El juicio por delitos
de lesa humanidad denominado "Megacausa
III" fue suspendido por la Cámara Nacional de Casación Penal
Por Leonel Alberto
Rodríguez para La Naciòn
SANTIAGO DEL ESTERO.-
El juicio por delitos de lesa humanidad denominado "Megacausa III", donde se juzgaba a militares, policías y
a dos ex jueces por su participación en la última dictadura militar en esta provincia,
fue suspendido por la Cámara Nacional de Casación Penal, luego de los planteos
realizados por la defensa de varios acusados.
El proceso que
empezara el pasado 22 de agosto en el Juzgado Federal de Santiago del Estero
fue interrumpido hoy por el Tribunal de Casación, dando lugar a distintos
planteos esgrimidos por los defensores de los procesados, siendo uno de ellos
la participación de los integrantes del TOF (Tribunal Oral Federal) en la
organización terrorista ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo).
Dicho tribunal está
compuesto por María Alicia Noli, tucumana y reconocida ex militante del ERP con
el nombre de "Liliana",
José María Pérez Villalobo, cordobés y también ex miembro del ERP y Juan Ramos
Padilla, porteño y que fuera querellante por la APDH en otros juicios de lesa
humanidad.
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| María Alicia Noli. Foto: LA NACION |
Los tres jueces
fueron recusados con distintas argumentaciones por parte de los defensores de
los acusados, quienes también pidieron que la Cámara de Casación Federal
intervenga en lo que ellos sostienen "un
grave atropello y falta de imparcialidad por parte de los miembros del
TOF".
El abogado Miguel
Ángel Torres, quien asiste legalmente a uno de los acusados, se notificó de la
resolución emitida por la Cámara Nacional de Casación Penal, al tiempo que
acoto que "la misma resolvió
habilitar un recurso de queja de varios defensores, que plantean la recusación
de dos jueces por considerarlos militantes del ERP y por haber sido
querellantes en juicios de lesa humanidad".
Casación remarca que
este fallo tiene "efecto
suspensivo" y que, por lo pronto, no habrá más audiencias hasta que el
alto tribunal penal resuelva la situación de los jueces.
En este juicio se
juzgaba la participación de 45 personas y muchas de ellas ya cargan con
condenas a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad en otros juicios, tal
es el caso de Musa Azar, ex jefe de inteligencia del fallecido ex cinco veces
gobernador de esta provincia Carlos Juárez, como así también Miguel Garbi,
Ramiro López y Juan Bustamante, ex policías e integrantes del grupo de tareas
de Musa Azar.
También son juzgados
ex militares como Cayetano Fiorini, Ramón Herrera y Jorge D'Amico, este último
ex Secretario de Seguridad en el último gobierno del peronista Carlos Juárez,
además de los ex jueces Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo, siendo el doctor
Olmedo presidente del tribunal catamarqueño que juzgó el crimen de María
Soledad Morales en la década del 90'.
Cabe destacar que la
familia del ex juez Olmedo ha presentado distintos certificados médicos que
afirman el riesgo de vida de este por asistir a las audiencias ya que padece
una grave enfermedad "que genera un
deterioro día a día de su ya frágil salud", además que junto a Liendo
Roca "ya fueron sobreseídos en tres
oportunidades distintas por la Cámara Federal de Tucumán y por los mismos
hechos que hoy son juzgados", afirmaron sus familiares a LA NACIÓN.
El abogado del ex
juez Olmedo y del ex militar Fiorini, Facundo Magio, indico que "no existía ni se avizoraba otro
resultado y final que una condena para los acusados e imputados ya que los
jueces que integran el Tribunal fueron militantes del ERP y querellantes en
otras causas de lesa humanidad".
"El caso de Alicia Noli es todo un símbolo, ya que fue integrante del ERP, su nombre de guerra era 'Liliana', su esposo también era del ERP y es un desaparecido de esos años, igual que el juez Villalobos", amplio Magio.
Por último afirmó que "los jueces actúan con desprecio hacia la vida de los imputados. Fiorini tiene 86 años, está ciego y recuperándose de una operación por la extracción de riñón y en plan para ser intervenido del corazón, pero así y todo Noli y Pérez Villalobo revocaron su detención domiciliaria aun con riesgo inminente de muerte".
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