Enrique
Guillermo Avogadro 13 de diciembre de
2012 16:07
Discurso
Buenas
noches…
La
visita de la Asociación de Abogados para
la Justicia y la Concordia a Tucumán
tiene un doble objetivo.
El
primero, obviamente, es manifestar su apoyo a los señores militares que, por el sólo hecho de serlo y, como tales,
haber cumplido las órdenes legales y legítimas emanadas del Poder Ejecutivo Nacional, hoy se
encuentran sometidos a proceso, en un marco institucional destruido por el odio
y la venganza. Estos señores militares
estuvieron, en 1975 y 1976, defendiendo y venciendo en la lucha que toda la
Nación emprendió contra quienes, mediante las armas, pretendieron convertir a
esta Provincia en un Estado y, a partir de ello, obtener el reconocimiento
internacional como parte beligerante en una guerra cuya existencia ahora se
pretende negar.
El
segundo objetivo, instrumentado a través de las diferentes entrevistas que
hemos mantenido en el día de hoy y que continuarán mañana, es llevar a
conocimiento de la Iglesia, de las asociaciones de profesionales del Derecho,
y de las autoridades políticas el
significado real de estos inicuos procesos, en tanto los mismos subvierten toda
la estructura de derechos y garantías que regía en nuestro país, sin la cual
resulta imposible la convivencia social. Para llevarlos adelante se han dejado
caer, como si fueran frutas inservibles, los principios más elementales de
cualquier sociedad civilizada que se precie de tal; me refiero a la presunción de inocencia, a la irretroactividad de la ley, al juzgamiento por los jueces naturales, a
la legalidad y a la obligación del Estado de probar, más allá de cualquier duda, la culpabilidad
de los acusados.
Quienes,
a partir de 2003, se revistieron con la
bandera de los derechos humanos, que desconocían hasta entonces, han
obtenido el apoyo de los derrotados
militarmente en el monte tucumano y en el resto de la geografía nacional.
Invocando los derechos de los cobardes asesinos de entonces, hacen caso omiso
de los derechos de los argentinos contemporáneos, a los cuales les son
conculcados diariamente.
¿No
tienen derechos humanos los padres que hoy, después de diez años de un
crecimiento inédito de la economía, producto de los vientos que han soplado tan
a nuestro favor, ven morir a sus hijos de hambre y desnutrición? ¿No tienen
derechos quienes se ven obligados a viajar como ganado y a morir en terribles
incidentes ferroviarios, causados por la corrupta sociedad entre funcionarios y
empresarios? ¿No tienen derechos quienes, aún hoy, deben vivir hacinados en
ranchos inmundos, sin agua ni cloacas? El profundo deterioro de la educación y
de la salud pública, ¿no constituye una violación a los derechos humanos? En la
medida en que todos los hechos de corrupción del Gobierno están costando la
vida de comunidades enteras, ¿no
constituye un genocidio?
Pero,
en lugar de ocuparse del presente, este proyecto de odio y venganza prefiere
hacerlo, para usarlo como bandera
ideológica, de los derechos de los
delincuentes subversivos de los 70’s, en
una tergiversación de la Justicia a la cual, además, ha dejado tuerta. Tan tuerta como para permitir, hace pocas
horas, que fueran absueltos individuos a los cuales cientos de testigos
coincidentes vincularon con el secuestro, la trata y la prostitución de
personas, mientras persigue, como he dicho, a militares por el solo hecho de
haberlo sido.
Para
llevarla adelante, con la imprescindible complicidad de la Corte Suprema, se ha atropellado todo el andamiaje basal del derecho penal, en causas que se llevan
adelante con mentiras manifiestas,
con falsos testigos, con contradicciones notorias y con evidente uniformidad en las penas.
Todos los que se ven obligados a comparecer ante estos pseudo jueces saben, de antemano, que están condenados, y casi todos ellos reciben cadenas perpetuas o por períodos
tan prolongados que, dada la edad de los protagonistas, se convierten en penas
de por vida.
La indignación se hace más profunda cuando se comprueba, a
diario, que quienes atentaron contra la Argentina, quienes mataron y robaron a
mansalva en nombre de teorías mesiánicas, reciben cargos públicos y elevados
sueldos, como inicuo premio otorgado por una nación a la que se ha puesto de
rodillas.
diputado Carlos Kunkel y muchos más...
Tan
de rodillas como para tener que soportar, sin posibilidad de reacción alguna,
la retención de la fragata “Libertad”
por los jueces de Ghana, una de las
democracias más serias y prestigiosas de África, o la demora en recuperar la corbeta “Espora”, fondeada en Ciudad del Cabo por la falta de pago a
quienes deben suministrar los repuestos necesarios para su reparación.
Este insensato gobierno, que ha hecho perder a la Argentina
la mejor oportunidad de crecimiento real y sostenido que dio en décadas, nos ha
convertido en parias internacionales, merecedores sólo del desprecio del mundo
globalizado, y todo ello en aras de implantar modelos ya fracasados en muchos
otros países.
