Con la
atención concentrada en la reunión del G-20, la mayoría de los argentinos
pasamos por alto un nuevo aniversario del asesinato del mayor post mortem del
Ejército Argentino Humberto Antonio Viola y de su hijita de 3 años, María
Cristina.
Hace 44 años,
el 1º de diciembre de 1974, Viola llegaba a su hogar, en Tucumán, con su familia,
y todo sucedió en instantes. El parte de guerra de la Compañía de Monte Ramón
Rosa Jiménez del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército
Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), responsable de la masacre, lo describe
así: "A las 13.13 [?] El automóvil
se aproxima hasta la misma altura que el objetivo [?] quedando medio auto
adelantado. Siempre en los chequeos el sujeto descendía, en esta
oportunidad la que descendió fue la esposa, quedando él al volante a la espera.
Al frenar el automóvil disparan el primer escopetazo, que da en el parante
delantero izquierdo del parabrisas, el sujeto se agacha en ese momento y los balines
dan de rebote sobre la hija de tres años que estaba atrás. El compañero de la ametralladora
desciende y metiendo el arma por la ventanilla, dispara una ráfaga corta, (4) tiros
que dan en el sujeto que alcanza a descender, la ametralladora se traba, pero
los disparos le dan a la altura de la base del pulmón izquierdo desde atrás, se
adelanta más y dispara con su pistola y remata al Capitán con un tiro en la
cabeza y retoma el auto, mientras que el camarada de apoyo dispara a quemarropa
con su ametralladora, hiriendo a la hija de 5 años que corre escapando hacia
delante".
María Cristina Picón |
La esposa de
Viola, María Cristina Picón, embarazada de 5 meses, resultó ilesa, mientras que
la otra hija del matrimonio, María Fernanda, de 5 años, sufrió graves heridas
en la cabeza.
Estos crímenes
ocurrieron durante el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón y
fueron parte de una represalia del ERP ante el frustrado copamiento del
Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. En agosto de 1974,
dos "changos" catamarqueños
que volvían de un baile vieron un ómnibus lleno de personas armadas y dieron parte
a la policía. En los días siguientes numerosos guerrilleros fueron abatidos en
los cerros.
El ERP sufrió
entre 20 y 30 bajas, y el Ejército y la policía provincial, una media docena.
En respuesta
al "fusilamiento" de sus
combatientes en Catamarca, el Comité Central del PRT, dirección
político-militar del ERP, anticipaba: "Mientras
el Ejército opresor no tome guerrilleros prisioneros, el ERP no tomará
oficiales prisioneros y, a cada asesinato, responderá con una ejecución de
oficiales, indiscriminada. Es la única forma de obligar a una oficialidad, cebada
en el asesinato y la tortura, a respetar las leyes de la guerra". La
campaña de anunciadas represalias comenzó en octubre de 1974 y se ordenaron 16 "fusilamientos" de oficiales
del Ejército, en un explícito "ojo
por ojo"; pero los dos últimos fueron los del capitán Viola y María
Cristina, totalizando 10 "ejecuciones".
Nada volvería
a ser igual tras la masacre de los Viola; la guerra sucia llegaría al
paroxismo, hasta la derrota casi total del ERP en el ataque al Batallón
Depósito de Arsenales 601 "Domingo
Viejobueno", Monte Chingolo, ocurrido entre el 23 y 24 de diciembre de
1975.
Capturados
siete de los integrantes del "pelotón
de ejecución" del mayor Viola, los mismos fueron sometidos a juicio.
Francisco Antonio Carrizo, Rubén Jesús Emperador, Fermín Ángel Núñez y José
Martín Paz recibieron condenas a cadena perpetua; Florencio Antonio Nieva fue condenado
a 8 años de prisión; Rolando Oscar Figueroa no tuvo condena por ser menor de edad,
y a Alberto Vivanco se le declaró extinta la acción penal. Svante Grände, de
nacionalidad sueco-chilena, quien también integró el grupo que "ejecutó" a Humberto y María
Cristina, fue abatido, en el monte tucumano, integrando la Compañía de Monte
Ramón Rosa Jiménez del ERP, tiempo después. Hugo Irurzun, el jefe, tanto del
ataque de Catamarca como del "pelotón
de fusilamiento" de Viola, terminaría muerto en acción, en la
denominada "Operación Reptil":
el asesinato del dictador nicaragüense Anastasio Somoza, en Asunción del
Paraguay en 1980.
