"Es una ingenuidad creer que los
hombres malos no harán el mal".
Marco
Aurelio
El nuevo "fernandismo²"
-sea de Alberto o de Cristina- ha dado una inmensa lección de real politik
explícita a Cambiemos y, sobre todo, al PRO de Mauricio Macri: en sólo una
semana y mediante una sorpresiva blitskrieg, arrasó con todas las fronteras de
la institucionalidad y de la República y, con prisa y sin pausa, va por más o,
como mínimo, por lo que queda.
El
principal "panzer" de esa
nueva guerra es la norma de absurdo título: "Ley
de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia
Pública". Y lo califico así porque la solidaridad debe ser voluntaria,
ya que si es obligada se transforma en confiscación, y no recuerdo un país en
el mundo cuya economía se haya reactivado por ley.
Después
de la enorme polémica que desató en especial el artículo 85 de ese proyecto
ómnibus, ya que le hubiera otorgado al Presidente la suma del poder público
(¿alguien habrá leído el artículo 29[i] de la Constitución Nacional?), el
Gobierno resolvió retirarlo del texto. (No es el único, porque el texto prevé
otras once delegaciones legislativas ilegales al Ejecutivo). Tanto el viaje de
ida cuanto el de vuelta generaron interrogantes.
Alberto
Fernández ocupa su recién estrenado cargo por exclusiva voluntad de su
Vicepresidente, propietaria de los votos que lo pusieron allí. Por su parte,
ella no sólo se reservó el dominio absoluto de ambas Cámaras e, inclusive, de
todo el andamiaje administrativo del Hº Aguantadero, sino que colocó en los
primeros y segundos escalones claves del Ejecutivo y del Legislativo (Carlos
Zannini, Mercedes Marcó del Pont, Daniel Rafecas, Juan Martín Mena, Elizabeth
Gómez Alcorta, Eduardo Wado de Pedro, Agustín Rossi, Juan Cabandié, Luis
Basterra, Sergio Berni, Cristina Caamaño, Carlos Cruz, Sergio Massa, Cristina
Abdala de Zamora, etc.) a sus más fieles escuderos, amén de vetar a quienes la
disgustaban. Es decir, no resignó poder, por mucho que sea el Presidente el
teórico dueño de "la lapicera".
Por
eso, llamó al principio la atención que se incluyera en la ley una delegación
tan enorme de facultades legislativas ya que, obviamente, restaba a Cristina
sus actuales y gigantescos resortes de control sobre las actividades de aquél.
Éstos son de tal magnitud que, a mi modo de ver, la única posibilidad que tiene
Alberto para equiparar las fuerzas es mantenerla aherrojada a las múltiples
causas por corrupción que la afectan y, con ella, a sus hijos. ¡Teléfono para
Carlos Stornelli, Claudio Bonadío y Martín Irurzun!
¿Qué
pasó en la relación interna de esa extraña pareja que hizo que se intentara ese
inconstitucional recorte para favorecer a Alberto y, acto seguido, se decidiera
renunciar al mismo, beneficiando a Cristina, sólo veinticuatro horas después?
Lo desconozco, pero pretender que la marcha atrás se debió al público rechazo
que la pretendida norma suscitara, es desconocer ingenuamente la historia del
kirchnerismo y la vocación de monarquía absoluta que demostrara durante los
doce años de su gestión.
Las
reformas económicas que obtuvo el Gobierno afectan, en especial, gravemente al
campo, a los exportadores y a los jubilados. Tal vez porque la Argentina,
siempre excepcional, logró una inédita transición pacífica, el Gobierno no
parece percibir que está sentado sobre una olla a presión ni haber tomado nota
del clima de alta conflictividad que afecta a toda la región, pero el
monumental ajuste que esta ley implica puede justificar un rápido contagio. Ya se
están generalizando las protestas de chacareros y agricultores autoconvocados
y, a corto plazo, los jubilados volverán a la calle, indignados por las
exclusiones (toda la clase política, ex presidentes ministros, secretarios,
intendentes, legisladores, asesores, diplomáticos, jueces -como Norberto
Oyarbide- y otros privilegiados) al congelamiento; y seguramente serán
acompañados por otros grupos exprimidos por esta descomunal presión impositiva
y por la habitual izquierda violenta.
Es
natural que la indignación cunda porque el Estado nacional, provincial y
municipal no ha hecho esfuerzo alguno por acompañar esa "solidaridad" que reclama al sector privado. Proliferan
los ministerios, los cargos legislativos, los organismos, todos consumidores de
inconmensurables recursos públicos, y la política nada ha hecho para reducirlos
o para rebajar los sueldos y las dietas de los legisladores (como acaba de
hacer Chile) y ni siquiera tuvo la decencia de reducir el número de estas
verdaderas sanguijuelas. También se dio el lujo de no tratar el proyecto de ley
de "ficha limpia", que
acompañaron con su firma cientos de miles de ciudadanos y que hubiera permitido
mejorar, al menos en parte, la fetidez que emana del Hª Aguantadero.
El
hartazgo se multiplica cuando se percibe que los ladrones K, que al mando de su
jefa saquearon impunemente el país, salen de la cárcel con el cambio de
orientación de las veletas de Comodoro Py, sin devolver un solo centavo de lo
robado. ¿Cuánta "solidaridad"
se necesitaría si recuperáramos los campos, los hoteles, las cuentas bancarias,
los aviones, los autos, los departamentos, etc., que faltan del Tesoro público?
En
estos días, muchas voces han sonado preanunciando la posibilidad de una guerra
civil; sin embargo, para que algo así se produjera, se necesitaría que el
pueblo argentino entero, de uno u otro bando, tuviera el temple moral capaz de
producir la batalla de Caseros, como bien dijo Leopoldo Lugones, o una
conflagración como la que sufrió España entre 1936 y 1939. No veo en nuestra
sociedad ese coraje, esa determinación para impedir que desaparezca la
República. Antes -más temprano que tarde- veremos chocar los planetas en este
curioso universo K.
Pese
a todo, espero que tengan usted y los suyos una muy feliz Navidad, y que ese
Jesucristo, Señor de la Historia y que renacerá el martes a la noche, se apiade
de nosotros.
Bs.As.,
21 Dic 19
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
E.mail:
ega1@avogadro.com.ar
E.mail:
ega1avogadro@gmail.com
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[i] Artículo 29.- El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.
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