Queridos amigos:
La obtención de los
objetivos fijados en una institución de cualquier naturaleza sólo puede
alcanzarse a través de una adecuada organización y un ordenado planeamiento. La
carencia de estos dos elementos esenciales en la integración y coordinación de
los recursos humanos y materiales de una institución y en la secuencia de
acciones a ejecutar, bloquea el camino entre los líderes y su visión ya que
aunque tengamos resuelto el “qué” o sea el objetivo y el “quién” o sea el
recurso humano, nos faltará un elemento esencial que es el “cómo” para
guiar la acción en forma eficiente
y eficaz hacia la obtención de las metas
establecidas.
El proceso de planeamiento es relativamente sencillo de
desarrollar en ambientes estructurados pero tiende a complicarse en ambientes
de alta incertidumbre, como sucede en las complejas sociedades actuales,
obligando a trabajar creando escenarios alternativos y dotando al sistema de
una gran flexibilidad. Cuando se llega al extremo de que el ambiente se torna
caótico, es decir que se transforma en un sistema sin leyes, el planeamiento y
la previsión se tornan de imposible cumplimiento y obligan a actuar simplemente
reaccionando a los estímulos, dominados
por el azar y buscando la supervivencia a través del aprovechamiento de
las oportunidades que puedan surgir en medio del caos.
Este ambiente caótico se ha instaurado en la Argentina
desconcertando tanto a los simples ciudadanos como a los empresarios y
productores. Los primeros, condenados a convivir en condiciones anormales de inseguridad, normas que cambian
constantemente, precios fluctuantes, presión impositiva y mensajes
contradictorios que emanan de quienes deberían ser sólidos y confiables
referentes sociales, deben resignarse sin otra arma que la espera del cambio
que puede producir una elección o el efecto de una protesta activa. Los otros,
hombres de empresas serias nacionales o
extranjeras, se retraen y retiran tratando de preservar su capital y proteger a
sus accionistas, dejando el terreno libre para aventureros, aprovechadores de
“río revuelto” y empresarios cómplices de funcionarios inescrupulosos que son
los únicos que pueden usufructuar los nichos de negocios.
Un ejemplo muy claro de esta situación es el tratamiento que
han sufrido los temas energéticos, en particular en lo vinculado al petróleo.
En Argentina se han vivido variados episodios de apertura a la participación
extranjera que luego fueron anulados por gobiernos de distinto signo. La
novedad que estamos viviendo en este momento histórico es un cambio de reglas
de juego ejecutado por un mismo gobierno, llevando al sistema de la alta
incertidumbre al caos. Solo así puede encasillarse la acción de expropiar YPF a
la empresa española REPSOL con
argumentos de fuerte tono nacionalista para firmar 15 meses después un contrato
con la empresa norteamericana CHEVRON, a la que se le conceden
prerrogativas y ventajas para la
explotación que se negaron a su antecesora. Lo cierto es que el gobierno que
suceda a la Presidenta Cristina Fernández, autora de estos desaguisados, tendrá entre sus legados que enfrentar los
juicios iniciados por Repsol, los compromisos por 35 años generados con
Chevron, la pérdida de autoabastecimiento, la disminución de reservas y
varios años de fuertes inversiones para comenzar recién, en caso de ser
exitoso, a revertir el grave déficit en
la producción de hidrocarburos. Eso, siempre y cuando las actuales autoridades,
en su caótico accionar, no generen nuevos entuertos que compliquen aún más esta
crítica situación.
La labilidad del sistema normativo que impone el gobierno,
se manifiesta en la adaptación de las reglas a la cambiante necesidad o
voluntad presidencial, aun cuando ello implique sonoras contradicciones con sus
propias premisas, tal cual se hizo evidente en el tratamiento de la situación
del General César Milani. La propuesta de ascenso del nuevo Jefe de Estado
Mayor General del Ejército ha sido cuestionada con los mismos remanidos e
insustentables argumentos con que muchos militares han sido acusados,
encarcelados y truncados en sus carreras y ascensos. El Operativo
Independencia, por ejemplo, ordenado por un gobierno democrático para enfrentar
en Tucumán a movimientos guerrilleros que amenazaban y atacaban al gobierno
para tomar el poder por la fuerza, fue una operación legítima y honrosa.
Cualquiera que en su transcurso hubiere cometido un delito deberá responder por
ello como ante cualquier delito común o militar, con sus procedimientos y
prescripciones, ya que de modo alguno la participación de las Fuerzas Armadas
en ese escenario se puede encuadrar en la definición de “lesa humanidad” que
incluye delitos que se configuran cuando se cometen como parte de un “ataque
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de
dicho ataque” (Estatuto de Roma. Artículo 7).
Por otra parte, y tal
como citaron los miembros del Centro de Estudios Legales
y Sociales y la presidente de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, no
se debe prejuzgar y citando textualmente a Carlotto: “si presumimos que cada miembro de una fuerza que estuvo en un
lugar determinado es responsable, tenemos que juzgar a todos sus
integrantes”.
Cabe acotar que estas elementales normas jurídicas se han
ignorado sistemáticamente hasta el presente y es de estricta justicia que todos
los recaudos e investigaciones que se toman para evaluar la situación del señor
General Milani, sean inmediatamente aplicados a todos los casos en curso ante situaciones similares en que ha
bastado la acusación de un testigo aislado o el haber ocupado un cargo
determinado, para que el causante sea procesado y encarcelado sin más trámite.