Los autores
ideológicos de los asesinatos fueron los seis integrantes del "Buró Político" del PRT-ERP:
Mario Roberto Santucho, Juan Manuel Carrizo, Juan Arnol Kremer, Juan Eliseo Ledesma,
Domingo Menna y Benito Urteaga. El único sobreviviente a la fecha es Kremer, acusado
por delitos de lesa humanidad, en la causa Larrabure. Ledesma fue capturado y desaparecido
en 1975, al igual que Juan Manuel Carrizo y Menna en 1976. Santucho y Urteaga fueron
abatidos en enfrentamientos con el Ejército también en 1976 y sus cuerpos están
desaparecidos. Todos los autores directos condenados por los asesinatos de
Viola y su hija fueron indultados e inmediatamente liberados por el presidente
Carlos Menem, en 1989.
El "caso Viola" ha pasado por
todas las instancias judiciales en la Argentina, llegando hasta la Corte
Suprema de Justicia, y en todas ellas se ha fallado negándose someter a proceso
a los autores mediatos del crimen, es decir, a los integrantes del Buró
Político del ERP. Por tal motivo, la viuda de Viola y sus hijos sobrevivientes
denunciaron la existencia de un simulacro de proceso, y llevaron el caso hasta
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si los referidos asesinatos
fueran considerados como lo que son, delitos de lesa humanidad, todos los
responsables sobrevivientes, sean directos o intelectuales, podrían terminar
sus días en la cárcel.
En los
registros oficiales de "Víctimas del
Terrorismo de Estado" de 1984, 2006 y 2015, han figurado o están
incluidos: Grände como "asesinado"
y Juan Manuel Carrizo, Ledesma, Menna, Santucho y Urteaga, como "desaparecidos". Los seis,
además, son reconocidos en el Parque de la Memoria en la Costanera Norte de la
CABA, como algunos de quienes "murieron
combatiendo por los mismos ideales de justicia y equidad". Al amparo
de la ley 24.043, que establece indemnizaciones por "detenciones ilegales", en cifras actualizadas a
diciembre de 2018, Francisco Antonio Carrizo recibió $6.240.000; Emperador
recibió dos compensaciones, por un total de $15.127.000; Figueroa también fue
indemnizado dos veces, por un total de $14.739.000; Nieva recibió $7.739.000;
Núñez, $6.581.000, y Paz, $5.906.000.
Beneficiados
por la ley 24.411, que prevé indemnizaciones para familiares de los muertos y desaparecidos
por el terrorismo de Estado, los herederos de Ledesma recibieron $5.613.000; los
de Menna, $10.336.000, y los de Urteaga, $5.551.000; cifras también todas
actualizadas a diciembre de 2018. La suma total de indemnizaciones, percibidas
por los asesinos de los Viola, actualizada por inflación, asciende a
$77.833.000. Al amparo de la misma ley 24.043, Ana Cristina, Gabriela Inés y
Marcela Eva, las tres hijas del jefe máximo del ERP, Mario Roberto Santucho,
recibieron, cada una, por su "exilio
forzoso", a pesos del día de la fecha: $11.579.000, $16.874.000 y
$14.589.000, respectivamente.
Como cada año,
el 1º de diciembre de 2018, en una sencilla ceremonia en Tucumán, María Cristina
Picón de Viola y María Fernanda Viola, ex camaradas del militar caído,
familiares, amigos e integrantes del Ejército rindieron tributo a Humberto y a
María Cristina. El día anterior, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el presidente de la República
Francesa, Emmanuel Macron, homenajearon a sus asesinos en el Parque de la
Memoria.
Paradójicamente,
Buenos Aires, sede del G-20, lucía falsamente como una urbe del mundo desarrollado
mientras París, también sitiada, parecía una ciudad cualquiera de la Argentina durante
la guerra revolucionaria de la década de 1970.
Por: Pedro
José Güiraldes
Ingeniero civil
NOTA: Excepto la imagen
del título, todas las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
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