martes, 24 de junio de 2014

DE NUREMBERG A LA ARGENTINA


por el Lic. Jorge P. Mones Ruiz (x)

Después del juicio de Nuremberg, el juez nazi Ernst Janning es visitado en su celda por el Dr. Dan Haywood, uno de los miembros del tribunal que lo condenó.

El ex juez alemán le dice al juez americano: “¡Aquellos millones de personas!, ¡aquella pobre gente!,... ¡jamás supuse que se iba a llegar a eso!”. El juez americano le contesta tranquilamente: “se llegó a eso la primera vez que condenó a muerte a un hombre sabiendo que era inocente”.

Sostuvo en estos días el Tcnl Emilio Nani, respondiendo al artículo periodístico de un amigo: Cuando Alfonsin impulsó los juicios a los Comandantes, en franca violación con el Artículo 18 de la CN, todos aplaudieron (hasta quienes habían alentado a las FFAA a aniquilar al terrorismo). Hoy no sólo se viola el Art. 18, sino -como mínimo- 25 normas jurídicas más, para impulsar los juicios denominados de ‘lesa humanidad’ y todo el mundo mira para otro lado o, lo que es peor, vuelven a aplaudir… Lo del fiscal  (Campagnoli) es apenas una muestra gratis de lo que vienen padeciendo cientos de miembros de las FFAA, de Seguridad, Policiales, Penitenciarias y civiles, por haber participado en la guerra contrarrevolucionaria que liberó a la Nación y a su pueblo del flagelo del terrorismo, en cumplimiento de claras órdenes impartidas por Perón y su mujer, para satisfacer el clamor desesperado de una sociedad que hoy se manifiesta como ingrata, cínica, hipócrita y cobarde…”

Hoy nos sorprendemos en la Argentina por la falta de justicia y el avance del régimen kirchnerista sobre jueces y fiscales, algunos de los cuales parecen “rebelarse” contra el gobierno "nacional y popular" en el accidentado ocaso de su ciclo. Sin embargo, pocos advirtieron que los Kirchner vulneraron la Constitución Nacional (más allá de lo mencionado por Nani) desde 2003, para encarcelar mediante juicios inicuos a civiles y militares por supuestos “crímenes de lesa humanidad”. 

Jueces y fiscales prevaricadores y émulos del Dr. Janning, pruebas y testigos falsos, campaña mediática y dinero de por medio, contribuyeron a construir un relato mendaz sobre nuestra historia reciente y un “caso líder” para un futuro inmediato. El régimen K fue por algunos… y ahora están cumpliendo el “vamos por todos”.


Destacamos que la actitud totalitaria y antidemocrática kirchnerista fue oportunamente denunciada valientemente por algunos miembros de la Justicia que se negaron a formar parte del circo judicial.

El 23 de diciembre de 2008, el Dr. Martín Francisco Gutiérrez, en su carácter de conjuez comparece ante los conjueces del Tribunal Oral de Santa Fe y dice: “…Que en los términos del artículo 56 del CPCCN vengo a excusarme de seguir entendiendo en el carácter de conjuez en la causa antes citada (sobre supuestos crímenes de lesa humanidad) como consecuencia de la violencia moral y psíquica que me embarga, producto de las recientes declaraciones y amenazas, de público y notorio, surgidas desde el mismo seno del Estado Nacional… Como consecuencia de la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal disponiendo el cese de la prisión preventiva de imputados por delitos de lesa humanidad, la propia Presidente de la Nación como el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, el Ministro de Defensa de la Nación y la Diputada Diana Conti, entre otros funcionarios públicos y legisladores, fueron contestes en señalar, entre varias otras expresiones, que quienes tienen la responsabilidad de entender –como el suscripto– en los procesos en los que se investigan delitos de lesa humanidad, y, cuando emiten fallos que resultan contrarios a las pretensiones –condenatorias o de medidas de seguridad- perseguidas por el Estado Nacional, comparten la ideología represiva, favorecen a los represores del genocidio, deben ser, sometidos a jury de enjuiciamiento o a procesos por delitos comunes”.

El jueves 16 de abril de 2009, Paz Rodríguez Neill del diario “La Nación”, publica lo siguiente:


“La Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial, creada por la Corte Suprema y coordinada por las ministras Elena Highton y Carmen Argibay, recibió ayer una dura denuncia contra el Gobierno: 74 jueces nacionales le pidieron que se pronunciara contra el juicio político que promovió la Secretaría de Derechos Humanos contra cinco camaristas de Casación. ‘Estamos ante una grave afectación de la independencia judicial’, dicen los magistrados en su escrito. Acusan al Gobierno de haber montado una ‘persecución’ contra los jueces denunciados, que funciona además como una ‘franca amenaza’ a quienes deban resolver casos similares, y de haberse atribuido ‘la potestad de imponer los únicos fundamentos válidos para resolver cuestiones que, por su naturaleza, les son sometidas a los jueces’.

El 19 de febrero pasado (2009), el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, pidió al Consejo de la Magistratura que iniciara el proceso de destitución de Guillermo Yacobucci, Luis García, Angela Ledesma, Eduardo Riggi y Guillermo Tragant, casi la mitad de los miembros de la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal de la Nación. El motivo: que todos ellos habían accedido a liberar a represores que llevaban varios años detenidos sin condena. Entre ellos, Alfredo Astiz, todavía preso porque tiene varias causas abiertas y condenas internacionales.



‘Hoy es un día de vergüenza para la Argentina, para la humanidad y para nuestro sistema judicial’, dijo la presidenta Cristina Kirchner desde la ESMA cuando se conoció el fallo en favor de Astiz. Al día siguiente Duhalde dijo que los denunciaría.

‘Hay una evidente intención de presionar a los jueces por el contenido de sus sentencias. Esta es la peor manera de atacar la independencia judicial’, dijo ayer el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, que fue quien recibió el pedido de los 74 jueces y lo presentó en la Corte Suprema”, concluye el artículo periodístico.

El Tcnl Nani, con quien coincidimos, dice al final de su escrito: “Las sistemáticas violaciones al Estado de Derecho llevadas a cabo por el aparato político-judicial, con el silencio cómplice de los Campagnolis que sufren los embates de atorrantes como Adler, García Berro, Gils Carbó, Lorenzetti, Highton de Nolasco y el resto de la justicia federal penal, ya se han llevado a la tumba a 244 hombres que dieron todo de sí para que hoy esta sociedad careta pueda disfrutar de la libertad de la que goza (o al menos gozó hasta el 25 de Mayo de 2003), todo a costa de la de ellos y del derramamiento de la sangre de soldados, policías, gendarmes y civiles. Hoy están padeciendo el haber aceptado, en 1984, que el fin justificara los medios. Hasta donde yo sé, el prevaricato es un delito, más allá de toda duda razonable”. 

Como le dijera en Nuremberg el Dr. Dan Haywood al alemán Ernst Janning: “esa fue la primera vez”.

Hoy es una justicia extranjera la que puede poner en riesgo la situación económica-financiera de nuestro país, a través de los fallos del juez estadounidense Thomas Griesa y el accionar de los fondos buitres. Sin embargo, presumo que no son ellos los más peligrosos. Me preocupan los caranchos, loros y pájaros bobos autoctónos, que son los ponen realmente en serio riesgo la continuidad jurídica e histórica de nuestra Nación.

(x) ex Mayor de Caballería



NOTA: Las imágenes no corresponden a la nota original.