Debemos ser los
únicos en el mundo en que el odio, la venganza, el olvido, la indiferencia,
entre otras “virtudes” son los
parámetros de nuestros funcionarios de gobierno.
Y me vienen a la
memoria dos casos paradigmáticos que sirven para aclarar y fundamentar mi
opinión. Dos ilustres letrados del derecho, dos catedráticos reconocidos, dos
personas cuyas conductas cívicas han recibido de nuestra sociedad y de nuestras
autoridades, dos consecuencias absolutamente diferentes, vergonzosamente
opuestas, como premio a sus carreras, concretamente a causa de su participación
durante el último gobierno de facto.
Ambos juraron
fidelidad al Proceso Militar, ambos fueron funcionarios del mismo, pero llegada
la democracia, a uno se lo premia con inmerecidos homenajes, al otro se lo
castiga con la cárcel.
Es que en la
Democracia argentina, los Derechos Humanos no son tales sino vulgares
Privilegios Humanos. Premios, indemnizaciones, homenajes y cargos públicos para
los traidores a la Patria. Cárcel para quienes la defendieron y respetaron.
Y a las pruebas me
remito, uno de ellos, autor de diversas obras jurídicas, entre ellas el
misteriosamente desaparecido de las bateas, bibliotecas y editoriales “Derecho Penal Militar” escrito en 1980
en el cual su autor justificaba la pena de muerte, es el mismo que durante el
Gobierno del proceso militar en 1976, como Juez del fuero del crimen, juró
fidelidad a los “objetivos básicos”
de la dictadura y el “estatuto” con
la que ésta reemplazó la Constitución.
Y como frutilla del
postre, luego de un vodevilesco salto en el aire con la llegada de la
democracia, llegó a la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, pese a
poseer departamentos que se utilizaban como “burdeles”
facilitando la prostitución, la rufianería y la trata de mujeres….
Hoy, nombrado como
Juez de la Corte Interamericana de Derechos, sigue mostrando su absoluta falta
de coherencia y no pasa un día sin hacer crítica del actual gobierno.
En cambio otro
catedrático, profesor de derecho penal de la Universidad del Salvador, que
también tuvo actuación durante el gobierno del proceso militar, como
funcionario de la Provincia de Buenos Aires bajo la gobernación del Gral.
Ibérico Saint Jean, fue acusado de genocida, se encuentra privado de su
libertad, pese a no existir prueba alguna en su contra, pese a sus 82 años,
pese a la falta de sentencia y el tiempo transcurrido, pese a la ilegítima
aplicación del Estatuto de Roma por supuestos delitos cometidos antes de su
sanción y que a la fecha de imputación se encontraban prescriptos. Pese a todo,
sigue tras las rejas.
Su situación es una
muestra más de lo antedicho, el odio, la venganza, el olvido, la indiferencia,
entre otras “virtudes” son los
parámetros de nuestros funcionarios.
No hace falta
individualizar a los protagonistas de esta triste historia, el delincuente goza
de todos los honores, el inocente es enviado a la hoguera
Y nuestras
autoridades siguen tirando flores al Rio de la Plata, y las paridoras de
asesinos le siguen marcando la cancha al poder ejecutivo…
Dr. Jaime L. Smart:
tuve el honor de ser alumno suyo y no olvido su apego y respeto a la justicia,
su dedicación a educar. Vaya para Ud. mi solidaridad y deseos de que la
justicia toque finalmente su puerta.
Juan
Manuel Otero
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