Una reciente ley de
la provincia de Buenos Aires pretende oficializar la cifra de los supuestos
30.000 desaparecidos en el último gobierno militar. Dicho número contradice el
informe oficial de la Conadep, que arrojó un número inferior a 8000, cifra esta
última, confirmada recientemente por dirigentes de ideologías muy diversas.
Pero, además, la citada ley es parte de la grosera tergiversación de la
realidad, generada por el gobierno anterior, que, en su afán de imponer un
pensamiento único, olvidó a las miles de víctimas del terrorismo apátrida, el
que se alzó también contra un gobierno constitucional entre 1973 y 1976
(gobierno éste que, a su vez, ordenó en 1975 aniquilar el accionar de la
subversión terrorista en la Argentina). Todo ello agraviando la verdad
histórica mediante una memoria sesgada, consecuencia de la cual son los
cuantiosos presos políticos, muchos de ellos muertos en cautiverio u hoy aún
encarcelados en nuestro país. En tanto, aquellos terroristas que se alzaron en
armas contra la Nación disfrutan de su libertad, obtenida con un criterio
ideológico parcial y contrario a la legislación internacional, además de verse
beneficiados por significativas indemnizaciones que no han recibido, en cambio,
las víctimas del terrorismo.
Ricardo
R. Balestra
Diputado nacional
(MC)
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