Por Mauricio Ortín
29 de julio de 2018
El proyecto de
reforma del rol de las Fuerzas Armadas Argentinas tiene sus bemoles. Al
respecto, hay que decir que en la década del ’70 y por orden del gobierno
constitucional de entonces, las FF.AA. cumplieron la misión encomendada de “aniquilar” la agresión terrorista. El
gobierno de María Martínez de Perón puso como justificativo el que las fuerzas
policiales habían sido desbordadas por la magnitud del ataque subversivo. El
decreto, además, ordenaba que las Fuerzas de Seguridad (nacionales y provinciales)
más el Servicio Penitenciario quedaban bajo el mando de las FF.AA. Dicha orden
se dio bajo el supuesto de que los hombres que desarrollarían las acciones
estaban cubiertos por el Código de Justicia Militar y los jueces castrenses.
Así debió ser, pero no fue. Pues, en una clara violación de la Constitución
Nacional y de los principios universales del derecho, se juzgó a los que
participaron en la represión del terrorismo con la justicia federal ordinaria.
Los políticos enviaron a los militares a matar y luego condenaron por haber
matado. Después de cuarenta años, ¿se repetirá la historia? ¿Quién les
garantiza a los militares que en esta ocasión no serán nuevamente traicionados
por los políticos y que el código de justicia militar será el que evalué las acciones
bélicas? La palabra del presidente Macri, del gobierno todo y de la oposición
en este caso, no vale NADA. Y ello porque el gobierno de Macri actualmente
avala los “juicios de lesa humanidad” en
los que jueces civiles, inconstitucionalmente, juzgan a los militares que
intervinieron en los hechos de guerra de los años ’70. Pero no sólo avala sino
que, además, Macri, por intermedio de la Sec. de DD.HH. de la Nación, se
constituye en querellante de los acusados. ¿Quién garantiza que el abatimiento
de un terrorista no será visto como crimen de lesa humanidad? ¿Acaso, el que
hoy querella militares?
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