La guerra de los años
70 fue cruel, extremadamente cruel. Por un lado, miles de guerrilleros,
adiestrados muchos de ellos en Cuba, la iniciaron y desarrollaron con
asesinatos incalificables (el juez Quiroga, Rucci, Sacheri, Genta, Soldati, Mor
Roig, etc.), secuestros seguidos de muerte (Aramburu, Ibarzábal, Larrabure,
Salustro, etc.), asaltos a cuarteles, bancos, extorsiones, bombas y otros
hechos vandálicos, hasta sumar un total de 20.642 entre los años 1969 y 1979.
Su objetivo era alcanzar el poder para convertir nuestra república en un Estado
totalitario marxista. Estas acciones no distinguieron gobiernos de facto o
constitucionales.
Por otro lado, las
Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales debieron enfrentar la agresión
subversiva en defensa del Estado en cumplimiento de decretos firmados por la
viuda de Perón e Ítalo Luder y refrendados por sus ministros. Esas fuerzas
ejecutaron la orden de aniquilar la acción terrorista, no sin haber cometido
extralimitaciones inadmisibles e ilegales. El presidente Alfonsín optó por
ordenar el enjuiciamiento tanto de los comandantes en jefe de las Fuerzas
Armadas como de las cabezas de las organizaciones terroristas.
La sanción de las
leyes de obediencia debida y punto final extinguieron todas las acciones
penales promovidas contra ambos contendientes a excepción de oficiales
superiores y jefes guerrilleros. En 1989 y 1990 se dictaron los indultos que
extinguieron todas las acciones y penas privativas de la libertad.
Con la llegada al
poder de los Kirchner, se abandonó ese camino hacia la concordia y se impuso un
relato falso y asimétrico de los hechos, bajo la proclama de una falsa política
de "derechos humanos" declarada política de Estado, bajo cuyo amparo
comenzó una persecución teñida de venganza contra los hombres de las Fuerzas
Armadas y de seguridad que reprimieron el ataque subversivo. Los agresores
pasaron a ser "jóvenes idealistas", premiados con suculentas
indemnizaciones y convocados para altísimas funciones públicas como ministros,
legisladores, magistrados judiciales, etc. Esta vindicta incluyó también a
civiles y religiosos, a designio del poder.
La nueva mayoría de
la Corte, instalada a partir de 2003, se encargó de "remover los
obstáculos", como sostuvo Lorenzetti, que se presentaban para la concreción
de aquella política y, en consecuencia, poder reabrir los procesos y volver a
juzgar por los hechos ocurridos 30 años atrás. Para concretar ese designio
político de perseguir y castigar de por vida a los defensores del Estado
acusados por delitos de lesa humanidad se violó el orden jurídico, no sólo en
la materialidad de las leyes positivas que lo integran, sino incluso en los
principios que constituyen desde hace siglos patrimonio jurídico y cultural de
los pueblos civilizados. Así, se arrasó con el principio de legalidad -pilar de
las libertades en el mundo occidental- al aplicar con retroactividad tipos y
condiciones de delitos que no existían al momento de los hechos; se emplearon
retroactivamente en perjuicio de los imputados leyes más gravosas; se
desconocieron el instituto de la cosa juzgada y el de la prescripción, mientras
que se privó al Legislativo y al Ejecutivo de los dos instrumentos soberanos -y
por ende irrevisables- que la Constitución les dio para consolidar la paz
interior, esto es, la amnistía y los indultos para cualquier clase de delitos,
especialmente los políticos.
Puede afirmarse, sin
exageración, que casi todo el mundo jurídico no ideologizado ha denunciado el
atentado cometido contra la Justicia en nuestro país. Como también la
herramienta empleada para ese fin, esto es, el proceder de muchos jueces y
funcionarios judiciales de todos los niveles, quienes, olvidando el juramento
esencial de impartir justicia, se prestaron a la fabricación política de
juicios que quedarán, para vergüenza de esta generación de argentinos, como
muestras de arbitrariedad, corrupción, fraude y prevaricación. La Academia
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, en dictamen del 25 de agosto de 2005,
reprobó enfáticamente los pronunciamientos de la Corte.
El saldo de lo
ocurrido en la Argentina al cabo de 12 años -que, a mayor abundamiento, se
valió de la siembra permanente de discordia entre los argentinos como garantía
de éxito- ha sido trágico, no sólo por el daño causado a la República y al bien
común, sino porque ya son 344 los hombres que han muerto en cautiverio, la
mayor parte de ellos sin haber recibido condena; mientras que más de 1600
ancianos y enfermos, encerrados en cárceles comunes, aguardan en condiciones
inhumanas que se cumpla para ellos la misma sentencia de muerte. Con el estigma
de lesa humanidad, se los trata como a los esclavos de antaño o a los parias,
privándolos de todo derecho o garantía. Son los únicos a quienes se les deniega
el beneficio de la detención domiciliaria y se los priva de una elemental
asistencia médica. Son los únicos a quienes se mantiene en prisión provisional,
sin condena, luego de dos, tres, diez y más años. Son los únicos a los cuales
se les niega la aplicación de la ley penal más benigna para el cómputo de sus
penas. Son los únicos a los cuales se les niega el instituto de la
prescripción. Son los únicos a quienes no se conceden la excarcelación, la
libertad condicional o las salidas transitorias de las que gozan legalmente
todos los presos, no importa el crimen por el que hayan sido acusados o
condenados
Esto debe terminar.
El nuevo gobierno, la nueva dirigencia política, despojada de la ideología y
del instrumento político del odio que caracterizó al kirchnerismo, hoy
constituye una nueva esperanza y es indispensable que restaure la concordia y
la vigencia de la justicia. La Argentina conmemorará pronto los 200 años de su
independencia. ¿Puede haber fiesta nacional cimentada en el odio de unos contra
otros, el deseo de venganza y, como marco general, la indiferencia de muchos?
La sinceridad en el
reconocimiento de la verdad, el empeño en practicar la justicia, la inclinación
a procurar la concordia, todo esto es necesario -aunque difícil- para asegurar
la paz y la unidad nacional.
Alberto Solanet
Presidente
de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
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