Esperanzadora
editorial de La Nación, en el día de la fecha, destacando la necesidad de un
dialogo más necesario que nunca. Dos importantes instituciones han coíncidido
en este tema: la Iglesia y el Foro de Convergencia Empresarial efectuaron
un llamado a cultivar los consensos desterrando los enfrentamientos.
Una de las heridas
más lacerantes de la historia reciente de la República Argentina, es la Guerra
Revolucionaria de los años ’70 y sus consecuencias asimétricas del presente.
Bien conocido por
toda la sociedad son las llamadas “leyes del perdón” –Ley de obediencia debida, Ley de Punto Final
e Indultos del presidente Menem–, toda esa normativa había servido para
apaciguar los ánimos de los dos sectores que aún hoy continúan en pugna, fueron
asimétricamente anuladas en el 2003 por el poder de turno. Se castigó,
persiguió, escarnió, encarceló, juzgó y en algunos casos ya se condenó
solamente al personal de las FFAA, de Seguridad, Policiales y otros organismos
del estado que combatieron al terrorismo, cuyo objetivo final era alzarse con
el poder del estado –mediante las armas– e instalar una dictadura
merxista-leninista y castrista. Hoy existen aproximadamente 1.800 personas
(cuyo número varía frecuentemente) detenidas como Presos Políticos.
¿Por
qué son Presos Políticos?
Desde la Asociación de Hijos y Nietos de Presos
Políticos, espresan: “Desde nuestra agrupación,
exigimos el respeto irrestricto de los Derechos Humanos y las garantías
constitucionales de todos los ciudadanos argentinos; particularmente de
nuestros padres y abuelos.
Los
llamamos presos políticos no porque estén presos por sus ideas, sino porque
quienes violan sistemáticamente la Constitución y los Tratados Internacionales
para encerrar a nuestros padres y abuelos, negándoles sus derechos elementales,
buscan el rédito político. Ellos están presos por razones políticas.
También
porque estos detenidos reciben un trato diferencial y discriminatorio, con
respecto a cualquier otro detenido. Para que haya condena en un Proceso Penal
la responsabilidad del imputado en el hecho puntual debe ser probada “más allá
de toda duda razonable” con prueba “clara, precisa e irrefutable”. En el caso
de nuestros familiares los magistrados justifican sus condenas porque los
acusados “deberían haber sabido lo que pasaba”; o se sostiene la culpabilidad
apelando a la figura de “participes
necesarios”. En los juicios comunes, con pruebas y testimonios del mismo año
del juicio, tan solo alrededor del 30% de los imputados son condenados, en
nuestro caso, con la prueba más fresca a 40 años del hecho, cerca del 95%”.
De
los treinta artículos plasmados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos podemos atestiguar que se violan
dieciséis. La voluntad, que se comprueba en los procesos por delitos de lesa
humanidad, implica un costo inmenso para nuestra sociedad. No hablamos únicamente
del costo económico, equivalente a cuatro veces el costo de Fútbol para Todos,
sino del costo institucional y cívico que significa salirse del marco del
Estado de Derecho.
En contraoposición
los ex integrantes de esas organizaciones políticas-militares-terroristas, se
encuentran en libertad y gozando de reconocimientos y beneficios injustamente
otorgados.
Mientras se continúe
deformando la historia descaradamente, se haga uso de un derecho alejado de las
principales normas internacionales y nacionales, se intensifique el “ataque” y desarme de las Fuerzas Armadas
de la Nación… las heridas continuarán laceradas, abiertas y purulentas. Dadas
las muestras del poder de turno, no es esperable que el actual gobierno
solucione el problema de la reconciliación y concordia nacional. Es una pesada
herencia que le queda al futuro gobierno, que asuma el poder del estado el
10/12/2015, formulamos votos para que el futuro Presidente de la Nación sea el
estadista de la paz, el dialogo, la reconciliación y concordia de toda la
sociedad argentina… sin exclusiones de algún sector.
Sinceramente,
Pacificación
Nacional Definitiva
por
una Nueva Década en Paz y para Siempre
UN
DIÁLOGO MÁS NECESARIO QUE NUNCA
Editorial I
Tanto la Iglesia como el Foro de Convergencia Empresarial hicieron un esperanzador llamado a
cultivar los consensos desterrando los
enfrentamientos
La Iglesia y el Foro de Convergencia Empresarial han convocado a desterrar la intolerancia, a practicar un
intercambio honesto de opiniones de manera franca y abierta que permita retomar
la senda de la paz social, asegurando la división de poderes y una justicia
independiente. Paralelamente, destacaron la importancia de la creación de
puestos laborales, de la educación como vehículo privilegiado para contener la
exclusión, y de atacar de manera decidida el avance del narcotráfico en nuestro
país.
"El
mayor acto de caridad hoy es generar empleo. El verdadero liderazgo supera la
prepotencia del poder. La ejemplaridad viene de arriba, del que tenga algún
tipo de responsabilidad", dijo monseñor José María Arancedo, arzobispo
de Santa Fe y presidente del Episcopado, durante el encuentro realizado en la
UCA, continuador de aquel inédito documento empresarial para consensuar
políticas de Estado, suscripto en abril pasado.
Entre otras muchas
coincidencias surgidas del foro, se destacan las siguientes:
La
democracia sola es esencial, pero no suficiente.
Se requiere un marco institucional en el que funcionen los pesos y contrapesos
que marca nuestra Constitución.
Tenemos
que avanzar en los consensos, pero también en
saber cómo dirimir los disensos.
Debemos asegurar la
división de poderes con una Justicia independiente y con un Congreso dispuesto
a debatir.
