El análisis que intentaremos hacer no será desde el punto de vista legal, ni médico psicológico o psiquiatra, ya que no somos profesionales de ninguna de esas áreas y nos resulta imposible recoger en estas breves líneas todo el cuerpo legislativo y médico de un tema nuevo al que denominaremos “las otras víctimas de la injusticia”, en concordancia con especialistas en las áreas mencionadas. Lo haremos desde el simple punto de vista de hombres comunes, que hemos visto sufrir a los Presos Políticos, a las Víctimas del Terrorismo, sus familias y entornos personales.
En primer lugar queremos destacar que esta nota se escribe con todo el respeto y dolor que merecen todas las víctimas/bajas de las Guerras Revolucionaria y Contrarrevolucionaria que azotaron a nuestro país, a todas sus familias y allegados.
Cualquier guerra es un acto violento, doloroso y desafortunado. Que siempre deja una secuela post-traumática en el seno de la sociedad que la sufre y especialmente en los directamente involucrados, su entornos familiares y personales.
En nuestro caso en particular se trató de un guerra revolucionaria iniciada por organizaciones terroristas/subversivas que buscaban el poder a través de la violencia; que tuvo como reacción la clara decisión de las más altas autoridades políticas de la época de aniquilarlas a cualquier costo, para preservar la república.
Esta guerra se desarrolló en forma limitada ya que no toda la sociedad argentina estuvo involucrada en la misma, la gran mayoría del país se salvó de las consecuencias violentas de la guerra, existieron excepciones sobre todo en los atentados con bombas terroristas o en lo excesos propios de la violencia. Pero si es justo recordar que la inmensa mayoría de población reclamaba la paz a sus gobernantes.
Las organizaciones terroristas atacaron a la nación mediante atentados terroristas, secuestros, robos, asesinatos, extorsión y cuanto acto violento estuviera a su alcance para lograr su objetivo de conquistar el poder. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad a quienes se les ordenó combatir y aniquilar a las organizaciones terroristas. Lo hicieron con decisión, crudeza y empleando el mismo nivel de violencia que sus oponentes. En más de una ocasión hemos manifestado que a nuestro juicio el peor error que cometieron las fuerzas del estado involucradas en la guerra, es que a falta de una doctrina propia imitaron las acciones del adversario. También es justo destacar que durante la presidencia efímera de Héctor Cámpora, se liberaron y amnistiaron a todos los terroristas que habían sido condenados por la Cámara Federal en lo Penal (que tenía competencia para juzgar, en instancia única y juicio oral, todos los delitos calificados como subversivos) hasta su disolución, el 26 de mayo de 1973. Posteriormente el 28 de abril de 1974 fue cobardemente asesinado el ex camarista Juez Jorge Vicente Quiroga, sus pares ex integrantes de la CaFePena se vieron en la necesidad de partir al exilio y no había jueces voluntarios para integrar nuevamente la Cámara o una similar.
Los soldados cumplieron con el Operativo Independencia, ordenado por la propia presidente María Estela Martínez Vda., de Perón, para librar a la provincia de Tucumán del yugo terrorista. Esta acción es bien conocida y reconocida por los tucumanos, quienes una vez de vuelta en el sistema democrático eligieron varias veces al hoy fallecido señor General de División Don Antonio Domingo Bussi.
Es por todos conocido que el pueblo y políticos argentinos urgían a las Fuerzas Armadas para que dieran el “golpe de estado”… que finalmente se produjo el 24 de marzo de 1976. Este era un viejo recurso de los políticos para sacarse el peso de la responsabilidad de sus espaldas, ellos debieron dar un mejor ejemplo cívico y hacerse cargo de los problemas que azotaban al país a causa de la impericia política que ocupaba el sillón de Rivadavia y muchos sillones más.
Una vez que el poder estuvo en manos de la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, se constituyó el gobierno del Proceso de Reorganización Nacional, siendo su principal objetivo continuar cumpliendo la orden de aniquilar a las organizaciones terroristas/subversivas. Ese objetivo se logra en menos de tres años y sus responsables militares, políticos y estratégicos fueron juzgados y condenados en el llamado “Juicio a los Juntas” por las trágicas consecuencias producidas. Es necesario destacar que gracias a ese objetivo se pudo retornar a la democracia, luego de la fallida Operación Malvinas.
