sábado, 11 de marzo de 2017

DD.HH. S.A.


En la Argentina, sólo el terrorismo de Estado ha sido considerado como crimen de lesa humanidad y ni un solo jefe o integrante de las organizaciones armadas revolucionarias está preso. Tampoco fueron llevados a juicio los funcionarios del gobierno 1973-1976 que concretaron la "aniquilación" ordenada y el "exterminio" sugerido por Perón, incluida su esposa y sucesora. El nunca rendido dinero de las indemnizaciones fue sólo para las víctimas de la violencia estatal, no para las del terrorismo y en muchos casos los ex guerrilleros recibieron cargos públicos, cuando no se convirtieron en adalides de los derechos humanos, como Horacio Verbitsky. Las estadísticas del CELS al 31/12/2016 no dejan lugar a dudas (http://www.cels.org.ar/blogs/estadisticas/). Durante el período 1983-1987 se celebraron los juicios a las Juntas y a la cúpula de la policía bonaerense, con un total de 17 imputados, de los cuales once fueron condenados y seis absueltos. Entre 1988 y 2005, período posterior a las leyes de obediencia debida y punto final de Alfonsín y los indultos selectivos de Menem, se acumularon 23 nuevas condenas por apropiación de menores. Recién en 2006 se dictó la primera sentencia posterior a la anulación de las leyes e indultos citados y al fallo de la CSJN que declaró su inconstitucionalidad. Aunque el Tratado de Roma y el derecho humanitario internacional incluyen los crímenes de organizaciones armadas no estatales como delitos de lesa humanidad, esa universal doctrina fue bloqueada por la Procuración General de la Nación en línea con la estrategia del kirchnerismo de utilizar los derechos humanos comprando más impunidad para su gestión corrupta. Una perversa y aceitada maquinaria político judicial dirigida desde la PGN y el CELS que apuntó exclusivamente a los agentes del Estado (excepto los del gobierno Perón-Perón) tuvo el siguiente resultado: 2939 fueron acusados por delitos de lesa humanidad, de ellos 1120 están presos, aunque sólo fueron condenados 682 de ellos. Hay 517 encarcelados con prisión preventiva desde hace años, lustros o casi un decenio. Del total de acusados ya murieron 486, la inmensa mayoría sin sentencia, ya que sólo 59 de ellos habían sido condenados.

Impunidad para la corrupción, el peronismo y el terrorismo, dinero sólo para las víctimas del terrorismo de Estado, nada para las víctimas de la guerrilla y venganza consumada. A eso llamo yo Derechos Humanos S.A.

Pedro José Güiraldes