por Enrique Guillermo Avogadro
“Los
hechos son testarudos”.
Vladimir Ilich Uliánov, Lenin
La Argentina, que desde hace décadas vive un “subdesarrollo
sustentable”, genial definición de Vicente Massot, está asistiendo a
una marcada inclinación del ángulo de la pendiente por la que desliza hacia el
abismo final. Si bien la casta política ha sido gran responsable de esa
degradación institucional, la mayor cuota corresponde a la Justicia,
cuyos miembros han tolerado que los virus de la corrupción y de la politización
la enfermaran tan gravemente. Hay una vieja máxima republicana que reza: “con
una Justicia eficiente, rápida e independiente, todo es posible; sin ella, nada
lo será”; por haberla ignorado, así estamos.
En el terreno judicial, desde el sábado se han
producido dos hechos importantes. Me refiero, claro, al indignante
sobreseimiento de Cristina Fernández dictado por la mayoría del Tribunal
Oral Federal N° 5 (Daniel Obligado y Adrián Grünberg) sin
realizar el juicio oral y público que ordena el Código Procesal Penal y
mientras aún faltaba producir prueba pedida por la propia defensa de la
beneficiada; y al absurdo procesamiento del ex Presidente Mauricio Macri,
por el Juez subrogante de Dolores, Martín Bava.
Los primeros invocaron un principio clave para
resolver así, con el honroso voto en contra de Adriana Palliotti: la
existencia de una ley más benigna; malintencionadamente, olvidaron que esa ley
había sido modificada cuando los delitos imputados continuaban cometiéndose por
varios años más; el fallo será apelado por el Fiscal Diego Velazco, y
será la Sala I de la Cámara de Casación, que ya se ha pronunciado en el sentido
de la necesidad de realizar el juicio, quién resolverá. Quedará, por supuesto,
la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema, que debiera expedirse en breve
plazo para evitar que todo se transforme en la anhelada impunidad.
Obligado,
que ahora se amparó en ese principio legal para proteger a su patrona, es el
mismo Juez que lo negó a todos los militares que, imputados de lesa humanidad,
cayeron bajo su imperio, en procesos viciados por la indudable falsedad de los
testimonios y por el desconocimiento de garantías tales como la de juez
natural, de irretroactividad de la ley penal, etc., y a los cuales les extendió
arbitrariamente la prisión preventiva sin atender a sus edades (76 años, en
promedio) ni a sus condiciones de salud.
Por su parte, Bava dispuso el procesamiento
de Macri sin contar con prueba alguna que lo vincule con el presunto
(aún no probado) espionaje a los familiares de los marinos del ARA San Juan.
Mientras, obedeciendo el antiguo apotegma peronista (“al amigo, todo;
al enemigo, ni justicia”), otro Juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi,
hace como que investiga la denuncia derivada de las muchas carpetas, con
transcripciones de conversaciones de opositores, frutos de escuchas ilegales,
que fueron encontradas en la casa de la PresidenteVice en Calafate durante un
allanamiento ordenado por el fallecido Juez Claudio Bonadío.
Cambiando de tema, esta misma semana fuimos
informados por la UNESCO del resultado de las pruebas realizadas a nuestros
alumnos primarios: fuimos un faro luminoso en el mundo desde fines del siglo
XIX, cuando la educación pública erradicó el analfabetismo; hoy, el derrumbe es
total, y los chicos que llegan al secundario ni siquiera comprenden los textos
que leen y, mucho menos, acceden al conocimiento de las ciencias duras.
La Provincia de Buenos Aires es el paradigma de esa
catástrofe. Su gobierno entregó la política educativa a los gremios más
ideologizados y salvajes, cuya máxima expresión es Roberto Baradel, gran
capitán de los “trabajadores de la educación”. La “cuareterna”
fue su ideal, y la pandemia la excusa para ni siquiera asistir a las escuelas,
en las cuales la proliferación de maestros y suplentes (40% de ausentismo) para
los mismos cargos docentes impide mejorar salarios y exigencias, y todo ello en
uno de los países que, en la región, destina mayor presupuesto a la educación.
Pese a ser el kirchnerismo socio político de Rafael Correa, el ex
Presidente prófugo de Ecuador, no imitó su política educacional; éste hizo
dictar una ley, aún vigente, que dispone que sólo puedan enseñar quienes
merezcan las mejores calificaciones en los institutos de formación, todos de
excelencia.
La nueva carta/misil emitida por Cristina
Fernández, en la que transfirió la responsabilidad de un eventual acuerdo
con el FMI -que, como condición previa, requiere de un plan económico creíble
que contenga una reducción del gasto público y de la inflación- a su
mandatario, el MemePresidente (que ha pedido al organismo que, antes de
firmar, haga un insólito mea culpa por el crédito otorgado durante la
administración de Macri) y, sobre todo, a la oposición. Intenta quitarse
el sayo del ajuste y reservarse el derecho a veto para conservar su capital
simbólico; lo construyó su propio marido mintiendo descaradamente cuando, para
cancelar la deuda con el FMI, que cobraba un interés del 4% anual pero exigía
auditar las finanzas públicas, nos endeudó con su socio Hugo Chávez al
15%, repartiendo entre ambos los “beneficios”.
Si la Justicia fuera proba, nada de todo esto podría
haber sucedido, puesto que los jueces hubieran puesto límites. Hoy nos queda la
esperanza: un inminente fallo de la Corte Suprema, ya demorado seis
años, que restituya la composición del Consejo de la Magistratura (responsable
de la elección y la remoción de los magistrados) a lo establecido en la
Constitución de 1994. Esperemos que no sea, una vez más, vana.
Bs.As., 4 Dic 21
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
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