viernes, 20 de mayo de 2011

Con la voluntad popular... no se jode.

Desde hace mucho tiempo en este blog venimos subiendo y exponiendo a conocimiento de nuestros lectores las opiniones del Presidente de la República Oriental del Uruguay, José “Pepe” Mujíca, quién ha demostrado ser un verdadero estadista y a pesar de su pasado como guerrillero y preso supo poner los intereses de su país por encima de la ideología y la partidocracia.

En Pacificación Nacional Definitiva proponemos. y ese fue la razón de nuestro nacimiento, que en la República Argentina llevamos más de “200 años de antinomias”  y ya es hora de dejar atrás el pasado y pensar en un país mejor y digno de dejar en herencia a las generaciones que nos continuaran. Este es un tema ausente en la llamada “Agenda Política” y se nota mucho más en un año electoral.

En nuestra modesta opinión la única forma que la sociedad, verdadera beneficiaria de una paz final, puede imponer que la Cámara de Diputados impulse una “Consulta Popular Vinculante”, solo hay que cumplir los artículos 39 y 40 de la Constitución Nacional Argentina. Si esa consulta es aprobada por simple mayoría, se convierte en ley en forma automática y sin derecho al veto presidencial, arma utilizada por la presidente últimamente para no promulgar leyes aprobadas por el Congreso Nacional y que no son de su agrado político. Señora… la voluntad del pueblo hay que acatarla y si no aprenda de lo que pasa en la orilla de enfrente.


URUGUAY
Fracasó el proyecto para anular la amnistía
Un diputado rebelde no participó de la sesión, por lo cual en Frente Amplio terminó fracturado. La postura de Pepe Mujica.

 El Víctor Semproni expone en contra de la Ley de Caducidad en el Parlamento uruguayo. | Foto: AFP

Un proyecto para anular una ley que evitó investigar violaciones a los derechos humanos en la última dictadura uruguaya (1973-1985) fracasó en la madrugada del viernes, luego que el gobernante Frente Amplio (FA, izquierda) no lograra la mayoría necesaria por la rebeldía de un diputado.

Luego de varios meses de debate y en una sesión considerada histórica, la Cámara de Diputados perdió anoche una importante oportunidad para dejar sin efecto la denominada Ley de Caducidad. El tratamiento del proyecto dependía de la voluntad de un solo hombre: el diputado Víctor Semproni.

Tal como había anticipado, Semproni se retiró de la sala sin prestar quórum. El diputado ya había anticipado su posición contraria a la iniciativa luego que el presidente José Mujica rechazara el proyecto de anulación advirtiendo que se "le está pasando por arriba a dos plebiscitos" y que si se aprueba la anulación el partido va a sufrir "costos importantes".

La votación tuvo lugar un día antes de la anual Marcha del Silencio, en reclamo de saber el destino de los desaparecidos durante la dictadura. La votación del proyecto de ley en marzo en el Senado provocó la renuncia de un senador oficialista a su banca y el voto en contra de otro.

Quienes cuestionaron la propuesta de anulación -dentro del FA y en la oposición- sostienen que va en contra de la voluntad de la ciudadanía, que fue consultada en 1989 y 2009 sobre la derogación de la Ley, en plebiscitos que fueron derrotados en las urnas.

En un reciente plenario nacional del oficialismo se encomendó a sus legisladores que anulen la cuestionada Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y que obliga a la Justicia a consultar al Poder Ejecutivo qué casos puede investigar.

Mujica defendió entonces que los familiares de desaparecidos en la dictadura sigan reclamando saber el destino de sus familiares porque "de todas las llagas del pasado esa es la peor" y sostuvo que esta información "debe estar en la cabeza de algunos de los mandos de los oficiales superiores retirados de las Fuerzas Armadas que nunca han buscado la forma de que esa información llegue".

El proyecto de anulación había sido impulsado luego que la Suprema Corte de Justicia local indicara que la Ley de Caducidad es inconstitucional, y ante una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó a Uruguay investigar y sancionar las desapariciones forzadas.

Durante la dictadura uruguaya desaparecieron casi 200 opositores, en su mayoría en Argentina, por la colaboración entre ambas dictaduras en el marco del Plan Cóndor.

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