martes, 16 de mayo de 2017

DEL "DOS POR UNO" A LA INFINITA IMPUNIDAD

Así como la sociedad expresó su inquietud por el caso Muiña, debería preocupar también el olvido del que gozan los delitos del terrorismo guerrillero


El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la aplicación del llamado "dos por uno" para el cómputo de pena en beneficio de un represor condenado a 13 años de prisión en 2011 por delitos de lesa humanidad provocó una tormenta política y la reacción adversa de gran parte de la sociedad.

Un mínimo de decencia obliga a señalar la asimetría entre el "ni olvido ni perdón" a quienes cometieron delitos aberrantes con la fuerza del Estado y el olvido y el perdón de los que han disfrutado otros violentos que empuñaron armas, pusieron bombas, torturaron y mataron a sangre fría invocando el socialismo nacional, y que hoy no gozan del "dos por uno", sino de una infinita impunidad.


Beneficiados por la prescripción de sus delitos, conforme al fallo "Lariz Iriondo" de la Corte Suprema de Justicia en 2005, que negó carácter de "lesa humanidad" a los actos terroristas por no haber sido ejecutados desde el Estado, aquellos violentos, muchas veces confesos, gozan de libertad y reciben trato deferente: algunos han progresado como hombres de negocios, otros ocupan cátedras universitarias y otros más son pacíficos abuelos que escriben sus memorias en la paz de sus hogares.


Sembrar el terror en la población recurriendo a los atentados, los secuestros y la muerte está prohibido desde 1949 por el derecho humanitario internacional, sin excepción alguna, salvo en la República Argentina, donde los autores de crímenes como los cometidos en la estación de Atocha, las Torres Gemelas y el semanario Charlie Hebdo o las matanzas de Ejército Islámico (EI) serían tratados como víctimas inocentes de la sociedad capitalista.


El 1° de diciembre de 1974, en pleno gobierno constitucional, terroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) asesinaron por la espalda a María Cristina Viola, de 3 años, y a su padre, el capitán Humberto Viola, e hirieron gravemente a María Fernanda Viola, de 5. Los gritos desesperados de María Cristina Picón de Viola, embarazada de cinco meses, no los detuvieron. Como lo exigía el Che Guevara, actuaron como frías y selectivas máquinas de matar, imbuidos de un odio intransigente al enemigo.


Francisco Antonio Carrizo, José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador y Fermín Ángel Núñez fueron detenidos y condenados por estos crímenes de lesa humanidad. No cumplieron íntegramente su condena a reclusión perpetua. Fueron indultados por el decreto 1003/89, firmado por Carlos Menem y su ministro de Defensa, Ítalo Argentino Luder.

En días en que el país ha debatido intensamente la posibilidad de aplicar la ley del "dos por uno" a determinados delitos, es oportuno que los argentinos nos preguntemos si resulta justo que los asesinos de la familia Viola, como los de tantas otras víctimas inocentes, hayan quedado libres, amparados por un manto de silencio e impunidad. También agravian el más simple sentido de justicia los asesinatos y las desapariciones perpetrados por grupos paramilitares como la Triple A, creada por el siniestro José López Rega, descollante ministro del peronismo fascista y cruel de los años previos a la dictadura militar.

Debería ser todo esto tenido en cuenta también cuando, en multitudinarios actos, organizaciones de derechos humanos, dirigentes políticos y ciudadanos de a pie reclaman a los jueces "nunca más un genocida suelto".

Ante la negativa de la Justicia a reabrir la investigación para juzgar a otros autores directos y mediatos, la viuda de Viola denunció al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber violado el derecho a la igualdad ante la ley, diversas garantías judiciales y el artículo 3 de las Convenciones de Ginebra de 1949, que establece que no se puede atacar ni atentar contra civiles inocentes en ningún tipo de conflicto armado. La comisión ha notificado que se encuentra evaluando la denuncia.

Elisa Carrió acaba de advertir que hay un avance del derecho internacional cada vez más fuerte que quiere declarar delitos de lesa humanidad los delitos de terrorismo, no sólo del Estado. No ignora la diputada que a partir del fallo Tadic, dictado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, ya no es posible sostener que para que exista un crimen de lesa humanidad debe mediar participación estatal; actores no estatales pueden ser también posibles autores de ese tipo de crímenes. Ello por sí solo basta para poner en crisis el argumento que apresuradamente sostiene que están prescriptos los crímenes de la guerrilla.

Además, se ha demostrado, en las causas Larrabure y Viola, que el terrorismo guerrillero fue de Estado, por haber contado con el apoyo, el entrenamiento y el financiamiento de Cuba, lo que torna directamente aplicable la jurisprudencia fijada en las causas Arancibia Clavel y AMIA, considerando crímenes de lesa humanidad los asesinatos y/o atentados planificados por un Estado extranjero y cometidos en nuestro país.


Ha quedado probada también en tales causas la complicidad de gobernadores con la acción de la guerrilla, complicidad que fue denunciada por el entonces presidente Juan Domingo Perón luego del ataque del ERP al regimiento de Azul, oportunidad en que convocó a las distintas fuerzas políticas a defender la república, alertando que no por casualidad hechos de esa naturaleza ocurrían en determinadas jurisdicciones.

No cabe entonces atenuar la gravedad de los crímenes llevados a cabo por los grupos guerrilleros. La historia demuestra que también fueron cometidos con apoyo estatal.

Si la decisión es juzgar, debe juzgarse también a aquellos que, aborreciendo la democracia, se arrogaron el derecho de matar cuando la Argentina tenía sólo un 4% de pobres, un derecho que veladamente muchos justifican apelando a una diferencia inexistente.

El pasado 24 de marzo, organizaciones que deberían defender los derechos humanos de todos reivindicaron la sangrienta militancia del terrorismo guerrillero. Desde la izquierda revolucionaria hay quienes aún reivindican la violencia como forma de acción política, idealizando la acción de grupos como ERP y Montoneros. Muchos jueces, fiscales y dirigentes políticos y religiosos han permanecido impasibles frente a esa irracional apología del delito, pese a que, como lo admitió el ex montonero Luis Labraña, de haber triunfado, la guerrilla habría generado una masacre fusilando como en la España de Franco o como en la Rusia de Stalin.


NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.