En días recientes el Señor Presidente (quien es
el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas)
y su Ministro de Defensa, han enunciado diversas medidas que
apuntan a modificar tanto las tareas
como la estructura de las Fuerzas Armadas argentinas.
En lo que hace a las
tareas, el Presidente anunció la intención de asignar militares para dar apoyo
logístico a las tareas de control del narcotráfico en la frontera norte y para
custodiar objetivos estratégicos. Para ello emitió un Decreto que modifica otro
del anterior gobierno que limitaba en forma taxativa la participación de las
FFAA a actuar ante ataques de ejércitos extranjeros.
En lo que respecta al
Ministro de Defensa ha expresado en forma pública que la intención es conformar
un ejército “liviano” sin
tanques ni cañones ya que esos elementos
responden a la estructura de conflictos del pasado. Esto significa también
reducir el tamaño de la fuerza y agrupar
y cerrar cuarteles.
Comenzando por el
primer punto, o sea las tareas, la Ley de Seguridad Interior prevé en su Título
V Artículo 27 el empleo de servicios de
la Fuerzas Armadas en apoyo de las
Fuerzas de Seguridad a requerimiento del Comité de Crisis, proveyendo
Transporte, Comunicaciones, Construcciones
y otros elementos logísticos. Esta disposición torna lícito el
empeñamiento en dichas tareas de las fuerzas militares, dados los supuestos
establecidos en la ley y el pedido del mencionado Comité de Crisis. Sin
embargo, en la ejecución de esas tareas, particularmente las de transporte, no
es descartable que los efectivos militares se vean envueltos en situaciones que
requieran el empleo de sus armas en forma defensiva. Debido a ello deberán
tener reglas de empeñamiento que especifiquen en forma clara y precisa en qué
casos y con qué intensidad pueden usar su armamento y ello debe ser refrendado
por la autoridad política responsable.
La cuestión de la
custodia de objetivos estratégicos plantea una situación diferente ya que la
Ley de Defensa 23554 en su artículo 31 la asigna a las Fuerzas de seguridad y
el reciente Decreto 683/2018 la extiende a las Fuerzas Armadas. Esta tarea requiere de acciones efectivas en
caso de que un grupo de cualquier naturaleza pretendiera infiltrarse, ocupar o
destruir un objetivo considerado estratégico como puede ser, por ejemplo, una
central nuclear o una represa, cuya afectación podría acarrear consecuencias
catastróficas.
La Fuerzas militares
en custodia de tales objetivos deberán usar el armamento reglamentario del que
están provistas, que es de naturaleza letal, siendo susceptibles de sufrir e
infligir bajas a quien pretendiere actuar contra el objetivo custodiado.
Una vez más, los
responsables políticos del empleo de fuerzas militares en tales menesteres
deberán establecer y firmar reglas de empeñamiento muy claras para evitar
consecuencias jurídicas al personal abocado a dichas tareas de custodia.
Deberán contemplarse
también alternativas para el supuesto de intentos de tomas pacíficas por parte,
por ejemplo, de militantes ecológicos o
grupos en protesta gremial, ya que las FFAA no cuentan reglamentariamente con
elementos disuasivos y represivos como balas de goma, cañones hidrantes o
similares.
Más serias y
preocupantes resultan las afirmaciones ministeriales respecto a la naturaleza del conflicto en la
actualidad y a la intención de basarse en dichas presunciones para diseñar un
ejército “liviano”.
El señor Ministro,
quien es uno de los funcionarios que debería tener más conocimientos acerca de
la Defensa, no puede ignorar que desde hace décadas el concepto de amenaza lo
aplican los Estados a actores externos o internos que tienen capacidad de hacer
daño e intención hostil. Sin embargo, dado que las capacidades tardan años en
obtenerse o recuperarse, y que la intención puede cambiar en semanas, días o
aun horas a partir de un incidente, un
cambio de gobierno o un golpe de Estado, ningún gobierno sensato elimina
unilateralmente sus capacidades ante el riesgo de crear peligrosos desbalances
regionales. De hecho, el señor Ministro
puede comprobar que nuestros vecinos como Chile y Brasil, a pesar de nuestras buenas
intenciones, mantienen sus ejércitos “pesados”
y actualizan e incrementan sus capacidades en términos de fuerzas motorizadas y
poder de fuego.
Tampoco se puede
ignorar en materia de hipótesis de conflicto que una potencia extranjera -Gran
Bretaña- mantiene ocupados territorios insulares nacionales cuya recuperación
constituye un objetivo “permanente e
irrenunciable” según la cláusula Transitoria Primera de nuestra
Constitución. Esa potencia explota al presente recursos renovables y no
renovables, tales como la pesca y los hidrocarburos, y los protege por la
fuerza mediante el despliegue de tropas, buques de guerra, aviones de combate,
misiles defensivos y milicias, además de ejercer un control efectivo por mar y
aire de nuestra Zona Económica Exclusiva alrededor de las islas ocupadas. Ignorar
este conflicto y proponer una disminución aun mayor de nuestra ya menguada
capacidad de defensa y disuasión, es una actitud de mirada corta y que entraña
graves riesgos e ignora un conflicto real.
Dadas estas
cuestiones planteadas, que los expertos de Defensa que asesoran al gobierno no
pueden ignorar, nos queda como conclusión que el achicamiento de nuestro poder
militar realizado de hecho durante el anterior gobierno por estrangulación
presupuestaria, ahora se propone hacer de derecho, a partir de supuestos
teóricos carentes de solidez argumental y fáctica.
El objetivo final de
la disminución de recursos humanos, el cierre de unidades y la venta de
terrenos y campos de adiestramiento no parece ser otro que concretar un ajuste
presupuestario disimulado, resaltando la importancia de la ejecución de tareas
subsidiarias y formulando teorías aventuradas sin poder negar el debilitamiento
de la capacidad de defensa de la nación que tal ajuste genera.
La síntesis de
nuestra opinión es que las tareas subsidiarias propuestas pueden ejecutarse con
una firme y cuidadosa asunción de responsabilidades por parte del poder
político y que las modificaciones en la estructura de las Fuerzas Armadas deben
ser tendientes a aumentar antes que a disminuir sus menguadas capacidades y su
magro e insuficiente presupuesto actual.
Juan
Carlos Neves
Primer Secretario
General de Nueva Unión Ciudadana
Presidente de la
Comisión de Defensa de ENCENDER (Encuentro de Centro Derecha)
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