Buenos Aires, 7 de agosto de 2017
Señor Presidente del
Colegio de Abogados
de la Ciudad de Buenos Aires
Dr. Guillermo Lipera
P r
e s e
n t e
Estimado Guillermo:
No quiero dejar de
manifestar por escrito, a fin de que la hagas conocer a los miembros del
Directorio, mi absoluta disconformidad con la actuación del Colegio respecto a
la verdadera tragedia que viven más de 2.000 presos políticos encerrados
ilegalmente, víctimas de una política de
persecución sistemática originada en la tiranía de los Kirchner con la
complicidad del Congreso y de los jueces corruptos, desde la Corte Suprema para
abajo. Como ustedes saben, 418 presos ya han muerto en cautiverio, de los
cuales los últimos 77 corresponden al período que lleva andado el nuevo
gobierno.
Somos todos
conscientes de que para llevar adelante esta política se demolió el derecho en
sus principios más básicos, como jamás se había registrado en nuestra historia,
así como que la persecución odiosa y los absurdos encarcelamientos continúan en
el presente. La última detención, ocurrida hace pocos días, fue la del
Almirante Rodolfo Luchetta -¡91 años de edad cumplidos!-, realizada con
despliegue circense por el Ministerio de Seguridad de la Nación, cual si se
tratase de una banda de narcotraficantes.
Hace un año nos
reunimos algunos socios de la Asociación de Abogados por la Justicia y la
Concordia contigo y con miembros del Directorio del Colegio, a los fines de
proyectar una acción conjunta con miras de conjurar este escándalo, que
avergüenza a nuestra generación. Como primera medida nuestra Asociación aportó
un Manifiesto firmado por trece Académicos del Derecho, en el que se
denunciaba, sin eufemismos, esta gravísima situación que agravia a la justicia
argentina. Quisimos darle la máxima difusión que la materia y la firma de tan
destacados juristas merecía, pero el Directorio que presidís, luego de idas y
vueltas, negó cualquier clase de participación.
Hace dos meses la
Corte, en su nueva composición, luego de doce años de haber incurrido en el más
gigantesco prevaricato de la historia, emitió dos fallos ajustados a derecho:
el primero, ordenando la prisión domiciliaria de un detenido, en razón de tener
más de 70 años; y el segundo -caso “Muiña”-
disponiendo la aplicación de la ley penal más benigna. La reacción de los
Verbitzky, Carlotto y compañía, así como la de la izquierda más extrema,
aturdió a un gobierno tembloroso, el cual, pese a sus continuas protestas de
respeto por las competencias de los jueces, promovió y obtuvo en 24 horas la
sanción de una ley “interpretativa”.
Casi de inmediato, tanto aquella convulsa reacción, cuanto el mamarracho
legislativo, merecieron la grave réplica de las Academias Nacionales de Derecho
y Ciencias Sociales y de Ciencias Morales y Políticas, así como la de otras
Asociaciones (incluida ésta que presido). El Colegio de Abogados, en cambio,
esperó una semana para emitir un comunicado que, para calificarlo de alguna
manera, resultó por lo menos no demasiado explícito.
En el acto frente a
Tribunales del último jueves, pergeñado por Enrique Avogadro con la
colaboración de Alejandro Fargosi, cuyo objetivo era denunciar el prevaricato,
la corrupción y la desidia de los jueces por su público desempeño en casos de
pública notoriedad y en los llamados ‘juicios
de lesa humanidad’, estos últimos ni siquiera fueron mencionados, como
tampoco lo fueron las miles de víctimas que causó el terrorismo entre nosotros
y que hace años vienen clamando por salir de la invisibilidad en que han sido
sumidas, también ahora por la actitud complaciente del Colegio de Abogados de
la Ciudad de Buenos Aires.
Nuestra Asociación
concurrió al acto llevando el cartel que la identifica y mediante un megáfono
hizo escuchar diversas consignas sobre la inmoral conducta de los jueces. Sobre el palco montado o muy
cerca de éste pudimos ver a algunos integrantes del Directorio y al mismo
Alejandro Fargosi, quienes, cumpliendo un papel claramente protagónico,
eludieron cuidadosamente toda referencia a los presos políticos y a las
víctimas del terrorismo.
En representación de
esta Asociación y en mi propio nombre como antiguo socio del Colegio, deploro
francamente la reiterada falta de interés puesta de manifiesto por el
Directorio ante la gravísima situación que viven los presos políticos, las
víctimas del terrorismo y sus familiares, quienes, como los esclavos de antaño
o los pertenecientes a la casta de los parias, no son merecedores de las
elementales garantías y derechos que prescribe la Constitución para todos los
habitantes de la República.
Creo interpretar de
esta forma a una gran parte de los socios del Colegio, que ante situaciones de
menor entidad siempre supo colocarse a la vanguardia en la defensa de las
instituciones, del orden jurídico y de la justicia, pilares de la República.
Desearía tener
confianza en que tanto vos cuanto tus pares en el Directorio sabrán interpretar
el sentido de estas reflexiones y hago votos para que así sea, con la ayuda de
Dios.
Atentamente,
Alberto
Solanet
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