Por Mauricio Ortín
Centro de Estudios
Salta
El titular de la
Fiscalía Federal de Río Grande Marcelo Alejandro Rapoport requirió la detención
y las declaraciones indagatorias de 26 militares en la causa donde se
investigan los supuestos crímenes "contra
la humanidad" que se habrían cometido en contra de conscriptos
argentinos durante la Guerra de Malvinas. En todos los países civilizados del
mundo existe un código de justicia militar que rige exclusivamente para los
miembros de las Fuerza Armadas, dada la situación especial en que se
desarrolla esta profesión. La Argentina
es una de las pocas excepciones a esta regla gracias a que en el año 2008 el
Senado de la Nación sancionó, por unanimidad de los 60 senadores presentes, la
ley que derogó dicho código.
Especialmente en la
guerra, pero también en la paz, la institución militar se rige por una
disciplina de hierro cuya base es la obediencia al superior en ausencia de la
cual un ejército deja de ser tal, es decir, totalmente inutilizado para su fin
específico.
Dado que en los
últimos 15 años los tres poderes de la república han hecho todo lo que estuvo a
su alcance para destruir, material y moralmente a las FF.AA., a nadie sorprende
el pedido del fiscal Rapoport para la detención
de oficiales y suboficiales que pelearon en Malvinas. El hecho de que durante
la Guerra de Malvinas rigiera el Código de Justicia Militar para los que
estaban en el frente es anecdótico porque, como se ha visto hasta el hartazgo
en los juicios de lesa humanidad, cuando las leyes lesionan al reo se pueden
aplicar de manera retroactiva. En este caso el Código Penal y no el Código
Militar (derogado en 2008 pero vigente en esa época de la Guerra de Malvinas)
se convierte en el nuevo marco legal que tamizará las posibles conductas
delictuales de hace 36 años. Pero no
sólo las que el fiscal imputa a los soldados aludidos sino otras todavía mucho
más graves y hartamente probadas como el
asesinato de soldados ingleses, el ataque confeso y premeditado con misil
Exocet al HMS Sheffield (que provocó su hundimiento) o el derribo de aviones
Sea Harrier. El Código Penal argentino no hace distinciones de nacionalidad
cuando se trata de asesinatos. Y en virtud de la aplicación retroactiva de uno
y la anulación de los efectos del otro (el militar) lo lógico sería marchar en
busca de todos los “delitos” que se
cometieron a los conscriptos de todas las clases desde que existe el Ejército
Argentino. El fiscal Rapoport bien podría avanzar, usando la figura de “privación ilegítima de la libertad” contra
los oficiales y suboficiales que, por ejemplo, privaban de franco a soldados
castigados; y éste último, además, en concurso con el de “aplicación de tormentos”; porque “el salto de rana y el cuerpo a tierra y carrera mar” encaja
perfectamente en esa figura penal. Dice Rapoport: "Una de las pruebas importantes son las actas que les hacían
firmar [a los conscriptos], una vez que regresaron al continente, donde
indicaban que no habían sufrido ningún tipo de perjuicio en su contra”. En
las actuales circunstancias, dicha “prueba”
alcanza y sobra para que cualquier tribunal federal condene a prisión perpetua.
El dato de la
realidad de que ningún diputado, gobernador, cura o periodista haya siquiera
murmurado la menor crítica al fiscal Rapoport y al Ministerio Público Fiscal,
en la persona de Jorge Auat, por tamaña violación de los derechos humanos de
los 26 acusados demuestra el grado de decadencia y/o cobardía de la sociedad
argentina. No hace mucho, cuando la desaparición del submarino ARA San Juan, la
vicepresidenta Graciela Michetti declaró sobre la necesidad de diseñar una “política para las FF.AA.” Es decir,
¡nunca la tuvieron! Peor aún, siguen la inercia kirchnerista, que sí tenía una:
la destrucción de las FF.AA.
Si este fuera un país
medianamente decente y no la comparsa en la que se ha convertido, los
diputados, senadores, gobernadores, ministros, magistrados y punteros políticos
estarían haciendo cola exigiéndole la renuncia a los impresentables de Rapoport
y Auat.
Pero, no hay que
perder las esperanzas en la justicia federal. Debe haber en la Argentina
actual, yo no la conozco, pero estoy casi seguro que debe haber una persona a
la cual, sin profanar el idioma, resulte posible decirle: Buen día, Sr. Juez…
NOTA: El video no corresponde a la nota original. Corresponde a un ex conscripto VGM y que hace una grave denuncia… ¿será tenida en cuenta por la justicia argentina?
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