27/11/17
Por Mauricio Ortín – “Centro de
Estudios Salta”
Más vale tarde que
nunca. Después de décadas de autismo generalizado unos pocos políticos (para
ser generoso, unos cinco) del oficialismo y uno que otro periodista
independiente han caído en la cuenta de que el país debe tener una política de
defensa y que para algo existen las Fuerzas Armadas. Los demás siguen en una
nube de gases. Con “bueyes” de esta
laya viene arando la Argentina desde 1983 a la fecha. Los resultados están a la
vista. El naufragio del submarino ARA San Juan reveló, en consonancia con la
tragedia, el grado extremo de indigencia material en el que se encuentra la
institución que supo libertar a Chile y al Perú y hundirle la mitad de la flota
a Gran Bretaña. Pero, si bien los submarinos, aviones y tanques son importantes
para defender la sociedad, los verdaderamente imprescindibles son los hombres.
Un ejército no se hace de la noche a la mañana ni con cualquiera que anda por
ahí en búsqueda de una ocupación. La
tradición, basada en el heroísmo, el honor y el ejemplo de sus combatientes,
constituye por lejos el más valioso capital ético de la institución militar. Capital que el
Estado tiene el deber de preservar, honrar y cuidar celosamente. El soldado
que, dadas las circunstancias, marchará al frente de guerra debe estar
convencido de que su sacrificio valdrá la pena y que obtendrá el reconocimiento
de la sociedad por la que pelea.
De allí que y sin
exagerar un ápice al respecto, opino que desde 1983 en adelante la clase
política argentina ha actuado con una irresponsabilidad y una desidia rayana
con la traición. Lo mismo se puede decir de instituciones y colectivos como la
Iglesia, los empresarios y los sindicatos; quienes asumieron en mayor o menor
medida y como verdadero el relato perverso que, de la década del ’70, hicieron
los sobrevivientes de ERP y Montoneros. Éste, básicamente, se fundamenta en la
doble mentira del “genocidio” y de
los 30.000 desaparecidos que niega los actos terroristas de los subversivos. La
mentira instalada en los medios y en el discurso de los tres poderes de la Nación
y de las provincias, no tardó en establecerse como “lo políticamente correcto”. Para la democracia el rol a desempeñar
por los militares es el del “chivo
expiatorio perfecto”; los “perejiles”
a quienes endilgar sus gestiones (pre/post 24/03/76) ineptas, mediocres y, en
el caso del kirchnerismo, ultracorruptas. Los ex terroristas, por su parte,
borran de la memoria sus horrendos crímenes presentándose como víctimas. Linda “patriada” esta de destruir a las
Fuerzas Armadas y de Seguridadproclamando, urbi et orbi, el intrínseco carácter
“genocida” de sus miembros. Esa y no
otra fue y es la verdadera y única política para las instituciones militares
que se esconde tras el eufemismo de “Política
(de Estado) en Derechos Humanos”.
En los ’70 la
subversión marxistaintentó acabar con las instituciones armadas con el recurso
del asesinato y fracasaron; que el estado democrático, al que querían derrocar,
haga ahora el trabajo del ERP y Montoneros suena ridículamente macabro. La
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y los jueces y fiscales federales
disponen de un presupuesto millonario para ese fin. Nuestros niños estudian con
textos obligatorios donde el término “genocida”
es sinónimo de militar. No hay dinero para equipar las FF.AA. pero sobra para
demonizarlas. Los juicios de lesa humanidad
El Tribunal Oral Federal de Tucumán, por ejemplo, en su fallo
condenatorio en la causa, “Operativo
Independencia”, sostiene que los militares ejecutaron “un plan sistemático y generalizado contra una parte de la población
civil por sus ideas políticas”. El fiscal, Pablo Camuña, a su vez, dice: “El Ejército, con las unidades sumadas a él
o puestas bajo su control, invadió y ocupó la provincia de Tucumán durante un
período que llegó por lo menos hasta 1978”. La falsedad de estos dos
disparates no resiste el más andrajoso análisis. ¡El ERP fue la fuerza militar
(¡no civil!) invasora que intentó ocupar Tucumán! ¡El Ejército Argentino fue el
que lo impidió cumpliendo la orden del gobierno constitucional! Por cierto y
para los señores jueces, la sigla ERP significa Ejército Revolucionario del
Pueblo; la palabra clave es: E-jer-ci-to ¿Se entiende?
En medio de todo
esto, la Sra. Gabriela Michetti, ya en la mitad de su gestión como
vicepresidente viene a desayunarse sobre la urgente necesidad de definir una
política para las Fuerzas Armadas e invita a consensuar entre todos los
argentinos eso que Duran Barba no previó. Ahora bien, antes de siquiera esbozar
dicha política Macri deberá resolver si hace equipo con Lorenzetti, Verbitsky,
Carlotto, Pérez Esquivel, Cortiñas, Jones Huala, Del Caño, Víctor Hugo y la
CIDH o se pone la camiseta de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la que es
jefe.Es que, como dicen Las Sagradas Escrituras: “Nadie puede servir a dos amos”…
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