domingo, 3 de enero de 2016

SACARSE LA CARETA

Por José Luis Milia

Crecí con el convencimiento ingenuo de que un trabajador de prensa, y más aún un periodista, eran personas que por su trabajo tenían una formación cultural superior al resto de aquellos que, ocupados en otros menesteres, no tenían la posibilidad de la comprensión de lo que leían. Hoy veo que no es así o, si siguen siendo tan cultivados, es dable que se saquen la careta y digan con toda claridad que su idea de justicia no es la que se expresa en la Constitución Nacional.


Pero si aquellos que con absoluta ligereza repudian el editorial “Derecho, no venganza”, publicado en El Litoral días atrás, creen en la justicia, deberían informarse de situaciones que se han ocultado y preguntarse por qué han muerto en prisión 235[1] militares, policías y gendarmes. Nada hay en el editorial para aquel que lo lea desapasionadamente, que ponga en entredicho la legitimidad de los juicios, pero lo que molesta, al parecer, es que denuncie actitudes que son lisa y llanamente actos de venganza o, por lo menos, violatorios de los derechos humanos que se dice defender, porque el tratamiento que reciben los presos llamados de “lesa humanidad” por parte de muchos de los jueces de ejecución -nunca tan bien llamados así- es sencillamente infame.

Yo fui testigo de la agonía de Santiago Cruciani, suboficial mayor del Ejército Argentino en la enfermería del penal de Marcos Paz, lugar que ni siquiera tenía un tubo de oxígeno con que paliar los problemas de respiración que finalmente lo llevaron a la muerte. A partir de ese día, 12 de julio de 2007, se han sucedido casos que, de tener una Justicia que verdaderamente crea en los derechos humanos, se hubieran evitado. Así, la agonía del Tte. Gral. Videla duró tres días, porque la dirección del penal no recibía autorización del juez para llevarlo al Hospital Militar Central; al sacerdote Christian von Wernich se le tuvo que extirpar, en una cirugía que duró seis horas, un tumor de casi 4 kg porque su juez de ejecución, Rozanski, le negó durante once meses el permiso para ser tratado en un centro de alta complejidad; y al almirante Vañek, de 90 años y aquejado de enfermedades que le impedían valerse por sí solo, le revocaron la prisión domiciliaria después de 17 años, porque a su juez de ejecución se le cantó que debía volver al penal. Y éstos son sólo tres casos de entre 432 denuncias que existen sobre el mal tratamiento a esos presos.

Sólo con leer los informes que el Dr. Mariano Castex, médicoforense, ha elevado sobre las condiciones de la muerte del capitán de navíoRaúl Scheller, cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad sabe que el editorial -repudiado por algunos periodistas- no está mintiendo cuando dice: “Derecho, no venganza”.




[1] Al día de la fecha los detenidos como “Presos Políticos” suman 331 faleidos en prisión.