martes, 21 de junio de 2011

“EL MAS GRANDE SECRETO DE ESTADO DE LOS K”


El pasado fin de semana largo, con el feriado por la conmemoración de la creación de la Bandera Nacional, nos hizo pensar que debíamos esperar hasta pasar el feriado nacional para difundir la excelente editorial del diario La Nación cuyo tema es la enorme y oscura caja de una gran masa de dinero” que el estado viene manejando desde 2003 a la fecha, sin control o auditoría alguna y dar una opinión propia.

Vilmente las personas encargadas de esta reparación han manoseado la “caja”, con graves sospechas de corrupción en su manejo. Es bien conocido que se han pagado indemnizaciones a personas y familias de “desaparecidos - aparecidos”, y si como afirma Pablo Pócimo en Tribuna de Periodistas: “Cabe señalar que en la lista original, confeccionada por la CONADEP, figuran personas que curiosamente luego aparecieron, entre ellos podemos señalar a: Jueza Argibay de la Suprema Corte de Justicia, Juez Humberto Meade, ex Ministro del Interior Esteban Riggi ahora Procurador General, Daniel Najmanovich en Israel, Miguel Lauletta, Silvia Tolchinsky, Ana María Testa, Eduardo Kurt Fuentes, Guido Pulletti en Bosnia, Alicia D´Ambra, Adriana Chamorro, Carlos Lordkipanidse, Jorge Paladino, Rubén Sampini, Carmelo Vinci.... algunos aquí, otros en Europa, también en México, España, etc. van sumando una tropa todavía desconocida en cuanto a cantidad se refiere. Incluso, el 24 de marzo de 2007 en la ESMA se presentaron varios con la pareja presidencial”. 

No tenemos la plena certeza que todos hayan cobrado su indemnización pero casos como la Jueza Carmen Argibay, es válido pensar que si un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación aún está pensando como devolver los U$D 650.000 que cobró… ¿qué podemos esperar de otros de los “desaparecidos – aparecidos” y de quienes disponen de los dineros públicos?

También llama la atención cómo sube la cifra de los desaparecidos, el  informe la CONADEP era inferior a las 10.000 personas y mágicamente, en poco tiempo, se instaló el número imaginario de 30.000 desaparecidos…

Por ejemplo Hebe Pastor Vda. de Bonafini se llena la boca hablando de sus dos hijos desaparecidos: Raúl Alfredo y Jorge. Su  hijo Jorge Bonafini no figura en CONADEP: Lista Revisada de los Desaparecidos en Argentina

Por favor verificar en:


Esos manejos pocos transparentes de las cifras de personas que se multiplican como si fueran conejos, la falta de informes, inexistencia de control y auditoría sobre las cifras pagadas por ese concepto… llaman sospechosamente la atención y urge una rendición de esos fondos.

También es válido destacar que el estado no puede solo gobernar en una dirección, efectuando reparaciones morales y económicas a las personas que fueron bajas en la Guerra Revolucionaria-Contrarrevolucionaria, dejando de lado en forma discriminatoria y olvidando en un plan sistemático a las Víctimas del Terrorismo en la Argentina.

Invitamos a reflexionar sobre este grave problema de sospechada corrupción e inequidad de la justicia. Ese manejo irregular de fondos públicos y en época de elecciones generales, puede caratularse como lo hizo un amigo nuestro “EL MAS GRANDE SECRETO DE ESTADO DE LOS K”.

Derechos humanos y transparencia

Ni los argentinos ni la causa de los derechos humanos merecen otro ataque siniestro a su buena fe.


  

Domingo 19 de junio de 2011 | Publicado en edición impresa

El escandaloso desvío de cuantiosos fondos públicos, otorgados a la fundación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales, es fruto de la arbitrariedad con que funcionarios gubernamentales administran la asignación de esos recursos y de una injustificable ausencia de controles por parte del Estado y de las autoridades de dicha asociación civil.
Las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner han sido en extremo remisas a aceptar el control por parte de otros poderes del Estado o de los ciudadanos, respecto de los dineros públicos en general y, de modo particularísimo, de aquellos vinculados con asuntos que rozan el área de los derechos humanos.

Se ha montado, como queda demostrado con el caso de la fundación Madres de Plaza de Mayo, una suerte de escudo protector sobre la información básica vinculada a estas cuestiones. Su base es una consigna por demás riesgosa: cuanto se decida y haga en el ámbito de los derechos humanos no es revisable, bajo pena de descalificación para quien pretenda ejercer su derecho a la información pública en estos temas.


