por Silvio Pedro
Pizarro
El juicio por delitos
de lesa humanidad denominado “Megacausa
III”, donde se juzgaba a militares, policías y a dos ex jueces por su
participación en la última dictadura militar en Santiago del Estero, fue
suspendido por la Cámara Nacional de Casación Penal, luego de los planteos
realizados por los defensores de varios acusados. Citaremos en especial al
abogado Facundo Maggio por su idoneidad y perseverancia en la defensa de los
derechos humanos de los ilegalmente procesados
El proceso que
empezara el pasado 22 de agosto en el Juzgado Federal de Santiago del Estero
fue interrumpido hoy por el Tribunal de Casación, dando lugar a distintos
planteos esgrimidos, siendo uno de ellos la participación de los integrantes
del TOF (Tribunal Oral Federal) en la organización terrorista ERP (Ejército
Revolucionario del Pueblo).
Dicho tribunal está
compuesto por María Alicia Noli, tucumana y reconocida ex militante del ERP con
el nombre de “Liliana”, José María
Pérez Villalobo, cordobés y también ex miembro del ERP y Juan Ramos Padilla,
porteño y que fuera querellante por la APDH en otros juicios de lesa humanidad.
Recordamos que buena
parte de la justicia se prestó por espurios intereses al circo de los juicios
llevados a cabo con profusa difusión en abierta violación a la Constitución y
al Derecho Penal, con el solo objetivo, ordenado por el Ejecutivo de “condenar” a más de 2.000 militares que
fueron desfilando por tribunales formados como “comisiones especiales” propias del nazismo. Era el tiempo de la
venganza.
Los numerosos
reclamos y presentaciones judiciales de organismos de derechos humanos y de
juristas y familiares de los presos políticos fueron desoídos, a pesar de que
muchos provenían de organismos internacionales. Era algo que se esperaba pues
el país se hallaba bajo el imperio de una falsa democracia que durante doce
años azotó todas las instituciones con el lema que se hizo público del “vamos por todo”.
Con el advenimiento
de un nuevo gobierno surgido de limpias elecciones sopló un aire vivificante
que llenó de esperanzas a un pueblo aletargado por la anomia y la corrupción
sufrida del avasallante régimen populista.
Las promesas
electorales se fueron cumpliendo paulatinamente no obstante la herencia
catastrófica con que se encontraron las nuevas autoridades, pero fallaron en el
orden de la justicia en forma inexplicable y llamativa, por la gravedad que
significó la continuación de la Justicia Legítima y de los numerosos jueces y
fiscales que a ella respondían.
La suspensión del
juicio de “Megacausa III” es de suma
importancia ya que se ha producido a más de ocho meses en que asumió el
gobierno y a pesar de las declaraciones del secretario de Derechos Humanos: “La política de memoria y justicia sigue
siendo una política de Estado, Somos parte querellante en 225 causas de lesa
humanidad. Tenemos muy clara la agenda de derechos humanos porque, como dijo el
Presidente los juicios por lesa humanidad son prioritarios.”
Esta política de
Estado alegada por el secretario constituye en realidad una persecución que se
caracteriza con el tratamiento inhumano a los ancianos y enfermos presos
políticos, a los que se les niega permanentemente el derecho a la prisión
domiciliaria.
Hay una cuña
adentrada en las instituciones gubernamentales muy arraigada en el Poder
Ejecutivo: Ministerio de justicia y secretaría de Derecho Humanos y en el Poder
Judicial.
El Presidente de la
Corte tuvo conocimiento de las irregularidades y prevaricatos ocurridos en el
seno de su ámbito y las consintió por causas que no son del caso señalar y
sigue teniendo conocimiento de que continúan sucediendo durante el nuevo
período gubernamental. A los días iniciales del mismo, declaró en un acto
público en presencia del Presidente que los juicios de lesa humanidad eran
política de Estado, que no sólo continuarían, sino que serían acrecentados.
Acaba de afirmar durante la realización del Foro de Inversiones y Negocios que
la Argentina tiene seguridad jurídica, en circunstancias que la continuación de
los juicios de lesa humanidad continúan al ritmo impuesto por Justicia
Legítima.
Si se analizaran las
recusaciones y solicitudes de legal procedencia por la nulidad de los juicios
anteriores, se hallaría una gran mayoría de casos similares al actual.
Hay inquietud en el
gobierno por la demora en la substanciación de los juicios por corrupción que
abundan en grandes cantidades y en importancia y que involucran a la mayoría de
ex funcionarios, incluida la ex presidente, y por ello dispuso la realización de
auditorías.
Si el plenario del
Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad la realización de auditorías
en juzgados y tribunales federales con competencia en materia penal de todo el
país para analizar el desempeño de cada una de las investigaciones de casos de
corrupción, no habría inconveniente en ampliarla a todos los juicios penales
relativos a los delitos de lesa humanidad. Dicha revisión contaría con la
opinión favorable de muchos jueces y fiscales que por sus antecedentes de
probidad y dignidad en el desempeño de sus funciones, prestarían un apoyo
inapreciable a la formación de un nuevo estado de derecho respetable y
confiable.
Este deseable
saneamiento del Poder Judicial traería como consecuencia una serie de juicios
políticos de los cuales no podría estar excluido el Presidente de la Corte,
pero que contarían con la garantía de imparcialidad y respeto a los derechos
humanos que establece la Constitución Nacional y las leyes penales de ella
derivadas.
El problema emergente
de la nulidad del juicio de la megacausa es muy crítico, debido a que las
pruebas invocadas fueron tan claras y determinantes que pusieron en evidencia
la impunidad del tribunal al proceder sin el más mínimo cuidado en mostrar su
parcialidad. Es importante pues queda claro que hay una confabulación en el
Poder Judicial que garantiza la ilegalidad de los procedimientos.
Más que nunca las
autoridades nacionales deben investigar las redes que manejan estas
irregularidades que han quedado al descubierto. Hay que averiguar quién designa
a los jueces que conforman el tribunal, cuando se conocen sus antecedentes que
los inhabilitan para integrarlo. Las ilegalidades también consisten en el
incumplimiento de las disposiciones del Código de Procedimiento Penal que no se
controlan y que son continuamente observadas por los abogados defensores con
resultado negativo.
Antes de que se le
venga el techo encima, el Presidente debe actuar con firmeza y abandonar su
política errática en la materia, desprenderse de funcionarios comprometidos y
poner en práctica las promesas electorales.
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