Las palabras de ayer
de monseñor Arancedo en el sentido
de "favorecer entre nuestros pueblos
el camino de la amistad social", que nos proyecte como sociedad, se
suman al fuerte llamado al diálogo realizado durante la última reunión de la Conferencia Episcopal. También, a las expresadas en años anteriores por otros
máximos referentes de la Iglesia, que vienen advirtiendo sobre la enorme herida social que se ha abierto en el país al cabo de
años de intolerancia gubernamental frente a las ideas ajenas y de la soberbia
narcisista que desde el poder constituye una elocuente expresión autoritaria.
La
sociedad está enferma de soledad. Donde debe haber
verdad, hay manipulación de la realidad para disfrazar fracasos; donde debiera
haber respeto por quienes nos antecedieron, se reescribe la historia a fin de
justificar atropellos. De tal modo, la verdad ha corrido riesgos de caer
vencida ante la mentira sistemática, producto tal vez de patologías psíquicas
que no la justifican, pero la explican: se miente con la desfachatez del
convencimiento de que se dice algo verosímil. Mientras eso ocurre, se
descalifica a quienes opinan lo contrario. Al que propone ideas propias, se lo
corre de escena. Al que divulga una crítica, se procura degradarlo. Tan nefasta
dialéctica rindió frutos por más de una década. Las críticas se hicieron en
general en voz baja, con temor a que la venganza cayera desde lo más alto del
poder. Así se anestesiaron voluntades y
se aceptó hasta lo peor como parte natural de la vida diaria.
Por fortuna, tanta
resignación sigue siendo sacudida por voces templadas como las de la Iglesia,
por instituciones que tan cerca y seriamente trabajan por deshipotecar a la
Nación de un porvenir sin esperanza. La Iglesia ha sido acompañada por
infinidad de entidades de bien público, de representantes de otros credos, de
organizaciones de la sociedad civil y de personas que, a título personal, se
esfuerzan por erradicar la pobreza, por poner frenos al estrago que las drogas
causan entre la juventud más vulnerable. También, por lograr que la educación
pública fructifique en la igualdad de oportunidades que la Constitución
nacional sienta como principio básico de la República y porque que el trabajo
honesto reemplace las prebendas subsidiadas que hacen de los hombres
prisioneros de políticas canallescas.
"Se
perdió la capacidad de diálogo", viene repitiendo
con inequívoca razón monseñor Arancedo.
No ha habido, sin embargo, entre los
sectores oficialistas que han pugnado estos años por mantener alto el nivel de
crispación y corrosión políticas oídos atentos para captar el verdadero sentido
del llamado pastoral a la reconciliación ciudadana. Lejos de inducir a un
mero olvido sobre los dolorosos procesos políticos del pasado que enfrentaron a
los argentinos, y sobre los que hay por igual culpas compartidas aunque hayan
sido diferentes hasta aquí los tratamientos legales, la Iglesia promueve
avanzar sin visiones sesgadas, sin sectarismos que impidan acceder a la verdad
que dignifica a los seres humanos.
El papa Francisco, a quien el Gobierno se
cansó de maltratar como arzobispo de Buenos Aires, ha denunciado de viva voz la ruindad de las políticas que han
pretendido fracturar la unión nacional y las posibilidades de concordia a través
de la exacerbación de las diferencias. De modo consecuente con aquella
sensibilidad, acaba de solicitar de nuestras autoridades que retomen en el
Congreso debates que enaltezcan a la Nación por el espíritu de proyectarse
hacia el porvenir con un proyecto de vida en común.
"Cuando
dejamos de lado los tiempos de la Constitución, nos empobrecemos",
dijo monseñor Arancedo, en sintonía con el pedido papal para que
cese la sobreactuación de sanciones legislativas aceleradas, carentes de
consensos suficientes respecto de códigos llamados a regir por largo tiempo.
Los obispos también consideran preocupante el crecimiento de la deuda social.
En este punto,
resultan muy importantes las voces de autocrítica levantadas ayer durante el
foro de empresarios. El mea culpa estuvo orientado al reconocimiento de la
falta de políticas públicas impulsadas desde las empresas, las que han renovado
su compromiso a trabajar por la inclusión social por medio del empleo y la
educación.
Reconstruir el
equilibrio perdido no es tarea fácil, pero sí urgente. Es enorme el daño que se
inflige a la sociedad cuando sus miembros pierden la capacidad de diálogo, de
escucharse mutuamente en la búsqueda de soluciones. Familias enteras han dejado
de reunirse para evitar riñas políticas; amigos de toda una vida ya no
comparten momentos fraternales. Mucha
gente evita todavía abrir su pensamiento, mientras actores centrales del
oficialismo lanzan exabruptos y se distancian de la actitud de perdón por los
graves errores cometidos con la cual deberían presentarse a esta altura ante el
conjunto ciudadano que los observa.
La violencia física y
verbal se enseñorea en las calles. Nada de eso es susceptible de ocultarse con
los recursos exorbitantes en propaganda que el Gobierno dilapida para exaltarse
a sí mismo y transmitir las imágenes bucólicas, pero falsas, de una Argentina
unida y floreciente. La cultura de la inclusión es mucho más que un eslogan de
campaña. Es un hábito que empieza por la familia y que se extiende a la
sociedad.
Como ha dicho la
Iglesia en otras oportunidades, dar a conocer estadísticas es insuficiente si
ellas no alcanzan a movilizarnos hacia actitudes superadoras. Desde el Gobierno se privilegian los
números, generalmente fraguados, por sobre las necesidades impostergables de
las personas.
Hay un relato
victimario; tiene al diálogo por víctima principal. Es hora de cambiar el curso
de esta historia. La reconciliación debe
ser una meta esencial en el proceso de reparación del doloroso abismo social al
que ha sido empujado el país por más de diez años.
NOTA:
Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
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