Lamentablemente las consecuencias de las Guerras Revolucionaria y Contrarrevolucionaria son fatales y aquí aparecen las nuevas figuras de la víctima, el victimario, sus familias y allegados (las otras víctimas). En realidad hay que considerar que en toda circunstancia bélica –y la nuestra lo fue- no se mencionan víctimas entre los combatientes, sus nombre correcto es “bajas de combate”. En Argentina desde 1983 se habla de víctimas y víctimarios gracias al empeño que los sobrevivientes de las Organizaciones Terroristas impusieron como objetivo de la Guerra Psicológica en vengarse de sus vencedores hasta lograr tu destrucción por otros medios… hoy la batalla continúa entre esos viejos adversarios en el Campo Judicial.
Desafortunadamente las Fuerzas Armadas y de Seguridad no estaban debidamente preparadas para este nuevo tipo de guerra, los soldados fueron abandonados por la misma sociedad que los había reconocidos y ovacionados en más de una circunstancia. Se modificó el estado de derecho y se confeccionó uno “a medida” de los reclamos del bando vencido en el campo de las armas, se cometieron verdaderas “aberraciones jurídicas” según opiniones fundamentadas de muchísimos “profesionales del derecho”.
Los días de guerra y post guerra fueron angustiantes y dolorosos para las familias de las “bajas de combate” de ambos bandos. Pero también existían las “víctimas inocentes” que habían caído como fruto del terror, al igual que sus familias y deudos. No podemos y no queremos comparar las pérdidas, el dolor, la angustia, el padecimiento y las secuelas de todas esas familias. Primero el respeto al dolor de las irreparables pérdidas, pero que pudieron haberse evitadas, si no se hubiera abierto la Caja de Pandora, solamente con que los políticos de entonces hubieran cumplido con su deber histórico.
Si deseamos lograr la Pacificación Nacional Definitiva deberemos transitar el siguiente camino:
- Reconocimiento por parte de todos los partícipantes del daño ocasionado a la república.
- Aplicar la ley en su verdadero “estado de derecho” no el de las “aberraciones jurídicas” a medida y en forma discriminatoria. Igualdad ante la ley para todos.
- Modificar la “historia oficial” y ajustarla a las verdaderas circunstancias de la época.
- Castigo a quienes, dentro del marco de una guerra, hayan cometidos delitos comunes.
- Reparación y reconocimiento a todas las víctimas de la violencia, no a las “bajas de combate”.
- Prevención para que nunca más en la República Argentina los políticos le escapen a sus responsabilidades y evitar de esa manera que la sangre nuevamente manche nuestro suelo patrio.
- Reconciliación, concordia y perdón entre todos los argentinos. De una vez por todas debemos pensar en el futuro y el país que queremos legar a las generaciones futuras.
No pretendemos polemizar con especialistas legales en estos temas, pero nos preguntamos: ¿Qué pasa cuando un soldado debe aniquilar a sus adversarios y sobrevive a una guerra?
¿Es un afortunado? No, pues ha producido daños irreparables en sus semejantes y no pudo hacer nada para evitarlo, su régimen de disciplina y formación estaba sujeto a leyes y reglamentos especiales, entre ellos el principio de la “obediencia debida”.
Por la experiencia que nos tocó en el país, podemos afirmar que nadie se ocupa de “las otras víctimas” (víctimas inocentes del terrorismo sus familias y deudos y las familias de los Preso Políticos), excepto sus entornos familiares y personales en una actitud de ayuda y contención. “La otras víctimas” son condenadas socialmente y previamente por haber sido esposa, hijo, nieto, etc. de uno de ellos, poco importa si es responsable o inocente; solo interesa cerrar cuanto antes el caso y llegar a una pronta decisión judicial para cumplir con la “venganza pactada”.
