por Enrique Guillermo Avogadro
En la conferencia de prensa que brindó con
Andrés Manuel López Obrador en México, se lo vio desencajado y desorientado y,
en verdad, ese estado está totalmente justificado. Puedo garantizarle, querido
lector, que el tan complicado tema de las vacunas robadas en beneficio de
canallescos personajes vinculados al Frente para Todos recién comienza: amigos
periodistas disponen de muchas listas de esos privilegiados en todo el país.
Eso se ve reflejado diariamente en las
encuestas, que muestran el rechazo que produce, aún entre la rocosa base del
kirchnerismo, la profunda amoralidad que aqueja al Gobierno, capaz de
sacrificar la vida de médicos, docentes, abuelos y padres para asegurar
inmunidad a sus dirigentes. Todos los días trascienden los dramas que viven los
adultos mayores, un genocidio en que mueren a mansalva, mientras se inocula a
gobernadores, intendentes, diputados y senadores, suegros varios, hijos y
cónyuges jóvenes, bailarinas expertas en economía, asesores de prensa,
extorsionadores sindicalistas millonarios y hasta fotógrafos presidenciales.
El ex Ministro Ginés González García,
convertido oficialmente en el único responsable del latrocinio, dijo "si hablo se cae el Gobierno",
y seguramente lo hará si la Justicia lo procesa por la conducta descripta en el
artículo 261 del Código Penal[1], el mismo que el
Presidente Pinocho, que falsamente dice ser profesor en la materia de la UBA,
demuestra ignorar. Espero que esa amenaza no le cueste la vida al funcionario
despedido.
También cunde la desesperación en el
Instituto Patria, madriguera de la PresidenteVice, porque la condena a Lázaro
Báez -¿continuará en silencio tras el fallo contra sus hijos?- acerca el
huracán a Cristina Fernández. Ninguno de los disparates que ha intentado para
detener los innumerables procesos que la afectan ha tenido éxito, y esta
sentencia al testaferro de los Kirchner y constructor del faraónico sepulcro de
don Néstor, quebró definitivamente el relato y recordó a la sociedad cuántas
penurias y cuánto hambre podrían haberse evitado si el Estado contara con las
siderales sumas robadas por la banda delictiva que hoy encabeza su viuda.
Para que quienes no son abogados sepan por
qué Báez, Amado Boudou, Julio de Vido, Milagro Salas y tantos otros no
volverán, por ahora, a la merecida cárcel, me parece útil explicar cómo es el
perverso andamiaje judicial que garantiza esa impunidad: ante la denuncia de un
delito, un Juez comienza la investigación, permanentemente controlado por la
Cámara Federal (3 jueces), cuyas resoluciones son revisables por la Cámara de
Casación (otros 3) y, eventualmente, por la Corte Suprema (5 más). Si al
finalizar esa etapa, el Juez considera, en principio, acreditado ese delito, eleva la causa a un
Tribunal Oral (otros 3), cuyo proceder también es controlado por Casación y la
Corte.
Al finalizar el juicio oral, se dicta la
sentencia, que siempre es apelada y revisada por Casación y la Corte, por lo
cual no queda "firme" hasta
tanto esta última lo resuelva. Mientras todo eso ocurre, y lleva años, los
condenados no van presos, salvo que se trate de los militares imputados por
crímenes de lesa humanidad, para los cuales estas básicas garantías no rigen.
Ahora, además, el kirchnerismo pretende que las sentencias también sean
revisadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos antes de adquirir esa
firmeza; o sea, a los quince jueces que intervinieron en el proceso y fallaron
contra los ladrones, se quiere agregar otra instancia y quitarle a la Corte su
carácter de Suprema. ¿Me expliqué bien?
Pero la inquietud de los Fernández² en
relación con las elecciones de este año contiene otros componentes. La imagen
del Gobierno se deteriora a diario por la percepción de la corrupción, por la
insuficiencia de los sistemas de contención del hambre y la miseria, por la
proliferación del narcotráfico y la violenta inseguridad cotidiana, por la
imparable inflación y el deterioro del poder adquisitivo de salarios y planes
sociales, por la catástrofe educativa. Y sabe que, si no obtuviera un resonante
triunfo en las legislativas, la jefa oficial terminará condenada por sus
múltiples delitos.
Hoy mismo, a las 1800, saldremos a las
calles y plazas de todo el país a decirles que no pueden robar más, se trate de
dinero, empresas o vacunas, que deben renunciar todos los involucrados en esos
delitos y que, finalmente, no lograrán la anhelada impunidad.
Bs.As., 27 Feb 21
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
E.mail: ega1@avogadro.com.ar
E.mail: ega1avogadro@gmail.com
[1] ARTICULO 261. - Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez
años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere
caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido
confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario
que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados
por una administración pública.
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