jueves, 2 de febrero de 2017

QUÉ PAÍS RARO EL NUESTRO... Y QUÉ INJUSTO


Debemos ser los únicos en el mundo en que el odio, la venganza, el olvido, la indiferencia, entre otras “virtudes” son los parámetros de nuestros funcionarios de gobierno.

Y me vienen a la memoria dos casos paradigmáticos que sirven para aclarar y fundamentar mi opinión. Dos ilustres letrados del derecho, dos catedráticos reconocidos, dos personas cuyas conductas cívicas han recibido de nuestra sociedad y de nuestras autoridades, dos consecuencias absolutamente diferentes, vergonzosamente opuestas, como premio a sus carreras, concretamente a causa de su participación durante el último gobierno de facto.

Ambos juraron fidelidad al Proceso Militar, ambos fueron funcionarios del mismo, pero llegada la democracia, a uno se lo premia con inmerecidos homenajes, al otro se lo castiga con la cárcel.

Es que en la Democracia argentina, los Derechos Humanos no son tales sino vulgares Privilegios Humanos. Premios, indemnizaciones, homenajes y cargos públicos para los traidores a la Patria. Cárcel para quienes la defendieron y respetaron.

Y a las pruebas me remito, uno de ellos, autor de diversas obras jurídicas, entre ellas el misteriosamente desaparecido de las bateas, bibliotecas y editoriales “Derecho Penal Militar” escrito en 1980 en el cual su autor justificaba la pena de muerte, es el mismo que durante el Gobierno del proceso militar en 1976, como Juez del fuero del crimen, juró fidelidad a los “objetivos básicos” de la dictadura y el “estatuto” con la que ésta reemplazó la Constitución.

Y como frutilla del postre, luego de un vodevilesco salto en el aire con la llegada de la democracia, llegó a la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, pese a poseer departamentos que se utilizaban como “burdeles” facilitando la prostitución, la rufianería y la trata de mujeres….

Hoy, nombrado como Juez de la Corte Interamericana de Derechos, sigue mostrando su absoluta falta de coherencia y no pasa un día sin hacer crítica del actual gobierno.

En cambio otro catedrático, profesor de derecho penal de la Universidad del Salvador, que también tuvo actuación durante el gobierno del proceso militar, como funcionario de la Provincia de Buenos Aires bajo la gobernación del Gral. Ibérico Saint Jean, fue acusado de genocida, se encuentra privado de su libertad, pese a no existir prueba alguna en su contra, pese a sus 82 años, pese a la falta de sentencia y el tiempo transcurrido, pese a la ilegítima aplicación del Estatuto de Roma por supuestos delitos cometidos antes de su sanción y que a la fecha de imputación se encontraban prescriptos. Pese a todo, sigue tras las rejas.

Su situación es una muestra más de lo antedicho, el odio, la venganza, el olvido, la indiferencia, entre otras “virtudes” son los parámetros de nuestros funcionarios.

No hace falta individualizar a los protagonistas de esta triste historia, el delincuente goza de todos los honores, el inocente es enviado a la hoguera

Y nuestras autoridades siguen tirando flores al Rio de la Plata, y las paridoras de asesinos le siguen marcando la cancha al poder ejecutivo…

Dr. Jaime L. Smart: tuve el honor de ser alumno suyo y no olvido su apego y respeto a la justicia, su dedicación a educar. Vaya para Ud. mi solidaridad y deseos de que la justicia toque finalmente su puerta.

Juan Manuel Otero