Los testigos en los llamados juicios por delitos de lesa humanidad, normalmente son los que se conocen como “testigos estrellas” o “falsos testigos”, los problemas de la prueba consisten en saber qué es la prueba; qué se prueba; quién prueba; cómo se prueba; qué valor tiene la prueba producida. Nada de eso ha sido cumplido en esos juicios de manera fehaciente, produciéndose la carga de la inversión de prueba; los imputados deben demostrar “su inocencia”. La presunción de inocencia es una garantía consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en tratados internacionales sobre derechos humanos como, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.
Por cuerda separada las Fuerzas Armadas de la Nación han sido prácticamente desmanteladas, desarmadas, desequipadas, deshonradas y el país está en un estado de indefensión casi total. Y se ha llevado a cabo un plan de “quiebre generacional e institucional”, teniendo como excusa desmantelar el “espíritu corporativo” existente, en realidad lo que las Fuerzas Armadas tenían es lo que se conoce como “espíritu de cuerpo”. En realidad el “espíritu militar” es de carácter íntimo, modo de ser de cada uno de los cuerpos u organismos de las Fuerzas, en virtud del cual se diferencian en lo esencial de sus análogos. Por extensión, la tendencia de los individuos de cada cuerpo a levantar el prestigio del organismo de que forman parte, mejorando sus condiciones morales y materiales, ocultando o disimulando sus errores y defectos, exagerando el valor de sus cualidades recomendables.
Es una hermosa y gran palanca del compañerismo para ligar con lazos de nobles aspiraciones, como todos los principios esenciales, el espíritu de cuerpo del militar es difícil de definir y de explicar. Existe en las sociedades y en los individuos, como existe el patriotismo en los pueblos, como el alma en los hombres. No es una pauta, es una fuerza; no es la brújula que señala el camino del deber, es el fluido magnético que impele a seguir este mismo camino. Cuando el amor a la vida dice al oído del hombre que se separe del peligro, le dice el espíritu militar que se mantenga en su puesto de honor, despreciando la existencia en aras de la patria; cuando la libertad humana le grita que se rebele contra la orden mal dictada, el espíritu militar le obliga a doblegarse y a someterse a quien la ley le señala como un superior; cuando la vanidad humana le induce a oponerse violentamente a la opinión del jefe inepto, el espíritu militar le sujeta a respetar lo que la inteligencia de ningún modo aceptaría; pues el espíritu militar es unas veces valor, otras abnegación, muchas veces entusiasmo por la profesión abrazada, no pocas anhelo de gloria para la colectividad, afán de esplendor para la patria; es, en fin, el conocimiento pleno del deber y la voluntad decidida de llegar hasta el sacrificio para cumplirlo.
Lo que sí han logrado es el "quiebre institucional y generacional", la mayoría del personal en actividad no quiere saber nada con los viejos retirados y sus problemas, podemos asegurar que los han abandonado a su suerte. Se olvidaron de esa vieja norma que dice: "un soldado no abandona a otro soldado en peligro y menos herido en la trinchera".
En síntesis desde 2003 se siguió con un protocolo inédito del proceso judicial, nuestros soldados han sido condenados por “actuar en banda”, como si las Fuerzas Armadas sean corporaciones mafiosas que solo buscaban favorecerse a sí mismas. La Ley de Obediencia Debida Nº 23.521 fue una disposición legal dictada en Argentina el 4 de junio de 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que estableció una presunción iuris et de iure (es decir, que no admitía prueba en contrario, aunque si habilitaba un recurso de apelación a la Corte Suprema respecto a los alcances de la ley) respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante el mal llamado Terrorismo de Estado y el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada “obediencia debida” (concepto militar según el cual los suboficiales se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores).
Esta norma se dictó luego de los levantamientos “carapintadas”, por iniciativa del gobierno de Alfonsín, para intentar contener el descontento de la oficialidad del Ejército Argentino, eximiendo a los militares por debajo del grado de coronel (en tanto y en cuanto no se hubiesen apropiado de menores y/o de inmuebles de desaparecidos), de la responsabilidad en los delitos cometidos bajo mandato castrense. De ese modo, tuvo lugar el desprocesamiento de muchos de los imputados en causas penales que no habían sido condenados hasta el momento.
Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández cuando ya estaban cicatrizando las heridas… en vez de echarle azúcar para regenerar el tejido social herido, le echaron sal para profundizar la herida y el odio; entonces llegamos a estos juicios aberrantes y ya está.
¿Ya está? Absolutamente no. Nuestros soldados fueron agredidos, perseguidos, escarniados, apresados y mantenidos en prisión preventiva más allá de todo tiempo legal, algunos fallecieron en esas circunstancias, el último número que manejamos es de 152 muertos en prisión… seguramente ya debe haberse superado esa estadística. Ellos están presos y sus familiares están angustiados, deprimidos y ahora también enfermándose, tal vez alguien haya fallecido a consecuencia de lo anterior. Hay familias que se han disgregados otras están más fuertes que una roca… muchos ex camaradas los esquivan y prefieren no hablar del tema, se ocultan, tienen temor. Sin duda existe una secuela post-traumática de orden psicológico… pero a nadie le interesa o se ocupa de “las otras víctimas”.
No existe ninguna organización estatal, ni siquiera las Fuerzas mismas que se ocupes de “las otras víctimas”. Solo queda la contención familiar, la de algunas organizaciones amigas que remamos contra la corriente y el trabajo que irremediablemente hace el transcurso del tiempo, hasta que todo decae en olvido. En este caso nunca habrá olvido total, será una herida lacerante, pestilente y abierta del tejido social argentino.
Los Tribunales Federales Orales y Jueces designados continúan cumpliendo las “aberraciones jurídicas” pactadas para completar una venganza impiadosa. Los abogados defensores continúan su batalla como “el Quijote contra los Molinos de Vientos”, efectúan brillantes defensas apoyadas magistralmente por el derecho nacional e internacional… pero olímpicamente ignoradas por los representantes de la justicia tuerta. Pero las secuelas... ahí están, escondidas, infundiendo temor, inseguridad, enfermedades, muertes y otras sensaciones que no sabemos definir muy bien.
Lamentamos profundamente no haber escuchado a ningún político o funcionario del poder de turno sobre estos temas y sus soluciones, lamentamos no escuchar a los ex terroristas pedir perdón a la sociedad por el daño causado. Lamentamos no haber podido sostener una reunión con todas las entidades y organizaciones involucradas en estos procesos y expresarles nuestros sentimientos, respetando el dolor de cada uno de ellos.
La falta de interés por las otras víctimas nos parece que se debe a una condena social previa, qué castiga al familiar, tanto como al imputado o víctima del terrorismo y víctimiza a quienes desataron la violencia en la Argentina, sobran pruebas de quienes fueron… especialmente los responsables políticos y estratégicos.
Solo importa ver arrodilladas a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que los ex terroristas arreglen convenientemente en forma económica sus pecados del siniestro plan ejecutado, que todo pase al olvido lo más pronto posible, poner en práctica la “nueva política” y profundizar el modelo.
Esta nota fue motivada por la triste noticia que la señora esposa de un Preso Político ya condenado a cadena perpetua, ha sido internada en terapia intensiva encontrándose en muy grave estado de salud. Es un llamado de atención para que se tome conciencia que las “aberraciones jurídicas” están produciendo un daño que supera los límites de los tribunales e institutos carcelarios. Invitamos a todos a rogar al señor para que cuide de esta nueva víctima y su familia, que los ayude a salir de este nuevo trance peligroso.
Y eso no es posible, nadie ni nada puede reparar el fallecimiento de un ser querido, hay que llevar el dolor a cuesta por haber perdido una vida en forma inesperada y a consecuencias de secuelas post traumáticas. Y para “las otras víctimas” es lo mismo, deben sobrellevar solas sus calvarios… y nadie se ocupa de ellas, salvo los mencionados anteriormente.
Indudablemente “las otras víctimas” no son contempladas legalmente, asistencialmente, ni socialmente, descargando toda su contención en su propia persona, en la de su familia y su entorno personal. Todo este proceso nos parece tremendamente injusto y pedimos a la sociedad que nos ayude en nuestros reclamos, es imperioso que los políticos “agenden el drama” y presten atención a una minoría social que ha sido discriminada, después de haber sido usada.
