La gobernadora María
Eugenia Vidal goza de fuerte aprobación, basada en una imagen de honestidad y
firmeza. Ahora se da la circunstancia de que la Legislatura de la provincia de
Buenos Aires sancionó una ley que obliga a que, en todas sus publicaciones y
actos, cuando se mencione a los desaparecidos se agregue la cifra de 30.000. Es
decir, se impone una nada creíble versión oficial, prohibiendo que se discuta o
publique la verdad, como en los peores regímenes dictatoriales.
Por lo demás, todos
los estudios efectuados demuestran que esa cifra es falsa y que fue inventada
por motivos políticos. Llegó entonces una difícil alternativa para la
gobernadora, quien tendrá que optar entre convalidar el "relato" ficticio o demostrar que su honestidad y su
firmeza son auténticas, vetando esa ley dictatorial.
Roque
A. Sanguinetti
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