Con relación al
artículo de ayer con la firma del señor Carlos Pagni, advierto una serie de
inexactitudes que estimo tengo derecho a replicar (art. 14 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos). En primer lugar, no voté por destituir al
fiscal José María Campagnoli. Sí decidimos -no sólo el suscripto sino tres
jueces más- su suspensión, medida cautelar que fue ratificada por la justicia
contencioso administrativa federal de la Capital Federal, tanto en primera
instancia como en Cámara. En segundo lugar, es falso que presionara al doctor
Kishimoto para impulsar una acusación contra el doctor Hooft. La denuncia
contra Hooft fue hecha por el entonces secretario de Derechos Humanos de la
Nación, Luis Eduardo Duhalde, en 2006, con adhesión de la Secretaría de DD.HH.
bonaerense y de representantes de distintas organizaciones de DD.HH. El
requerimiento de instrucción fue realizado ese mismo año por otro fiscal, no
por el doctor Kishimoto. Por otra parte, estoy excusado en esa causa, en la
cual no he tenido intervención alguna con relación a los cargos imputados a
Hooft por acciones y omisiones que se le endilgaran en el marco del terrorismo
de Estado, período en el cual se desempeñó como juez penal de los Tribunales de
Mar del Plata. Cabe recordar que los fiscales actúan con autonomía funcional y
no reciben instrucciones particulares, cuando han entendido recibirlas así lo
hicieron saber formalmente y éste no ha sido el caso.
Por último, es
manifiestamente inexacto que al doctor Pettigiani lo desplazara la doctora Gils
Carbó. Pettigiani se excusó de intervenir en la causa CNU, en la que se
encuentran imputadas once personas, seis de ellas por ocho homicidios
calificados cometidos en 1975, en tiempos en que violencia armada dominaba las
calles de esta ciudad. Las leyes y las resoluciones de la Procuración General
anteriores a que Gils Carbó asumiera como procuradora general de la Nación
indican que debo subrogar a mi colega, tal como lo hice en casi la totalidad de
los juicios de lesa humanidad que se hicieron en este circuito federal desde el
año 2008.
Lamento no haber sido
consultado por el señor Pagni antes de que se publicaran las referidas
inexactitudes.
Daniel Eduardo Adler
Fiscal general
federal
N. de la R.: quien
manifestó haber sido presionado por el doctor Adler para que se impute al
doctor Hooft un crimen de lesa humanidad fue el fiscal Kishimoto, en una
grabación que circula por la Web (www.youtube.com/watch?v=Hh5eH40yFZ4) y que
dio lugar a una denuncia judicial. Quien acusó a la procuradora Gils Carbó de
presionar al fiscal Pettigiani fue el doctor Barbieri, según consta en la causa
penal que investiga el fiscal Taiano.
Publicado el 12 de octubre
de 2013
El fiscal federal Claudio Kishimoto reconoció
que la causa contra el juez Pedro Hooft
era un "GRAN VERSO". Admitió haber sufrido fuertes presiones
del fiscal general federal Daniel Eduardo Adler y su secretaria Eugenia Montero para que firme el llamado a indagatoria del juez
marplatense. Reconoció además participación del abogado Cesar Sivo en el
armado. Reconoció también aprietes de Adler
en la causa seguida al fiscal federal
Marcelo Garcia Berro. Kishimoto mencionó además en el audio
al juez federal Martin Bava y los fiscales
federales Jorge Auat y Pablo Parenti. EL AUDIO
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