"Ese
espacio gris y despojado que anuncia que terminó
la vida y empieza eso de todos los días". Marcelo Birmajer
La saga judicial que
convirtió a la asociación ilícita encabezada -al final- por Cristina Elizabet
Fernández en nuestro diario alimento mediático, por la magnitud de los
desfalcos ejecutados y la variedad de las reparticiones del Estado saqueadas,
produce una natural repugnancia en la mayoría de la sociedad. Según las
encuestas, la integran más del 80% de los ciudadanos, que consiguieron
despertar del sueño en que estaban sumidos al calor de la ilusoria y falsa bonanza
de los bolsillos. De todas maneras, queda una facción irreductible, estimable
entre un 15 a 20%, que aún cree en el relato de liberación y progreso que tan
eficientemente vendió el kirchnerismo; se da aquí el curioso caso de pobres
defendiendo a ricos que los condenaron a la miseria.
Sin embargo, el
miércoles se produjo uno de esos históricos momentos-bisagra, que deberían
cambiar para siempre el derrotero de los pueblos y, sobre todo, la suerte de
los grandes personajes. Me refiero al estudio que publicó el Observatorio de la
Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que determinó que, en cifras
del último trimestre del mandato de la siniestra viuda, uno de cada cinco
chicos argentinos tenía déficit alimentario o, vulgarmente, padecía de hambre
estructural.
Porque ese día, la
mugre rebalsó. Hasta entonces, las cifras robadas por los Kirchner y todos sus
cómplices eran, en el fondo, números; enormes y a veces inasibles, pero sólo
números. Ahora, después de la extendida década más favorable a la Argentina en
los últimos noventa años, ya no cabe duda que no estamos solamente ante una
defraudación a la administración pública de escala planetaria. Los duros datos
dados a conocer confirman que, como he afirmado en muchísimas notas, aquí se
cometió un verdadero genocidio, un delito de lesa humanidad y, como tal,
imprescriptible.
Los Kirchner no
dudaron en robar empresas y hasta actividades enteras, pero ahora sabemos que
tampoco lo hicieron cuando se trató de quitar la comida de la boca,
literalmente, a los más pobres, a los más indefensos, a quienes carecen de
todos los servicios elementales que el Estado debería brindarles, como salud y
educación. Ahora, no sólo se cayó la careta que usaron durante casi trece años
sino se comprobó que su afán de lucro no reconoció límite alguno. Don Néstor
sostenía que, para hacer política, se necesitaba platita; sin embargo, pese a
lo mucho que acumularon, irremediablemente fueron expulsados del poder, porque
sólo se trataba de una excusa.
La humanidad entera
se ha preguntado, a lo largo de los siglos, a qué simas de maldad puede llegar
una persona. Stalin, Hitler y muchísimos otros batieron records absolutos, pero
pertenecen a la historia. En cambio, los argentinos convivimos, día a día y en
la calle, con especímenes dignos de figurar en el libro de los records de
Guiness, a quienes hemos votado una y otra vez sin preguntarnos qué pasaba en
los pasillos del poder. En especial, sólo el porcentaje que convirtió a
Cristina, en 2011, en uno de los presidentes más votados de nuestra democracia,
nos cubrirá eternamente de vergüenza.
Por eso, la cuestión
acerca de si la viuda de Kirchner debe ir presa ya mismo o no, se transforma en
totalmente irrelevante, tanto como la presunta vocación del Gobierno de tenerla
como sparring en las elecciones legislativas de 2017. Ya no se trata de una
situación sobre la cual se pueda especular políticamente, y el eventual riesgo
de una reacción violenta frente a su detención tampoco puede condicionar la
decisión de los jueces.
Como nación, cuyas
pústulas asquerosas exhibimos impúdicamente ante el mundo entero, no nos
podemos dar el lujo de seguir esperando que la Justicia se desperece y
reaccione, cumpliendo así con el deber que la ley le impone. Tenemos la
obligación, como sociedad, de reclamar al Consejo de la Magistratura que ponga
en marcha, de una buena vez, la auditoría en los juzgados federales de todo el
país que tramitan causas de corrupción, pasadas y presentes y, con su
resultado, sancione a los jueces que no hayan sabido -o querido- ejercer el
supremo rol que la Constitución les adjudica; asumamos ese deber, entonces, y
salgamos a la calle pacíficamente a ejercer la lícita y legal presión civil.
En esta partida no
solamente nos jugamos nuestro pasado sino, peor aún, nuestro futuro. Nadie
confía en un país que, frente a tantos crímenes, mantiene su indiferencia, que
equivale a la impunidad de los criminales ni, por supuesto, está dispuesto a
invertir en él. Basta, para confirmarlo, que Perú sólo comenzó a crecer cuando
condenó a Alberto Fujimori a los largos años de cárcel que aún purga, después
de obtener su extradición de Japón en 2005, donde se había refugiado creyendo
que su doble nacionalidad lo ampararía.
El otro episodio de
la semana fue el fallo de la Corte Suprema en el tema de las tarifas
eléctricas. No voy a referirme a sus aspectos socio-económicos, pese a que le
permitieron al Estado un enorme ahorro en subsidios, sino a la fuerte
reprimenda que aplicó a la Juez federal Martina Forns, de San Martín, que había
dictado una medida cautelar para impedir los aumentos de las facturas de luz en
todo el país. Lo relevante no fue la supina ignorancia del derecho que le fue
atribuida por los jueces supremos, sino su adscripción a la organización
kirchnerista Justicia Legítima, creada precisamente para colonizar al Poder
Judicial, garantizar la impunidad de sus mandantes y, cuando éstos no pudieron
sobrevivir al tsunami electoral, intentar convertir en un infierno inhabitable
la gestión del sucesor.
Esta situación ya
había sido puesta en blanco y negro por el Juez federal de Mar del Plata,
Alfredo López, quien tiene a su cargo las agresiones a pedradas que debieron
soportar Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en esa ciudad, protagonizadas por
integrantes de La Cámpora, claramente identificados. El magistrado se vio
obligado a amenazar con su renuncia, ante la negativa de los fiscales
dependientes de Alejandra ¡Giles! Carbó, otro notorio esbirro de Cristina, a
impulsar la investigación por los delitos cometidos.
Con ello, y por
escrito, alertó al Poder Ejecutivo que, mientras Justicia Legítima siga
existiendo -en realidad, mientras sus miembros sigan ocupando lugares de
relevancia en el Poder Judicial, Cámara Federal de Casación Penal incluida- no
será posible gobernar.
Sólo nosotros, los
ciudadanos, podemos corregir y enmendar ese escenario. Demostremos así que, al
menos esta vez, el asco que nos produce ya nos resulta insoportable.
Bs.As., 10 Sep 16
Enrique
G. Avogadro
Abogado
E-mail: ega1@avogadro.com.ar
