A
lo largo de las últimas décadas, he observado a muchos comunicadores sociales,
funcionarios nacionales, integrantes de los Poderes del Estado, representantes
de organizaciones no gubernamentales, analistas políticos y miembros de la
sociedad en general, hacer análisis y comentarios acerca de los años
transcurridos bajo la ofensiva de la Guerrilla y el Terrorismo en la República
Argentina y la posterior acción de Contraguerrilla y Contraterrorismo, iniciada
por el Gobierno de María Estela Martínez de Perón y continuada por el Gobierno
del Proceso de Reorganización Nacional.
Los
argumentos utilizados en muchos casos para enjuiciar o defender la acción de
unos y otros, carecen en general de la profundidad que requiere un análisis
imparcial de un hecho tan trascendente como el señalado. Se ha tomado la
cuestión como la necesidad de demostrar la bondad de un bando y la maldad del otro
y eso ocurre porque se confunde un hecho de carácter bélico, con intereses
políticos personales de uno de los bandos en cuestión. Además, la
contemporaneidad de los hechos con las
críticas a los mismos, impide una conclusión
acertada, ya que sus protagonistas intervienen en la discusión con
distinto peso.
Durante
más de 30 años se ha mantenido en vilo a la sociedad, con titulares catástrofes acerca de los
hechos de los que se acusa a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Permanentemente
se hizo acción psicológica desde los medios de comunicación en apoyo, primero
del Juicio a las Juntas Militares y posteriormente, de la búsqueda de continuar
dichos juicios hacia todos los niveles de la conducción de las fuerzas que
intervinieron. Se promulgaron leyes en el Congreso Nacional con el objeto de
trazar una raya en la asignación de responsabilidades, pero solo se logró
profundizar el problema por la carencia de una Política de Estado decidida a
culminar y archivar definitivamente el problema.
Mientras
tanto, las acciones de la guerrilla y el terrorismo, que dieron lugar a la
intervención del Estado para reprimirlas, son consideradas como militancia
política y sus responsables, liberados de toda culpa, caminan libremente por
las calles y en muchos casos ocupan
importantes funciones en el Gobierno Nacional o Provincial o votan leyes en el
Congreso Nacional que favorecen su impunidad. Otros ya fallecidos, resultan
homenajeados como héroes por el solo hecho de haber intervenido en la
contienda.
Tampoco
hemos visto que algún político de entonces, cuando el Estado decretó la
represión armada, se haya visto ante los estrados judiciales para responder por
sus acciones u omisiones.
Se
han trasgredido derechos constitucionales y procesales en aras de obtener el
objetivo buscado y se han dejado de lado cuestiones trascendentales para la
defensa en juicio. A este respecto, el análisis crítico de los historiadores
trascenderá ésta época y señalará la verdad de los acontecimientos con la vara
de la razón y la ética.
Lo
que no podrá contrarrestarse en el corto ni en el mediano plazo, es la
deformación y desinformación que se ha sembrado en la sociedad a lo largo de
todos estos años, mediante el uso abusivo de calificaciones verbales, frases
hechas repetidas insistentemente, películas carentes de un guion neutral y
literatura teñida de parcialidad; como tampoco, el olvido y el desinterés hacia los valores
éticos, la educación básica, las celebraciones Patrias y los Símbolos Nacionales.
¡¡Quiera
Dios darnos tiempo y fuerza para
recuperarnos!!
Buenos
Aires, 1 de enero de 2015
N/E: El autor es un detenido Preso Político, por razones de seguridad se
resguardan sus datos.
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