sábado, 17 de septiembre de 2016

NULIDAD DEL JUICIO DE LESA HUMANIDAD CREA EXPECTATIVAS PARA LOS PRESOS POLÍTICOS

por Silvio Pedro Pizarro


















El juicio por delitos de lesa humanidad denominado “Megacausa III”, donde se juzgaba a militares, policías y a dos ex jueces por su participación en la última dictadura militar en Santiago del Estero, fue suspendido por la Cámara Nacional de Casación Penal, luego de los planteos realizados por los defensores de varios acusados. Citaremos en especial al abogado Facundo Maggio por su idoneidad y perseverancia en la defensa de los derechos humanos de los ilegalmente procesados

El proceso que empezara el pasado 22 de agosto en el Juzgado Federal de Santiago del Estero fue interrumpido hoy por el Tribunal de Casación, dando lugar a distintos planteos esgrimidos, siendo uno de ellos la participación de los integrantes del TOF (Tribunal Oral Federal) en la organización terrorista ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo).

Dicho tribunal está compuesto por María Alicia Noli, tucumana y reconocida ex militante del ERP con el nombre de “Liliana”, José María Pérez Villalobo, cordobés y también ex miembro del ERP y Juan Ramos Padilla, porteño y que fuera querellante por la APDH en otros juicios de lesa humanidad.

Recordamos que buena parte de la justicia se prestó por espurios intereses al circo de los juicios llevados a cabo con profusa difusión en abierta violación a la Constitución y al Derecho Penal, con el solo objetivo, ordenado por el Ejecutivo de “condenar” a más de 2.000 militares que fueron desfilando por tribunales formados como “comisiones especiales” propias del nazismo. Era el tiempo de la venganza.

Los numerosos reclamos y presentaciones judiciales de organismos de derechos humanos y de juristas y familiares de los presos políticos fueron desoídos, a pesar de que muchos provenían de organismos internacionales. Era algo que se esperaba pues el país se hallaba bajo el imperio de una falsa democracia que durante doce años azotó todas las instituciones con el lema que se hizo público del “vamos por todo”.

Con el advenimiento de un nuevo gobierno surgido de limpias elecciones sopló un aire vivificante que llenó de esperanzas a un pueblo aletargado por la anomia y la corrupción sufrida del avasallante régimen populista.

Las promesas electorales se fueron cumpliendo paulatinamente no obstante la herencia catastrófica con que se encontraron las nuevas autoridades, pero fallaron en el orden de la justicia en forma inexplicable y llamativa, por la gravedad que significó la continuación de la Justicia Legítima y de los numerosos jueces y fiscales que a ella respondían.

La suspensión del juicio de “Megacausa III” es de suma importancia ya que se ha producido a más de ocho meses en que asumió el gobierno y a pesar de las declaraciones del secretario de Derechos Humanos: “La política de memoria y justicia sigue siendo una política de Estado, Somos parte querellante en 225 causas de lesa humanidad. Tenemos muy clara la agenda de derechos humanos porque, como dijo el Presidente los juicios por lesa humanidad son prioritarios.”

Esta política de Estado alegada por el secretario constituye en realidad una persecución que se caracteriza con el tratamiento inhumano a los ancianos y enfermos presos políticos, a los que se les niega permanentemente el derecho a la prisión domiciliaria.

Hay una cuña adentrada en las instituciones gubernamentales muy arraigada en el Poder Ejecutivo: Ministerio de justicia y secretaría de Derecho Humanos y en el Poder Judicial.

El Presidente de la Corte tuvo conocimiento de las irregularidades y prevaricatos ocurridos en el seno de su ámbito y las consintió por causas que no son del caso señalar y sigue teniendo conocimiento de que continúan sucediendo durante el nuevo período gubernamental. A los días iniciales del mismo, declaró en un acto público en presencia del Presidente que los juicios de lesa humanidad eran política de Estado, que no sólo continuarían, sino que serían acrecentados. Acaba de afirmar durante la realización del Foro de Inversiones y Negocios que la Argentina tiene seguridad jurídica, en circunstancias que la continuación de los juicios de lesa humanidad continúan al ritmo impuesto por Justicia Legítima.

Si se analizaran las recusaciones y solicitudes de legal procedencia por la nulidad de los juicios anteriores, se hallaría una gran mayoría de casos similares al actual.

Hay inquietud en el gobierno por la demora en la substanciación de los juicios por corrupción que abundan en grandes cantidades y en importancia y que involucran a la mayoría de ex funcionarios, incluida la ex presidente, y por ello dispuso la realización de auditorías.

Si el plenario del Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad la realización de auditorías en juzgados y tribunales federales con competencia en materia penal de todo el país para analizar el desempeño de cada una de las investigaciones de casos de corrupción, no habría inconveniente en ampliarla a todos los juicios penales relativos a los delitos de lesa humanidad. Dicha revisión contaría con la opinión favorable de muchos jueces y fiscales que por sus antecedentes de probidad y dignidad en el desempeño de sus funciones, prestarían un apoyo inapreciable a la formación de un nuevo estado de derecho respetable y confiable.

Este deseable saneamiento del Poder Judicial traería como consecuencia una serie de juicios políticos de los cuales no podría estar excluido el Presidente de la Corte, pero que contarían con la garantía de imparcialidad y respeto a los derechos humanos que establece la Constitución Nacional y las leyes penales de ella derivadas.

El problema emergente de la nulidad del juicio de la megacausa es muy crítico, debido a que las pruebas invocadas fueron tan claras y determinantes que pusieron en evidencia la impunidad del tribunal al proceder sin el más mínimo cuidado en mostrar su parcialidad. Es importante pues queda claro que hay una confabulación en el Poder Judicial que garantiza la ilegalidad de los procedimientos.

Más que nunca las autoridades nacionales deben investigar las redes que manejan estas irregularidades que han quedado al descubierto. Hay que averiguar quién designa a los jueces que conforman el tribunal, cuando se conocen sus antecedentes que los inhabilitan para integrarlo. Las ilegalidades también consisten en el incumplimiento de las disposiciones del Código de Procedimiento Penal que no se controlan y que son continuamente observadas por los abogados defensores con resultado negativo.

Antes de que se le venga el techo encima, el Presidente debe actuar con firmeza y abandonar su política errática en la materia, desprenderse de funcionarios comprometidos y poner en práctica las promesas electorales.