los sótanos de la SB comunista, entre muchos- acá los prelados han inventado un beato de utilería para justificar cuarenta años de meter sus manos en una jofaina.

(*).-  Keith Lowe.- Savage continent. Europe in the Aftermath of World War II. Viking Press


Juan José Paso (zona rural) 2 de marzo de 2019

José Luis Milia

Non nobis, Domine, non nobis. Sed Nomini tuo da gloriam.



NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

martes, 5 de marzo de 2019

OMISIONES



A raíz de la nota "El nuevo indulto del peronismo", el lector Juan Carlos Lapido le responde al autor con una reseña que adolece de graves omisiones. Por ejemplo, omite que Alfonsín, a poco de asumir, libera a decenas de terroristas que estaban procesados aguardando ser juzgados por sus crímenes. Y lo hizo sin mediar "ley de amnistía" alguna, aprovechando los beneficios de la criticada "ley de autoamnistía", por la que se beneficiaron, entre otros, los asesinos del general Cáceres Monié y su señora esposa y los del capitán Viola y su hijita de solo tres años. También el autor de la carta omite decir que la llamada "ley de punto final", tal como estaba redactada, dejaba abierta la puerta para lograr la caducidad de los crímenes cometidos por los terroristas. Y por último, ha cometido la omisión más grave: la conmutación de las penas decretada por Fernando de la Rúa para beneficiar a los terroristas del Movimiento Todos por la Patria, que el 23 de enero de 1989 perpetraron el sanguinario ataque a los cuarteles de La Tablada, asesinando, entre otros, a cuatro soldados desarmados.

Tte. Cnel. (R) Emilio Guillermo Nani
LE 4.526.260

IOSFA – AMPLIACIÓN DE DENUNCIA



Circular 99

IOSFA – AMPLIACIÓN DE DENUNCIA

Las recientes noticias sobre los desaciertos en la conducción del IOSFA por parte del actual presidente del directorio, Sr. Pedro Barrios, con amplia repercusión en los medios, y que han generado entre otras reacciones la muy apropiada y sentida carta pública del Cnl (R) VGM José Martiniano Duarte, no ha tenido su correlato en la adopción de medidas concretas por parte del Ministro de Defensa, quien a esta altura ya debió haber desplazado al funcionario, designando en su lugar a algún integrante de las FFAA.

Tal lo solicitado por nuestra Asociación en una nota al Sr. Ministro que difundimos con la Circular 98 y ahora reproducimos nuevamente debido a su importancia, esperando el apoyo explícito no solo de nuestros asociados, sino de todos los integrantes de la Familia Militar.

Por otra parte, también tomó estado público días pasados la ayuda económica que el nombrado administrador está concediendo graciosamente al personal civil de la entidad, hecho que consideramos a todas luces ilegal y que nos ha movido a realizar una Ampliación de Denuncia por Malversación de Fondos Públicos, ante el mismo Juzgado Federal que recibiera en el mes de noviembre pasado nuestra extensa denuncia por irregularidades y posible administración fraudulenta.

Reproducimos a continuación ambos documentos y recordamos a todos los afiliados la necesidad de hacernos llegar copia de sus Quejas y Reclamos al IOSFA, a través de la página web, como un modo de visualizar su verdadera magnitud (ver denuncias).

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1. Nota al Ministro de Defensa

Buenos Aires, 14 de febrero de 2019.
Sr. Ministro de Defensa
Dr. Oscar Aguad
S / D

En mi carácter de Presidente de la Unión del Personal Militar Asociación Civil (UPMAC), personería jurídica IGJ Nro. 000017/03, me dirijo a Ud. a efectos de poner en su conocimiento la indignación que produjo entre nuestros asociados, afiliados en su totalidad al IOSFA, y en el universo militar en general (activos, retirados y pensionados), la nota Exp NO-2019-07418403-APN-D-IOSFA producida por el Presidente del Directorio de ese Instituto, en términos despreciativos y ofensivos hacia quienes nos sentimos honrados de vestir el uniforme.

Como es de su conocimiento por varias notas cursadas por UPMAC a ese Ministerio, el funcionario de referencia, Dr. Pedro Barrios, así como el gerente general Sr. Tomás Chavich y sus antecesores, no han dispuesto ni disponen de la idoneidad necesaria para administrar una Obra Social de tal magnitud. Así lo han demostrado. Sin duda, solo avalan sus designaciones criterios de pertenencia política u otros que desconocemos.

