Editorial
“…los
integrantes de esos grupos terroristas se mantienen impunes y han recibido
cuantiosas indemnizaciones, e incluso han llegado a ocupar cargos de gobierno,
pese a la enormidad de sus repudiables conductas. Entre 2011 y 2016, las
indemnizaciones sumaron algo más de 4000 millones de dólares. Se estima que en
total, desde el inicio y hasta que se satisfagan todos los reclamos, alcanzarán
11.200 millones de dólares. Para continuar lo que alguien denominó “el curro de
los derechos humanos”, aún hay varios miles de solicitudes bajo análisis.
Mientras
tanto, desde que se llevó a cabo la anulación de las leyes de obediencia debida
y punto final, se impulsaron y se continúan abriendo cientos de causas
judiciales contra miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, así como
también civiles.”
Con estos párrafos
finales, concluía su nota editorial el diario La Nación del viernes 16 de
diciembre de 2017. La administración Macri acababa de lanzar su Plan Nacional
de Derechos Humanos 2017-2020 que daba por tierra, definitivamente, con la
promesa de campaña de “terminar con el
curro de los DDHH”.
Nada ha cambiado
desde entonces, con excepción de dos actos de involución manifiesta por parte
de la Corte Suprema de la Nación, ambas negando derechos constitucionales a los
juzgados por causas de “lesa humanidad”.
Está debidamente
demostrado que a pocos importa que el propio sistema judicial argentino
funcione precariamente y –en especial contra quienes se enfrentaron a las
bandas terroristas que sembraron el caos y la muerte desde 1964 a 1989– contra
los propios derechos y garantías establecidos claramente en nuestra
Constitución Nacional. Tampoco parece preocupar al argentino común, que por
imperio de ese injusto, perverso y silenciado sistema, más de medio millar de
militares, gendarmes, prefectos, policías, penitenciarios, funcionarios
judiciales, civiles y sacerdotes hayan muerto en paupérrimas condiciones de
arresto, sin la debida atención médica, olvidados por sus conciudadanos, por
sus pastores y por sus propios camaradas y colegas. Ni los cientos que soportan
prolongadísimos excesos de prisiones preventivas, aguardando juicios que –como
modernas miniseries– se entregan por capítulos, transformando en costosas
pesadillas los últimos años de veteranos que son indagados, acusados y procesados
por hechos ocurridos hace más de cuatro décadas, sin pruebas suficientes, con
testigos preparados en institutos y organismos oficiales, con recursos
públicos.
Todo eso lo conocemos
muy bien. Forma parte de la anomia, el desinterés y el individualismo que
caracteriza a esta etapa de la vida de los argentinos.
¿Pero conoce el
ciudadano de a pie cuánto le está costando y le seguirá costando al país este
mamarracho jurídico donde se mezclan las ideologías, el espíritu de venganza y
la codicia más vil? Los casi u$s 12 mil millones son restados a la educación, a
la salud, a la seguridad. Pocos reparan que esa cifra es superior a la recibida
hace horas desde el FMI, como un salvavidas de último momento para frenar el
aumento del dólar y su consiguiente efecto inflacionario. Ese caudal de dinero
sale de las arcas públicas: lo pagamos todos.
No se trata ya de
darnos lo mismo que un miembro de una monarquía lejana y desconocida, tire
flores al Río de la Plata en un acto infame –por su esencial estafa– en el que
casi nadie se detiene a observar. Es ni más ni menos que un enorme negociado
que va mucho más allá de los dementes objetivos terroristas de los 70’. Ahora
les ha gustado nuestro dinero. Es mucho más atractivo que poner bombas o matar
a un vigilante para quedarse con su placa y su pistola.
¿Sabrán eso los
organismos financieros internacionales? ¿Conocerán en qué se gasta el dinero
argentino quienes pretenden invertir en el país? No es gratis el incumplir
promesas de campaña. Más cuando está en juego la vida de los compatriotas y el
patrimonio nacional.
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