Una carta de un
lector publicada en 2008, que en nuestros días goza de enorme repercusión en
las redes, ofrece datos reveladores de la barbarie subversiva
Lunes 07 de agosto de
2017
Nueve años después de
haber sido publicada, la carta dirigida a LA NACION de un ex gerente financiero
y director de Chrysler Argentina ha estremecido a millares de personas en las
redes sociales. Ha sido consecuencia de la actualidad y trágico testimonio del
mensaje que revela una de las situaciones de mayor cinismo en la historia
contemporánea de los argentinos.
Concierne a los
episodios de barbarie protagonizados por bandas subversivas en los años
setenta. Los hubo de diversa naturaleza, pero éstos refieren a los dirigidos
contra ejecutivos de empresas que no estuvieron dispuestas a pagar a sus
extorsionadores un seguro mensual de protección física, como el que ofrecían
las mafias de Chicago allá por 1927. Abarca, además, a la impunidad que ha
protegido en estas décadas a la delincuencia terrorista y a la ficción, que
todavía perdura en propaganda izquierdista, por la que se exaltan acciones
degradantes de la condición humana.
La carta se publicó
el 23 de agosto de 2008. Por alguna razón se difundió después en las redes y su
repercusión ha sido aún mayor que la de hace casi una década. El tono de las
líneas escritas entonces por José Brunetta explica por sí mismo el fenómeno. “¿Cuándo
van a ir a los tribunales acusados de delitos de lesa humanidad se preguntaba
los ideólogos que enviaban a los jovencitos «idealistas» a asesinar civiles y a
la vez a ser asesinados por las fuerzas del orden?”
Brunetta recuerda que
todos los directivos de Chrysler estaban amenazados de muerte. El día que se
incorporó a la empresa, 9 de enero de 1975, uno de los directores le dio una
tarjeta con datos útiles entre otros, el nombre y teléfono de un abogado de la
firma para ser entregada a sus captores en caso de que fuera secuestrado.
Matones de la subversión acribillaron sucesivamente en 1976 a Eduardo Kenny,
gerente de distribución de la empresa, en marzo; a Carlos Balsa, supervisor de
flota, en julio, y a Jorge Souto, gerente de control de laboratorio, en
noviembre. No eran sino trabajadores jerarquizados, como el propio Brunetta,
que estudió mientras su madre atendía el taller de compostura de zapatos que
había sido abierto por su padre.
 |
| Corresponde al período del gobierno kirchnerista, algunos hoy ocupan cargos públicos |
En palabras del
remitente de la carta, al morir el padre, en vez de agarrar un arma y salir a
robar, buscó un trabajo, terminó sus estudios en la Escuela Superior de
Comercio Carlos Pellegrini y se graduó en Ciencias Económicas. “Si
hubiera salido a la calle con un fierro quizá podría ahora ser ministro,
secretario de Estado o jefe de fiscales”, decía Brunetta en 2008, con
ironía, en alusión a la caterva de funcionarios kirchneristas que habían
simpatizado o militado en las filas de la subversión.
El autor de la carta
decía que todos sabemos quiénes fueron aquellos privilegiados de dos amnistías
y de indultos por los cuales nada pagaron por los inmensos daños causados a la
sociedad. Mencionó a algunos de los principales cabecillas que descaradamente
se proclamaban, y se proclaman campeones de los derechos humanos. Lo notable es
que éstos han prescindido de la contrición de tantas felonías. Con algunas
hasta apagaron la vida de criaturas.
No hace falta
volverlos a nombrar. Ya es bastante, en estos días, con que hayan sido puestos
al desnudo de un plumazo, como toda la izquierda radicalizada de la región, por
las críticas mundiales que se han acumulado en su contra por el silencio que
mantienen ante los crímenes del gobierno de Maduro. Tarde, pero comienzo de un
rigor moral al fin.
No se trata de pedir
a esta altura juicios y cárcel para los autores y cómplices necesarios de crímenes
producidos por la subversión cuarenta años atrás, y aún más. Se trata de
revisar con ecuanimidad la historia de aquellos tiempos y denunciar con coraje
la aberración de que se legitime con patente de héroes a quienes mataron,
secuestraron, robaron y extorsionaron, con un saldo a su cuenta de más de mil
muertos, en veinte mil actos de violencia.
Esa denuncia es la
contraparte incumplida de la condena del terrorismo de Estado que principió en
días en que el presidente Perón ordenó “exterminar” la subversión, después
del asalto sangriento a un regimiento de Azul, y llegó a su apogeo con el golpe
de marzo de 1976. En su invocación implícita de procedimientos violatorios del
debido proceso, Perón no sugirió, es verdad, perseguir a una etnia pacífica e
indefensa, sino a quienes se plantaban en desafío del Estado y la Constitución
alzados en armas, y apelaban al terror que más tarde, en contagio brutal, se
ejercería de modo ilegal en contra de ellos.
La
Argentina está urgida de curar viejas heridas, que se reabren con las venganzas
y la discriminación frente a la ley, como es la situación de cientos y cientos
de enfermos ancianos, militares o civiles, en prisión a quienes se niega la
detención domiciliaria. Hay políticos que callan esto por temor a la manipulación
que se haga en su demérito en falsa invocación de principios con los cuales
todos acordamos. Hay que hablar.
El caso de Venezuela
está tomando, entre tanto, proporciones de escándalo e indignación que la
tiranía cubana consiguió eludir ante el desinterés inexplicable de voces
mundiales de gravitación en el pasado. El de Venezuela es un ejemplo que
interpela a los argentinos: ¿vamos a reconocerles autoridad para hablar en
nombre de la justicia y la libertad a los promotores de Maduro en el país? ¿Es
posible tomarlos en serio más allá de lo que por sí mismos representan como
peligro institucional para la República si volvieran al poder?
He ahí la pregunta
que cabría perfectamente en una nueva carta de José Brunetta a LA NACION, a fin
de datarla con fecha de hoy.
NOTA:
Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
No dejar comentarios anónimos. Gracias!