Sin embargo, los derechos humanos no pueden otorgar a nadie indemnidad, inmunidad o impunidad ante el delito. Por el contrario, la defensa de semejantes derechos debe estar esencialmente ordenada a impedir cualquier atisbo de corrupción que pueda enturbiar las acciones ligadas a valores cuya vigencia ha costado tan caro a nuestro país.

La sociedad, atónita, reclama sanciones ejemplificadoras para los que son capaces de traficar con el dolor, la pobreza y hasta con la sangre de miles de argentinos. También para sus cómplices y encubridores.
Lo piden, con valorada solvencia y honestidad intelectual, personalidades imposibles de ser sospechadas en cuanto a su genuina defensa de los derechos humanos.

Fue Elsa Quiroz -detenida durante el gobierno militar y actual diputada de la Coalición Cívica- quien, hace ya un año, denunció las graves irregularidades en la fundación Madres de Plaza de Mayo. También la candidata a vicepresidenta de la Nación Norma Morandini -hermana de dos personas desaparecidas- afirmó que "mucha gente tiene miedo de opinar" y que lo que "hizo este señor (Schoklender) es un escándalo espantoso, una cosa monstruosa", para terminar afirmando que "si uno dice que no sabía tiene mucha culpa". Y con un lenguaje sin sutilezas, el periodista Jorge Lanata pidió hace unos meses y desde la tapa de una revista: "¡Paren de robar con los '70!" Hasta el affaire "Sueños Compartidos", nadie parece haberlo escuchado.

La corrupción de algunos funcionarios y sus cómplices privados demuestra no tener ideología ni reconocer límites cuando llegan a usar para su enriquecimiento la memoria de quienes resultaron víctimas de la violencia de los 70. A partir del caso de las Madres de Plaza de Mayo, es necesario asegurarse de que la llamativa reticencia que mantiene el gobierno nacional desde 2003, para brindar información referida a las indemnizaciones pagadas a familiares de desaparecidos y muertos en aquella década, no sea un intento de encubrir manejos similares.

Aquellas indemnizaciones se originaron en leyes promulgadas durante el gobierno de Carlos Menem y, a partir de 2003, el Gobierno ha construido a su alrededor un paredón infranqueable que no permite acceder a información que debiera estar a disposición del público con total transparencia y sobre la que naturalmente se espera una detallada rendición de cuentas.

Infructuosos han sido, en los últimos años, los múltiples intentos destinados a conseguir que la administración gubernamental haga público un listado de los casos de desaparecidos y muertos que fueron comprendidos en la normativa, habilitando de esa manera a que los sobrevivientes, sus familiares o allegados, se conviertan en beneficiarios de tales indemnizaciones.

Cada una de estas indemnizaciones es de aproximadamente 220 mil dólares y determinar quién está en condiciones de percibirla es una atribución de agentes  estatales, sin  intervención previa de la  Justicia. Estas decisiones administrativas, que involucran cuantiosos recursos públicos, por algún motivo se mantienen fuera del alcance de la mirada de la ciudadanía.

Hasta ahora, al escudarse el Gobierno en el derecho a la intimidad de las personas y la ley de hábeas data, lo único que ha podido conocerse es el monto total de lo que se otorgó en indemnizaciones hasta el año 2007. A valores nominales, los casos de quienes permanecieron detenidos entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983 fueron indemnizados con erogaciones de unos 43 millones de pesos y 605,8 millones de dólares; en tanto, los familiares de desaparecidos y muertos en igual período, recibieron alrededor de 293 millones de pesos y 985 millones de dólares. Todo eso suma un total, según el tipo de cambio vigente al momento de cada pago, de entre 1700 y 1900 millones de dólares.

Ante lo que, en el caso de la fundación Madres de Plaza de Mayo, se perfila como una brutal estafa económica y moral que no acaba de asombrar a la ciudadanía, las autoridades deben curarse en salud y transparentar, de inmediato, el manejo de estos otros fondos. Cabe esperar que la reticencia a su publicidad haya obedecido tan sólo a un exceso de celo gubernamental mal entendido, pero bien vale ponerlo a prueba; porque ni los argentinos ni la causa de los derechos humanos merecen otro ataque siniestro a su buena fe.



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