15 de junio de 2015
La Organización de Estados
Americanos (OEA) aprobó la resolución para modernizar y reorganizar la
Secretaría General, conforme a la visión estratégica de la institución y al
fortalecimiento del sistema interamericano, así como dos iniciativas
impulsadas por la Argentina: la Convención Interamericana sobre la Protección
de los derechos humanos de las personas mayores y un respaldo al proceso
eleccionario de Guatemala.
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La Convención sobre
la protección de los derechos de las personas mayores fue aprobada por la Asamblea General de la O.E.A. con la
firma de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay, convirtiéndose así en
un nuevo estándar americano y un precedente a nivel mundial tras un tiempo
récord de trabajo de tres años.
América es a partir de hoy "la primera región en todo el mundo que cuenta con un instrumento
internacional vinculante para promover y proteger los derechos humanos de las
personas mayores", señaló a Télam el presidente del grupo de trabajo y
miembro de la misión de Panamá ante la OEA, Ivan Chanis.
Presentada inicialmente por Argentina, la Convención recibió
el apoyo de Brasil, El Salvador, Paraguay y los países del Caribe, entre otros,
y si bien necesita la ratificación de dos países para entrar en vigor, con su
firma ya ingresó en el sistema interamericano de derechos humanos.
Vale la pena destacar
algunas de sus normas:
Artículo 2.
Definiciones
A los efectos de la presente Convención se entiende por:
- “Abandono”: La falta de acción deliberada o no
para atender de manera integral las necesidades de una persona mayor que ponga
en peligro su vida o su integridad física, psíquica o moral.
- “Maltrato”: Acción u omisión, única o repetida,
contra una persona mayor que produce daño a su integridad física, psíquica y
moral y que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades
fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza.
- “Negligencia”:
Error involuntario o falta no deliberada, incluido entre otros, el descuido,
omisión, desamparo e indefensión que le causa un daño o sufrimiento a una
persona mayor, tanto en el ámbito público como privado, cuando no se hayan
tomado las precauciones normales necesarias de conformidad con las
circunstancias.
- “Persona mayor”:
Aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base
menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto
incluye, entre otros, el de persona adulta mayor.
Artículo 4. Deberes
generales de los estados parte
Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos
humanos y libertades fundamentales de la persona mayor enunciados en la
presente Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin:
a) Adoptarán medidas
para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la
presente Convención, tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas
prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición,
infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre
otras, y todas aquellas que constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor.
b) Adoptarán las
medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean necesarios
para el ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención y se
abstendrán de adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con la
misma. …
c) Adoptarán y
fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales,
presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la
justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y
preferencial en todos los ámbitos.
Artículo 5. Igualdad
y no discriminación por razones de edad
Queda prohibida por la presente Convención la discriminación
por edad en la vejez.
Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus
políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con
la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de
discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad,
las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las
personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social,
los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las
personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes
a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos,
raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros.
Artículo 6. Derecho a
la vida y a la dignidad en la vejez
Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias
para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el
derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad
de condiciones con otros sectores de la población.
Artículo 9. Derecho a
la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia
La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida
sin ningún tipo de violencia, a recibir un trato digno y a ser respetada y
valorada, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la
cultura, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen social,
nacional, étnico, indígena e identidad cultural, la posición socio-económica,
discapacidad, la orientación sexual, el género, la identidad de género, su
contribución económica o cualquier otra condición.
La persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún
tipo de violencia y maltrato. Para los efectos de esta Convención, se entenderá
por violencia contra la persona mayor cualquier acción o conducta que cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona mayor,
tanto en el ámbito público como en el privado.
Se entenderá que la definición de violencia contra la
persona mayor comprende, entre otros, distintos tipos de abuso, incluso el
financiero y patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación
laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o negligencia
que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que sea
perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra.
Los Estados Parte se
comprometen a:
a) Adoptar medidas
legislativas, administrativas y de otra índole para prevenir, investigar,
sancionar y erradicar los actos de violencia contra la persona mayor, así como
aquellas que propicien la reparación de los daños ocasionados por estos actos.
…
i) Promover
activamente la eliminación de todas las prácticas que generan violencia y que
afectan la dignidad e integridad de la mujer mayor.
Artículo 10. Derecho
a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes
La persona mayor tiene derecho a no ser sometida a tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Los Estados Parte tomarán todas las medidas de carácter
legislativo, administrativo o de otra índole para prevenir, investigar,
sancionar y erradicar todo tipo de tortura u otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes hacia la persona mayor.
Artículo 13. Derecho
a la libertad personal
Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de
privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán
que la persona mayor que se vea privada de su libertad en razón de un proceso
tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a
garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y
a ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la presente
Convención.
Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor
privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los
mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según
corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de
libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.
Artículo 19. Derecho a
la salud
La persona mayor tiene derecho a su salud física y mental,
sin ningún tipo de discriminación.
Artículo 29.
Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias
Los Estados Parte tomarán todas las medidas específicas que
sean necesarias para garantizar la integridad y los derechos de la persona
mayor en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado,
emergencias humanitarias y desastres, de conformidad con las normas de derecho
internacional, en particular del derecho internacional de los derechos humanos
y del derecho internacional humanitario.
Los Estados Parte adoptarán medidas de atención específicas
a las necesidades de la persona mayor en la preparación, prevención,
reconstrucción y recuperación en situaciones de emergencias, desastres o
conflictos.
Los Estados Parte propiciarán que la persona mayor
interesada participe en los protocolos de protección civil en caso de desastres
naturales.
Artículo 31. Acceso a
la justicia
La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o
de cualquier otro carácter.
Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona
mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las
demás, incluso mediante la adopción de ajustes de procedimiento en todos los
procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas.
Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida
diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la
tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos
administrativos y judiciales.
La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en
casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor.
Artículo 36. Sistema
de peticiones individuales
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no
gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la
Organización de los Estados Americanos, puede presentar a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas
de violación de alguno de los artículos de la presente Convención por un Estado
Parte.
La presente resolución de la O.E.A. deberá ser tenida en cuenta por los jueces que intervienen en los llamados juicios de lesa humanidad, especialmente al impartir justicia, otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria y prestar atención de la salud de los ancianos Presos Políticos de la Argentina.
