Deben retomarse las
promesas de campaña para que en la Argentina no haya más víctimas sin
reconocimiento ni victimarios sin castigo
Cuando todavía era
candidato a la presidencia de la Nación, Mauricio Macri aseguró que, de acceder
al gobierno, con él se acabaría "el curro de los derechos humanos"
(sic).
Distintos sectores de
la población aprobaron esta afirmación de un cambio de rumbo desde una mirada
dirigida a revisar la trascendencia histórica de los años 70, luego de 12 años
de administración kirchnerista en los que el fiel de la balanza fue inclinado
falazmente hacia un extremo. Sin embargo, transcurridos 15 meses de gobierno,
aquella promesa sigue incumplida.
Como resultado de la
mal llamada "década ganada", el Poder Judicial se vio jaqueado por el
ideologizado abrazo de conceptos como "justicia y militancia", una
yunta tan antagónica como peligrosa que derivó en que ex miembros de la
guerrilla revolucionaria integraran tribunales que debían juzgar a militares.
Así ocurrió en Santiago del Estero, con integrantes del Tribunal Oral
Federal,hasta que la Cámara Federal de Casación Penal ordenó apartarlos de una
megacausa por presuntos delitos de lesa humanidad ante la existencia de
"dudas razonables acerca de su imparcialidad" y la necesidad de
"evitar una inusitada privación de justicia".
El bienvenido debate
abierto recientemente sobre aquella sangrienta década trae nuevamente a la luz
la guerra revolucionaria iniciada por organizaciones armadas subversivas que
pugnaban por instalar un régimen marxista capaz de convertirnos en algo
parecido a la Venezuela actual, con una infiltración de militares cubanos en
sus fuerzas armadas, en gran medida responsables de sostener el corrupto
régimen de Maduro.
La brutal represión
con que los gobiernos militares repelieron localmente el terrorismo merece
asimismo una mirada ecuánime y sin amputaciones ni ánimo vengativo, dirigida a
encontrar la verdad y a castigar por igual a unos y a otros por todo aquello
que se hizo al margen de la ley desde ambos bandos.
Esta nueva instancia
clarificadora constituye toda una oportunidad para que el presidente Macri
cumpla su promesa y asuma protagonismo en la búsqueda de la verdad y la
pacificación, dando vuelta otra página crucial del mendaz relato construido por
el anterior régimen, habitado sólo por sangrientos militares e inocentes
guerrilleros, una dicotomía que propuso justicia para unos e impunidad y
beneficios para otros.
Manteniendo la
forzada argumentación del peligro de fuga y desconociendo razones humanitarias,
no ha habido cambios en el tratamiento a los detenidos: tanto a los condenados
como a los procesados se les niega el derecho constitucional a la prisión
domiciliaria en razón de su edad o estado de salud. Como reiteradamente
denunciamos desde estas columnas, personas de más de 70 años, en muchos casos
enfermas, no reciben la debida atención.
Bajo el falaz manto
protector de la defensa de los derechos humanos, se cometieron millonarias
estafas contra el Estado nacional. Inmersos en el barro de la corrupción y
lejos del juvenil idealismo combativo, la malversación de fondos públicos fue
el escandaloso camino elegido por muchos; entre ellos, la Fundación Madres de
Plaza de Mayo, con Sueños Compartidos, y la organización Tupac Amaru, liderada
por Milagro Sala, investigadas por millonarias defraudaciones ligadas a la construcción
de viviendas sociales.
Con insistencia,
Jovina Luna, hermana del soldado Hermindo Luna, asesinado en 1975 por
Montoneros en el asalto al regimiento de Formosa, solicitó al secretario de
Derechos Humanos el listado de beneficiarios de las leyes de reparación que
recibieron indemnizaciones del Estado por considerárselos "víctimas"
de la represión estatal en aquellos años oscuros. Tras una innecesaria demora,
durante la cual se amparó en un primer momento en que se trataba de datos "sensibles",
finalmente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación consideró
"oportuno" disponer la publicación en su página web de los listados
desde su digitalización, en 2004, exceptuando lo clasificado como
"secreto", así como la confección de una base de datos específica con
las diferentes categorías de indemnizaciones, cuya coordinación se pidió al
secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.
A partir de la semana
próxima, respetando el principio constitucional que obliga a publicitar los
actos de gobierno y a transparentar la utilización de los fondos públicos, se
podrá acceder a información sobre indemnizaciones a ex presos políticos, ex
exiliados y familiares de desaparecidos. Cabe recordar que el grueso de las
indemnizaciones se asignó con anterioridad a 2004, por lo que no se revelarán
los nombres de muchos de los que cobraron abultadas sumas.
Los listados
permitirán confirmar de qué forma se interpretaron los hechos, a quiénes se
consideró "víctimas" y si los asesinos de Hermindo Luna, o de alguno
de los 12 soldados y oficiales del Ejército que fallecieron en ese ataque,
fueron literalmente premiados con un monto de dinero por una muy conveniente
interpretación kirchnerista que insólitamente los consideró "víctimas del
terrorismo de Estado".
El desafío es retomar
las promesas de campaña para que en la Argentina no haya más víctimas sin
reconocimiento ni consuelo y victimarios sin castigo, como resultado de una ley
que lejos está de ser pareja para todos, de la reiterada violación de los principios
republicanos que nos rigen y de una dialéctica pseudoprogresista que ha venido
alimentando el odio, los enfrentamientos y el afán de venganza anclándonos al
pasado en lugar de apostar a la pacificación.
