Así como la sociedad
expresó su inquietud por el caso Muiña, debería preocupar también el olvido del que gozan los delitos del
terrorismo guerrillero
El fallo de la Corte
Suprema de Justicia que declaró la aplicación del llamado "dos por uno" para el cómputo de pena en beneficio de un
represor condenado a 13 años de prisión en 2011 por delitos de lesa humanidad
provocó una tormenta política y la reacción adversa de gran parte de la
sociedad.
Un mínimo de decencia
obliga a señalar la asimetría entre el "ni
olvido ni perdón" a quienes cometieron
delitos aberrantes con la fuerza del Estado y el olvido y el perdón de los que
han disfrutado otros violentos que empuñaron armas, pusieron bombas, torturaron
y mataron a sangre fría invocando el socialismo nacional, y que hoy no
gozan del "dos por uno",
sino de una infinita impunidad.
Beneficiados por la
prescripción de sus delitos, conforme al fallo "Lariz Iriondo" de la Corte Suprema de Justicia en 2005,
que negó carácter de "lesa
humanidad" a los actos terroristas por no haber sido ejecutados desde
el Estado, aquellos violentos, muchas
veces confesos, gozan de libertad y reciben trato deferente: algunos han progresado
como hombres de negocios, otros ocupan cátedras universitarias y otros más son
pacíficos abuelos que escriben sus memorias en la paz de sus hogares.
Sembrar
el terror en la población recurriendo a los atentados, los secuestros y la
muerte está prohibido desde 1949 por el derecho
humanitario internacional, sin excepción alguna, salvo en la República Argentina, donde los autores de crímenes como
los cometidos en la estación de Atocha, las Torres Gemelas y el semanario
Charlie Hebdo o las matanzas de Ejército Islámico (EI) serían tratados como
víctimas inocentes de la sociedad capitalista.
El 1° de diciembre de
1974, en pleno gobierno constitucional, terroristas del Ejército Revolucionario
del Pueblo (ERP) asesinaron por la espalda a María Cristina Viola, de 3 años, y
a su padre, el capitán Humberto Viola, e hirieron gravemente a María Fernanda
Viola, de 5. Los gritos desesperados de María Cristina Picón de Viola,
embarazada de cinco meses, no los detuvieron. Como lo exigía el Che Guevara, actuaron como frías y selectivas
máquinas de matar, imbuidos de un odio intransigente al enemigo.
Francisco
Antonio Carrizo, José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador y Fermín Ángel Núñez
fueron detenidos y condenados por estos crímenes de lesa humanidad. No
cumplieron íntegramente su condena a reclusión perpetua. Fueron indultados por
el decreto 1003/89, firmado por Carlos Menem y su ministro de Defensa, Ítalo
Argentino Luder.
En días en que el
país ha debatido intensamente la posibilidad de aplicar la ley del "dos por uno" a determinados
delitos, es oportuno que los argentinos nos
preguntemos si resulta justo que los
asesinos de la familia Viola, como los de tantas otras víctimas inocentes,
hayan quedado libres, amparados por un manto de silencio e impunidad.
También agravian el más simple sentido de justicia los asesinatos y las
desapariciones perpetrados por grupos paramilitares como la Triple A, creada
por el siniestro José López Rega, descollante ministro del peronismo fascista y
cruel de los años previos a la dictadura militar.
Debería ser todo esto
tenido en cuenta también cuando, en multitudinarios actos, organizaciones de
derechos humanos, dirigentes políticos y ciudadanos de a pie reclaman a los
jueces "nunca más un genocida
suelto".
Ante la negativa de
la Justicia a reabrir la investigación para juzgar a otros autores directos y
mediatos, la viuda de Viola denunció al Estado argentino ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos por haber violado el derecho a la igualdad
ante la ley, diversas garantías judiciales y el artículo 3 de las Convenciones
de Ginebra de 1949, que establece que no se puede atacar ni atentar contra
civiles inocentes en ningún tipo de conflicto armado. La comisión ha notificado
que se encuentra evaluando la denuncia.
Elisa Carrió acaba de
advertir que hay un avance del derecho internacional cada vez más fuerte que
quiere declarar delitos de lesa humanidad los delitos de terrorismo, no sólo
del Estado. No ignora la diputada que a partir del fallo Tadic, dictado por el
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, ya no es posible sostener
que para que exista un crimen de lesa humanidad debe mediar participación
estatal; actores no estatales pueden ser también posibles autores de ese tipo
de crímenes. Ello por sí solo basta para poner en crisis el argumento que
apresuradamente sostiene que están prescriptos los crímenes de la guerrilla.
Además, se ha
demostrado, en las causas Larrabure y Viola, que el terrorismo guerrillero fue
de Estado, por haber contado con el apoyo, el entrenamiento y el financiamiento
de Cuba, lo que torna directamente aplicable la jurisprudencia fijada en las
causas Arancibia Clavel y AMIA, considerando crímenes de lesa humanidad los
asesinatos y/o atentados planificados por un Estado extranjero y cometidos en
nuestro país.
Ha quedado probada
también en tales causas la complicidad de gobernadores con la acción de la
guerrilla, complicidad que fue
denunciada por el entonces presidente Juan Domingo Perón luego del ataque del
ERP al regimiento de Azul, oportunidad en que convocó a las distintas fuerzas
políticas a defender la república, alertando que no por casualidad hechos de
esa naturaleza ocurrían en determinadas jurisdicciones.
No cabe entonces
atenuar la gravedad de los crímenes llevados a cabo por los grupos
guerrilleros. La historia demuestra que también fueron cometidos con apoyo
estatal.
Si la decisión es
juzgar, debe juzgarse también a aquellos que, aborreciendo la democracia, se
arrogaron el derecho de matar cuando la Argentina tenía sólo un 4% de pobres,
un derecho que veladamente muchos justifican apelando a una diferencia
inexistente.
El pasado 24 de
marzo, organizaciones que deberían defender los derechos humanos de todos
reivindicaron la sangrienta militancia del terrorismo guerrillero. Desde la
izquierda revolucionaria hay quienes aún reivindican la violencia como forma de
acción política, idealizando la acción de grupos como ERP y Montoneros. Muchos jueces, fiscales y dirigentes
políticos y religiosos han permanecido impasibles frente a esa irracional
apología del delito, pese a que, como lo admitió el ex montonero Luis
Labraña, de haber triunfado, la
guerrilla habría generado una masacre fusilando como en la España de Franco o
como en la Rusia de Stalin.
NOTA:
Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
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