Históricamente las FFAA condujeron sus sistemas integrales de salud con solvencia y resultados siempre favorables, hasta que el poder político de turno las ahogó presupuestariamente llevando los sueldos de su personal a un punto tal que los aportes fueron tan exiguos que produjeron los déficit tan mentados y pregonados como la causal de la necesidad de la fundación del IOSFA, bajo la supuesta premisa de una administración más eficiente, hasta hoy no cumplida.

Sr. Ministro, no tenga dudas que esas fueron la CONSECUENCIAS. Las verdaderas CAUSAS deberían buscarse en el apetito político por gestionar una importante “caja”, devolver favores, y otras ajenas por completo a las necesidades de salud del personal militar.

Lo expuesto está avalado por una minuciosa investigación, parcialmente elevada a la Justicia, por lo cual consideramos que estamos en condiciones de solicitarle tenga a bien disponer el desplazamiento de los funcionarios mencionados precedentemente.

Las FFAA tienen capital humano idóneo con la capacidad y sentido de pertenencia necesarios para administrar eficientemente -sin cambiar el espíritu de unificación del sistema- de modo tal que ese Ministerio pueda exhibir resultados positivos en beneficio de todos los afiliados.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.

Francisco Ricardo Verna
Coronel (R)
Presidente

(*) Nota recibida en MEyS del Min Def el 15/02/2019

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2. Ampliación de Demanda

Señor Juez Federal:

FRANCISCO RICARDO VERNA, DNI 7.801.593, y MIGUEL ANGEL ARTUSO, DNI 7.619.633, en nuestro carácter de Presidente y Secretario de la “Unión del Personal Militar Asociación Civil” (UPMAC), respectivamente, con domicilio legal en Uruguay 654, 9no piso, Of. 907, CP 1015, CABA, Tel. 011-5330-5855, en el marco de la CAUSA Nº 18.826/2018 ante V.S. nos presentamos y respetuosamente decimos:

1. OBJETO

Como lo hicimos saber en la presentación inicial, luego ratificada, somos representantes de “Unión del Personal Militar Asociación Civil”, y como tales nos hemos visto en la obligación de efectuar la denuncia que diera inicio a la presente causa.

Desde entonces a esta parte, hemos detectado nuevos acontecimientos –que incluso han adquirido publicidad por una investigación periodística– que a nuestro juicio no ameritan la promoción de una nueva denuncia, pues conforman la maniobra defraudatoria o de malversación, en el ámbito del IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas), que ya está siendo investigada en autos.

2. HECHOS NUEVOS

Como lo dejamos dicho en el apartado anterior, la noticia de este nuevo hecho delictivo ha cobrado alguna notoriedad porque se ha hecho pública por un artículo periodístico aparecido en el diario online “ámbito.com” (https://www.ambito.com/crisis-obra-social-las-ffaa-ayuda-financiera-respaldo-presupuesto-n5016964) y porque los propios involucrados en la malversación la promocionan en la página web del IOSFA (http://creditos.iosfa.gob.ar/Login/Login).

En concreto, se trata de una conducta que asumió el Presidente del directorio del IOSFA, Sr. Pedro Barrios, consistente en ofrecer anticipo de haberes al personal civil de su dependencia, que los beneficiarios están autorizados a reintegrar hasta en 6 cuotas, sin interés.

Hasta allí podría considerarse un acto de pésima administración, pero sin embargo el dinero con el que se facilitan esos anticipos es dinero que el IOSFA percibe en concepto de aportes y contribuciones de los beneficiarios de la obra social para que eso vuelva en servicios sociales que el IOSFA está llamado a prestar a sus afiliados. Nunca puede destinarse ese dinero para beneficiar gratuitamente a los empleados civiles del organismo.

Y esto que decimos no está impuesto únicamente por las reglas de la lógica, sino por el hecho de que esta aplicación de fondos no está contemplada en el objeto social ni en el Presupuesto Anual para el año 2019, ni menos aún fue puesta a consideración del Directorio de la entidad.

Incumple, además, con lo estipulado en el título III, Art. 10 del Decreto 637/13, al superar holgadamente dicho Presupuesto el máximo de 8% de los ingresos brutos en gastos administrativos (solo en gastos en personal asigna $1.916 millones, que son el 9,5% de los $20.169 millones a ingresar), al tiempo que no asegura la estricta devolución de los préstamos, devaluación mediante y sin compensación de intereses. Todo ello en detrimento del cuidado de la salud de los afiliados.

La decisión por medio de la cual el Presidente del Directorio del IOSFA está desviando fondos de su fin específico, ni siquiera está avalada por la Ley de Contrato de Trabajo, que por su artículo 130 sólo autoriza un anticipo de salario de hasta un 50% a reintegrar en no más de un período de pago. La devolución en cuotas del dinero ofertado al personal civil administrativo, deja de ser adelanto de haberes para ser ayuda económica, función no prevista en la entidad, ni para los afiliados ni para los empleados, cuyo número aproximado es de 3.200.

