martes, 6 de enero de 2015

FISCALES

Con relación al artículo de ayer con la firma del señor Carlos Pagni, advierto una serie de inexactitudes que estimo tengo derecho a replicar (art. 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). En primer lugar, no voté por destituir al fiscal José María Campagnoli. Sí decidimos -no sólo el suscripto sino tres jueces más- su suspensión, medida cautelar que fue ratificada por la justicia contencioso administrativa federal de la Capital Federal, tanto en primera instancia como en Cámara. En segundo lugar, es falso que presionara al doctor Kishimoto para impulsar una acusación contra el doctor Hooft. La denuncia contra Hooft fue hecha por el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Eduardo Duhalde, en 2006, con adhesión de la Secretaría de DD.HH. bonaerense y de representantes de distintas organizaciones de DD.HH. El requerimiento de instrucción fue realizado ese mismo año por otro fiscal, no por el doctor Kishimoto. Por otra parte, estoy excusado en esa causa, en la cual no he tenido intervención alguna con relación a los cargos imputados a Hooft por acciones y omisiones que se le endilgaran en el marco del terrorismo de Estado, período en el cual se desempeñó como juez penal de los Tribunales de Mar del Plata. Cabe recordar que los fiscales actúan con autonomía funcional y no reciben instrucciones particulares, cuando han entendido recibirlas así lo hicieron saber formalmente y éste no ha sido el caso.

Por último, es manifiestamente inexacto que al doctor Pettigiani lo desplazara la doctora Gils Carbó. Pettigiani se excusó de intervenir en la causa CNU, en la que se encuentran imputadas once personas, seis de ellas por ocho homicidios calificados cometidos en 1975, en tiempos en que violencia armada dominaba las calles de esta ciudad. Las leyes y las resoluciones de la Procuración General anteriores a que Gils Carbó asumiera como procuradora general de la Nación indican que debo subrogar a mi colega, tal como lo hice en casi la totalidad de los juicios de lesa humanidad que se hicieron en este circuito federal desde el año 2008.

Lamento no haber sido consultado por el señor Pagni antes de que se publicaran las referidas inexactitudes.

Daniel Eduardo Adler

Fiscal general federal

N. de la R.: quien manifestó haber sido presionado por el doctor Adler para que se impute al doctor Hooft un crimen de lesa humanidad fue el fiscal Kishimoto, en una grabación que circula por la Web (www.youtube.com/watch?v=Hh5eH40yFZ4) y que dio lugar a una denuncia judicial. Quien acusó a la procuradora Gils Carbó de presionar al fiscal Pettigiani fue el doctor Barbieri, según consta en la causa penal que investiga el fiscal Taiano.


Publicado el 12 de octubre de 2013
El fiscal federal Claudio Kishimoto reconoció que la causa contra el juez Pedro Hooft era un "GRAN VERSO". Admitió haber sufrido fuertes presiones del fiscal general federal Daniel Eduardo Adler y su secretaria Eugenia Montero para que firme el llamado a indagatoria del juez marplatense. Reconoció además participación del abogado Cesar Sivo en el armado. Reconoció también aprietes de Adler en la causa seguida al fiscal federal Marcelo Garcia Berro. Kishimoto mencionó además en el audio al juez federal Martin Bava y los fiscales federales Jorge Auat y Pablo Parenti. EL AUDIO