PESADILLA INFLACIONARIA

Por Mauricio Ortín

Que  sea la inflación y, también, qué o quiénes sean  los responsables del aumento de los precios es algo que ya debiéramos haber aprendido los argentinos. Sin embargo, es evidente que no es así porque, como los piojos, ella siempre vuelve. Fenómeno generalizado en el mundo, en nuestro caso particular, la inflación casi se podría decir que forma parte del “ser nacional”. Tanto es así, que la breve tregua de estabilidad monetaria del Plan de Convertibilidad de Domingo Cavallo es aborrecida por la mayoría de los argentinos –especialmente por los políticos–  como una época maldita. La inflación no es una desgracia natural e inevitable que sobreviene cual tsunami o terremoto. Es un fenómeno estrictamente humano y, por ende, dependiente de la voluntad e inteligencia para organizarse de los actores sociales. Los disímiles índices inflacionarios comparados unos con otros o consigo mismos en el transcurso del tiempo lo corroboran. Sufrir en carne propia la inflación y, más propiamente, la hiperinflación, ha servido para inmunizar a países de padecerla otra vez; es el caso de Alemania. No así, como es evidente, el de la Argentina donde se instaló hace tiempo como enfermedad endémica sin vacuna ni cura que valga. Es que, para curarse, primero hay que saber que se está enfermo y, luego, de qué se está enfermo. Un buen diagnóstico nunca se formula  desde la pura teoría y sin observar al paciente. Más bien, aquél  surge de la observación y descripción de la enfermedad (la inflación) tal cual se muestra y sin preconceptos ni intereses que oscurezcan el objeto analizado. No proceden así, según mi modesto entender, los que opinan con las anteojeras ideológicas marxistas, estatistas y/ o populistas. Para el marxismo, sin importar las circunstancias históricas específicas, la responsable de  la inflación y de todos los males que sufren los trabajadores es la clase capitalista de los empresarios; el Estado burgués conformado por los políticos es sólo el instrumento que legaliza la expoliación y la represión a los expoliados rebeldes.  El populismo, variante ligth del marxismo, sostiene lo mismo salvo  respecto de que el Estado –especialmente, cuando ellos tienen el poder– es el instrumento de los grupos de poder capitalista. Según ambos, el poder político por su lucha a favor del pueblo es una víctima más de los capitalistas que suben los precios en su insaciable afán de lucro. Marxistas y populistas coinciden en que los responsables de la inflación son los poderosos grupos empresarios. Pero hay otra explicación del fenómeno inflacionario y es la que adjudica la responsabilidad total al Estado usurpador, que se inmiscuye  en lo que debieran ser las libres relaciones de intercambio de bienes y servicios entre los ciudadanos. Para entender mejor la cuestión es oportuno definir que, para el liberalismo, los actores de la economía de un país son esencialmente dos: por un lado, los ciudadanos (empresarios y obreros que producen riquezas o servicios por fuera del Estado) y, por el otro, el Estado propiamente dicho; es decir, los políticos que ejercen el poder  de gobierno y su burocracia. Los primeros, que con sus impuestos sostienen a los segundos, en contraprestación deberían tener razonablemente garantizados  sus derechos constitucionales elementales.

Ahora bien y yendo al grano, supongamos el escenario en que los particulares, sean estos albañiles, empresarios sojeros, comerciantes, médicos o lustrabotas, deciden en prodigiosa unanimidad aumentar un cien por cien el precio de sus productos o servicios. Supongamos también que la cantidad de dinero circulante en ese momento es de cien millones de pesos. Pues bien, el efecto matemáticamente necesario y resultante será que la gente sólo podrá comprar la mitad de los bienes que se ofrecen. El dinero no alcanzará para más y, como es obvio, además del consumo repercutirá en una menor demanda de trabajo y de inversión. El Estado debería reaccionar en consecuencia emitiendo cien millones de pesos más para equilibrar  los precios y así salvar de la ruina económica colectiva e individual a los millones enajenados que se las arreglaron para consensuar semejante locura.

Supongamos ahora la situación exactamente inversa. La del Estado que, al mismo tiempo que exige un congelamiento de precios de todos los bienes y servicios de los particulares, emite sin respaldo cien millones de pesos más sobre los otros cien que ya circulan. El resultado de esta simple maniobra de convertir su voluntad en ley es que el Estado (los gobernantes) se quedaría con el cincuenta por ciento de la riqueza de lo producido por los particulares. Ante semejante situación la única manera que tienen los afectados de salvar parte de su propiedad es subir lo antes posible los precios de sus productos y servicios e intentar equilibrarlos proporcionalmente con la emisión monetaria estatal. Muchos economistas llaman a esta decisión de política económica “impuesto inflacionario”. Ello porque de hecho es un pago encubierto que se hace al Estado. Un eufemismo más para no llamar las cosas por su nombre; porque el término que mejor le cabe  al “impuesto inflacionario” es ROBO. Otros que también le cabrían son SAQUEO Y ATRACO ESTATAL.

Los políticos inflacionistas, antes que los gestores de bienestar alguno, son los verdaderos saqueadores de obreros y empresarios y de la ruina económica. Sólo un Estado manirroto e irresponsable puede financiarle a Hebe de Bonafini una universidad o una fundación que se ocupa de construir casas. Pero, eso no es todo; porque todavía hay que soportar el trato de tarados con que nos agrede  el “señor” Capitanich cuando nos llama avaros, inescrupulosos, especuladores y hasta vendepatrias a los que aumentamos los precios del producto de nuestro trabajo o compramos dólares para defendernos de la voracidad saqueadora de los kirchneristas como él.

Nosotros, los vendepatrias y Capitanich, la patria (¡Dios mío! ¿Cuándo me despertaré de esta pesadilla?)

NOTA: Las imágenes y negritas no corresponden a la nota original.