Desde toda perspectiva, se trata de una maniobra en fraude a los intereses de los beneficiarios del servicio social de IOSFA, que se enmarca en la ya denunciada maniobra tendiente a beneficiar a un grupo limitado de personas, por parte de civiles que no debieran estar al mando de un organismo que fue creado para fines específicos y que hoy día parece estar consagrado a beneficiar a quienes por ley no están alcanzados por el objeto que persigue la Obra Social.

Se podrá aducir que se trata del uso de dinero ocioso (fondo de reserva); pero en tal caso ese dinero es y debe ser colocado a interés para el mantenimiento de su valor adquisitivo, siempre en miras del beneficio de los afiliados.

3. PETITORIO

Por todo lo expuesto, de V.S. solicitamos que tenga por formulada la ampliación de la denuncia, y que con intervención del Ministerio Público Fiscal se instruya el sumario, quedando a disposición para lo que pueda ser útil los suscriptos o los demás integrantes de la “Unión del Personal Militar Asociación Civil”.

Asimismo, teniendo en cuenta la manifiesta ilegalidad del hecho que se denuncia, pedimos que, en los términos del art. 23 del Código Penal, se disponga una medida judicial tendiente a evitar la consumación del delito, comunicando al Presidente del directorio de IOSFA que se abstenga de concretar nuevas entregas de dinero en las condiciones aquí denunciadas.

Proveer de conformidad, que SERA JUSTICIA.

Miguel Angel Artuso     Francisco Ricardo Verna
           Secretario                               Presidente

(*) Recibida en Juzgado Federal Nro 12 el 01/03/2019

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Buenos Aires, 05 de Marzo de 2019.




   







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domingo, 3 de marzo de 2019

FINALMENTE, LOS LARGOS



"Es el primer cambio político que respeta las ruinas".
Manuel Vázquez Montalbán

La apertura del período ordinario del H° Aguantadero trajo una sensible novedad: Mauricio Macri, por primera vez y tal vez enojado por el destrato que sufría por parte del zafio kirchnerismo, salió de su estilo zen, que cultivaba desde hace años, y respondió con justificada firmeza a los desaforados gritos que provenían de la bancada encabezada por Agustín Rossi. Me sorprendió escuchar al Presidente en un verdadero discurso de barricada, casi una arenga, y confieso que me gustó mucho.  

El miércoles, el INDEC informó que, durante 2018, la economía argentina cayó en 2,6%. En épocas recientes, Guillermo Moreno, que hoy se postula como candidato presidencial y jura que, de triunfar, convertirá en un verdadero paraíso este penoso infierno del cual fue uno de los máximos responsables, no trepidaba en falsificar los datos que hoy se exponen.

Esa caída en el PBI (que, a fin de 2017, era de US$ 637,6 mil millones) significó que casi todos los argentinos somos US$ 16.000 millones más pobres. Digo 'casi' porque hay toda una siniestra casta a la que no le pasó lo mismo: la integran los empresarios que aplicaron siderales sobreprecios a los contratos de obras públicas, resultantes en sumas que compartían con los funcionarios encargados de firmarlos, que las remitían a sus jefes en bolsos y valijas.

No comprendo cómo tan pocos relacionan nuestros inmensos problemas actuales con las cifras involucradas en la expoliación de la que fue objeto el país durante la extendida década en la que Néstor y Cristina ocuparon la Casa Rosada. Como me dijo un amigo, Mauricio Macri no debería recurrir al FMI sino al Juez Claudio Bonadio y a algunos de sus colegas de Comodoro Py, que ya tienen embargados bienes (estancias, cuentas bancarias, aviones, automóviles, casas y hoteles) cuyo valor puede superar el auxilio internacional recibido.

Lo peor de todo es que, sea en billetes enterrados en el sur (que nadie ha encontrado aún), cambiados por diamantes en Angola o depositados en cuentas secretas alrededor del mundo (Seychelles incluidas), todo el fruto del saqueo se fugó del país y, así, se sustrajo de nuestra economía.

Es por ello que la sociedad entera reclama que devuelvan lo robado, más aún que la prisión de los responsables. Ese unánime grito se escuchó en la manifestación del jueves por la noche, cuando la ciudadanía exigió al Consejo de la Magistratura la rápida y eficiente investigación del proceder de los jueces federales que, como dijo Santiago Kovadloff, se escudan en sus cargos para ocultar su verdadero rol de protectores de la corrupción y, ellos mismos, grandes coimeros y ladrones.

