Por José Luis Milia
Crecí con el convencimiento ingenuo de que un trabajador de
prensa, y más aún un periodista, eran personas que por su trabajo tenían una
formación cultural superior al resto de aquellos que, ocupados en otros
menesteres, no tenían la posibilidad de la comprensión de lo que leían. Hoy veo
que no es así o, si siguen siendo tan cultivados, es dable que se saquen la
careta y digan con toda claridad que su idea de justicia no es la que se
expresa en la Constitución Nacional.
Pero si aquellos que con absoluta ligereza repudian el
editorial “Derecho, no venganza”,
publicado en El Litoral días atrás, creen en la justicia, deberían informarse
de situaciones que se han ocultado y preguntarse por qué han muerto en prisión
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militares, policías y gendarmes. Nada hay en el editorial para aquel que lo lea
desapasionadamente, que ponga en entredicho la legitimidad de los juicios, pero
lo que molesta, al parecer, es que denuncie actitudes que son lisa y llanamente
actos de venganza o, por lo menos, violatorios de los derechos humanos que se
dice defender, porque el tratamiento que reciben los presos llamados de “lesa
humanidad” por parte de muchos de los jueces de ejecución -nunca tan bien
llamados así- es sencillamente infame.
Yo fui testigo de la agonía de Santiago Cruciani, suboficial
mayor del Ejército Argentino en la enfermería del penal de Marcos Paz, lugar
que ni siquiera tenía un tubo de oxígeno con que paliar los problemas de
respiración que finalmente lo llevaron a la muerte. A partir de ese día, 12 de
julio de 2007, se han sucedido casos que, de tener una Justicia que
verdaderamente crea en los derechos humanos, se hubieran evitado. Así, la
agonía del Tte. Gral. Videla duró tres días, porque la dirección del penal no
recibía autorización del juez para llevarlo al Hospital Militar Central; al
sacerdote Christian von Wernich se le tuvo que extirpar, en una cirugía que
duró seis horas, un tumor de casi 4 kg porque su juez de ejecución, Rozanski,
le negó durante once meses el permiso para ser tratado en un centro de alta
complejidad; y al almirante Vañek, de 90 años y aquejado de enfermedades que le
impedían valerse por sí solo, le revocaron la prisión domiciliaria después de
17 años, porque a su juez de ejecución se le cantó que debía volver al penal. Y
éstos son sólo tres casos de entre 432 denuncias que existen sobre el mal
tratamiento a esos presos.
Sólo con leer los informes que el Dr. Mariano Castex, médicoforense, ha elevado sobre las condiciones de la muerte del capitán de navíoRaúl Scheller, cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad sabe que el
editorial -repudiado por algunos periodistas- no está mintiendo cuando dice: “Derecho,
no venganza”.
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