La diferencia de criterios, particularmente por parte de las
pseudo asociaciones de derechos humanos al acusar a militares, policías, jueces
y empresarios, parecen ensañarse con quienes son opuestos al actual gobierno y
mostrar singular benevolencia con quienes muestran afinidad al oficialismo.
Digamos que la justicia para ellos, es solo una justicia de amigos.
Esta cuestión de la existencia de una justicia benévola para
los amigos ha tenido singular repercusión con las órdenes de detención y
posterior eximición de la misma en el caso del ex Secretario de Transportes,
Ricardo Jaime. Luego de prolongadas demoras, de descartar pruebas por razones
de procedimiento y de acumular causa sobre causa, finalmente el Juez Federal Claudio Bonadío y
el fiscal cordobés Maximiliano Hairabedíán, pidieron la captura de Jaime en dos
causas diferentes. Desde su situación de prófugo, inclusive con pedido de
captura internacional, Jaime tramitó y obtuvo la eximición de prisión por parte
de la Sala I de la Cámara Federal porteña que fue seguida por el Tribunal Oral
Federal Número 2 de Córdoba. A los ojos de un lego, estos tribunales no
deberían haber tratado la eximición si antes el procesado no se presentaba
detenido y dejaba su situación de prófugo ya que su actitud de rebeldía no era
una presunción sino un hecho concreto. Sin embargo, Ricardo Jaime solucionó el
entuerto con una fianza de 200.000 pesos y nos dejó la sensación de que hasta
que quienes fueron sus amigos y
compañeros en la función pública no dejen el poder, su situación procesal se
desarrollará con la misma lentitud con que se tratan las acusaciones contra
Lázaro Báez, Schoklender y otros imputados que estuvieron próximos al oficialismo.
Cabe acotar que las virulentas críticas presidenciales a la
justicia, cuando los fallos no favorecen los designios del gobierno, brillaron
ahora por su ausencia y que Jaime no está procesado por cuestiones de su vida
privada sino por supuestos delitos de corrupción, cometidos en ejercicio de su
cargo como funcionario, que debió haber sido controlado y supervisado por sus jefes y los órganos institucionales
de control.
Quienes no pueden escapar al caos son, sin dudas, los
sufridos automovilistas que en las rutas argentinas y muy especialmente en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedan prisioneros y rehenes de
los piquetes, marchas y demás formas de
protesta que toman a las calles como escenario. Sabido es que el actual
gobierno ha sacralizado estas formas de manifestación ciudadana y hasta ha hecho doctrina de su negativa a
“criminalizar la protesta social”. Ante estas evidencias de casi diez años de resignación,
la pretensión del Secretario de Seguridad, Sergio Berni, de cargar la
responsabilidad de disolver los piquetes en el gobierno de la Ciudad y su
policía metropolitana es más de lo que puede soportarse aun en medio de una
campaña electoral. Hasta la desvergüenza verbal y declarativa debería
tener un límite. El mismo funcionario
señaló que en Tigre (obviamente en el municipio de un opositor político) “se
refugian los mayores narcotraficantes del mundo” olvidando quizás que el
narcotráfico es un delito federal y no una contravención municipal. Pero todo
parece valer a la hora de tratar de ayudar en la campaña electoral denigrando
opositores aun con argumentos harto falaces.
Llegamos así a la mentada campaña, madre de todas las
batallas y no precisamente por ser el campo de batalla de las ideas como dijera
Friedrich Hayek.
El oficialismo, que ha perdido espacio según las encuestas,
realiza maniobras extrañas en la provincia de Buenos Aires donde apuesta buena
parte de su futuro. Es inédito que su primer candidato a diputado nacional
recorra la Provincia sin hablar casi, mostrándose junto a la imagen del
gobernador Scioli y escuchando pasivamente los discursos que solo pronuncia la
señora presidente. ¿Qué clase de representante del pueblo puede ser este señor
sin voz, ni proyectos, ni personalidad? Su subordinación y dependencia a la
figura presidencial es harto evidente y resignada y además la asume sin
complejos ni pudor. Tampoco puede explicarse en la tribuna de campaña a la
señora Estela Carlotto que ya ni siquiera disimula su condición de oficialista
militante que claramente perjudica a la
causa a la que nominalmente adscribe, como titular de la organización de
Abuelas de Plaza de Mayo. Pero todo parece valer en la luchas por aferrarse al
poder, y los subsidios y demás prebendas
que de él devienen.
Lejos de tanto despliegue de medios, de las luces de
Tecnópolis y las excusas de las inauguraciones, los opositores de verdad, los
que no queremos ser la continuidad del modelo ni una versión adecentada de un
progresismo decadente, esperamos los segundos de radio y televisión que el Ministerio del Interior se
digne asignarnos a partir del lunes 22 de julio para que en medio de una maraña
técnico administrativa, intentemos competir contra el omnipresente aparato
estatal. Si a pesar de tanta desigualdad y discrecionalidad comenzamos a
percibir que la coraza oficialista se resquebraja, es porque las cosas andan
tan mal en la Argentina que el enseñoramiento del caos se hace muy visible y cada día se hace más duro sobrevivir en
este ambiente.
Paciencia y fortaleza queridos compatriotas, que en pocos
días, voto mediante, empezaremos a cambiar nuestro destino y si Dios quiere
será para bien.
Un abrazo para todos.
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