por Juan Manuel Otero • 25/10/2015
El cabo de la Policía Federal Alejandro Fabián Villares
sufrió un asalto en la vía pública el 22 de junio de 1999, cuando se dirigía a
cumplir su tarea como adscripto en la División Cuartel Aeroparque.
Intentando defenderse se trabó en lucha contra tres personas
y fue baleado y malherido al punto que fue pasado a retiro de la fuerza de
seguridad que, en noviembre de 2009, dictaminó que las lesiones “surgen como un
riesgo específico y exclusivo de la función policial y que no hubiera podido
producirse en otras circunstancias de la vida ciudadana”.
Su vana -aunque lógica- intención de ser resarcido, luego de
tantos años, se desvaneció ante el reciente fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos
Maqueda -con la honrosa disidencia de su colega Elena Highton de Nolasco-
convalidaron en este sentido un fallo de las dos instancias en la Justicia en
lo Contencioso Administrativo Federal que había denegado la indemnización.
El fallo denegatorio se basa en que el hecho es un “riesgo
específico y exclusivo de la función policial” aunque haya actuado vestido de
civil.
“Un particular puede
sufrir un asalto y aún ser herido o muerto durante el mismo, pero lo que
caracteriza y es nota cardinal en la especie es que el suboficial herido, lejos
de afrontar la situación de manera pasiva, procedió a reprimir el delito en
consonancia con sus deberes”.
Y ya está, los señores Ministros de la Corte han dejado en
claro que quien ejerce el servicio público policial es un ciudadano de segunda.
Como tal sabe que corre riesgos y si corre riesgos no tiene derecho a
indemnización alguna. Conforme el perverso e inentendible criterio de estos
señores, si el cabo se hubiera quedado inmóvil permitiendo que lo asesinaran, su
familia habría sido indemnizada.
Me causan profunda vergüenza estos calienta sillones
rentados que no dudaron en indemnizar con millonarias sumas a los
sobrevivientes y/o familiares de víctimas que se alzaron en armas contra la
Nación, asesinando hombres, mujeres y niños, poniendo bombas en lugares
públicos, secuestrando empresarios para cobrar rescates y luego fusilarlos,
asaltando cuarteles de la Patria asesinando sin piedad conscriptos, todo en su
delirante pretensión de derrocar a un gobierno constitucional y hacerse del
poder.
Y estos calienta sillones rentados los premiaron porque
según su titiritero se trata de una política de estado. En cambio las víctimas
de estos asesinos quedaron fuera del sistema… Dios nos libre de estos jueces
corruptos.
¿De qué política de estado hablan estos prevaricadores
compulsivos? ¿De premiar asesinos y humillar a sus víctimas? ¿De justificar la
violencia de unos y castigar, sin pruebas y sin respeto de la ley, a quienes
asumieron la defensa de la sociedad?
Premios, inmunidad penal, honores y cargos públicos para los
traidores a la Patria y prisión perpetua para quienes cumpliendo órdenes de su
Comandante en Jefe, o sea del Presidente de la Nación, repelieron el intento.
Señores calienta sillones rentados, ustedes dan vergüenza.
Cabo Villares y tantos oficiales y suboficiales de las
distintas policías del país abatidos por las balas de traidores, delincuentes,
rateros, narcotraficantes: USTEDES Y SUS DEUDOS MERECÍAN MEJOR SUERTE, pero el
Forro de San Pablo se aposentó en nuestra querida Patria tergiversando derechos
transformándolos en privilegios.
Honor a sus memorias.
Juan Manuel Otero
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