UN
PAÍS QUE NO SABE LO QUE QUIERE
La Argentina vive en un
permanente circuito de hacer y deshacer. Las leyes de obediencia debida y punto
final fueron votadas por nuestro Congreso y años después, el mismo Congreso las
declaró inexistentes, cosa rara en el derecho que conocemos en Occidente. La
Corte Suprema las declaró constitucionales y años después inconstitucionales.
Pasó algo parecido con el "dos por uno" que tanto revuelo ha desatado
en parte de la ciudadanía. La conclusión que uno saca de estos pocos ejemplos
es que nuestro país es institucionalmente inestable y su sociedad,
emocionalmente inestable.
Después de generaciones
de alabar a Cristóbal Colón por la hazaña de su descubrimiento, hoy resulta que
es un genocida. El general Roca, que era un estadista que consolidó la
geografía actual del país, homenajeado en los billetes de 100 pesos que lleva
su imagen, también es un genocida. El Che Guevara, de asesino serial pasa a ser
héroe y lo ponemos en las estampillas.
País sin rumbo, sin
estabilidad y sin seguridad jurídica, con una sociedad que no sabe qué es lo
que quiere, excepto salvarse a sí misma a costa de quien sea. Así no se puede
construir un país desarrollado, moralmente sano y socialmente justo. Este
círculo vicioso de hacer y luego deshacer configura una situación que hace inviable
a nuestro país como Estado moderno.
Florencio
Olmos
DNI 5.941.080
CUMPLIR
CON LA LEY
Nuestro país ratificó
el Estatuto de Roma (1998) cuya vigencia corre desde enero de 2001, habiendo
sido reglamentado recién en 2007. Dicho Estatuto crea la figura de los crímenes
de lesa humanidad, que hasta ese momento no existían y establece que los únicos
delitos que no prescriben son los de la competencia de la Corte y que, para
determinar esa competencia, debe tratarse de hechos ocurridos después de la
entrada en vigor del Estatuto. Su implementación fija que ninguno de los
delitos previstos en ese instrumento puede ser aplicado en violación del
principio de legalidad consagrado en el artículo 18 de nuestra ley fundamental,
que reza que "ningún habitante de la
Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del
proceso". No existe absolutamente ninguna duda sobre la imposibilidad
de aplicar esa normativa a acciones llevadas a cabo en la década del 70. En la
sentencia de condena del célebre juicio a las juntas militares, la Cámara
Federal jamás mencionó los crímenes de lesa humanidad y ello, por la sencilla
razón de que, a la sazón, no existían. Como claramente podemos ver, todos los
hechos que se ventilan en los tribunales federales y que mantienen privadas de
su libertad en paupérrimas condiciones de hacinamiento a alrededor de 2000
personas, con 404[1]
muertos, se refieren a sucesos ocurridos en la década del 70, muchísimos años
antes de que viera la luz el vapuleado Estatuto de Roma y, consecuentemente,
sin ninguna posibilidad legal de que el mismo sea aplicado en ninguno de esos
casos. Todo está prescripto, aun teniendo en cuenta la letra del Estatuto. La
libertad es la única solución legal para este gravísimo entuerto.
Qué sentido tiene
discutir en esos casos la ley del "dos
por uno" de la manera brutal en que se lo está haciendo en los medios,
debates en los cuales lo único que afloran son viejos resentimientos a costa de
los cuales se pretende vulnerar la ley. Tampoco resiste el menor análisis la
detención del teniente coronel Emilio Nani, ordenada hace pocos días por un juez
federal de Mar del Plata, por supuestos hechos acaecidos hace 40 años. Y,
finalmente, tampoco y por esas mismas normas, debo decirlo, se podrá llevar a
juicio a los responsables de las organizaciones guerrilleras que protagonizaron
los sangrientos atentados y secuestros en aquella época. Nos guste o no nos
guste, se debe cumplir con la ley.
Francisco
García Santillán
DNI 10.661.522
[1] 410
al día de la fecha, dadas sus avanzadas edades y enfermedades propias de la
vejez cada vez son más seguidas las muertes en prisión.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
No dejar comentarios anónimos. Gracias!