lunes, 24 de febrero de 2014

MADURO, EL CAMPEÓN DEL ANTIFASCISMO

por Mauricio Ortín

Oriana Falacci decía que hay dos tipos de fascistas: los fascistas y los antifascistas. Es en este último género en el que se debe incluir a Nicolás Maduro y a todos los que apoyan al fascismo venezolano justificándose con el embuste de que es una democracia. Maduro, como antes Hugo Chávez, es lo que se podría señalar como un fascista clásico si no fuera por la singularidad con que reniega a su propia identidad política (Mussolini estaría orgulloso de semejantes discípulos). Lo cierto es que, por ignorancia o malicia, el Gobierno bolivariano chavista-madurista se proclama antifascista y, en cumplimiento de la palabra, persigue, expropia, encarcela y, como se ha visto, asesina a aquellos a los que les cuelga el “sambenito” de fascista. Así, por ejemplo, Génesis Carmona, la joven de veintidós años asesinada en la marcha de protesta (según ella misma, “una apasionada de la vida”) es una “fascista”. “Fascista” es también Leopoldo López, el joven político opositor encarcelado por Maduro por desaprobar el autoritarismo y para quien el “demócrata” Luis D'Elía pidió fusilamiento. “Fascista” es la diputada opositora María Corina Machado; quien en medio de una sesión legislativa y en presencia de Diosdado Cabello, el presidente del Parlamento venezolano, recibió una paliza que la envió al hospital.

Medidas económicas de corte fascista en la gestión “antifascista” de Chávez-Maduro hay para hacer dulce; mas, tres de ellas se destacan por representarlo acabadamente. Una es la devaluación de la moneda y, unida a esta, la segunda, el control de precios. Ambas, “justificadas” con la mentira oficial de que los empresarios son los culpables de la inflación. La tercera y más grave, ya que comporta el decurso hacia una etapa fascista o socialista, superior, es la apropiación lisa y llana de la propiedad privada de los particulares en nombre de la “razón de Estado”. Generalmente y, en el caso venezolano así sucede, el robo a los particulares se lleva a cabo “democráticamente” mediante una ley inconstitucional (fascista) desde donde se la mire. Se trata de la ley orgánica de precios justos, publicada en el Boletín Oficial del 23 de enero de 2014, la cual dice: “Se declaran y por lo tanto son de utilidad pública e interés social, todos los bienes y servicios requeridos para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes prestados y servicios”. En criollo, los bienes particulares de los venezolanos pueden ser decomisados (robados) por el Estado a través de una simple denuncia de acopio o suba de precios “injustificada”. La misma norma establece, además, que la denuncia produce la sanción (castigo) inmediata (clausura del comercio, decomiso de la mercadería o multa) con total independencia del proceso judicial que debe demostrar la responsabilidad del supuesto infractor. Un absurdo legal. Está aquí nomás, a la vuelta de la esquina. Porque el proyecto de ley que impulsa el diputado nacional Humberto Recalde (el papá del inservible que administra Aerolíneas Argentinas) es calcado al vigente en la República Fascista Bolivariana, según el cual “se facilita el ejercicio de las facultades... al Poder Ejecutivo para expropiar bienes que sean objeto de maniobras de desabastecimiento, acaparamiento, agiotaje y/o especulación...” Agrega, “el requisito ineludible de abonar la multa con carácter previo a que la medida sea revisada por el órgano judicial”. Así, los que guardan la soja esperando mejores precios quedan sujetos a vender o perder todo. Idéntica situación para los comerciantes. Los que prestan servicios (médicos, peluqueros, futbolistas, periodistas, etcétera) en algún momento también recibirán del Gobierno las instrucciones acerca de cuánto deben cobrar por su trabajo.

El fascismo venezolano-bolivariano, como los otros que asolan América del Sur, sostiene que las barbaridades totalitarias de las que se valen para detentar el poder están plenamente justificadas porque han sido avaladas por el voto popular. Entienden que el triunfo en una elección general con el 54% les otorga “autoridad moral” (como dijo Capitanich en 6,7,8). Pues bien, demás está decir que, o están equivocados o se hacen los equivocados, porque salir airoso de un proceso electoral no hace ni mejor ni peor a nadie (hace dos mil años un tal Barrabás se ganó el favor de la mayoría por sobre uno -que creo- merecía mejor suerte).


NOTA: Las imágenes y negritas no corresponden a la nota original.