El peronismo votó en comisión, unánimemente, por derogar el decreto presidencial que estableció un rápido régimen procesal para la extinción de dominio en los casos de corrupción y narcotráfico, que tramitará en sede civil. No resultó óbice para que los legisladores levantaran la mano el riesgo de una fuerte condena social en un año de elecciones, pero cuando esa propuesta llegue al recinto de las cámaras, cada actitud individual será exhibida en los medios, y dudo que quienes hayan decidido incinerarse para blindar a los ladrones obtengan el porcentaje necesario para su derogación.

Macri, sin duda, está en deuda con la sociedad y con su electorado, ya que ha respetado muchas de las estructuras y a gran parte de los funcionarios quintacolumnistas que heredó; a mero título de ejemplo, nada ha hecho para terminar con el "curro de los derechos humanos", como prometió al asumir; pero rescato una frase de Adolfo Ruiz: "Con Macri, mal; sin Macri, peor". Siempre he calificado como especulación bastarda la vocación de tener como sparring a Cristina Fernández, pero las encuestas, al reflejar la firmeza de su base electoral, nos obligará este año nuevamente a optar por el mal menor: si el kirchnerismo regresara, entraremos en el mismo espiral de destrucción masiva que acabó con Venezuela.

En muchas notas me referí a la impunidad de la que gozan, aún hoy, Enrique y Sebastián Eskenazi. Ayer, nada menos que Carlos Pagni tomó la posta; su nota de ayer en La Nación (https://tinyurl.com/yy5ktfha), como siempre, fue impecable y agregó un sinnúmero de trascendentales informaciones a mis dichos. Es de esperar que ahora los jueces dejen de mirar para otro lado y los llamen a prestar declaración indagatoria, ya que fueron -y aún lo son- los cómplices necesarios en el mayor desfalco que sufrió el país.

Para finalizar, le ruego agende la reunión del 12 de marzo, a las 19;00, en Quintana 161, C.A.B.A., en la que presentaré en sociedad al Partido de la Austeridad y la Decencia (PAD); su presencia, y su participación en el debate, resultará esencial.

Bs.As., 2 Mar 19

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado

LESA HUMANIDAD



El editorial de LA NACIÓN del domingo pasado describe con todo detalle el último vergonzoso prevaricato de la Corte Suprema que, con la honrosa excepción del voto del doctor Rosenkrantz, resolvió contrariamente a la aplicación de la ley más benigna para los acusados de delitos llamados de lesa humanidad, ya que estos son los únicos que no gozarán del beneficio de la ley del dos por uno. Luego hace un repaso de las distintas situaciones vividas en la Argentina, que con mayor o menor justificación afectaron tanto los derechos constitucionales de los ciudadanos como la seguridad jurídica, clave para la subsistencia de la República. Al listado de desbarajustes citados en el editorial, considero esencial agregar el más grave de ellos, ocurrido a partir del gobierno kirchnerista. Jamás en la historia, desde la Corte Suprema para abajo, se demolió el derecho en sus principios más fundamentales, como el principio de legalidad, cosa juzgada, aplicación de la ley penal más benigna, la prescripción, etcétera. El Congreso sancionó las leyes de amnistía y luego las anuló. La Corte declaró la constitucionalidad de esas leyes y luego avaló las nulidades. Esos fueron “los obstáculos” que el expresidente Lorenzetti dijo que hubo que remover para posibilitar la reapertura de los juicios por hechos ocurridos 40 años atrás, cometiendo un gigantesco prevaricato.

Todo eso dio lugar a que jueces corruptos se ensañaran mediante procesos absolutamente ilegales a encarcelar a más de 2000 militares, fuerzas de seguridad, civiles y religiosos, para los que no existen ninguna de las garantías y derechos que la Constitución asegura para todos los habitantes del país. Estos jueces no imparten justicia, sino instrumentan la venganza. Esta población vulnerable, cuyo promedio de edad es de 75 años, es groseramente discriminada y se puede afirmar, sin eufemismos, que se trata de una población descartada de la sociedad, condenada a morir en la cárcel, ya han muerto 490[1], últimamente a razón de dos por semana.

Alberto Solanet


NOTA: Las referencia y enlace al documental Será Venganza!! no corresponden a la nota original.


[1] Al día de la fecha los muertos en prisión son 493.

viernes, 1 de marzo de 2019

¡YA ESTÁ BIEN!


A propósito de las reflexiones que nos hiciera llegar el señor Contraalmirante de I.M. Carlos Wartjes, nos ha llegado una excelente nota escrita por un periodista español y su opinión sobre lo que está ocurriendo en España y cuya oración más destacada cierra la misma.