Esta
digresión acerca de la situación de la Argentina no es gratuita, ya que gran
parte de ese desprestigio que nos ha hecho desaparecer del mapa de las
abundantes inversiones que se dirigen, por necesidad, al resto de
Latinoamérica, se vincula con la falta
de seguridad jurídica que reina entre nosotros.
Somos,
a la luz del mundo, un país que viola
las leyes y los contratos, cuyo
parlamento nacional deroga normas ya sancionadas y donde el Poder Judicial, que debiera ser la última barrera de defensa
de los derechos individuales frente a los abusos del poder se ha transformado, en las propias palabras del Presidente de
la Corte Suprema de Justicia, en cómplice
de “políticas de Estado” concertadas con el Ejecutivo para llevar adelante
juicios ilegales e inmorales como el que hoy nos ha traído hasta aquí.
Ricardo Lorenzetti, presidente de la SCJN
A la
vez, mientras permitía el pisoteo de todos los principios del Derecho, este
mismo Poder Judicial ha sido cómplice,
todos estos años, en la desenfrenada
corrupción de este gobierno, postrándose ante la Casa Rosada y las
diferentes sedes de los ejecutivos provinciales, es decir, ensañándose sólo con los más débiles.
Así,
hemos visto como se ha arrastrado ante los estrados de estos nefastos
magistrados a ancianos enfermos, algunos de ellos ya sin conciencia real de lo
que sucede a su alrededor, sometiéndolos a indignantes tratamientos, sin frenar
siquiera ante la muerte inminentes de muchos, tantos que ya han superado largamente el centenar quienes han fallecido
en cautiverio.
¿Qué
peligro pueden representar, para el trámite de los procesos o para la seguridad
ciudadana, ancianos que superan los setenta años si se les concede la prisión
domiciliaria? Sin embargo, no solamente se hace caso omiso del beneficio legal
sino que se los obliga a comparecer hasta en camilla, como fue el caso del
Comisario Patti, o con las arterias canalizadas para el suministro de
medicación. ¿Dónde está la Justicia que
estos jueces pretenden corporizar?
Patti ingresando a la audiencia
Debemos
recordar, ahora en especial dada la parodia de juicio a que es sometido nuestro
distinguido colega y amigo Jaime Smart,
que cuando se juzgó legalmente a los imputados de cometer crímenes con las
armas guerrilleras, muchos de ellos fueron absueltos y aquéllos a los cuales se
les comprobó la comisión de tales delitos, fueron liberados de las cárceles y,
poco tiempo después, volvieron a empuñarlas para asesinar, entre otros, a los
mismos jueces que los habían condenado.
Dr, Jaime Smart
Pero
no estamos sólo ante un acto de venganza, utilizada como instrumento por el
kirchnerato para disfrazarse de defensor de los derechos humanos, sino que
también es un acto de notable corrupción. Para las dos organizaciones más
reputadas por su actuación en el tema –me refiero, obviamente, a las Madres y a las Abuelas de Plaza de Mayo-
los derechos humanos se han transformado
en un verdadero negocio, sea por la vía de las indemnizaciones a los
familiares de hasta quienes murieron asaltando cuarteles, sea por la
construcción de viviendas, como demostró el caso Bonafini-Shocklender.
¿Alguien
puede imaginar, detrás de la nebulosa con que el Gobierno ha ocultado el tema,
cuántos millones de dólares del erario fueron a parar a estos fines? ¿Cómo
fueron compartidas esas indemnizaciones entre los familiares de los
guerrilleros y los funcionarios que los otorgaron? Para incrementar la cantidad
de pagos, se ha recurrido a retrotraer el período que la ley contempla cada vez
más hacia el pasado y, si esto sigue así, terminaremos indemnizando a los
deudos de los indios muertos en los malones.
Pero
no debemos perder las esperanzas. Este siniestro régimen que hoy impera en la Argentina
terminará, más temprano que tarde. No porque se produzca una revolución, que
debe ser descartada de plano, sino simplemente porque resulta imposible que el
país continúe tres años más en este generalizado desmadre.
Toma de tierras ajenas
Y
cuando se acabe, cuando implosione ante las naturales contradicciones entre sus
alas ideológica y ladrona, dado el odio generalizado que han sabido cosechar
sus funcionarios de todo nivel, estos sí serán juzgados por su corrupción, y ni
siquiera estos jueces podrán evitar esa suerte, dado el prevaricato en que
continúan incurriendo.
La
República vive uno de los momentos más aciagos de su historia, ya que su Presidente pretende ahora someter a su voluntad al Poder Judicial, como ya lo
ha hecho con el Legislativo, no para
destruir a Clarín, que a nadie le importa, sino
terminar con nuestras libertades más profundas, como son la libertad de informarnos y decidir. Una sociedad como
la nuestra no puede tolerarlo, y saldrá a impedir que se nos sojuzgue como
hicieron Chávez o Correa con sus pueblos.
Mal
que le pese a nuestras autoridades, que no merecen serlo, la ciudadanía está de pie, ha reconquistado la calle y no dejará
avanzar más a este totalitarismo de opereta. Jesús, el Señor de la
Historia, nos lo exige, y nosotros cumpliremos el mandato.
Buenas
noches, y gracias.
San
Miguel de Tucumán, 12 Dic 12
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