Un editorial de La Nación del día de ayer, lunes 23 de
noviembre, un día después de la elección del balotaje que consagró a Mauricio
Macri como el futuro presidente de la Nación a partir del mandato de Cristina
Fernández Vda. de Kirchner, causó cierto revuelo en el ambiente periodístico y
comunicadores sociales.
El electo presidente se ha visto sometido a una enorme
presión por parte de todos los sectores… en nuestra humilde opinión hay que
darle el tiempo necesario para que el ingeniero Macri decante los resultados de
las urnas, organice su futuro equipo de gobierno y transite calmadamente este
breve período de transición. No deseamos un presidente presionado por
definiciones prematuras que puedan obligarlo en el futuro próximo. Cada medida
y política de estado que su gobierno
adopte debe ser la más adecuada a los graves problemas que deja el poder que se
retira, con una política de tierra arrasada. No deseamos que Macri conteste
todas las urgencias de inmediato, él conoce perfectamente todos los problemas y
situaciones que hay que arreglar… dejémoslo ejercer sus responsabilidades con el
“timing” que él y su equipo decidan,
no el impuesto por los ansiosos.
Con respecto al editorial se pronunciaron algunos
trabajadores y periodistas del mismo medio que lo publicó y otros comunicadores
sociales de conocida militancia. En nuestra opinión el contenido del editorial
está perfectamente pensado y escrito, es una de las necesidades de esta
Argentina crispada que nos deja el gobierno del poder en retirada, solo pensamos
que fue apresurado… le faltó sentido de la oportunidad para plantear ese grave
problema que divide a la sociedad argentina.
Reiteradamente el ing. Mauricio Macri ha respondido que respetará
la ley y que el Poder Judicial será independiente… no dependerá de los
caprichos o ataques de su gobierno. Esa es la institucionalización que estamos
pidiendo la mayoría de la población, la división de poderes es fundamental para
el correcto funcionamiento de la república.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabeza del poder
judicial, es la que debe garantizar sostener el cumplimiento de la Constitución
Nacional, los Principios Rectores del Derecho Penal, las leyes y el Código
Procesal Penal, para aquellos civiles y uniformados sometidos a juicio por
hechos acaecidos en las década del 70 del siglo pasado, remplazando el “Derecho del Enemigo” por la igualdad
ante la ley.
El estadista seguramente reflexionará los dictados del “Documento
de Aparecida” redactado por el actual Papa Francisco para “favorecer en nuestros pueblos todos los
gestos, obras y caminos de reconciliación y amistad social”, reafirmado por
la Conferencia Episcopal Argentina en su documento “Camino
hacia el Bicentenario en Justicia y Solidaridad”, cuando propone “avanzar en la reconciliación y la capacidad
de dialogo”. Ello implica propiciar un amplio consenso para alcanzar la paz
social.
Somos plenamente conscientes de la urgencia de las personas
militares y civiles detenidos como “Presos
Políticos” y de sus familias por resolver su situación, que los está
matando en prisión… pero no queremos que el apuro ponga en riesgo esa solución
que tanto necesita el país todo. Ese objetivo no atenta contra la política de
DDHH, sino que defiende el debido proceso, la igualdad ante la ley y tampoco
debemos olvidar la deuda pendiente que “todos”
tenemos con las Víctimas del Terrorismo en la Argentina.
Sinceramente,
Pacificación Nacional
Definitiva
por una Nueva Década
en Paz y para Siempre
EDITORIAL
LA NACIÓN 23/11/2015
NO MÁS VENGANZA
La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para
terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los
derechos humanos
LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2015
La senadora por Córdoba Norma Morandini escribió días atrás
en estas páginas que la causa de los derechos humanos no se puede defender con
mentiras. No se puede defender tampoco con nuevas violaciones de derechos
humanos como está ocurriendo en el país.
Un día después de que la ciudadanía votara un nuevo gobierno,
las ansias de venganza deben quedar sepultadas de una vez para siempre.
Los trágicos hechos de la década del setenta han sido
tamizados por la izquierda ideológicamente comprometida con los grupos
terroristas que asesinaron aquí con armas, bombas e integración celular de la
que en nada se diferencian quienes provocaron el viernes 13, en París, la
conmoción que sacudió al mundo. Aquella izquierda verbosa, de verdadera
configuración fascista antes y ahora, se apoderó desde comienzos del gobierno
de los Kirchner del aparato propagandístico oficial.
