Con respecto
al Decreto que habilita a enviar personal militar a distintos lugares del país
para intervenir en la lucha contra el narcoterrorismo, asumo que dicho personal
irá con su armamento correspondiente y que si las circunstancias se presentan,
estarán obligados a utilizarlas. En ese caso, me atrevo a sugerirle a los
Señores Jefes de los Estados Mayores de las FFAA que, antes de cumplir la orden
y desplazar personal con armas, hagan una visita junto con el Presidente de la
Nación y el Ministro de Defensa, a los Institutos Penales de Ezeiza, Campo de
Mayo y todos los otros lugares del país donde los jóvenes oficiales y suboficiales
de la década del 70, hoy todos ellos septuagenarios y octogenarios están
purgando haber cumplido órdenes semejantes dictadas por una LEY, (no un Decreto)
emanada por un gobierno constitucional para aniquilar a las bandas de delincuentes
terroristas.
Hablen con
ellos. Algunas respuestas encontrarán. Por último me formulo algunas preguntas:
a) Quién les
dará al personal la seguridad jurídica sobre el accionar de quienes se vean
obligados a entrar en acción sin Inteligencia previa tanto sobre la zona de operaciones
como del posible enemigo a enfrentar y sin el «paragua» de un Código de Justicia
Militar (reemplazado hoy por un «Reglamento de disciplina»)?
b) Querrán las
actuales Autoridades Políticas y Militares sentir mañana sobre sus espaldas la
responsabilidad de haber sido causantes de la pérdida de libertad de quienes son
hoy sus subordinados?
Considero que
esto es, por lo menos, para meditarlo.
Héctor de Pirro
Capitán de
Navío (RE)
FUENTE: Tiempo Militar
Año XXV - Número 334.
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