¡YA ESTÁ BIEN!
Hermann Tertsch
@hermanntertsch
Actualizado: 22/02/2019 00:42h

El antifranquismo se ha convertido en una peste moral en España.

E
l Rey de España, el Jefe del Estado, habla para la Asociación Mundial de Juristas sobre el imperio del derecho. Todos los medios y políticos se hacen eco emocionado. Todos de acuerdo. Saben que la única alternativa a la supremacía incondicional de la ley es el caos primero y después la guerra. Los españoles deberíamos saberlo todos. Deberíamos. Lo cierto es que, mientras Felipe VI defendía el imperio de la ley, los golpistas juzgados se ciscaban en ella y no solo ellos. Porque los familiares y amigos de un anterior jefe del Estado tenían que tomar acciones inauditas para defender la ley. Abogados advertían en burofaxes a funerarias y obreros que de obedecer ciertas órdenes del actual jefe de Gobierno, incurrirían en un grave delito que podría llevarlos a la cárcel para años. Nadie ha confirmado la inminencia de la acción pero sí los preparativos para incumplir la ley, ignorar al Supremo, asaltar una basílica con su extraterritorialidad, atropellar a los monjes titulares del recinto sagrado, profanar la tumba, sacar al cadáver momificado y llevárselo en contra de la voluntad de la familia del muerto y nadie sabe a dónde. Los medios izquierdistas aseguran que Sánchez está dispuesto en campaña a lo que no hacen ni las tribus más bárbaras en guerra. El innoble espectáculo de la profanación oficial de la tumba de Franco debería asquear y avergonzar a todo español de bien.

El Valle de los Caídos, Francisco Franco ordenó su construcción, y está enterrado allí junto con 33.873 combatientes en la guerra civil de ambos bandos… es un recordatorio de la sangrienta guerra civil española.

Tenemos en España un problema serio a afrontar si no queremos destruir la convivencia para mucho tiempo. Porque es una ya insufrible perversión que ciertos españoles se conviertan en ciudadanos inferiores y públicamente vejados por tener recuerdos y opinión sobre el pasado de España que difieren de lo que pregonan las fuerzas que perdieron la guerra civil. En los pasados 40 años se ha permitido, por cobardía, pereza, codicia, indolencia, intereses bastardos y falsedad, que se impusiera como cuasi oficial una versión falsaria, mezquina, sectaria y tramposa de nuestra historia reciente. Y se ha tolerado que todo el que discrepe pase a sufrir represalias aunque defienda no ya opiniones sino hechos irrebatibles. Así se criminaliza a todo el que no acepta la falsaria mitología de comunistas y socialistas del siglo XX. Quienes saben la verdad callan para no crispar a quienes han impuesto la mentira.

Cierto, es la tumba de un jefe de Estado que no era democrático, era un dictador y tenía enemigos. Y ganó guerras y gobernó mucho tiempo e hizo prosperar a los gobernados y murió en la cama con reconocimiento. No, no es Felipe II. No es la cripta del Escorial la que se quiere profanar. De momento. Porque nadie dude de que, si se transige ante el fanatismo de la ignorancia y la revancha, les llegaría su turno. Se pretende tratar a Franco como si fuera un vulgar genocida cuando es el origen incontestable de la legalidad que nos ha dado 40 años de democracia. Y que se funda en un orden tras una guerra civil trágica cuya principal culpa es de todos, pero sí de alguien más, de los perdedores.

Ya basta de mentiras. Los programas especiales de televisión se harían mejor en Paracuellos que en el Valle de los Caídos. Franco fusiló menos de 4.000 condenados a muerte en 36 años. Habría algún inocente, pero pocos. Y a muchos culpables les conmutó penas y los trató al final con injusta deferencia. Son menos de la mitad de los inocentes fusilados por Lluis Companys. Y menos de la mitad de los inocentes asesinados por PSOE y PCE en Madrid en las semanas del otoño de 1936. Ya está bien de callar para no crispar con la verdad cuando quien está enfrente no hace otra cosa con la mentira[1].




NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.


[1] El Gobierno español aprobó el 15 de febrero de 2019 la orden para exhumar al dictador Francisco Franco de su actual lugar de enterramiento, el monumento del Valle de los Caídos, una medida a la que todavía se opone la familia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) unificará el criterio ante la cascada de denuncias para paralizar la exhumación de Franco. El órgano ha emitido un comunicado en el que informa de que hay 17 procedimientos abiertos que reclaman la suspensión cautelar de la licencia administrativa del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos. Todas las denuncias están redactadas igual y se basan en un informe de la Fundación Francisco Franco.