Se ocultó así lo que ya no puede taparse por más tiempo a la
compresión de una sociedad cuya composición por edad ha ido cambiando en los
últimos cuarenta años. A la sociedad argentina de los años setenta no era
necesario explicarle que el aberrante terrorismo de Estado sucedió al pánico
social provocado por las matanzas indiscriminadas perpetradas por grupos
entrenados para una guerra sucia, a los que el kirchnerismo ha distinguido con
la absurda calificación de "juventud
maravillosa".
La sociedad dejó aislados a esos "jóvenes idealistas", mientras el terrorismo de Estado
los aplastaba con su poder de fuego, sin más salvedades que las de algunas
voces aisladas, sin más ley que la de la eficacia de operaciones militares que
tenían por objetivo aniquilar al enemigo y sin una moral diferente, en el
fondo, que la de los rebeldes a quienes combatían.
Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar. Debatir
que quienes sembraron la anarquía en el país y destruyeron vidas y bienes no
pueden gozar por más tiempo de un reconocimiento histórico cuya gestación se
fundó en la necesidad práctica de los Kirchner de contar en 2003 con alguna
bandera de contenido emocional. Lo hicieron así al asumir el poder con apenas el
22 por ciento de los votos. Antes habían mirado en esos asuntos para otro lado.
Hay dos cuestiones urgentes por resolver. Una es el
vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de
la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y
que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad. Son a estas alturas más de
trescientos los detenidos por algunas de aquellas razones que han muerto en
prisión, y esto constituye una verdadera vergüenza nacional.
Días atrás, tal situación se ha agravado por una escandalosa
decisión del Tribunal Oral de La Plata, que revocó la prisión domiciliaria de
varios militares de avanzada edad, como los coroneles Carlos Saini y Oscar
Bardelli, el capitán de navío Carlos Robbio y el almirante Antonio Vañek.
Pareció una burla su coincidencia con el privilegio domiciliario concedido por
esos días, por un tribunal del Chaco, a un mafioso de 65 años, condenado a 19
años de prisión por haber traficado más de mil kilos de cocaína a España.
En segundo lugar, de modo paralelo, han continuado actos de
persecución contra magistrados judiciales en actividad o retiro. Uno ha sido el
caso del juez federal de Mar del Plata Pedro Hooft, absuelto el año último tras
siete años de acusaciones sobre supuestos delitos de lesa humanidad. El
perverso armado de la causa salió a la luz por grabaciones aportadas como
prueba, pero Hooft está afrontando nuevos ataques. También debimos ocuparnos
recientemente del proceso irregular montado contra el juez Néstor Montezanti,
de Bahía Blanca, en otro claro intento oficialista de desarticular la
investigación de causas que involucran a la familia presidencial.
Sin más elementos que referencias mendaces aportadas por
tres militares condenados como autores de las matanzas producidas en la
denominada masacre de "Palomitas",
se persiguió por más de diez años al ex juez federal de Salta Ricardo Lona.
Éste se encuentra en prisión preventiva por supuestas fallas en la
investigación de la muerte del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, ocurrida
en marzo de 1976. Se desconoce, en cambio, que el juez Lona había sido quien
reunió las pruebas que llevaron a condenar a los partícipes del hecho, según lo
reconoció la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por otra parte, la acusación en su contra carece de validez
pues la acción no se encuentra instada por los fiscales de la causa, sino por
otros designados ad hoc por la cuestionada Procuración General de la Nación,
careciendo por ello de atribuciones para impulsar la acción. Con casi 80 años y
una grave enfermedad, Lona corre peligro de que los fiscales lo envíen a
prisión solicitando la revisión del informe médico que desaconseja rotundamente
su traslado a una cárcel.
La cultura de la venganza ha sido predicada en medios de
difusión del Estado y en las escuelas habituadas a seguir las pautas históricas
nada confiables del kirchnerismo. O sea, la mentira de la que ha hablado la
senadora Morandini.
El palabrerío de sujetos que han sido responsables de haber
incendiado al país en los años setenta convencidos de que las armas de fuego y
los explosivos, con sus secuelas de muerte y dolor, eran la vía de acceso a una
sociedad mejor, no puede intimidar a los políticos responsables, ni a los
jueces compenetrados de su misión, de actuar en consonancia con la verdad
histórica y los principios básicos del derecho penal.
Siempre será indispensable construir a partir de la verdad
completa, apaciguar y no agotar la búsqueda de todos los medios necesarios para
que se cumpla la imploración del papa Francisco de que todas las herramientas
de la ley se activen "para evitar
cualquier tipo de venganza y curar las heridas", aunque "sin dejar de mirar las
cicatrices", como bien aportó.
