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| Los cuerpos de los montoneros quedaron en el cuartel. FOTO: CEDOC. |
En
Comodoro Py avanza una causa que investiga si hubo una defraudación al Estado
al permitir el pago de millonarias indemnizaciones por ser víctimas del
terrorismo de Estado a guerrilleros que se habían alzado contra un gobierno
constitucional. Se trata del caso de la toma del regimiento Monte 29 de Formosa en 1975, mientras gobernaba Isabel
Perón, donde murieron doce militares y doce guerrilleros. Desde la fiscalía ya
tienen acreditado que los familiares de nueve de esos guerrilleros cobraron el
subsidio y ahora esperan otras medidas de prueba para definir si impulsan la
causa o no. Según información que ya consta en el expediente, los guerrilleros
en cuestión recibieron bonos del Estado que se fueron emitiendo entre los años
1999 y 2013 (cada uno tuvo su expediente particular). Sumados totalizan $ 3,5 millones, pero como fueron otorgados en
diferentes períodos si se actualizan por inflación suman un monto de más de $
90 millones. Esos datos fueron aportados por el Ministerio de Hacienda hace
poco más de dos meses respondiendo un pedido de informes de la justicia
federal.
El
fiscal Ramiro González, que tiene a
su cargo la investigación, volverá de vacaciones a mediados de enero y al
recibir más información que fue solicitada (debe analizar, por ejemplo, cómo
fue el procedimiento de entrega de cada una de las indemnizaciones) definirá si
avanza con la investigación. Hasta el momento, la causa, que cayó en el juzgado
de Daniel Rafecas, está caratulada
como “estafa”.
La
denuncia original la presentó Jovina
Luna, la hermana de uno de los conscriptos que falleció en el ataque. Allí
acusó de defraudación al Estado, falsedad ideológica de documentos públicos e
incumplimiento de sus deberes a ex funcionarios y particulares que, según
sostiene, permitieron que se incorpore al listado de víctimas del terrorismo de
Estado a guerrilleros que murieron en ataques cometidos durante el gobierno
constitucional de Isabel Perón. Allí incluye a quienes lideraron la Secretaría
de Derechos Humanos en las últimas décadas, como Martín Fresneda, Eduardo Luis Duhalde o Diana Conti, entre otros.
Durante
el tramo final de su gobierno, Mauricio
Macri se interiorizó en el caso, encabezó un homenaje a los militares y
conscriptos caídos en el hecho conocido como Operación Primicia y habilitó
un subsidio para sus familiares. Además, en el Ministerio de Justicia se abrió
una auditoría para analizar el caso e incluso para tomar una determinación por
otro reclamo de Luna: que sus nombres sean quitados de la lista de la Conadep y
de los muros del Parque de la Memoria. Ahora deberá ser el nuevo gobierno el
que defina si sigue ese camino o no.
Gabriel
Ziblat
Subeditor
de Política - Diario Perfil
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