Recibimos a través de
todos los medios, nacionales y extranjeros, vehementes reclamos hacia las
autoridades judiciales argentinas por el hecho de mantener en prisión a Milagro
Sala, fundados en que aún no se ha dictado sentencia vulnerando así el constitucional
principio de inocencia.
Por otro lado, como
si fuera basura bajo el felpudo, se silencia a miles de presos políticos,
octogenarios y nonagenarios, de salud quebrantada por la falta de atención
médica, que pasan sus últimos tristes días en prisión, sin que la ley ni la
piedad se acuerden de ellos.
Fueron acusados
aplicando leyes posteriores a los hechos denunciados, basados en pruebas
sospechadas de falsedad, testigos mendaces, fiscales complacientes y jueces
prevaricadores. Se les niega la prisión domiciliaria y suman cientos los
muertos en prisión.
Llevan lustros
detenidos sin sentencia, pero ni funcionarios ni periodistas se sorprenden.
Sobre su injusta
situación resulta llamativo el cobarde silencio de autoridades nacionales y
extranjeras que se llenan la boca con el caso Sala. Si hasta el Secretario
General de la OEA, don Luis Almagro ha declarado que “El sistema político no puede declarar
culpable a Milagro Sala”.
Esta situación
resulta tan vergonzosa que uno de los ejes de la campaña presidencial del Ing.
Macri fue “acabar con el curro de los Derechos Humanos”.
Sin embargo, seguimos
comprobando que existen dos Argentinas muy diferentes una de otra, una que
homenajea y premia a los terroristas y castiga a educadores que osan divulgar
la verdadera historia y otra que supone inocentemente que los Derechos Humanos
deben ser gozados por todos los argentinos.
Juan
Manuel Otero
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